Comunicados y Declaraciones
Por el derecho al voto de las personas inmigradas, por la ciudadanía
Autores corporativos:
Asamblea de Cooperación por la Paz (apoya)
Asociación de Refugiados e Inmigrantes Peruanos (apoya)
Asociación Hispano Ecuatoriana Rumiñahui (apoya)
Asociación para la Cooperación con el Sur (apoya)
Asociación SocioCultural IBN BATUTA (apoya)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (apoya; canal)
Red Europea Contra el Racismo. España (apoya)
SOS Racismo. Madrid (apoya)
Unión Sindical Obrera (apoya)

Descripción
Fecha:
19 de Mayo de 2007
Entradilla:
Desde hace algunos años, tanto la Comunidad de Madrid como el conjunto de España, están viviendo un cambio en la composición demográfica de la sociedad: desde el año 2000 han aumentado las personas de origen extranjero que residen entre nosotros y que representan en algunos municipios un porcentaje incluso superior al 20% (17,04% de población extranjera residente en el municipio de Madrid según datos del padrón municipal a 1 de enero de 2007).
Introducción/Descripción:
Estas personas, que trabajan y consumen, pagan impuestos y tienen problemas, como el resto de la población, no gozan sin embargo del derecho a participar políticamente en igualdad de condiciones. El hecho de que una parte importante de la población madrileña no disponga de derechos políticos tiene consecuencias negativas no sólo para los directamente afectados, sino para el conjunto de la ciudadanía, puesto que hace que los valores democráticos dejen de ser universales y dificulta la cohesión social.

Tenemos la experiencia de otros países europeos y sabemos que esas desigualdades terminan generando fracturas y conflictos sociales. No nos podemos permitir el lujo de repetir errores. Por ello creemos que el reconocimiento del derecho a elegir y ser elegidos, para todas las personas que residen en España, no sólo evitaría discriminaciones e injusticias, sino que avanzaría en la construcción de una sociedad más cohesionada y democrática.

El voto es un importante factor de integración, por cuanto permite a las personas de origen extranjero participar en el seno de la sociedad y tomar decisiones sobre el futuro compartido. Por el contrario, impedirles que puedan votar y ser elegidas refuerza la imagen del inmigrante como mera fuerza de trabajo, y lo vuelve invisible en otros ámbitos fundamentales de la vida social, favoreciendo la exclusión y el desarraigo.

La Campaña por el derecho al voto (sufragio activo y pasivo) tiene como finalidad reformular el concepto de ciudadanía plena, para vincularlo a la residencia y no a la nacionalidad. Es verdad que la ciudadanía no puede reducirse al derecho de voto, pero no es menos cierto que sin este derecho no se puede hablar de ciudadanía en ningún caso. El derecho al voto es una conquista democrática de alto contenido simbólico: no se puede hablar de democracia universal ni de auténtica integración, si se deniega el derecho al sufragio de una parte de la población.

Las fórmulas de participación de la población inmigrada en el ámbito municipal que se han puesto en marcha hasta ahora (por ejemplo, las Mesas de convivencia promovidas por el ayuntamiento de Madrid) no pueden sustituir a una auténtica participación política en igualdad de condiciones. Tienen además ciertos riesgos: el principal, que dé la sensación de que ya hay suficientes espacios de participación, cuando falta el fundamental.

En la Unión Europea, la cuestión ya fue propugnada hace unos treinta años por el Consejo de Europa. Bélgica, los Países Bajos y Alemania pusieron en práctica a principios de los años 70 experiencias consultivas locales. Irlanda y Suecia fueron los primeros países en reconocer el derecho de voto activo y pasivo para los extranjeros (Irlanda en 1963 el activo y en 1974 el pasivo, Suecia ambos en 1975), seguidos de Dinamarca (1981) y los Países Bajos (1985). El Reino Unido reconoce el derecho de voto a los originarios de la Commonwealth.

A partir del 1992, el tratado de Maastricht reconoce derechos políticos locales a los ciudadanos de la UE, y se modifican, con bastante facilidad, las Constituciones de los Estados miembros. Maastricht aporta una innovación fundamental: la distinción entre nacionalidad y ciudadanía, al menos en el ámbito local. Posteriormente, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han hecho varias recomendaciones para reconocer el derecho de voto local a las personas extranjeras con residencia estable.

Sin embargo, el proyecto de Tratado Constitucional de la UE, actualmente paralizado, sólo considera ciudadanos de la Unión a los nacionales de los estados miembros. Se vuelve así a la vieja identificación entre ciudadanía y nacionalidad, y se excluye de la participación política a un colectivo que, en conjunto, sería el octavo estado de la UE en términos demográficos. Es un grave déficit democrático, y una preocupante carencia de visión de futuro.

En el ámbito del Estado Español, la Ley de Extranjería sólo reconoce el derecho de voto a los extranjeros no-comunitarios si hay reciprocidad con sus países. El problema es que tal reciprocidad no se da en prácticamente ningún caso, por lo que el criterio es inútil. Aun así la resolución aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso, en la sesión plenaria del día 21 de febrero de 2006 (a partir de una iniciativa presentada por IV-IU-ICV), insta al gobierno a avanzar, atendiendo a criterios de reciprocidad, en el ejercicio de derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros en España en los términos que establece el artículo 13.2 de la Constitución. Esta solución discrimina a unos inmigrantes respecto a otros y sigue sin respetar la universalidad de los Derechos Humanos.

Del mismo modo se aprobó que la comisión constitucional del Congreso estudiara las medidas necesarias para favorecer la integración social de los inmigrantes residentes de larga duración, en el ámbito de la participación política, previo consenso con todos los grupos parlamentarios, y el diálogo con las comunidades autónomas, ayuntamientos, interlocutores sociales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de inmigrantes.

Así pues, en teoría, prácticamente todas las fuerzas políticas están de acuerdo en reconocer el derecho al voto de las personas extranjeras. Pero eso es sólo en teoría, pues los criterios establecidos llevan a que no se concrete tal derecho. En la práctica falta el coraje y la voluntad política para pasar de las palabras a los hechos. Esta campaña quiere contribuir también a la sensibilización de partidos e instituciones políticas, para que esta reivindicación se convierta en una realidad.

Para reconocer el derecho a voto de las personas inmigradas sólo haría falta modificar el mismo artículo de la Constitución que se cambió para reconocer ese derecho a los ciudadanos comunitarios. No parece tan difícil, puesto que ya se hizo anteriormente. Cuestiones de detalle, como el periodo mínimo de residencia exigido y el tipo de elecciones en que pueden votar los extranjeros, deberían definirse atendiendo a la máxima extensión de la democracia, vinculando la ciudadanía a la residencia y pensando que todo el mundo debe poder decidir aquellas políticas que le afectan.

Encontramos, además, algunas trampas, que aparecen en boca de algunos responsables políticos: se habla del desconocimiento de las leyes y cultura española, y de la falta de sentimiento de pertenencia al país, como obstáculos para acceder a los derechos políticos, haciéndonos recordar razones parecidas a las que se oponían en su momento al sufragio femenino y universal. En primer lugar, no deberíamos dar por supuesto que el conjunto de la población inmigrante tiene ese desconocimiento o ese sentimiento de no-pertinencia. Y menos aún se debería exigir una especie de examen, en desigualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. Los derechos nunca pueden estar condicionados a los conocimientos y, mucho menos, a los sentimientos.

En definitiva, ahora es el momento: ¿Hace falta consenso y empuje político? ¿Hace falta movilización social? ¿A qué esperamos?. Las organizaciones que animamos esta Campaña queremos sumar esfuerzos de instituciones y partidos políticos, del tejido asociativo y del conjunto de la ciudadanía para promover una transformación social en pro de los siguientes objetivos:

  • Hacer avanzar el concepto de ciudadanía, vinculándolo a la residencia y no a la nacionalidad, para que incluya a todas aquellas personas que viven y trabajan en el Estado Español, independientemente de su origen.

  • Conseguir el cambio constitucional que reconozca el derecho a sufragio activo y pasivo de todas las personas residentes extranjeras mayores de 18 años. Eliminando el requisito de tener nacionalidad española o ser ciudadano comunitario para poder disfrutar del derecho al voto en las votaciones a nivel municipal, autonómico, estatal o europeo.

Utilizando como medios:

  • Conseguir el apoyo más amplio posible (político, asociativo, cultural y ciudadano) para promover un movimiento en pro de la igualdad de derechos y la reformulación del concepto de ciudadanía.

  • Conseguir el posicionamiento de las instituciones madrileñas (ayuntamientos, Asamblea de Madrid, etc.) a favor del reconocimiento del derecho al voto para las personas inmigradas.

Por el derecho al voto: Todos ciudadanos, Todas ciudadanas.

Entidades firmantes:

  • ACSUR- Las Segovias.
  • Afro-Aid España.
  • Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).
  • Asociación Cultural IBN BATUTA-Solidaridad (IBN BATUTA).
  • Asociación de colombianos en Madrid (ACOMA).
  • Asociación de refugiados e inmigrantes peruanos (ARI-PERU).
  • Asociación de Vecinos La Flor.
  • Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui (RUMIÑAHUI).
  • Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU).
  • Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR Madrid).
  • Cooperación y Desarrollo Humano, Derechos Humanos Universales.
  • ENAR España.
  • Espacio de la Solidaridad.
  • Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE).
  • MINKA.
  • No nos resignamos.
  • SOS Racismo Madrid.
  • Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
  • Unión Sindical Obrera de Madrid (USO Madrid).
Publicado en:
Gloobalhoy nº9
Clasificación
Escenarios:
Estatal
Descriptores:
BDC - Migraciones ; Derechos civiles y políticos ; Derechos de [email protected] migrantes ; Integración social ; Migraciones ; Participación ciudadana ; Procesos electorales
Países:
España
[email protected]