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Vivienda e inmigración: Un derecho y no un negocio

25 de Marzo de 2007. La Constitución española, en su artículo 47, dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Grupo de Inmigración de ATTAC Madrid · Rebelión.


 Introducción.
 El negocio de la vivienda.
 Los inmigrantes y la vivienda.
La vivienda es un derecho no un negocio.

La actual globalización económica que conlleva la reforma del sector público a través de la privatización y otros factores influyen a la hora de disponer de recursos para gastos sociales y viviendas de protección oficial.

"En 2003, Social Watch publicó un completo panorama del impacto de la privatización de los servicios públicos a lo largo de 52 países. Todos estos casos presentan un denominador común: los grupos más afectados son siempre los grupos más vulnerables de la sociedad, constituidos por minorías étnicas, refugiados, mujeres, niños y adultos mayores" [8].

El mercado capitalista inmobiliario es el que rige en la práctica. Este tiene una lógica de beneficio privado. Su oferta de vivienda atiende la demanda que puede pagar la vivienda considerada una mercancía, no un derecho. Sí, como suele ser habitual con el mercado privado del suelo, los precios son muy altos, muchísimos ciudadanos no tienen acceso a las condiciones de habitabilidad que corresponden al nivel de dotaciones, confort y calidad que son posibles hoy en día.

Siguiendo el informe del Relator Especial de Naciones Unidas "España sufre una grave carencia de vivienda pública. Los programas de vivienda actuales no permiten satisfacer las necesidades de entre un 20% y un 25% de la población con menos ingresos". El Relator Especial considera que esto es una estimación conservadora, dado que España es el tercer país más pobre de los 15 países que originalmente formaban a Unión Europea. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, datos sobre la distribución de ingresos, publicadas el 1 de diciembre de 2006, un 20% de los españoles viven bajo el nivel de pobreza. Prácticamente toda la vivienda en alquiler, de por sí escasa, pertenece al sector privado. Sólo un 2% del parque existente se considera de alquiler social, en comparación con el 10-30% de otros países de la Unión Europea. Es más, aunque se encuentran en torno a un 18% más bajo que en el mercado privado, los precios de la vivienda de alquiler público tienden a ser demasiado altos para algunos sectores de la población. Paradójicamente, España posee el número de viviendas vacías más alto de la Unión Europea (de 3 a 4 millones).

A todo esto hay que añadir que esta situación se ha agravado por la especulación en el uso del suelo y de la propiedad, lo que ha beneficiado a los grandes promotores. Por ejemplo, en el País Vasco, entre 1995 y 2005, los precios de la vivienda aumentaron un 250%, mientras los costes de construcción se incrementaron en un 35%. Durante el mismo período, las hipotecas subieron de €650 millones a €6000 millones.

Hay otra lógica que la del beneficio. La de considerar el acceso a la vivienda un derecho ciudadano, no un negocio. De esta manera, se daría prioridad a atender las necesidades de la mayoría en detrimento del negocio de unos pocos.

Este derecho a la vivienda debe ser canalizado y satisfecho por un servicio público de vivienda. Un servicio público con recursos suficientes y bajo el control de la ciudadanía que debería permitir que el derecho de los habitantes sea efectivo. Así dejará de depender la satisfacción de una necesidad humana de la capacidad económica individual.

En octubre de 2006, La Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna proponía, entre otras, las siguientes medidas para una política pública de vivienda:

  1. Dar uso de alquiler a las viviendas vacías existentes, que son más de tres millones en el país.
  2. Si la vivienda vacía, por diversas razones, no puede atender a la demanda, generar suelo barato para promover vivienda en alquiler social y crear así un amplio parque de vivienda en alquiler reducido.
  3. Planificar el territorio urbano con criterios de sostenibilidad y al servicio de los ciudadanos. Parques, guarderías, transportes públicos, etc. hacen parte de la política de vivienda pública necesaria.

Esta política debe adecuarse a todos los habitantes en el país teniendo en cuenta que sin acceso a la vivienda no hay integración posible.
NOTAS:
  1. ® El derecho a la vivienda adecuada. Graciela Dede. Social Watch [es una red internacional de organizaciones de ciudadanos que lucha por la erradicación de la pobreza y sus causas]. Instituto del Tercer Mundo. Uruguay.


Fuente original:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=48718.

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