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Por: Gil Araújo, Sandra

Inmigración latinoamericana en España: estado de la cuestión

El objetivo de este informe es presentar de manera resumida algunas de las claves para enmarcar el proceso de inmigración latinoamericana a España. Con tal fin, el texto ha sido organizado en tres partes:

- En la primera se señalan algunas características del contexto de recepción, con especial atención a las transformaciones socioeconómicas, y el mercado laboral.
- La segunda parte se centra en la inmigración latinoamericana.
- La tercera y última parte presenta un resumen bibliográfico comentado, que reseña las estadísticas disponibles y las investigaciones y publicaciones sobre el tema que nos ocupa.


Florida International University · Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África · Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos.


Agradecimientos.

Como suele suceder, este trabajo no hubiera sido posible sin la colaboración de otras personas. Quiero agradecer, en primer lugar, a Gillermo Grenier de la International Florida University (IFU) y a Carmen Flys del Instituto Universitario de Estudios Norteamericanos (IUEN) de la Universidad de Alcalá, por la absoluta confianza que depositaron en mi. Gracias también a los compañeros del Instituto, y muy especialmente a Cristina Sánchez, con la que compartí despacho, viajes en tren y largas charlas.

Uno de los “territorios” de indagación y recopilación bibliográfica más visitados fue la biblioteca del Colectivo IOE. El trato resultó, como siempre, cálido y familiar. Gracias a Berta, además, por sus cafés reparadores.

Muchos colegas han colaborado facilitándome referencias propias o ajenas. Me gustaría destacar la buena disposición de Francisco Torres de la Universidad de Valencia, Nynna Sorensen del Danish Institute for International Studies, Jessica Retis del Instituto Universitario Ortega y Gasset, Margarita del Olmo del Centro Superior de Investigaciones Científicas y Andrés Pedreño de la Universidad de Murcia.

Parte del documento se elaboró en uno de los puntos de origen de la inmigración latinoamericana (y de mi propia migración): Buenos Aires. Por eso, un especial reconocimiento a los que hicieron mi estancia allí más agradable, a todos esos seres que me confirman, una vez más, que es posible tener varios lugares en el mundo.

Sandra Gil Araújo.
Madrid, marzo 2004.


 Presentación.
1. Parte I: Claves sobre el contexto de recepción. España como país de inmigración.



 1.1. Introducción.

Hasta 1950 España era básicamente un país agrícola y emigrante. Entre 1850 y 1950 3.500.000 españoles emigraron hacia América. Después de la II Guerra Mundial, otros 500 mil se dirigieron a los países del norte de Europa. Para entonces, unos 250 mil españoles vivían en el protectorado de Marruecos, que se independizó en 1956.

La crisis del modelo de acumulación de post-guerra (o fordista), adquirió en España perfiles particulares. El final de la dictadura franquista abría paso a un sistema democrático y una mayor participación social y política, que se vio acompañada por una transferencia de renta hacia los sectores con menores ingresos. Entre 1976 y 1985 la crisis se saldó con una fuerte reconversión productiva. El crecimiento económico se recuperó entre 1986 y 1991 y volvió a estancarse en 1994. A partir de entonces se registra un ciclo expansivo. “La renta por persona que se situaba por debajo del 70% de la media de la UE, pasa al 77% en 1992, y al 87,8% en 2002, si bien con importantes diferencias regionales.” (Colectivo IOE 2003, 60).

Estos fueron también años de importantes cambios sociales que dieron lugar a la configuración de una sociedad notablemente diferente. En cuanto a la política social, se universalizó la asistencia sanitaria, se amplió la edad de educación obligatoria y el sistema de pensiones y jubilaciones. Descendió la natalidad y se produjo un estancamiento del crecimiento vegetativo de la población, disminuyeron las migraciones internas y cambiaron los puntos de origen y destino. Se clausuró el periodo de la emigración internacional, que paso de los 100 mil emigrantes anuales en los años sesenta a menos de 10 mil en 1991. Retornaron también muchas de las personas que habían emigrado a Europa, cifra que se estima en 650 mil desde 1975 (Colectivo IOE 2003, 62). Paralelamente aumentó el número de extranjeros con permiso de residencia. Este crecimiento de aceleró de manera evidente en la década de los noventa y, especialmente, a partir de 1998.

En lo referente a la estructura del empleo, diminuyó el peso de la agricultura y la industria y aumentó el del sector servicios y la construcción. “Entre 1976 y el primer trimestre de 2002 la agricultura pasó de tener el 22% al 6% de los empleos, la industria del 27% al 19%, la construcción del 10% al 12% y los servicios del 41% al 63%.” (Colectivo IOE 2003, 62). Se registró también un crecimiento importante de la presencia femenina en el mercado de trabajo y una merma del número de mujeres dedicadas solamente al trabajo en sus hogares. El desempleo se transforma en un elemento estructural y el empleo se precariza. [1].

En cuanto a la inmigración extranjera, de 1962 a 1967 se registra un incremento del número de residentes extranjeros en un promedio del 12,9% anual. Esta época coincide con el éxodo español hacia Europa y la migración interior rural-urbana. Los extranjeros que llegaban al territorio español tenían orígenes y destinos diversos. Por una parte, los marroquíes que venían a trabajar en la construcción y la pequeña industria. Por otra, los europeos del norte, principalmente pensionistas y jubilados, que llegaban atraídos por el clima, los servicios turísticos y un costo de vida favorable. De 75 mil residentes extranjeros en 1962 se pasa a 150 mil en 1970 (Colectivo IOE 2003).

A partir de mediados de los años ochenta se comienza a hablar de España como país de inmigración, en un contexto claramente divergente al de la migración de posguerra en Europa. La demanda de fuerza de trabajo se genera en los sectores caracterizados por su alta temporalidad y la falta de regulación. El ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, va a facilitar el asentamiento de los inmigrantes comunitarios, al tiempo que dificulta el ingreso de los inmigrantes de terceros países.

Durante 1990-1999 España fue el tercer país europeo, después de Finlandia y Grecia, en cuanto a crecimiento de población inmigrante. Los últimos datos la sitúan como el principal país receptor de inmigración de la UE (Fernández Cordón 2004). Desde 1997 son mayoría los inmigrantes procedentes de países del Sur. Entre 1992 y 2000 la población europea se duplicaba mientras la originaria de países africanos se multiplicaba por cuatro. En palabras de Antonio Izquierdo “la década de los noventa ha sido la de la inmigración marroquí y por extensión la africana.” (Izquierdo 2002, 237). Pero el inicio del siglo XXI marca el comienzo de una nueva fase, la de inmigración latinoamericana. Los inmigrantes documentados provenientes de América Latina han pasado de 61 mil en 1991 a 514.485 a finales de 2003 (DGEI 2004), llegando a representar el 31,2% de la inmigración regularizada. Esta mayor visibilidad de la población latinoamericana es, en parte, producto de las políticas de Estado, como por ejemplo los dos últimos procesos de regularización -en tanto las solicitudes de inmigrantes latinoamericanos han obtenido el porcentaje más elevado de resoluciones favorables- y de la firma de acuerdos con Ecuador, Colombia y República Dominicana, que priorizan la contratación de trabajadores de estos países a través de los contingentes (Izquierdo 2002 y Martínez Buján 2003). Este trato de preferencia ha tenido un impacto inmediato en las estadísticas y ha colocado a los ecuatorianos como la segunda población extranjera documentada en España, seguidos por los colombianos.

El número de solicitudes de regularización presentadas por los inmigrantes latinoamericanos (y sus resultados) da cuenta de los vínculos coloniales e históricos entre España y América Latina, pero evidencia también la configuración de España como destino alternativo a EE UU para estas corrientes. Los datos presentados recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre los inmigrantes empadronados (documentados y no documentados) confirman esta tendencia. Según el INE, a principios de 2003 Ecuador desplaza, por primera vez, a Marruecos como principal país de origen de inmigrantes, que pasa a ocupar el segundo puesto, seguido por Colombia, Reino Unido, Rumania, Alemania y Argentina. Estas cifras refuerzan la preponderancia de la inmigración latinoamericana, que suponen el 38,61% del total de inmigrantes.

NOTAS:
  1. ® “Si sumamos la cifra de parados y de asalariados con contrato temporal, obtendremos la tasa de precariedad, que aún en épocas de bonanza afecta a más del 30% de la población activa.” (Colectivo IOE 2003, 62).


 1.2. Transformaciones socioeconómicas y corrientes migratorias.

[2]
A mediados de los años sesenta España experimentó una etapa de desarrollo industrial, interrumpida por la crisis energética de principios de los setenta, lo que inauguró el desempleo masivo como elemento estructural del mercado de trabajo local. Durante este periodo creció la importancia de la actividad turística y se inició el despegue del sector servicios, debido al impulso de políticas públicas que intentaban contrarrestar el declive del sector industrial. Paralelamente, y en el marco de la apertura democrática, comenzó un proceso de transformación social: la estabilidad política favoreció las inversiones extranjeras y la inmigración; se detienen las salidas de emigrantes y retornan medio millón de españoles afincados en el exterior. Al mismo tiempo, se intensifica y diversifica el asentamiento de extranjeros en el territorio estatal. En estos años aumentó la presencia de inmigrantes marroquíes que venían a trabajar en la construcción y comenzaron a llegar inmigrantes de Chile, Uruguay y Argentina, que huían de la represión política en sus países. Posteriormente se incrementó el asentamiento de jubilados europeos que se instalaron en las zonas costeras. Estas transformaciones se corresponden con las restricciones impuestas a la inmigración en otros países de Europa —como Alemania, Francia, los Países Bajos o Bélgica—, la apertura democrática posterior a la muerte del general Francisco Franco en 1975 y el crecimiento de algunos sectores económicos, que se aceleró a partir de 1985. Hasta mediados de los ochenta la regulación de la entrada y la residencia de extranjeros en el territorio español era escasa y se obtenía sin demasiadas dificultades. La cuestión migratoria era un tema inexistente a nivel institucional.

El modelo de crecimiento económico instaurado desde mediados de los años ochenta está basado en la extensión del trabajo temporal y flexible. Las políticas de expansión y redistribución del empleo fueron reemplazadas por una progresiva desregulación del mercado laboral. El crecimiento del desempleo, la extensión de la economía informal y la segmentación del mercado de trabajo son algunos efectos de esas transformaciones. Otro cambio clave fue la creciente incorporación de las mujeres españolas al mercado de trabajo [3], principalmente en las grandes ciudades, lo que provocó un aumento en la demanda de trabajadoras para el empleo doméstico (Gregorio Gil 1998). En 1986, el ingreso del Estado español en la Comunidad Económica Europea redefinió el tema migratorio: el control de las fronteras españolas se convirtió en una cuestión de interés europeo. En 1984 se promulgó la Ley de Asilo y en 1985 se sancionó la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros, conocida como Ley de Extranjería. España empezó a ser definido como país receptor de inmigración, en un marco de creciente precarización laboral [4].

La década de los noventa fue una época de recesión económica extendida a toda Europa. En el contexto español la crisis afectó a los sectores tradicionales, como la agricultura, pesca, minería e industria, al tiempo que favoreció el impulso de los servicios y la construcción. El desarrollo de la protección social, vinculada a un limitado despliegue del Estado de bienestar, conjuga la existencia de altos niveles de desempleo con la creciente incorporación de mano de obra inmigrante, principalmente en el trabajo informal. La economía sumergida sigue teniendo un papel importante en distintos sectores, como el textil, los servicios, la construcción y la agricultura. En este sentido, el peso de la economía informal no debe ser interpretado como un rasgo del menor desarrollo del Estado español con respecto a otros países comunitarios, sino como una específica forma de inserción en el mercado internacional, que permite la coexistencia de una minoritaria aristocracia laboral (trabajadores cualificados con altos salarios), con una mayoría de trabajadores precarios. Es en esta estructura jerárquica donde se insertan de manera diferencial los trabajadores inmigrantes, estratificados por género, etnia y nacionalidad.

NOTAS:
  1. ® Este apartado está basado en Gil Araújo 2002b.

  2. ® La tasa de actividad femenina pasó del 27% en 1982 al 34% en 1992.

  3. ® En 1985 el desempleo afectaba al 21,6% de la población activa (Colectivo IOÉ 2001ª).


 1.2.1. El mercado laboral español.

Los rasgos que caracterizan al mercado de trabajo español son la precariedad del empleo; las elevadas tasas de paro, en comparación con otros países de la UE –que afecta principalmente a mujeres y jóvenes–; las grandes diferencias regionales en cuanto a la distribución del empleo, el desempleo y la población activa; la escasa movilidad geográfica de trabajadores; el gran peso del sector servicios; la descentralización y subcontratación en el sector de la construcción, la extensión de la economía sumergida y la importancia del sector informal [5]. Cerca del 30% de la población ocupada trabaja en el sector informal, sin cotizar a la Seguridad Social (Carrasco Carpio 1999). Como en otros países europeos, la disminución del desempleo ha estado asociada a la proliferación de trabajos temporales y de bajos salarios. Los denominados nuevos yacimientos de empleo -caracterizados por su precariedad y por estar ocupados mayoritariamente por mujeres y jóvenes- se encuentran en las áreas de salud, educación, hostelería, y ocio.

La extensión de la economía informal ha afectado notoriamente a la agricultura, la industria textil, la alimenticia, de cuero y calzado, la construcción, la hostelería y el comercio. Se calcula que representa el 23% del PIB, cifra que entre los países industrializados sólo supera Italia (Carrasco Carpio 1999). El sector de hostelería ha crecido en importancia económica y como generador de empleo, al tiempo que se deteriora la situación laboral de los trabajadores. En el caso del empleo de hogar, la vinculación a la economía informal se ve reforzada por el tipo de relación laboral, el espacio en donde se establece y la falta de regulación del sector.

A pesar del descenso del número de puestos de trabajo en el sector agrícola, esta actividad es una de las principales fuentes de empleo para la población inmigrante, tanto regular como irregular. El constante descenso de los precios agrícolas en el mercado internacional ha impulsado la reducción de los costes de producción a través de la contratación de mano de obra barata, suministrada por los trabajadores inmigrantes. El sector servicios, dada su importancia económica, es también el que ofrece mayores posibilidades de empleo para los trabajadores inmigrantes. El comportamiento cíclico del sector de la construcción, con empleo intermitente, ha favorecido la conformación de una reserva de mano de obra inmigrante. En los últimos años, el proceso de descentralización y subcontratación ha generado una fragmentación de la actividad, favoreciendo la especialización, así como el trabajo informal y la segmentación del mercado de trabajo[6]. La creciente incorporación de las mujeres españolas de clase media urbana al mercado laboral y la falta de reparto de las tareas domésticas entre hombres y mujeres en los hogares españoles ha impulsado un aumento en la demanda de mano de obra femenina para el trabajo doméstico. El trabajo doméstico ha sido la principal vía de acceso al mercado laboral español del 63% de las mujeres no comunitarias (Colectivo IOE 2001b).

NOTAS:

  1. ® Datos del primer trimestre de 2003 cifran en 11,7% el nivel de desempleo, con un 16,7% de paro femenino y un 23,5% en el caso de los jóvenes menores de 25 años (Boletín de Estadísticas Laborales).

  2. ® Según UGT, durante 2002 uno de cada cuatro obreros contratados en la construcción era inmigrante.


 1.3. Población inmigrante: características e inserción.



 1.3.1. Cifras y orígenes de la inmigración.

Las corrientes migratorias que llegan a España tienen la diversidad, en el origen y en sus modos de inserción, como una de sus características distintivas. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países receptores de inmigración de la UE, gran parte de los inmigrantes afincados en el país peninsular proceden del llamado Primer Mundo. Es a partir del proceso de regularización abierto en 1991 cuando aumenta la presencia de los inmigrantes provenientes de los países del Tercer Mundo[7]. En la actualidad España recibe, dentro de la dinámica de los movimientos de población Norte-Sur / Este-Oeste, inmigrantes económicos y una minoría de trabajadores cualificados y directivos de empresas. Provenientes de los países del Norte llegan rentistas y jubilados, trabajadores del sector servicios y empresas multinacionales y altos ejecutivos. Es de destacar el bajo número de refugiados, la importante presencia femenina y la alta proporción de inmigrantes irregularizados.

Entre 1995 y 2003 el número de extranjeros con permiso de residencia pasó de 538 mil a 1.647.011. El incesante aumento de la población extranjera es, sin duda, uno de las transformaciones más importantes de finales de siglo. Como en otros países europeos, la inmigración es la principal causa del crecimiento de la población, que en la década de los noventa representó más del 80% del crecimiento total y en la actualidad alcanza el 90% (Fernández Cordón 2004). El grupo que más ha aumentado en los últimos años es el de latinoamericanos, al tiempo que disminuye el peso relativo de los inmigrantes marroquíes. Según los últimos datos ofrecidos por la Delegación de Gobierno para la Extranjería e Inmigración (DGEI) sobre inmigrantes con permiso de residencia, Latinoamérica es la principal región de origen de la inmigración, representando el 31,20%, frente al 26,3% de los africanos y el 24,7% de los países de la EEE. Teniendo en cuenta la nacionalidad, los colectivos más numerosos son el marroquí, el ecuatoriano, el colombiano y el británico (DGEI 2004).





Con respecto al porcentaje de variación en relación a los permisos de residencia de diciembre de 2002, los que mas han aumentado en términos relativos son los rumanos (62,25%), los búlgaros (57,27) y los argentinos (55,16%), seguidos por los ecuatorianos (51,16%), colombianos (50,85%) y peruanos (47,63%) (DGEI, 2004).

Los datos presentados recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), sobre inmigrantes empadronados (documentados y no documentados), son aun más contundentes en cuanto al abrupto aumento de la presencia latinoamericana. Según el INE, a principios de 2003, de los 42.717.064 habitantes de España, 2.672.596 son extranjeros, lo que representa el 6,26% del total. Por primera vez, Ecuador desplaza a Marruecos como principal país de origen de la población extranjera. Marruecos pasa a ocupar el segundo puesto y es seguido por Colombia, Reino Unido, Rumania, Alemania y Argentina. Estas cifras refuerzan la preponderancia de la inmigración latinoamericana, que pasa a representar el 38,61% del total de extranjeros.



En cuanto a las situaciones de irregularidad, comparando las cifras de los 2.672.596 extranjeros empadronados a principios de 2003, con los 1.324.001 inmigrantes con tarjeta o permiso de residencia de finales de 2002, se puede establecer un “índice de irregularidad” del 49,54% para el conjunto de los inmigrantes. Esta proporción es aún mayor entre los inmigrantes latinoamericanos: los argentinos alcanzan casi el 75%, y los ecuatorianos y colombianos superan el 70%.
NOTAS:
  1. ® Se incluyen en este bloque los países de África, Asia (excepto Japón) y América Latina. Con el término Primer Mundo se engloba a América del Norte, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Europa occidental (Colectivo IOÉ 2000).

 1.3.2. Distribución por edad y sexo.

Al considerar el total de la población extranjera la proporción de hombres es mayor y ha aumentado en los últimos años, alcanzando el 55,3% en 2002. Al prestar atención a las zonas de origen las diferencias son notorias. Otra vez, la diversidad vuelve a ser característica relevante. Entre los originarios de Latinoamérica, las mujeres representan el 56%. Como contraparte los inmigrantes de origen africano tiene una proporción masculina del 69%. Los países con mayor índice de feminización son Brasil y República Dominicana con un 70%. Otros países latinoamericanos con importante presencia femenina son México, Perú, Venezuela, Colombia y Cuba. Las diferencias entre estos grupos pueden entenderse como producto de las relaciones de género y las pautas culturales dentro de las comunidades de origen, así como por los efectos del mercado de trabajo y las políticas migratorias de la sociedad de destino. En España, la demanda de trabajadoras para el servicio doméstico y la política de cupos ha facilitado la feminización de los flujos procedentes de América Latina.







Observando los grupos de edad, cerca de la mitad de los extranjeros residentes en España tiene entre 26 y 45 años. Entre los que provienen de la UE, América del Norte y otros países europeos, se registra la mayor proporción de mayores de 46 años. El 10% de la población inmigrante del Reino Unido tiene 75 y más años. En el otro extremo, la población infantil (0 a 15 años) proviene mayoritariamente de Marruecos, China, América Latina y África.



De los 416.518 nacimientos registrados en 2002, el 10,44% fue de madre extranjera (INE). La región de origen con más peso es América, de donde provienen mas del 45% de las madres inmigrantes. En cuanto a la distribución por nacionalidad, los principales países son Marruecos y Ecuador, seguidos por Colombia.





 1.3.3. Nivel educativo.

Existen importantes diferencias en el nivel educativo de los inmigrantes, según la región y el país de origen. Si comparamos la distribución de los distintos colectivos según el nivel de estudios, los procedentes de África son los que registran las proporciones más altas de población analfabeta o con estudios primarios y la mas baja con estudios universitarios. En el caso de los inmigrantes comunitarios la relación es exactamente a la inversa: son los que muestran el porcentaje más alto de población con estudios universitarios y el más bajo de sin estudios. La inmigración latinoamericana es la que tiene mayor proporción de población con estudios secundarios y los europeos del este con formación profesional. En todos los casos existen diferencias entre varones y mujeres, pero algunas son mas marcadas que otras. La población española nacida en España ocupa el segundo lugar en proporción de formación profesional, después de Europa del Este. Tiene más porcentaje de analfabetos o sin estudios y de estudios primarios que los inmigrantes de América Latina. En cuanto a la proporción de población con nivel universitario, solo supera a los inmigrantes africanos (Garrido Toharia 2004).



 1.3.4. Distribución territorial.

Según los datos de noviembre de 2003, las Comunidades Autónomas con mayor número de extranjeros con permiso de residencia son Cataluña, que concentra el 23,31%, Madrid (21,56%), Andalucía (12,36%) y la Comunidad Valenciana (10,93%). En Andalucía y en la Comunidad Valenciana la mayor proporción de inmigrantes proceden de los países del Espacio Económico Europeo (EEE) [8], seguidos por los africanos en el primer caso y por los latinoamericanos en el segundo. En Cataluña los africanos son el grupo preponderante, con el 38,36% y en la Comunidad de Madrid los latinoamericanos representan el 48,99% de extranjeros con permiso residencia (DGEI 2004).

Sin embargo, el escenario que dibujan los datos de empadronamiento a principios de 2003 es diferente. La Comunidad de Madrid ocupa el primer lugar en recepción de inmigrantes, seguida por Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares y Murcia. En cuanto a las Comunidades con mayor proporción de población inmigrante, Baleares ocupa el primer lugar, con un 13,37%, le siguen Madrid, con un 10,31%, Canarias (9,48%), Comunidad Valenciana (9,28%), Melilla (9,25), Murcia (8,98) y Cataluña (8,12%).



Según los datos del INE, la inmigración latinoamericana es mayoritaria en Madrid, Cataluña y Murcia, y ocupa el segundo lugar en la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, donde prevalece la inmigración de países comunitarios. La inmigración africana es mayoritaria en Melilla y ocupa el segundo lugar en importancia numérica en Cataluña, Andalucía y Murcia. Los inmigrantes de la Europa no comunitaria son el segundo grupo en la Comunidad de Madrid y ocupan el tercer lugar en la Comunidad Valenciana (INE).

En cuanto a la distribución territorial de la población inmigrante, según su región de origen, la inmigración latinoamericana se ubica mayoritariamente en Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias, Murcia y Baleares. Los inmigrantes comunitarios eligen la Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares. La inmigración procedente de África se distribuye entre Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. La población de Europa no comunitaria se concentra en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Los inmigrantes de Asia se asientan preferentemente en Cataluña y Madrid (INE).




NOTAS:

  1. ® Espacio Económico Europeo: los países de la UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein.


 1.3.5. Actividad laboral.

La tasa de actividad laboral de la población inmigrante no comunitaria es mayor que la de la población española. En el caso de los varones supera el 90%, frente al 70-80% de los españoles y comunitarios. La pauta se mantiene en el caso de las mujeres, con la excepción de las africanas, que es notablemente inferior al resto de los grupos (Garrido y Toharia 2004).

Entre las fuentes de datos disponibles para explorar la actividad laboral de la población extranjera están las altas en la seguridad social, que ofrecen información sobre todos los trabajadores extranjeros con contrato laboral, y no solo de la población no comunitaria, como es el caso de los permisos de trabajo. Pero es importante señalar también algunas de sus limitaciones: las altas en la seguridad social no dan cuenta del trabajo irregular y, por otra parte, no contabilizan el número de trabajadores, sino de altas, y un mismo trabajador puede darse de alta más de una vez a lo largo de un año.

La proporción de altas en la Seguridad Social de trabajadores extranjeros ha pasado de representar el 2,3% del total en 1999, al 4,5% en 2002 y el 5,7% a noviembre de 2003 (963.055 altas). Este porcentaje presenta importantes variaciones según la provincia de la que se trate, alcanzando el 11,45% en Murcia, el 10,96% en Baleares y el 8,43% en Madrid (DGEI 2004). Madrid y Barcelona agrupan al 38,37% de altas de trabajadores extranjeros, con el 22,71% y el 15,66% respectivamente.

Los grupos más numerosos provienen de América Latina, África y el EEE. Los trabajadores latinoamericanos pasaron de ocupar el tercer lugar en importancia numérica en 1999, al primero en el primer trimestre de 2002, posición que se refuerza en noviembre de 2003, representando el 34,9% de las altas de extranjeros. Por nacionalidad, el crecimiento más notorio corresponde a las altas de trabajadores ecuatorianos y colombianos. Del total de las 963.055 altas de trabajadores extranjeros, el 17,08% son de Marruecos, el 14,57% de Ecuador, el 6,93% de Colombia, el 4,77% de Rumanía y el 4,54% de Gran Bretaña.




En cuanto al régimen de la seguridad social, a noviembre de 2003 el 68,69% de las altas de trabajadores extranjeros eran en el Régimen General (por cuenta ajena en industria y servicios), 12,41% en el régimen agrario, 10,79% como autónomos, 7,74% en el régimen de empleados de hogar y 0,37% en el régimen de trabajadores de mar, minería y carbón.



Los extranjeros en búsqueda de empleo representan el 4,33% del total. Madrid, Barcelona y Baleares agrupan al 42,08% de demandantes de empleo inmigrantes. Cerca del 55% figuraban inscriptos en el sector servicios y un 13,43% en la construcción. En cuanto a la nacionalidad, los marroquíes, ecuatorianos y colombianos representan el 42,31% del total de demandantes de empleo extranjeros (DGEI 2004).


 1.3.6. Inserción laboral de los trabajadores inmigrantes.

Los trabajadores extranjeros se concentran en cinco ramas laborales: finanzas, seguros y servicios, comercio y hostelería, servicio doméstico, agricultura y construcción. El Colectivo IOE advierte una “expansión del empleo de los trabajadores extranjeros hacia actividades industriales y del sector servicios, a partir de los tradicionales núcleos de la hostelería, la construcción y el servicio doméstico.” (Colectivo IOE 2003, 132). Los datos muestran una polarización en los tipos de labores desempeñadas por estos trabajadores: por una parte empleos de prestigio y, por otra, trabajos subvalorados. Entre los trabajadores de alto nivel se agrupan los ciudadanos comunitarios, norteamericanos y japoneses. En los trabajos no cualificados, que Joaquín Arango (2004) cataloga como penosos, peligrosos, precarios y poco prestigiosos, se concentra los trabajadores magrebíes, de América Latina, Asia y África. En otras palabras “...puede decirse que en España los inmigrantes [no comunitarios] tienden a ocupar puestos de trabajo poco cualificados, muchas veces temporales, estacionales o precarios, caracterizados por condiciones de trabajo muy deficientes y frecuentemente no bien remunerados, en mercados de trabajo secundarios.” (Arango 2004:11). El cuadro siguiente compara la distribución según ocupación de los trabajadores de la UE y de América Latina. Las cifras muestran que casi el 50% de los latinoamericanos realizan trabajos no cualificados y otro 19% se inserta en el área de servicios. Por el contrario, solo el 7% de los trabajadores comunitarios ocupa puestos no cualificados y más del 50% se incorporan en sectores altamente cualificadas.



En general, para los trabajadores no comunitarios el servicio doméstico, la construcción, la hostelería y la agricultura son las principales ramas de inserción laboral. Para los africanos tiene mayor peso la agricultura (13,2%) y la construcción (28,8%), que es también importante para los europeos del Este (28,0%), junto con el servicio doméstico (17,7%) y la hostelería (11,0%). En el caso de los trabajadores latinoamericanos, las principales ramas de actividad son el servicio doméstico (26,2%), la hostelería (16,1%) y la construcción (15,9%) (Garrido Toharia 2004).

Las trabajadoras extranjeras no comunitarias se ubican mayoritariamente en el servicio doméstico, la industria del sexo, el comercio y hostelería. De las que tienen permiso de trabajo, el 41,6% trabaja en el servicio doméstico, 6,9% en la hostelería, 6,4% en oficinas y 3,6% en limpiezas. El trabajo doméstico ha sido la principal vía de acceso al Estado español para el 63% de las inmigrantes no comunitarias (Colectivo IOE 2001b). En cuanto a la industria del sexo, una proporción creciente de los personas trabajando en la prostitución son extranjeras.



A la hora de analizar la incorporación de los inmigrantes, es importante tener en cuenta ciertas características del mercado laboral español, como la precariedad en el empleo, la temporalidad de los contratos, los bajos salarios, la segregación ocupacional y la segmentación de las actividades. En el caso de los trabajadores no comunitarios, esta situación se ve agravada por las normativas que regulan su inserción laboral, dada su específica situación jurídica. Al igual que los trabajadores nacionales, una gran proporción de estos inmigrantes se insertan en el sector secundario; un grupo pequeño ocupa puestos en el sector primario, junto con los trabajadores locales y, por último, existe un segmento de trabajadores inmigrantes irregularizados, creado a partir de la propia legislación de extranjería (Carrasco Carpio 1999). Investigaciones realizadas en Andalucía, por ejemplo, estiman que sólo el 40% de la demanda de mano de obra efectuada por los empresarios agrícolas se cubre a través de los contingentes de trabajadores inmigrantes, lo que deja el 60% restante en situación de irregularidad (Martín 2001). Datos de una investigación llevada a cabo por el Colectivo IOÉ desvelan que sólo el 19% de las trabajadoras inmigrantes del Tercer Mundo llegó a España con permiso de trabajo, mientras las cuatro quintas partes accedieron a su primer empleo de forma irregular (Colectivo IOE 2001b). Un porcentaje importante de los trabajadores inmigrantes no comunitarios se ubica en la economía sumergida, ya sea en los sectores clásicos del sector informal (como el trabajo doméstico y la agricultura), en las ramas segmentadas a través de la fragmentación y subcontratación (como la construcción), o por la falta de reconocimiento oficial de sus títulos profesionales [9].

NOTAS:
  1. ® Sector exclusivamente vinculado a la población inmigrante.


 1.4. Las políticas de inmigración.

NOTA: Este apartado está basado en Gil Araujo 2002b y 2002c.

 1.4.1. Antecedentes.

La principal normativa que regulaba la estancia de extranjeros en el territorio español hasta 1999 era la Ley Orgánica 7/1985 de Extranjería, aprobada durante el Gobierno del Partido Socialista y en vísperas del ingreso de España a la entonces Comunidad Económica Europea. Esta ley pretendía limitar el tiempo de estancia de los inmigrantes a periodos cortos, con un carácter meramente funcional. Los permisos de residencia equivalían a la duración de los contratos de trabajo (que, en general, eran de un año), al igual que su renovación. Así, la inmigración de países no comunitarios era abordada como un fenómeno temporal y no se garantizaba el derecho de permanencia definida, ni el de reagrupación familiar. Todo lo referente a la estabilización e integración de los inmigrantes estaba ausente en dicha normativa. Algunos preceptos referentes a los derechos de los extranjeros fueron declarados inconstitucionales.

En 1991 se creó la Dirección General de Migraciones; un año después comenzó a funcionar la Comisión Interministerial de Extranjería, que coordina distintos departamentos de los Ministerios de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales y Exteriores. En 1996 se aprueba un Reglamento de aplicación de la Ley de Extranjería que introdujo algunas reformas, con el objetivo de subsanar ciertas falencias: se implantaron los permisos de trabajo y residencia indefinidos a partir de los cinco años de residencia, se reglamentó la reagrupación familiar y se ampliaron los derechos de los inmigrantes. Ante la situación de irregularidad generada por la legislación, los distintos gobiernos han llevado a cabo procesos de regularización.

Paralelamente a los permisos concedidos por vía del Régimen General de aplicación de la normativa de Extranjería, otros permisos han sido otorgados mediante los denominados contingentes, puestos en marcha a partir de 1993. Estos contingentes, conocidos con el nombre de cupos, establecen un número de puestos de trabajo en actividades cuya demanda no ha sido cubierta por los trabajadores nacionales. Si bien fueron pensados como una forma de regular los flujos desde los países de origen, en la práctica se transformaron en un mecanismo de regulación de los inmigrantes indocumentados que se encontraban en territorio español.

En 1998 distintos partidos políticos presentaron proposiciones para elaborar una nueva ley, que fue aprobada en diciembre de 1999 con el desacuerdo del partido del Gobierno, después de más de un año de negociaciones. La Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social entró en vigor en febrero de 2000. Los principales cambios de dicha ley fueron: derecho de asistencia jurídica gratuita ampliado a los inmigrantes en situación irregular; reconocimiento expreso del derecho de todos los menores a la educación; derecho de acceso a la sanidad para los inmigrantes regulares y los irregulares que estén empadronados en el municipio de residencia; reconocimiento expreso del derecho de huelga, sindicación, asociación y reunión; reconocimiento del derecho de reagrupación familiar para los inmigrantes en situación regular, que cuenten con medios de vida para mantener a su familia; denegación expresa y motivada de visados; mecanismo de regularización permanente para los inmigrantes irregulares que lleven dos años empadronados y cuenten con medios de vida suficientes; residencia permanente no sujeta a la renovación a partir de los cinco años; falta de documentación clasificada como infracción grave, sancionada con una multa. Se estableció un proceso de regularización excepcional para los inmigrantes que hubieran entrado en el territorio español antes del primero de junio de 1999 y que pudieran demostrar haber solicitado un permiso de residencia o trabajo. Se presentaron 246.089 solicitudes. El proceso se cerró en diciembre de 2000.

Ese mismo año se creó por decreto la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, que consta de una Dirección General y cuatro Subdirecciones de Coordinación: Policía y Guardia Civil, Asuntos Sociales, Exteriores y Sanidad. La Delegación depende del Ministerio del Interior. El primer delegado tomó posesión de su cargo a mediados de mayo de 2000, con rango de Secretario de Estado.


 1.4.2. La Ley 8/2000.

Desde la aprobación de la Ley 4/2000, el Gobierno hizo pública su intención de modificar algunos puntos durante la nueva legislatura. Par justificar el cambio, el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración insistieron en el efecto llamada generado por la nueva normativa. Según esta perspectiva, el aumento en el número y la diversidad en el origen de las personas que intentan llegar al territorio español, estaba determinado por ciertos aspectos de la nueva legislación que ejercía un efecto de atracción sobre las personas de países empobrecidos. Finalmente, en junio de 2000 el Gobierno de José María Aznar presentó un nuevo proyecto de Ley de Extranjería, respaldado por la mayoría obtenida en las elecciones generales de marzo del mismo año. La nueva Ley 8/2000 fue aprobada en diciembre, con los votos en contra de la oposición.

La Ley 8/2000 suspende el mecanismo de regulación automática, elimina las motivaciones en las denegaciones de visado, recorta los derechos de los inmigrantes indocumentados —incluyendo los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga— y modifica el régimen disciplinario, para poder internar y expulsar extranjeros sin permiso de residencia. La vía regular de acceso al mercado de trabajo continúa siendo el sistema de cupos o contingentes anuales y sigue vigente la cláusula de prioridad nacional.

La entrada en vigor de la nueva normativa, el 23 de enero de 2001, fue precedida por la muerte de un grupo de inmigrantes ecuatorianos, que trabajaban de manera irregular en los campos de Murcia, al sur de la península. En este contexto surgió el acuerdo entre el Gobierno español y el ecuatoriano, que pretende ordenar los flujos migratorios a través de la contratación de los potenciales trabajadores en sus países de origen. Acuerdos similares se han firmado con Colombia, República Dominicana, Rumania, Polonia y Marruecos.

En agosto de 2001 entró en vigor el Reglamento de la Ley 8/2000. Algunos de los puntos aprobados habían sido criticados por la oposición y otros organismos no gubernamentales. Once de estos artículos fueron anulados por el Alto Tribunal en marzo de 2003, en respuesta a una demanda presentada por algunas ONG. Los artículos anulados están relacionados con la reagrupación familiar en cadena, la exención de visados para cónyuges de españoles o residentes, la devolución, el internamiento, la repatriación, las expulsiones y la libre circulación.

El Gobierno, lejos de modificar el Reglamento, ha impulsado un nuevo cambio de Ley. El anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería, modificada tres veces en dos años, buscaba simplificar los trámites para trabajar en España y, al mismo tiempo, endurecer los controles. En este sentido, el Ministerio del Interior hizo pública su intención de involucrar aún más a las compañías de transporte en esta clase de tareas, que deberán remitir un listado de sus pasajeros para ser utilizada en la frontera e informar al Gobierno sobre los billetes de vuelta no utilizados. Las compañías que no cumplan con estas obligaciones serán sancionadas hasta con 60 mil euros. Las aerolíneas serán también responsables de los pasajeros en tránsito en España y no admitidos por el país de destino y deberán costear los gastos del retorno hasta el aeropuerto de partida. Otra novedad será la utilización de los datos del empadronamiento municipal por parte del Ejecutivo. Se prevé el intercambio de información entre el Instituto Nacional de Estadísticas, Hacienda, la Seguridad Social y el Registro Central de Extranjeros de la Policía [11]. Esta última modificación, que contó con el apoyo del Partido Socialista en la oposición, dio lugar a la Ley Orgánica 14/2003 de 20 de noviembre de 2003. Además de los cambios señalados, la nueva normativa dificulta la reunificación familiar de las personas reagrupadas, que deberán obtener un permiso de trabajo y residencia independiente para poder reagrupar, y se crea el visado para búsqueda de empleo, que será otorgado a través de los contingentes y a hijos y nietos de españoles.
NOTAS:
  1. ® “La nueva reforma de la Ley prevé el acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los datos de los migrantes inscritos en el padrón municipal, en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social. Esta medida podría conllevar que aquellos migrantes que se encuentran en situación irregular no se beneficien de los servicios mínimos básicos por miedo a ser identificados.” (Naciones Unidas 2004, 18).


 1.4.3. Actores implicados.

La política de migraciones comenzó a gestarse en el ámbito del Ministerio del Interior, al que luego se fueron sumando otras áreas, como los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales o Exteriores. Las cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo están bajo el control del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que se encarga de los permisos de trabajo y las inspecciones e interviene en el diseño de los contingentes y en los procesos de regularización. Este Ministerio también se encarga, a través del IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales), de tareas relacionadas con la integración de los inmigrantes. Muchas de estas iniciativas son impulsadas a través de subvenciones otorgadas a las organizaciones no gubernamentales o sindicatos.

En el ámbito regional, las Comunidades Autónomas con mayor número de inmigrantes no comunitarios han desarrollado sus propios planes. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a finales de 2000 se aprobó el Plan Regional para la Inmigración 2001-2003. En la Generalitat de Cataluña se ha aprobado el Plan Interdepartamental de Inmigración 2001-2004 [12]. En el ámbito local, algunas ciudades con gran proporción de población inmigrante, como Barcelona, Madrid y Valencia, han elaborando o están elaborando también sus Programas de Integración. Tanto los Gobiernos municipales como las ONG, Iglesias y sindicatos tienen un papel privilegiado en la red de asistencia a inmigrantes, debido a su contacto directo y cotidiano con estas personas.

Una de las características de la política de inmigrantes española ha sido la creciente importancia de las ONG que trabajan con inmigrantes. Las ONG ofrecen información sobre recursos, asistencia jurídica, clases de español, formación profesional, atención médica, bolsa de trabajo o sensibilización de la población local. A diferencia de las entidades gubernamentales, el discurso de las ONG intenta modificar la visión de los inmigrantes como mera fuerza de trabajo y busca desvincular la estancia regular en territorio español del acceso a un permiso de trabajo.

Durante el Gobierno del Partido Popular (1996-2004) el Ministerio del Interior fue ganando más poder de decisión en el ámbito de migraciones, incluso en lo referido a la integración de inmigrantes, como lo demuestra la elaboración del Plan GRECO. El nuevo Gobierno del PSOE (2004) ha creado la Secretaría de Inmigración, adscripta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con una Dirección específica dedicada a la integración y dirigida por una responsable de Cruz Roja [13].
NOTAS:
  1. ® Otros ejemplos: Pla integral d’atenció a la imigració deles Illes Balears (2001-2004); Plan para la integración social inmigrantes en la región de Murcia (2002-2004); Plan Integral para la inmigración en Aragón (2002-2004) Plan vasco de inmigración (2003-2005).

  2. ® Al momento de editarse este informe está a punto de aprobarse el reglamento de la última reforma, que incluye un nuevo proceso (extraordinario) de regularización, o normalización como refiere denominarlo el nuevo gobierno. Para información actualizada sobre este punto consultar http://www.extranjeria.info/ .


 1.4.4. Políticas migratorias vigentes.



 1.4.4.1. Políticas de inmigración.

Existen diversas vías de ingreso y permanencia regularizada en territorio español. Las más comunes son la residencia con permiso de trabajo, la residencia como estudiante, la reagrupación familiar y, en menor medida, la residencia por cuestiones humanitarias o el estatuto de refugiado. Gran parte de los inmigrantes no comunitarios logra alcanzar una situación de regularidad a través de su inserción en el mercado de trabajo.

Hay tres situaciones en las que pueden encontrarse los extranjeros en el territorio español de forma regular: estancia, residencia temporal y residencia permanente. Las dos últimas, así como una prolongación de la primera, deben ser autorizadas por el Ministerio del Interior. Estancias son las permanencias no superiores a los tres meses. En este caso, existe un listado común de países que necesitan visado para entrar en el territorio Schengen, entre los que se encuentran Perú, República Dominicana, Colombia, y, recientemente, Ecuador. La residencia temporal es la estancia autorizada por más de tres meses y menos de cinco años. Para la obtención de la residencia temporal es necesario acreditar medios de vida suficientes. La residencia permanente es la que autoriza a residir en el territorio español de manera indefinida y a trabajar en igualdad de condiciones que los españoles. Para acceder a la residencia permanente es necesario haber tenido residencia temporal de manera continuada durante, al menos, cinco años.

La legislación establece que los extranjeros mayores de 16 años que quieran trabajar en España deben obtener, además de un permiso de estancia, permiso de trabajo. Por su parte, los empleadores que quieran contratar a un extranjero sin permiso de trabajo, deberán obtener previamente dicha autorización. Una normativa que diferencia el acceso al mercado de trabajo de los inmigrantes no comunitarios es la referencia a la situación nacional de empleo (cláusula de prioridad nacional), la cual establece que para la concesión o renovación de un permiso de trabajo, se tendrá en cuenta la insuficiencia o escasez de mano de obra española en la actividad o profesión y zonas geográficas en que se pretenda trabajar. Esto significa que se puede justificar la denegación de un permiso de trabajo si existen solicitantes de empleo españoles, comunitarios o residentes legales. En la practica, esto ha provocado la concentración de los trabajadores y trabajadoras no comunitarios en los sectores laborales más precarizados: servicios, construcción y agricultura.

Cuando se solicita el permiso de trabajo inicial por cuenta ajena, debe presentarse una oferta de trabajo. El primer permiso de trabajo, tipo B (inicial), tiene una duración de un año y puede ser limitado a un determinado ámbito geográfico, sector o actividad. Puede ser renovado si continúa la relación laboral, si se presenta una nueva oferta de empleo o si se esta cobrando una prestación contributiva por desempleo. El permiso de tipo B (renovado) permite desarrollar cualquier actividad en todo el territorio nacional durante un periodo de dos años. Pueden obtener este permiso los titulares de un permiso tipo B (inicial) al término de su vigencia. El permiso de tipo C permite desarrollar cualquier actividad en todo el territorio nacional. Tiene una validez de dos años y puede ser obtenido por los titulares de un permiso tipo B (renovado) al término de su vigencia. El permiso de tipo C es el que permite solicitar un permiso permanente. Para renovar los permisos es obligatorio haber cotizado a la Seguridad Social, así como estar al día con las obligaciones fiscales. Existen también distintos tipos de permiso de trabajo por cuenta propia [14].

Desde el 14 de enero de 2002 se suspendieron las tramitaciones de permiso de trabajo por la Vía General, esto es, presentando la solicitud desde el territorio español, y sólo se han otorgado permisos a través de los contingentes a trabajadores que se encontraban en sus países de origen. Esto ha condenado a la ilegalidad a cientos de miles de inmigrantes no comunitarios asentados en España, que aun teniendo una oferta de trabajo no pueden obtener el permiso correspondiente [15].

A través del sistema de contingentes (o cupos) se ofrece un número determinado de puestos de trabajo a extranjeros que no residan, regular o irregularmente, en España, con indicación de sectores y actividades profesionales específicas, que suelen ser la agricultura, construcción y servicio doméstico. Corresponde a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones orientar sobre los mecanismos de selección de los trabajadores en los países de origen, teniendo en cuenta los convenios o acuerdos internacionales suscritos en esta materia. A lo largo del 2001 se firmaron acuerdos con Ecuador, Colombia, República Dominicana y Marruecos y se elaboraron borradores de acuerdos con Polonia y Rumania, con el objetivo de regular de manera ordenada y coordinada el flujo de mano de obra entre estos países y España.

La normativa, en vigor a partir de enero de 2001, vuelve a imponer la expulsión como sanción para la falta de permiso de residencia, o por su falta de renovación pasados los tres meses del vencimiento. La expulsión no será impuesta en caso de residentes permanentes. Toda expulsión supone la prohibición de entrada en el territorio español por un periodo mínimo de tres años y un máximo de diez.

Una de las tendencias más claras en la política migratoria del ámbito comunitario en la firma de acuerdos de readmisión con los países de origen o de tránsito de inmigrantes. Por su parte, España tiene acuerdos con Bulgaria y Rumania, firmados en 1996, relativos a la readmisión de personas en situación irregular. También se han firmado convenios formales de readmisión con Nigeria, Portugal, Francia, Italia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Según declaraciones del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la inmigración, se han firmado acuerdos con Argelia, Guinea, Senegal y Ghana (El País, 16 de agosto de 2003).
NOTAS:
  1. ® No necesitan permiso de trabajo los trabajadores comunitarios, los cónyuges o hijos de españoles, los refugiados y desplazados ni los residentes permanentes.

  2. ® Posteriormente, cinco sentencias dictadas en Valencia, País Vasco, Cantabria y Alicante desautorizaron el acuerdo del Consejo de Ministros que cerro la presentación de solicitudes de permisos de trabajo por la Vía General para los inmigrantes residentes en España (El País, 11 de marzo de 2003).


 1.4.4.2. Política de integración.

En el marco de la Ley 8/2000 el Ministerio del Interior adoptó el segundo Plan nacional de integración denominado Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España (GRECO) [16]. Si bien es un programa preparado como marco para el desarrollo de las políticas de acción social hacia la población inmigrantes, esta enfocado mas al control fronterizo que a la integración de población inmigrante. La cuestión de la integración se menciona tan sólo en una de las cuatro líneas de actuación. Para Javier de Lucas y Francisco Torres, con la aprobación de la Ley 8/2000 y el Programa GRECO, “la preocupación por la integración ha dado paso a una creciente vinculación entre inseguridad ciudadana e inmigración.” (De Lucas y Torres 2002, 18). El GRECO ha sido criticado, entre otras cosas, por el concepto de integración social que maneja, caracterizado como un planteamiento unidireccional y asimilasionista (Covas 2003, Gil Araujo 2002ª). En su “chequeo intempestivo” del Plan GRECO, Antonio Izquierdo sentencia: “Aunque el gobierno no haya desarrollado un Plan de Integración para los inmigrantes, el balance de la situación nos brinda algunos avances. En cuando las condiciones legales y materiales se lo permiten, son los propios inmigrantes los que dan prueba de su capacidad para la integración social y la convivencia cívica.” (Izquierdo 2003, 175).

La única vía para acceder a los derechos de ciudadanía es la nacionalización. Pueden solicitar la nacionalidad española los hijos de padre o madre español nacidos en el extranjero. A partir de los cambios introducidos en el año 2002, los nietos de españoles de origen también podrán obtener la ciudadanía española después de un año de residencia legal en España. La nacionalidad por residencia se obtiene al cabo de diez años de estancia legal, cinco años en el caso de las personas con estatuto de refugiados o asilados y dos años para los originarios de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o sefardíes. Los cónyuges de un ciudadano/a español/a podrán optar a la ciudadanía al año de haberse celebrado el matrimonio. En el caso de los niños nacidos en territorio español, cuyos padres sean extranjeros residentes, obtendrán la nacionalidad al año de su nacimiento. Les será otorgada de manera inmediata cuando el país de origen de los padres no los reconozca como ciudadanos de ese Estado. En los últimos años el número de nacionalizaciones ha aumentado de manera constante. Más de la mitad de las personas que adquirieron la nacionalidad española son de América Latina.

Tienen derecho a la reagrupación familiar los extranjeros que hayan residido en España de manera regular durante un mínimo de un año y tengan permiso de residencia por, al menos, otro año más. El tiempo del permiso de residencia por reagrupación es el mismo del permiso de residencia del reagrupante. Para acceder a la reagrupación es necesario disponer de una vivienda adecuada y de unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades de la familia. Los familiares que tienen derecho a la reagrupación son el cónyuge y los hijos del matrimonio menores de 18 años o incapacitados, siempre que no estén casados. No tienen derecho de reagrupación las parejas de hecho. El cónyuge tendrá acceso a un permiso de residencia independiente cuando obtenga un permiso de trabajo o cuando acredite haber vivido en España dos años con la persona reagrupante. En el caso de los hijos, obtendrán un permiso independiente cuando alcancen la mayoría de edad o al obtener un permiso de trabajo. En caso de disolución del vínculo matrimonial, el permiso de residencia se mantiene a partir de un tiempo mínimo de convivencia de dos años.

Todos los extranjeros menores de 18 años tienen derecho y deber a la educación, lo que comprende el acceso a la enseñanza gratuita y obligatoria y al sistema de becas y ayudas. En colegios con gran proporción de población inmigrante ya se desarrollan algunos planes específicos. Si bien la ley no permite un porcentaje de alumnos de origen inmigrante superior al 25%, hay escuelas primarias en las que se registra hasta un 80% de alumnos extranjeros. Este alto nivel de concentración en comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía o Valencia ha obligado a poner en marcha programas de capacitación lingüística y compensación curricular, conocidos con el nombre de “aulas puente”.

Con respecto a la salud, tienen derecho a la asistencia sanitaria los extranjeros que se encuentren inscritos en el padrón del municipio donde residan habitualmente, los menores de 18 años y las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Todos los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria de urgencia por enfermedades graves o accidentes hasta el alta médica.

En materia de vivienda, el acceso al sistema público de ayudas está restringido a los inmigrantes regularizados. En el caso de la Seguridad Social, no se tendrá en cuenta la situación administrativa para las prestaciones básicas, pero sólo los inmigrantes regularizados tienen acceso a las prestaciones específicas.

El derecho de voto de los inmigrantes no comunitarios en las elecciones municipales está sometido a la existencia de acuerdos de reciprocidad con los países de origen, pero este supuesto no siempre se cumple. La inscripción en los padrones municipales está abierta a todos los extranjeros que residan en el municipio, sin referencia a su situación administrativa. En cuanto a la participación política, uno de los puntos conflictivos de la ley 8/2000 ha sido la suspensión del derecho de asociación, sindicación, manifestación y huelga en el caso de los inmigrantes irregularizados.

La Constitución española garantiza la libertad de culto; sin embargo, algunos sectores han hecho pública su preocupación por el aumento del número de mezquitas, que consideran una amenaza para la identidad católica (El País, 25 de febrero de 2001). El ex delegado del Gobierno para la Inmigración Enrique Fernández Miranda ha declarado que la lengua, la cultura común y la práctica de la religión católica son elementos que facilitan la integración de los extranjeros en España (El País, 12 de enero de 2001). Una posición similar mantiene el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, quien propuso que el Estado favoreciera la inmigración latinoamericana (El País, 22 de febrero de 2000). Las cifras de los últimos procesos de regularización hacen pensar que el Gobierno también es partidario de este supuesto, ya que las tasas más altas de regularización se dan entre los expedientes de los latinoamericanos; Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador, mientras en el extremo contrario figuran países africanos; Nigeria, Senegal, Marruecos y Mauritania. Sirva como ejemplo las cifras de los dos grupos de indocumentados más numerosos, el 69% de reconocimiento para los marroquíes frente al 87% de los ecuatorianos. El 23% de las solicitudes presentadas en el proceso de regularización de 2000 fueron de originarios de algún país latinoamericano, de las cuales el 85% obtuvieron una respuesta afirmativa. En 2001 los latinoamericanos presentaron un tercio de las solicitudes y obtuvieron una tasa de reconocimiento del 84%. En el proceso de regularización por arraigo de 2001, por primera vez los marroquíes no son los más numerosos, sino los ecuatorianos y, en segundo lugar, los colombianos. Estas dos nacionalidades reúnen el 52% de las solicitudes aprobadas. En esa oportunidad la tasa de reconocimiento para las solicitudes de ecuatorianos fue del 81% y para los marroquíes del 48% (Izquierdo 2002).
NOTAS:
  1. ® Para un análisis detallado del Plan GRECO ver Gil Araujo 2002ª.


 1.5. Referencias bibliográficas.

  • Arango, Joaquín (2004) “La población inmigrada en España”, Economistas, número 99, enero.

  • Carrasco Carpio, Concepción (1999) Mercados de trabajo: los inmigrantes económicos, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Colección Observatorio Permanente de la Inmigración, Madrid.

  • Colectivo IOE (2003a) Inmigración y ciudadanía. España en el contexto de las migraciones internacionales, Editorial Fundamentos, Madrid.

  • Colectivo IOE (2001a) "Política migratoria en España en el marco europeo", Éxodo, número 58, marzo-abril.

  • Colectivo IOE (2001b) Mujer, inmigración y trabajo, IMSERSO-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid.

  • Colectivo IOE (2000) “Panorámica de la inmigración en España”, Documentación Social, número 121.

  • Covas Bonino, Carla et al (2003) Los planes de las Comunidades Autónomas para la integración social de las personas inmigrantes, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Madrid.

  • De Lucas, Javier y Torres, Francisco (2002) “Introducción” en De Lucas, Javier y Torres, Francisco (cords.), Inmigrantes: ¿Cómo los tenemos? Algunos desafíos y (malas) respuestas, Talasa, Madrid.

  • Delegación del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería (2004) Balance 2003, Ministerio de Interior, Madrid.

  • Fernández Cordón, Juan Antonio (2004) “Demografía e inmigración”, Economistas, número 99, enero.

  • Garrido, Luis y Toharia, Luis (2004) “La situación laboral de los españoles y los extranjeros según la Encuesta de Población Activa”, Economistas, número 99, enero.

  • Gil Araújo, Sandra (2002a): “Políticas públicas como tecnologías de gobierno. Las políticas de inmigrantes y las figuras de la inmigración”, Clavijo, Claudia y Aguirre, Mariano (eds.), Políticas sociales y Estado de bienestar en España: Las migraciones. Informe 2002, FUHEM, Madrid.

  • Gil Araújo, Sandra (2002b) Migraciones y gestión de la diversidad en el contexto europeo. Informe comparado sobre las políticas migratorias en los Países Bajos y el Estado español, Embajada del Reino de los Países Bajos, TNI, IECAH, Madrid.

  • Gil Araujo, Sandra (2002c) “Legislación y política migratoria en España: radicalizando la precariedad social”, Revista Española de Estudios Norteamericanos, números 23-24, 2002.

  • Gregorio Gil, Carmen (1998) Migración Femenina. Su impacto en las relaciones de género, Narcea, Madrid.

  • Izquierdo, Antonio (2003) “El GRECO suspende un parcial (Balance de la inmigración en España 2000-2003)”; Edición de las ponencias presentadas en el Seminario El Estado de Bienestar en España, realizado en la Universidad Menéndez Pelayo de Barcelona, los días 18 y 19 de diciembre. Vicenç Navarro (Coord.). http://www.vnavarro.org/publiclib.htm .

  • Izquierdo, Antonio et al. (2002) “Los preferidos del siglo XXI: la inmigración latinoamericana en España”, García Castaño F.J. y Muriel López, C., La inmigración en España: contextos y alternativas. Volumen II. Actas del III Congreso sobre la inmigración en España (ponencias), Laboratorio de Estudios Interculturales, Granada.

  • Martín, Emma (2001) "Fronteras culturales: construcción de las desigualdades y negación de los derechos en las políticas institucionales en materia de inmigración." Mugak, número 15.

  • Martínez Buján, Raquel (2003) La reciente inmigración latinoamericana a España, CEPAL, Serie Población y Desarrollo 40, Santiago de Chile.

  • Naciones Unidas (2004) Grupos e individuos específicos: trabajadores migrantes. Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, de conformidad con la resolución 2003/46 de la Comisión de Derechos Humanos. Visita a España, Comisión de Derechos Humanos, 60º período de sesiones, Ginebra.


 2. Parte II: La inmigración latinoamericana en España.
  2.1. Introducción.
  2.2. El contexto de origen: la situación de América Latina.
  2.2.1. La otra cara de la globalización: desigualdad, empobrecimiento y exclusión.
  2.2.2. Inmigración latinoamericana en los circuitos alternativos de la globalización.
  2.3. Perfil de la inmigración latinoamericana en España.
  2.3.1. Regulaciones y normativas que condicionan la inserción de la población inmigrante latinoamericana.
  2.3.2. Cifras y origen de la inmigración latinoamericana.
  2.3.3. Distribución territorial.
  2.3.4. Características demográficas.
  2.3.4.1. Distribución por sexo y edad.
  2.3.4.2. Tipo de hogar.
  2.3.4.3. Niveles de estudio.
  2.3.5. La incorporación laboral.
  2.4. Los laberintos de la ciudadanía.
  2.5. Referencias bibliográficas.
 3. Parte III: Inmigración latinoamericana en España.
  3.1. Resumen bibliográfico.
  3.2. Estadísticas oficiales.
  3.3. Referencias bibliográficas organizadas por países.
  3.3.1. Latinoamérica-Sudamérica-Iberoamérica.
  3.3.1.1. Bibliografía comentada
  3.3.1.2. Otras referencias bibliográficas.
  3.3.1.3. Investigaciones recientes o en curso.
  3.3.2. Argentina.
  3.3.2.1. Bibliografía comentada.
  3.3.2.2. Otras referencias bibliográficas.
  3.3.2.3. Investigaciones recientes y en curso.
  3.3.3. Colombia.
  3.3.3.1. Bibliografía comentada.
  3.3.3.2. Otras referencias bibliográficas.
  3.3.3.3. Investigaciones recientes o en curso.
  3.3.4. Cuba.
  3.3.4.1. Bibliografía comentada.
  3.3.5. Ecuador.
  3.3.5.1.Bibliografía comentada.
  3.3.5.2. Otras referencias bibliográficas.
  3.3.5.3. Investigaciones recientes o en curso.
  3.3.6. Perú.
  3.3.6.1. Bibliografía comentada.
  3.3.6.2. Otras referencias bibliográficas.
  3.3.7. República Dominicana.
  3.3.7.1. Bibliografía comentada.
  3.3.7.2. Otras referencias bibliográficas.
  3.3.7.3. Investigaciones recientes o en curso.


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