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Por: Castro Castillo, Marcela

La tortura como método de represión política. El caso de Zimbabwe

Madrid (España). 26 de Junio de 2007. El pasado 26 de junio fue el día Internacional de Apoyo a las víctimas de la Tortura. Sin embargo, en Zimbabwe, como en 101 países, se sigue usando la tortura como método de represión política. Miles de personas en este momento están padeciendo este flagelo.

Muchos países han firmado la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como también son parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que condena la tortura en su artículo 5. También son parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de diversos instrumentos regionales. Pero sus gobiernos no asumen su responsabilidad internacional de cumplirlos, alegando "razones de Estado."


Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África.


1. El delito de tortura.

La tipificación del delito varía según la regulación de cada país, pero en conjunto y de manera genérica se considera tortura a efectos penales a las acciones cometidas por funcionarios o autoridades, o al consentimiento explícito o implícito por parte de las mismas para que terceros las ejecuten, con el objetivo de obtener una confesión o información de una persona, así como el castigo físico o psíquico que suponga sufrimiento y suprima o disminuya las facultades del torturado o de cualquier manera afecten a su integridad moral.

En la Convención contra la tortura está definida en el artículo 1: se considerada tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas,” estableciéndose que este artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.

Esto afecta directamente a un artículo relevante de la Convención: el tercero, que señala: "1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. 2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos."

Lo fundamental de la definición, empero, radica que con consentimiento del Estado o sin él, la tortura es, como indica Cruz Roja, una clara violación del derecho internacional humanitario. Porque aún cuando se obtuviera "información", la esencia de la tortura es incriminar, adoctrinar e intimidar.

Como dijo el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan en el año 2005: "Seamos claros: la tortura no puede ser jamás un instrumento para luchar contra el terror, porque la tortura es un instrumento de terror."

La tortura jamás ha sido un método para obtener información: sólo persigue la degradación del ser humano. Desde tiempos ancestrales es de público conocimiento que el torturado no responde a las preguntas que le formula el torturador; responde lo que el torturador quiere escuchar. La tortura sólo es una forma de incriminar, que un sospechoso sobre el cual no pesan pruebas concluyentes se autoinculpe de delitos que el torturador asegura que ha cometido.

El no permitir que seres humanos sean sometidos a torturas, pudiendo impedirlo, es más que un simple requisito moral, es una obligación.

Es lo que indica el relator Especial Manfred Nowak en su informe para el Consejo Económico y Social de la ONU "Programa Provisional los Derechos Civiles y Políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la tortura y la detención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes" (Distr. General e/cn.4/2006/6 16 de diciembre de 2005) cuando indica que la tortura se produce a víctimas indefensas: Es la indefensión de la víctima en una determinada situación lo que hace que sea especialmente vulnerable a cualquier tipo de presión física o mental. Este suele ser el caso de las personas privadas de libertad.

Efectivamente, un análisis a fondo de los Trabajos Preparatorios de los artículos 1 y 16 de la Convención contra la Tortura y una sistemática interpretación de ambas disposiciones a la luz de la práctica del Comité contra la Tortura obligan a inferir que los criterios determinantes para distinguir la tortura de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son más bien el propósito de la conducta y la indefensión de la víctima, antes que la intensidad de los dolores o sufrimientos infligidos, como argumentan el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y muchos estudiosos.

Hay dos tipos de torturas: las físicas (o sea, los golpes, rotura de huesos, desgarros musculares, castraciones, descargas eléctricas, desfiguración, aplicación de temperaturas extremas, ingestión de productos químicos o elementos cortantes, ahogamiento, violaciones, privación del sueño, posturas corporales incómodas...); y la psicológica (privación sensorial, aislamiento, falsas ejecuciones, hacerlo testigo de la tortura o muerte de un ser querido...)


 2. El delito de tortura en los instrumentos internacionales.
 3. El caso de Zimbabwe.
 4. Conclusión.


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