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Vivienda e inmigración: Un derecho y no un negocio

25 de Marzo de 2007. La Constitución española, en su artículo 47, dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Grupo de Inmigración de ATTAC Madrid · Rebelión.


 Introducción.
 El negocio de la vivienda.
Los inmigrantes y la vivienda.

El crecimiento exponencial de la inmigración en los últimos años ha sido uno de los factores que ha influido en el crecimiento del negocio de la vivienda. Los inmigrantes han contribuido a "engrasar" el sector de la construcción por su participación mayoritaria en el mismo, como mano de obra barata, en primer lugar, al trabajar en las empresas constructoras en condiciones precarias y a bajo precio. Cuando están en situación de irregulares no pueden exigir a menudo sus derechos y retribuciones y, aún contando con permisos de residencia y trabajo, se ven obligados a trabajar en régimen de subcontratas o autónomos, lo que conduce a la autoexplotación y a la economía sumergida. Es la construcción uno de los sectores productivos donde se da un más alto porcentaje de economía sumergida que, según reconoce el mismo Ministerio de Hacienda, alcanza ya en nuestro país el 20 % del PIB.

Se trata de constatar una vez más lo que el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz e incluso la banca de negocios estadounidense Lehman Brothers afirman, nada menos que en el Financial Times: "La globalización crea riqueza abaratando el trabajo; produce un enriquecimiento desigual global, a costa de bajos salarios... La globalización ha creado nueva riqueza proporcionando unos costes mucho menores para el trabajo" [5].

Pero los inmigrantes están también contribuyendo al negocio de la construcción como demandantes de viviendas, como el resto de la población, con algunas características específicas.

En su primera etapa de estancia en España han de echar mano del subarriendo de alquileres de habitaciones (incluso de camas) en pisos propiedad de españoles o de otros inmigrantes ya establecidos, viéndose obligados a pagar a menudo precios abusivos. El 47% de los inmigrantes viven de inquilino subarrendado y sólo un 19% vive en hacinamiento. El hacinamiento en lugares de menos de 10 metros cuadrados por persona alcanza al 19% de los extranjeros frente a sólo el 2,5% de los españoles. Cabe destacar que el 65% de los inmigrantes consiguen alojamiento gracias a las redes de apoyo y familiares.

En la Comunidad de Madrid el 61 % de inmigrantes dispone de menos de una habitación por persona. Viviendas precarias en Madrid que se alquilan a familias por doce horas. El dato más esclarecedor es el caso de las veinte mujeres que emigraron de Paraguay y comparten un piso de 65 metros cuadrados en el barrio de Puerta del Ángel en Madrid [6].

Una mención especial merece el informe del Relator Especial [7] que recibió "testimonios directos de trabajadores inmigrantes que viven en asentamientos informales, en edificios en construcción o en condiciones de hacinamiento, y que son discriminados en el acceso a la vivienda o se ven forzados a alquilar camas por horas («camas calientes»)". En ese sentido, el Relator de Naciones Unidas se sorprende que "mientras la economía de algunas regiones se ha beneficiado ampliamente de la mano de obra inmigrante, se ha hecho muy poco por garantizar las necesidades de vivienda de esas personas".

Mientras los inmigrantes no pueden comprar vivienda porque ganan, como media, unos 870 euros a diferencia de los autóctonos, que ganan 1741 euros, esta situación contribuye también a la revalorización de una buena parte de los alquileres antiguos, activando unos patrimonios inmobiliarios que se consideraban muy modestos.

Cuando la situación económica les permite mayor capacidad de consumo, muchos desean acceder a la propiedad. En ese caso se dan las dificultades comunes a toda la población: la dependencia financiera en razón de las condiciones hipotecarias que se extiende prácticamente a toda la vida. Pero también persisten con frecuencia dificultades específicas. Si permanecen en situación de irregularidad, muchas agencias inmobiliarias tienen orden de no atender a personas sin papeles. Esta situación les impide también el acceso a determinados recursos - entre ellos las ayudas a la vivienda - que están condicionados a la situación de regularidad.

Aun teniendo los papeles en regla, en la medida en que trabajan en la economía sumergida, o su trabajo es inestable y mal pagado no ofrecen las suficientes garantías para poder alquilar o comprar. Otras veces se trata del rechazo puro y simple por el mero hecho de ser extranjeros, aunque puedan presentarse con la documentación y los avales requeridos. De hecho, según las encuestas, el 50 % de quienes viven en subarriendo en Madrid y el 57 % de los inquilinos independientes no tienen proyecto de cambiar a corto plazo.

Al amparo de la Ley de Arrendamiento Urbano se pide contrato fijo de trabajo cuando la mayoría de los actuales son temporales.

En el servicio doméstico, como en muchos otros sectores, muchas veces no se firman contratos y no pueden alquilar una vivienda. Los inmigrantes no pueden aportar fianzas ni "referencias solventes" y encima son criminalizados.
NOTAS:
  1. ® Ver: http://www.attac.org.es/portalattac/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=76 .

  2. ® El Latino, 13 de enero de 2006.

  3. ® Informe de Miloon Kothari Relator Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Kothari visitó España entre el 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2006.


 La vivienda es un derecho no un negocio.
Fuente original:http://www.rebelion.org/noticia.php?id=48718.

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