Comunicados y Declaraciones
Declaración de organizaciones de la sociedad civil ante la XVII Asamblea de MINURVI. Propuestas hacia la implementación del Derecho a la Ciudad en la política urbana de América Latina. San Salvador, septiembre de 2008
Autores corporativos:
Habitat International Coalition - América Latina (canal)

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Lugar:
Ciudad de México (México)
Fecha:
2008
Entradilla:
El XII Foro Iberoamericano de Ministros y Autoridades máximas del sector de Vivienda y Desarrollo Urbano, realizado en 2007, reconoció en el Protocolo de Santiago que el derecho a la ciudad y las políticas integrales de desarrollo urbano son estratégicas y prioritarias para lograr la reducción de la pobreza y la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento. A partir de su ratificación por los Jefes de Estado y de Gobierno en su XVII Cumbre Iberoamericana existe ahora una instrucción precisa (punto 29 del Plan de Acción) de avanzar hacia “la consagración del Derecho a la Ciudad mediante la generación de políticas públicas que aseguren el acceso al suelo, a viviendas adecuadas, infraestructura y equipamiento social y los mecanismos y las fuentes de financiamiento suficientes y sustentables”.
Introducción/Descripción:
Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina que tenemos como eje de nuestro trabajo desde hace décadas la concreción del derecho a la vivienda y los derechos humanos vinculados al hábitat consideramos que éste es un paso relevante para el abordaje de las problemáticas urbanas y reiteramos nuestro compromiso de contribuir al esfuerzo conjunto que requiere la plena realización del derecho a la ciudad para todos los habitantes.

Esta Declaración colectiva pretende aportar elementos tanto conceptuales como prácticos, en particular medidas concretas que van desde políticas públicas y legislación adecuada hasta la suficiente asignación de recursos, que nos permitan avanzar a la brevedad posible hacia la concreción de sus principios fundamentales:

  1. Ejercicio pleno de la ciudadanía.
  2. Función social de la ciudad, la tierra y la propiedad.
  3. Gestión democrática y participativa del territorio.
  4. Planeación y producción democrática de la ciudad, tanto de espacios públicos como privados.
  5. Manejo sustentable y responsable de los recursos naturales y energéticos de la ciudad y su entorno.
  6. Disfrute democrático y equitativo de la ciudad.
  7. Respeto y valorización del espacio rural.


Lo hacemos preocupados porque:

  • Las ciudades de América Latina son un espacio de segregación, marginación, exclusión y hasta criminalización de los pobres, a quienes no se les reconoce como protagonistas de la producción y gestión social de su hábitat. La planificación urbana como responsabilidad del Estado está postergada en la agenda pública y su aplicación toma una forma tecnocrática, con escasos y superficiales espacios para que la sociedad civil y sus organizaciones participen efectivamente en el debate y definición del futuro de las ciudades. A la vez, no son adecuadamente consideradas las necesidades y los derechos de las mujeres, la población indígena y afrodescendiente, niñas, niños y jóvenes, ancianas y ancianos y personas con capacidades diferentes. En la mayor parte de los países de la región no hay una adecuada institucionalidad ni coordinación gubernamental en el sector de urbanismo y vivienda.

  • En el acelerado proceso de urbanización, el acceso al suelo urbanizado y a vivienda se vuelve cada vez más difícil para gran parte de la población, especialmente la empobrecida, que se ve obligada a asentarse en zonas no aptas o de alto riesgo, aumentando considerablemente su vulnerabilidad frente a los desastres. Es evidente la ausencia de políticas públicas, mecanismos e instrumentos para intervenir el mercado de suelo, frenar la especulación y favorecer la utilización de tierras e inmuebles vacantes con finalidad social.

  • La política de subsidios a la demanda y crédito para viviendas terminadas en serie, cada vez más extendida en la región, muestra serios inconvenientes y consecuencias perversas para la población empobrecida (a quien debería llegar), entre los que se pueden mencionar: mayor segregación socio-espacial, falta de condiciones de habitabilidad, incrementos del precio del suelo, falta de seguridad de la tenencia por sujeción a contratos leoninos y amenazas para la subsistencia económica de la familia.

  • Al mismo tiempo, continúan realizándose intervenciones de renovación urbana que expulsan a los pobres de los centros urbanos, segregándolos en localidades alejadas de sus redes sociales de supervivencia, y sin la dotación de equipamientos e infraestructura que la vida comunitaria requiere, produciendo un alto costo social. Por otro lado, gran parte de la población de menores ingresos no accede a la cobertura de servicios públicos suficientes y de calidad, y las tendencias a su privatización incrementan aún más su inaccesibilidad por los aumentos en las tarifas que generalmente conlleva.

  • Persisten prácticas violatorias de derechos humanos que ponen en evidencia la falta de adecuación de la legislación interna de los Estados a los estándares internacionales, por ejemplo, en materia de desalojos, el incumplimiento de las recomendaciones hechas por los órganos de derechos humanos y la utilización del poder judicial y las fuerzas de seguridad para realizar actos que vulneran la dignidad humana y llevan a las víctimas a una condición de mayor desprotección y empobrecimiento.


Sobre esta base detallamos a continuación una serie de medidas concretas a ser adoptadas por los Estados, en sus diferentes ámbitos y niveles, con el fin de promover, proteger y garantizar el derecho a la ciudad para todos los habitantes de América Latina.

  1. FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AUTOGESTIÓN DEL HÁBITAT.

    Promover políticas que reconozcan la participación efectiva de los pobladores en la configuración de su hábitat, apoyando el desarrollo de sus organizaciones a través de la planificación, gestión y administración directa de los recursos públicos (garantizando el acceso a fondos) en el marco de programas que comprendan el conjunto de los componentes del hábitat (suelo, urbanización, materiales, mano de obra, herramientas, asistencia técnica, capacitación), estimulen su rol protagónico en procesos locales y barriales, y utilicen el subsidio con sentido promocional de las capacidades autogestionarias colectivas y de fortalecimiento de la economía popular. Al mismo tiempo, en cuanto al acceso al crédito, es necesario reconocer las diferencias y construir una arquitectura financiera que permita entrar en juego a los distintos agentes (banca pública, banca privada, cooperativas, ONG, cajas comunales, etc.) con roles específicos, y en condiciones asequibles -requisitos, tasas, plazos- para los sectores de menores ingresos.

  2. DEMOCRATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y EL ACCESO A LA TIERRA E INMUEBLES.

    Asumir la planeación urbana y territorial como función pública y promover legislación e instrumentos que fomenten y garanticen la participación ciudadana en la formulación y conducción corresponsable de las políticas y programas (considerando las necesidades, demandas y propuestas de género, generacionales, étnicas, culturales que aporten a la construcción de ciudades integradas y equitativas), incluyendo mecanismos para su seguimiento y evaluación. En particular, implementar políticas que permitan concretar la función social de la propiedad y destinar suelo seguro para procesos de producción social del hábitat y proyectos de vivienda social, enfocándose en la recuperación de los inmuebles (tierra y edificios) ociosos y la aplicación de sanciones a la especulación inmobiliaria, a través de: 1) impuestos progresivos al suelo en función de un uso socialmente justo; 2) cobro de plusvalías, rentas o ganancias en el precio del suelo derivadas de decisiones públicas de planeamiento y de inversiones en obras públicas; 3) venta forzada, obligación de construcción y desarrollo en el corto plazo, y expropiación para terrenos subutilizados, no utilizados y no edificados. Resultará imprescindible impulsar acciones para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades de planificación y gestión territorial de los actores locales.

  3. REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA Y ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

    Garantizar la instrumentación de mecanismos que permitan la regularización urbana, social y jurídica de los asentamientos caracterizados de “informales” (a través de procesos de que agilicen la titulación por el paso del tiempo -usucapión, prescripción- de forma masiva y con procedimientos abreviados, reconociendo la realidad del uso social del suelo), de modo que los pobladores puedan reclamar judicialmente la tenencia de sus viviendas y su derecho como residentes. Dicha regularización deberá estar acompañada de programas de mejoramiento barrial orientados a la inclusión social, económica y territorial de esos barrios. A la vez, promover un marco regulatorio de los servicios públicos que garantice tarifas controladas y diferenciadas en función del ingreso de los habitantes (incluyendo subsidios cruzados con fines redistributivos), sin afectar la cantidad y calidad del suministro para los sectores de menores recursos, y que sea de obligatorio cumplimiento tanto por operadores públicos como privados.

  4. ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y LOCAL A LOS ESTÁNDARES Y COMPROMISOS INTERNACIONALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

    Incorporar estándares de Naciones Unidas en materia de derecho a la vivienda, desalojos y derecho al agua (Observaciones Generales Nº 4, 7 y 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo del Relator Especial para el Derecho a una Vivienda Adecuada) a la legislación interna de los países. De manera especial y urgente, realizar los ajustes necesarios para adecuar el Código de Procedimientos Civil y Comercial y el Código de Procedimiento Penal a los Principios mencionados y dar instrucciones al Ministerio Público para su aplicación inmediata en los procesos actualmente vigentes, evitando la criminalización de los moradores. A la vez, establecer programas de capacitación para funcionarios públicos en esta materia, en particular aquellos vinculados al poder judicial.


Con el fin de tener oportunidad de colaborar en la puesta en marcha y seguimiento de las medidas mencionadas solicitamos a los Jefes de Estado y Ministros de Vivienda y Urbanismo, así como a los gobiernos en los diferentes niveles, la creación de los espacios institucionales necesarios y oportunos a través de los cuales se pueda hacer efectiva la plena participación de la sociedad civil en las decisiones que afectan el presente y el futuro de las ciudades de América Latina.

San Salvador, septiembre de 2008.

COHRE-Américas, Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL), Hábitat para la Humanidad-América Latina y el Caribe, Alianza Internacional de Habitantes-AIH, Forum Nacional de Reforma Urbana-FNRU (Brasil), Fundación de Promoción para el Cambio Socio-Habitacional PROCASHA (Bolivia), Servicio Habitacional y de Acción Social-SEHAS (Argentina), Programa de Vivienda y Hábitat del Centro Cooperativo Sueco en América Latina Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua-FUCVAM (Uruguay), CIUDAD (Ecuador), Instituto de Desarrollo Urbano-CENCA / Comité de Campaña por el derecho a una vivienda digna para todos y todas (Perú), Instituto para el Desarrollo Económico y Social de América Central-IDESAC (Guatemala), Asociación de Vivienda Económica-AVE (Argentina), Cátedra sobre Problemática de la Vivienda Popular-Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño-Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), Federación de Instituciones de Apoyo a la Vivienda Popular-FIDAVIP (El Salvador), Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima-FUNDASAL (El Salvador), Fundación Hábitat (El Salvador), Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral-FUSAI (El Salvador), Primer Banco de los Trabajadores (El Salvador), Hábitat para la Humanidad El Salvador, Techo para Mi País (El Salvador), Foro Urbano (Ecuador), Hábitat para la Humanidad México, Habitat para la Humanidad Chile, Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires-FOTIVBA / Grupo Promotor (Argentina), Arquitectos sin Fronteras-ASFAR (Argentina), Asociación Civil Amauta (Argentina), Asociación Civil Madre Tierra (Argentina), Asociación Civil San Cayetano (Argentina), Asociación Barrios del Plata (Argentina), Fundación Sagrada Familia (Argentina), Fundación Vivienda y Comunidad (Argentina), Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo-América Latina - IIED-AL (Argentina), Organización Barrial Vinso (Argentina), Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias-SEDECA (Argentina), POLIS (Brasil), Associacão dos Geografos Brasileiros-AGB (Brasil), Fundação Bento Rubião (Brasil), União Nacional por Moradia Popular (Brasil), Central dos Movimentos Populares-CMP (Brasil), Centro de Assesoria y Autogestão Popular-CAAP (Brasil), Federaçao Nacional de Arquitectos e Urbanistas (Brasil), Federaçao de Orgãos para Assistência Social e Educacional-FASE (Brasil), Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda de Veracruz-UCISV [email protected] (México), Centro de Promoción del Desarrollo Local-CEPRODEL (Nicaragua), Central de Coopeartivas de Vivienda por Ayuda Mutua-CECOVIAM (Nicaragua), Casa y Ciudad, A.C. (México), Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C.-COPEVI (México), Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional-CIDAP (Perú), Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular FEDEVIVIENDA (Colombia), Habitat para la Humanidad Guatemala, Habitat para la Humanidad Brasil, Hábitat para la Humanidad Paraguay, Red Nacional de Asentamientos Humanos-RENASEH (Bolivia), Hábitat para la Humanidad Bolivia, Fundación Pro Hábitat (Bolivia), Red Hábitat (Bolivia), ProCasha (Bolivia, CISEP (Bolivia), CEPLAG-UMSS (Bolivia), IIA-PROMESHA-UMSS (Bolivia), SEVIVE-CAC (Bolivia), IIHP-UMSFXCH (Bolivia), Ecología, Economía, Vivienda, Desarrollo-ECOVIDE (Honduras), Hábitat para la Humanidad Honduras, Red de Entidades Desarrolladoras de Vivienda Solidaria-REDVISOL (Honduras), Frente Popular Darío Santillán (Argentina), Mesa Coordinadora de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Paraguay), Movimiento Comunal Nicaragüense (Nicaragua), Red de Vivienda de Nicaragua, Coordinadora para Asentamientos Espontáneos-CAES (Paraguay), Federación Nacional de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat de la Central de los Trabajadores Argentinos-FTV/CTA (Argentina), Movimiento de Ocupantes e Inquilinos-MOI / CTA (Argentina), Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo-DESCO (Perú), Asociación en Defensa de los Derechos del Niño y la Familia-ADENIFA (Argentina), Foro Permanente por la Vivienda Social (Argentina), Cooperativa de Vivienda, Urbanización, Servicios Públicos y Privados y Consumo "Portal del Sol" Lda. (Argentina), Unión Popular Valle Gómez -UPVG (México), Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal-CECOPAL (Argentina), Secretaría Latinoamericana para la Vivienda Popular-SELVIP, Hábitat para la Humanidad Colombia, Hábitat para la Humanidad Costa Rica, Propuesta Cívica Guanajuato (México).
URL:
http://www.hic-al.org/documento.cfm?id_documento=1226
Publicado en:
Gloobalhoy nº23 ; HIC-AL
Secciones GloobalHoy:
033- Hábitat-vivienda
Notas:
Para adherir a esta declaracion (aún abierta) ingresar a http://derechoalaciudadhic-al.blogspot.com/ o enviar un correo [email protected] indicando además ciudad y país.

Publicado en "El Derecho a la Ciudad en el Mundo. Compilación de documentos para el debate", Coalición Internacional para el Hábitat Oficina Regional para América Latina HIC-AL, Ciudad de México, Septiembre de 2008.
[email protected]