Artículos
Participación política de las mujeres: Acoso y violencia política
Autores corporativos:
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (canal)

Autores personales:
Machicao Barbery, Ximena (Autor/a)

Descripción
Lugar:
Quito (Ecuador)
Fecha:
25 de Febrero de 2011
Entradilla:
La autora de este artículo es consultora en Género y Desarrollo en Bolivia y afirma sobre la violencia política contra las mujeres que prevalece en América Latina, que si bien las leyes de cuotas como medidas de acción afirmativa incorporadas en normas, leyes y reglamentos nacionales, han sido un hecho importante para que más mujeres asuman responsabilidades en los ámbitos públicos, ello no ha tenido como equivalencia la democratización real del poder y la política pese a los cambios vividos en la región en los últimos años.
URL:
http://www.reddesalud.org/administrador/files/arc/revistain/1866665064e6ac24c0b3bb.pdf
Publicado en:
Gloobalhoy nº28 ; Revista Mujer Salud
Secciones GloobalHoy:
060- Derechos-humanos
Notas:
Publicado en la revista Mujer Salud. Año 17. nº 2 2011- Mayo Agosto.
Clasificación
Escenarios:
Internacional
Descriptores:
Democracia ; Discriminación de género ; FIDC ; Mujeres en la vida política ; Participación de las mujeres
Regiones:
América Latina
Países:
Bolivia ; Costa Rica ; El Salvador
Documento
 Índice:
     Introducción
     ¿Hay una forma distinta de hacer política desde las mujeres y cambiar las estructuras?
     ¿Acoso Político o Violencia Política?
     Bolivia
     El Salvador
     Costa Rica
     ¿Podemos seguir?
     Respuestas ante situaciones de acoso político
     La misma situación en contextos diversos
Introducción
Ximena Machicao Barbery.
La autora es Consultora en Género y Desarrollo, en Bolivia[1]

El concepto de democracia está indisolublemente ligado al concepto de ciudadanía. La ciudadanía es el ejercicio de derechos, los mismos son el resultado de la controversia y el conflicto. Por ello, no son estáticos ni eternos, sufren transformaciones permanentes en dinámicas y contextos diversos, avanzan, retroceden, se paralizan y siguen avanzando, sobre todo en la región más desigual del mundo como es América Latina y el Caribe.

La Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos. Y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.

Hasta el siglo pasado se tuvo la necesidad de crear formas de proteger a las personas buscando la igualdad. Estas conquistas fueron importantes, pero se trataba de una igualdad formal que temía a las diferencias. Ahora sabemos que los seres humanos, para tener derechos iguales, necesitan ser reconocidos en sus diferencias y particularidades.

Se trata de la búsqueda de la igualdad en la diferencia. Es un problema político, sin lugar a dudas, que supone la construcción de sujetos políticos conscientes de su DERECHO A TENER DERECHOS.

En la década de los 90 esta consigna impulsó a la comunidad internacional, a los Estados, a la sociedad civil, a los movimientos organizados de mujeres y a las distintas vertientes de los movimiento feministas a movilizarse en torno a la necesidad de democratizar el poder, la representación y la participación política en el marco de un ideal democrático de la igualdad como un hecho sustantivo para ejercer ciudadanía. Superando así las viejas trabas sociales, políticas, culturales y económicas, según las cuales el poder y la participación política eran propiedad exclusiva de los hombres, de sistemas sexistas de representación y participación política los que, a su vez, seguían profundizando la brecha histórica e infranqueable entre igualdad / libertad vs desigualdad / exclusión.

La democratización de las relaciones de poder en la política en el ámbito público debería definir a las personas como una comunidad política por medio de mecanismos que garanticen derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades. La ciudadanía presupone la existencia de una comunidad política nacional, en la cual las y los individuos son incluidos, compartiendo un sistema de relaciones en los poderes públicos equitativos, en la propia sociedad, y en el conjunto de derechos y deberes que se les atribuye a los ciudadanos y a las ciudadanas, democratizando también los espacios denominados privados. Pertenecer a una comunidad política supondría un vínculo que requiere de la participación activa de las personas en la cuestión pública, tanto como en las privadas, como democratizar el trabajo doméstico en todos sus sentidos y contenidos.

Por ello la comunidad política es también una comunidad de derechos y cada sociedad define, en cada etapa histórica, los derechos y deberes de los ciudadanos y de las ciudadanas. En consecuencia se sostiene que la ciudadanía es un proceso en permanente construcción (Ardaya, Gloria: 2001).

Uno de los obstáculos más frecuentes que enfrentan las mujeres es la dificultad de convertir el capital social acumulado, a través de largas luchas sociales y políticas, en diferentes formas de poder social y/ o político dentro de la sociedad. Existen limitaciones internas y externas a las mujeres para lograr que ese poder social y/o político se traduzca en cambios sustantivos para revertir la desigualdad de géneros en el manejo del poder, la política y los recursos tanto materiales como simbólicos.

La forma de participación política que en los últimos años han demostrado las mujeres, no ha logrado aún la justicia de género que repare las discriminaciones preexistentes. Si bien las leyes de cuotas como medidas de acción afirmativa incorporadas en normas, leyes y reglamentos nacionales, han sido un hecho importante para que más mujeres asuman responsabilidades en los ámbitos públicos, ello no ha tenido como equivalencia la democratización real del poder y la política, pese a los cambios vividos en la región en los últimos años.

El discurso sobre la justicia social de la democracia liberal y de la democracia directa o de masas no ha logrado el reconocimiento y la redistribución del poder real que permita a las mujeres el ejercicio pleno de su ciudadanía. La misma que puede constituirse en un camino sin retorno en la construcción de sociedades más igualitarias, justas, recíprocas y solidarias que enfrenten también no sólo los temas de igualdad en la política, sino todos los temas referentes a los derechos humanos de las mujeres sin excluir ninguno, menos los derechos sexuales y reproductivos que también son políticos, que están íntimamente ligados al ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres. Ningún derecho tiene más valor que otro, en equivalencia todos valen lo mismo, son individuales, colectivos y universales, por lo tanto interdependientes e indivisibles.

Por ello es preciso abordar un enfoque que contemple e integre la complejidad de las relaciones y la disputa por el poder y las consecuencias que ello implica para la construcción de mecanismos de empoderamiento de la sociedad en general y de las mujeres en particular, que faciliten la comunicación y la conformación de alianzas para la formulación de una agenda que pueda ser introducida en el debate de los Estados y de la sociedad democrática en general, al margen de consignas partidarias coyunturales.

Con lo expresado, no se trata de no reconocer que ha habido y hay una incorporación sustancial de mujeres, sobre todo en las Asambleas y Congresos Legislativos, así como en cargos del Poder Ejecutivo, hasta llegar a la Presidencia en algunos de nuestros países. Se trata más bien de complejizar esa participación. ¿Lo hacen desde alguna autonomía, con voces propias, o lo hacen desde la representatividad partidaria, olvidándose de que hay un tema pendiente: la igualdad de género?.

El caudillaje masculino sigue teniendo el poder hegemónico del poder valga la redundancia, de los recursos materiales y simbólicos, y de las consignas partidarias, más allá de que estas sean más o menos de izquierda, de derecha, de los centros, o de los llamados procesos revolucionarios o de cambio.

El sistema de género basado en la división sexual del trabajo para asegurar su existencia, recurre al silenciamiento, empleándolo como primera estrategia para negar el derecho a la participación igualitaria (en la toma de decisiones y en la representación política-pública) entre hombres y mujeres. Un silenciamiento que se basa en lo que es el reconocimiento de las capacidades. Se nos ha dicho (en la Bolivia de hoy también) y se nos dice desde el terreno del poder: si las mujeres quieren participar en la política que demuestren ser capaces. Ese mismo planteamiento no se introduce en los discursos que los hombres, de los partidos y de las fuerzas de poder que emplean para descalificar a sus oponentes masculinos (Uriona Pilar: 2010).

Es decir, persiste una historia y una cultura excluyente, más allá de algunas prácticas y medidas afirmativas como la ley de cuotas, que siguen teniendo límites estructurales en relación a la toma de decisiones en la participación política de las mujeres en cargos públicos, o en el nombramiento exclusivo que recae por mandato constitucional en los Presidentes de nuestros países (Poder Ejecutivo) y/ o en otras reparticiones estatales de igual importancia.

Por lo tanto, la demanda de la paridad y la exigencia de su cumplimiento interpelan que se emplee como justificativo de la desigualdad el argumento del peso de las capacidades, ocultando que el control jerarquizado y sexuado del mundo público, la violencia política y las alianzas masculinas para evitar que las mujeres tomen la palabra y se autodeterminen, son los dispositivos que hay que desarticular, pues en base a ellos y con ellos las mujeres han sido y son marginadas del ejercicio de una ciudadanía plena y de sus derechos políticos.

La historia de la experiencia y percepción femenina da cuenta del control de los cuerpos, de la libertad, de la locura, del encierro y de la fuga a través de la metáfora y de la expresión directa y clara. Invitación que convoca a seguir ahondando en la construcción de una memoria colectiva, con solidaridades firmes, con empatía y capacidad de concertación de acuerdos intra-genéricos, inter grupales, interculturales que salgan de los moldes rígidos patriarcales que pretenden negar la fuerza enunciativa de sus demandas, a partir del impulso, del vértigo positivo que genera asomarse a un abismo de infinitas posibilidades.[2]


NOTAS:
  1. ®Ximena Machicao Barbery Coordinadora Nacional de la Campaña Punto Final contra la Violencia contra las Mujeres. Ponencia presentada en Quito, Ecuador, febrero 2011. III Encuentro Latinoamericano de la REDLAMUGOL.
    ONU MUJERES.
  2. ®Memoria Foro Taller: Mujeres, Alternancia y Paridad Política. Recopilación Ximena Machicao Barbery.
    UNIFEM, CIDEM, CDD y Grupo Técnico de Género de la ONU. Bolivia, 2009.


¿Hay una forma distinta de hacer política desde las mujeres y cambiar las estructuras?
También quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de Ivone Gebara, teóloga feminista brasilera, en su artículo denominado: ¿Política femenina, política feminista o simplemente política?

Considero que expresa una corriente de pensamiento (que personalmente la suscribo) más aún en estos tiempos de cambio en el cual el pensamiento binario en las prácticas, discursos y prácticas políticas, no dejan mayores espacios para explicitar las diferencias, las particularidades y las voces propias con igualdad y con la voluntad política necesaria para democratizar verdaderamente el poder, la política y los recursos, los materiales tanto como los simbólicos.
Incluyo varios párrafos:

La comprensión común de la palabra política parece limitada a ciertos espacios de actuación y a ciertas actividades que tocan un nivel amplio de relaciones más o menos impersonales, reconocidas como espacio público. Si miramos de una forma global hacia los ámbitos de decisión política, económica o social, la constatación obvia es que están ocupados mayoritariamente por hombres. Son ellos los que prioritariamente organizan la economía, los ejércitos, la guerra, la producción de armas, la intervención en los Estados, la conquista de tierras, el sometimiento de los pueblos, el liderazgo en luchas y ocupaciones, las cruzadas políticas y religiosas, los partidos políticos, la dominación de los mercados de inversión económica, etc..

En el ámbito de los movimientos revolucionarios, tampoco observamos cambios sustanciales en este sentido. Las mujeres de izquierda fuimos educadas para disculpar los apedreamientos revolucionarios que tuvieron lugar a lo largo del camino, y a considerarlos necesarios en vista de una causa mayor, una causa más pura y más justa. Aceptamos la violencia armada, los juegos de poder, las muertes inocentes, el desprecio y la humillación de las mujeres como parte de la lucha. ¿Pero, por qué?.

Es difícil responder esta interrogante, pero sospecho que el hecho de que estas organizaciones tengan una historia pública más masculina que femenina nos hizo creer a las mujeres hasta hoy en su mayor eficacia en relación con los desafíos históricos de la política y de la supervivencia humana. Más aún, nos hizo creer que los hombres parecen conocer los rumbos de la historia mejor que nosotras, simples seres relacionados con el mantenimiento cotidiano de la vida, sin espacios propios para pensar y elaborar teorías. Y esta creencia es tan fuerte que las feministas acabamos despreciando la micro-política cotidiana que por su constancia nos ayudó y nos ayuda a sobrevivir en esta lucha abierta con nosotras mismas y con nuestro mundo.

La fuerza de la dominación de las ideas revolucionarias masculinas acabó muchas veces convenciéndonos de que aquello que hacemos para denunciar injusticias y desigualdades concretas, contextualizadas, localizadas, no es revolucionario como para modificar estructuras. Por ejemplo, intentar ayudar a las mujeres a comprender el derecho a una ciudadanía igualitaria, a una vida sexual y reproductiva sana y placentera no es considerado propiamente como política porque, según ellos, no toca las estructuras.

De la misma forma la denuncia del feminicidio creciente, de la violencia doméstica, del tráfico sexual de mujeres y adolescentes, de la corrupción de las y los jóvenes a través de los medios de comunicación, estaría también lejos de afectar las estructuras. La organización de las mujeres contra la guerra y la ocupación de países, contra la producción de armas, en torno a los desaparecidos políticos, contra el maltrato de prisioneros/as o las represiones religiosas al cuerpo femenino son consideradas como periféricas al cambio de estructuras.

¿Qué son exactamente las estructuras? ¿No estaremos aquí ante una palabra casi mágica, todopoderosa, un concepto absolutista e inflexible, una palabra juzgadora de nuestras acciones, palabra sagrada de poder masculino ante la cual nos inclinamos sin saber bien por qué? ¿No estaremos todos, incluso las mujeres, dependiendo de una especie de catecismo único interpretativo de las relaciones humanas que, a pesar de su reconocido valor, se volvió de cierta forma sectario y reduccionista de la compleja realidad que vivimos? Tanto las mujeres como los hombres corremos el riesgo de crear una especie de separación entre la política masculina y la femenina, semejante a la separación entre izquierda y derecha. A través de la prensa, sobre todo, ese nuevo dualismo político de oposiciones simplistas comienza a acentuar los antiguos preconceptos y a dificultar el desarrollo de responsabilidades comunes compartidas.

El acceso de algunas mujeres a los poderes políticos en América Latina y el Caribe, no puede crear expectativas de que por el hecho de ser mujeres, van a introducir modelos diferentes de ejercicio del poder político, aunque se consiga más igualdad o equilibrio en las representaciones, como por ejemplo la paridad.

Tal actitud me parece ingenua y peligrosa, ya que una vez más recae en las mujeres la responsabilidad de la creación de un poder político diferente, que sea más igualitario y justo. Sabemos bien que esta tarea, que cambia y debe renovarse permanentemente en cada cultura, en cada contexto y en cada momento histórico es responsabilidad compartida de mujeres y hombres.

Creo que ya es tiempo de que las mujeres despertemos de nuestro letargo, de nuestra baja estima, de nuestras convicciones políticas acríticas, ¡y de nuestra idolatría! Creo que ya es tiempo de recordar de nuevo nuestra común condición mortal y percibir que es en ella, de ella y por ella cómo vivimos.[3]


NOTAS:
  1. ®Gebara, Ivone. ¿Política femenina, política feminista o simplemente política?
    Agenda Latinoamericana 2008.


¿Acoso Político o Violencia Política?
El tema de acoso político o violencia política es un tema que aún no registra un desarrollo teóricoconceptual sostenible en la región, al margen de algunos estudios e investigaciones realizados en los últimos años.

Intentar contar con estadísticas sobre esta nueva violación a los derechos fundamentales de las mujeres es un desafío que enfrentar, así como sus nefastas consecuencias no solo en los ámbitos políticos del poder formal, sino para las democracias en su conjunto y para el desarrollo de la humanidad en condiciones de igualdad y equidad. No como fin en sí mismos, sino como instrumentos que contribuyan a la democratización de la relaciones de poder jerarquizadas, sexistas, racistas y homofóbicas en las sociedades, para transformar el mundo público y privado.

Acuerdos suscritos internacionales y regionales por los Estados partes de la ONU han producido sin lugar a dudas avances significativos declarativos en las legislaciones nacionales y en la adopción de medidas específicas para promover la integración igualitaria de las mujeres en la esfera pública y de toma de decisiones. Sin embargo, se reconoce que esto aún es insuficiente ya que en la práctica no sea ha logrado una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ejercicio de la ciudadanía política.

A ello hay que sumar el fenómeno del acoso político o de la violencia política que aún es inexistente su castigo y su tipificación como delito en normas y leyes nacionales, y donde las hay, su incumplimiento es un dato concreto de la realidad. Algo similar ocurre con muchas otras normas, leyes y reglamentaciones que deberían proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres bajo el concepto de integralidad, interdependencia e indivisibilidad pero que tampoco se cumplen ni se sancionan como delitos.

El acoso político se perfila como un fenómeno estructural de magnitud política y social, cuyo tratamiento y reflexión debe inducir a abordar el tema desde distintas aristas, en el contexto de la violencia de género, que da cuenta de las diversas expresiones que adquiere en contra de las mujeres, sin distinción de clase, pertenencia cultural, representación partidaria, y que estos actos constituyen una flagrante violación a los derechos humanos políticos y civiles de las mujeres protegidos por normas, convenios y convenciones internacionales vinculantes a los Estados parte de la ONU.

Como afirma Bunch (1991:17) sólo el hecho de ser mujeres es ya un factor de riesgo pues, precisamente, las víctimas son escogidas a causa de su sexo, es decir por ser mujeres. La violencia, por lo tanto, no es fortuita y no es solo personal o cultural, es profundamente política y da cuenta de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio establecidas entre hombres y mujeres en la sociedad.

Inicialmente vamos a intentar entender que el acoso político o la violencia política son las expresiones, acciones y las prácticas de violencia física, psicológica, sexual económica y simbólica que enfrentan las mujeres que ejercen representación política, sobre todo en ámbitos locales, para atemorizarlas, presionarlas, desprestigiarlas y obligarlas actuar en contra de su voluntad. En muchos casos para hacerlas renunciar a sus cargos electivos y/o para que asuman decisiones políticas con las cuales no están de acuerdo, en otros para que avalen decisiones discrecionales en el manejo del poder y los recursos que va en contra toda ética y norma del manejo público y de las funciones que las y los servidores públicos deben cumplir.

El acoso político y la violencia política es una forma de violencia de género, un hecho político producido por las relaciones de fuerza y poder que aluden a la construcción social entre hombres y mujeres en la sociedad. Se trata por lo tanto de una categoría analítica y teórica que visualiza los hechos, los significados y las palabras, desde un determinado lugar y posición política, frente a las relaciones de poder y las prácticas sociales de dominio que representan un ejercicio extremo de autoritarismo considerado legítimo por los sujetos que lo ejercen.

Por lo tanto, el acoso político o la violencia política se constituye en un delito contra las mujeres, es una acción ilícita por la cual una o varias personas en ejercicio del poder público presionan, persiguen, hostigan y amenazan o otra con la finalidad de apropiarse de su poder o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y de sus principios ético políticos.[4]


NOTAS:
  1. ®Ximena Machicao Barbery. Acoso Político (Un tema urgente que enfrentar). PADEP,GTZ, ACOBOL. Bolivia, 2004.


Bolivia
Las mujeres concejalas bolivianas durante el periodo (1999-2004) fueron las primeras en establecer denuncias sobre acoso político. Ello en el marco de la Ley (No1984), conocida como Código Electoral, que disponía que los partidos políticos establezcan una cuota no menor del 30% para las mujeres en todos los niveles de dirección partidaria y en las candidaturas para cargos de representación ciudadana.

En 1999 el Estado de la República de Bolivia, hoy llamado Estado Plurinacional de Bolivia, ratificó la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres y el nuevo Código Electoral, que establecía en su Art. 12 el principio de alternabilidad en los primeros tres puestos en la lista de candidatos/as a concejales. Esta medida representó en las elecciones Municipales del periodo (1999-2004) un incremento altamente significativo en la participación política de las mujeres en los gobiernos locales / municipales, según datos oficiales (de esa época). La participación de las mujeres electas se incrementó en un 73%, las mujeres tomaron las presidencias de los Consejos Municipales, con la excepción de 20 secciones de un total de 314 municipios que en ese momento existían en el país.

A la par de esta incorporación empezaron las denuncias desde amenazas hasta acciones de hecho de violencia física, psicológica, agresiones sexuales, secuestro e incluso intento de asesinato para hacerlas renunciar a sus cargos. Delitos todos tipificados en el Código Penal.

La investigación realizada identificó 40 denuncias públicas documentadas que formaron parte de procesos judiciales, quedando todos ellos en la absoluta impunidad.

Distintas formas de hostigamiento, presión, agresión física, psicológica y sexual constituyeron las expresiones de acoso político según lo describieron las concejalas entrevistadas, para las cuales estas prácticas terminaban con la esperanza y el imaginario femenino que consideró que las reformas de segunda generación aplicadas en el país desde 1993, podían promover la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. Y que, junto al principio de alternabilidad, serían suficientes para garantizar su ejercicio político en condiciones seguras, dignas y de respeto a sus derechos humanos, políticos y civiles. Nada más alejado de la realidad.

Bolivia ha seguido por este camino como país pionero para denunciar el acoso político. Actualmente ACOBOL está trabajando sobre una Ley que es reconocida en varios países de América Latina como un posible camino para denunciar y castigar este delito y su impunidad.

La preparación de un proyecto de ley contra el acoso y la violencia de género en política coloca a Bolivia en una posición de liderazgo en América Latina, donde las denuncias son frecuentes y las sanciones no existen, señala María Eugenia Rojas, Gerenta de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL).

Las mujeres concejalas de Bolivia han tomado la iniciativa, impulsando una ley que las proteja de la discriminación y el hostigamiento político por parte de sus pares hombres, a los cuales atribuyen actos de intimidación y hasta amenazas de muerte, en particular en las zonas rurales. El proyecto se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para su tratamiento y luego para ser debatido en el Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proyecto de ley intenta llenar el vacío de una legislación que tipifique como infracciones y delitos las conductas del acoso y violencia. También amplía la protección a todas las mujeres elegidas en cargos municipales, gobernaciones departamentales y nacionales.

El acoso político se define como un acto o conjunto de actos cometidos por una persona o a través de terceros, en contra de una mujer o de su familia, con el propósito de impedir y/o inducir a una acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio.

La violencia política está caracterizada como las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer y de su familia en ejercicio de representación política, para impedir y restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley.

Las sanciones propuestas contemplan procesos penales, la aplicación de los reglamentos de las instituciones estatales donde se cometan los actos y las disposiciones de la legislación sobre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.


El Salvador
Estudio Hostilidad y Violencia Política: Develando realidades de mujeres autoridades municipales. Morena Herrera, Mitzy Arias y Sara García:

Para el análisis y la sistematización de experiencias de violencia política que viven o han vivido mujeres que ocupan o han ocupado cargos de elección popular en gobiernos municipales salvadoreños, se han tenido en cuenta algunos referentes teóricos relacionados con:

  • La participación política de las mujeres, con una mirada panorámica a las bases sobre las cuales se establece la exclusión de las mujeres de la política, en tanto este es el ámbito específico en el que se produce esta forma de violencia contra las mujeres, y porque desde nuestra consideración, está estrechamente vinculada a esta exclusión.

  • La aproximación de la violencia política como forma de violencia contra las mujeres, desde el punto de vista político e interpretativo, teniendo en cuenta la evolución de las categorías, y el proceso mediante el cual se está produciendo un proceso de toma de conciencia y reconocimiento por parte de las mujeres que sufren violencia política, en la medida que cuentan con espacios organizativos de encuentro con otras mujeres que viven o han vivido situaciones similares.

  • Los debates en torno a la participación política de las mujeres están relacionados tanto con la demanda de superar las formas concretas de desigualdad, como con la búsqueda de alternativas para la construcción de una ciudadanía más activa y representativa por parte de las mujeres. Pese al profundo sentido democratizador que tiene la propuesta de lograr la mayor participación de las mujeres en la política, esta no ha sido bien recibida por el sistema político ni por los actores que mayoritariamente la integran, especialmente por los partidos políticos.

  • La democracia que conocemos está en deuda con esos contenidos y esas actividades de la vida privada, que han estado a cargo principal o exclusivamente de las mujeres, siendo además una de las razones fundamentales por las que se les ha excluido de los sistemas y actividades políticas.

  • Ese es precisamente el sentido trascendente que tiene la propuesta de participación política de las mujeres, porque no cuestiona únicamente la exclusión de las mujeres del sistema político, sino la exclusión privada. Es decir, la propuesta de participación política de las mujeres cuestiona esa división de la sociedad entre mundo público y mundo privado, la jerarquía existente entre ambos, y la exclusión de los contenidos del mundo privado, dándoles a todos el mismo nivel de legitimidad e importancia. Este es el sentido cuestionador de la propuesta feminista cuando se afirma que lo personal es político.

  • Otro mecanismo de exclusión cuando las mujeres logran un espacio de participación política, señalado también por Line Bareiro, es el de tratarlas como recién llegadas, negándoles el derecho de piso, independientemente de la trayectoria política que hayan tenido antes de asumir el cargo público para el cual han sido electas. Algunos de estos mecanismos de exclusión de las mujeres en los espacios políticos, se traducen en formas de violencia y acoso político.

  • La interpretación social y política de los hechos relacionados con la violencia contra las mujeres, muestra evoluciones y tendencias en diferentes sentidos. Uno de ellos es la necesidad de agrupar diversas manifestaciones y hacer generalizaciones, construyendo categorías globales que permitan un mayor impacto en la agenda pública.

  • Otra tendencia se ve reflejada en los esfuerzos por diferenciar en el análisis, las manifestaciones específicas y reiteradas con las que se pretende, en muchos casos, comprender en mayor profundidad las dinámicas de poder, impactar e influir en la construcción de formas particulares de abordaje para su prevención, o la creación de tipos penales que permitan identificar estas formas como delitos contra las mujeres, en la búsqueda de sanciones concretas para erradicar estas prácticas.

  • Una forma de violencia contra las mujeres que recientemente se ha identificado, es la violencia política que sufren en cargos de elección popular, especialmente en gobiernos municipales. El reconocimiento de esta manifestación de violencia ocurre en la confluencia de dos escenarios, por un lado el progresivo aumento o la presión porque se aumente de la presencia de mujeres como autoridades electas a nivel municipal. Y por otro, la creación de espacios organizativos de estas mujeres en los que van encontrando el marco de confianza básica para empezar a compartir sus vivencias de violencia en el escenario político en el que desempeñan su función pública, vividas hasta hace poco de forma solitaria y como hechos aislados.

  • Otro de forma de violencia es la invisibilización y el uso de un lenguaje que oculta y niega la presencia de mujeres. Por ejemplo, en eventos mundiales de alcaldes y líderes mundiales, aunque participen mujeres alcaldesas, el lenguaje sigue siendo exclusivamente masculino. Nos encontramos ante un proceso de toma de conciencia por parte de las mujeres electas en cargos públicos, acerca de los significados que tienen diversas manifestaciones agresivas y hostiles a su participación y presencia en los espacios de toma de decisiones, tradicionalmente de exclusivo ejercicio y control masculino.


Una primera aproximación, que permite identificar algunos de los rasgos del acoso político como forma de violencia contra las mujeres en El Salvador, se aprecia en este punteo:

  • Es una violencia específica que sufren las mujeres que participan en espacios políticos públicos, vinculada a lo que sus agresores consideran como su intromisión en el espacio de la política, como ámbito tradicionalmente para el ejercicio de exclusividad masculina.

  • Es una forma de violencia orientada a disminuir, impedir o restringir su derecho al ejercicio de un cargo para el cual han sido electas, o a las posibilidades de presentarse como candidatas a procesos de reelección.

  • Se expresa mediante el desprestigio y/o la descalificación de las mujeres y sus capacidades para el ejercicio de gobierno municipal. En algunos casos este desprestigio tiene connotaciones sexuales, como terreno que facilita la pérdida de credibilidad de las mujeres.

  • Se manifiesta mediante la negación de la información, que en algunos casos incluye no informar a las mujeres del día, lugar y hora de realización de las sesiones del Concejo Municipal, impidiéndoles participar en los procesos de toma de decisiones.

  • En otros casos se oculta o no se les entrega correspondencia, impidiendo la comunicación con organizaciones y ciudadanía.

  • Negación o retardo en el pago de las dietas públicas que les corresponden, en derecho por la asistencia a las sesiones del Concejo Municipal.

  • Presión individual y/o colectiva para que las mujeres asuman las decisiones que convienen a determinados intereses, y para que actúen en contra de su voluntad.

  • Presión a que cedan espacios de representación del Concejo Municipal ante otras instancias, o negación de los recursos necesarios para asumir dicha representación.

  • Desestimación, ridiculización y descalificación pública de las propuestas presentadas por las mujeres en el seno del Concejo Municipal, especialmente cuando están relacionadas con la promoción de los derechos de las mujeres.

  • Negación de la participación de las mujeres en las sesiones del Concejo Municipal, obligándolas sólo a firmar actas, aún cuando no hubieran participado en dicha sesión, reiterando que la presencia de mujeres es, en muchos casos, sólo un requisito formal.

  • Agresiones verbales y generación de un ambiente hostil a las mujeres, especialmente cuando estas son minoría absoluta en el Concejo Municipal.


Costa Rica
Algunos acercamientos a la sistematización de experiencias de acoso político que viven o han vivido las mujeres que ocupan puestos de elección popular a nivel local: Cecilia Escalante Herrera y Nineth Méndez Aguilar.

  • Incluso con la aplicación de las cuotas, la participación y representación política de las mujeres es obstaculizada por el acoso político, como una forma de expresión de la violencia de género en el ámbito político, especialmente en el nivel municipal, sin que se hayan establecido mecanismos de sanción que permitan el ejercicio de la participación y la representación en igualdad de condiciones que los hombres.

  • El acoso político alude a acciones de violencia contra mujeres que ejercen la representación político. Proviene de hombres y mujeres que pertenecen a los mismos partidos, de hombres y mujeres de otros partidos, de representación sindical y de organizaciones sociales y comunales, campesinas, gremiales o étnicas. Las formas en la que se expresa la violencia contra alcaldesas y concejalas son variadas, desde actos de violencia física y psicológica hasta daños en su gestión municipal.

  • Tanto la discriminación, descalificación, agresiones verbales y físicas, así como el acoso político, son problemas que afectan e inhiben el derecho a la participación y el desempeño eficaz de las mujeres en los cargos de elección municipal, en prácticamente todos los países latinoamericanos reportados en testimonios, noticias periodísticas y comentarios. Pero aún no se han colocado como problemas prioritarios de investigación y denuncia en la agenda política de los movimientos feministas ni en la agenda de las políticas públicas de equidad de género.


La investigación realizada estable las siguientes percepciones de las mujeres que han experimentado a lo largo de su trayectoria como liderezas al indagar sobre la violación de sus derechos civiles y políticos.

  • La integridad personal siempre es violentada porque en la parte política se dice lo que se da la gana, sin que sea verdad.

  • La libertad personal es coartada por la sociedad, hay que ser impecable y te exigen ser madre.

  • La libertad de expresión si es coartada, está vedada.

  • No aceptan que yo piense diferente.

  • La libertad de pensamiento y expresión he tenido que defenderla.

  • La libertad de pensamiento y expresión me la condicionan. La protección a la dignidad me la pisotean.

  • La igualdad social de la mujer es un proceso porque siguen existiendo los machos.

  • No tenemos las mismas oportunidades de estudio, quedamos relegadas.

  • No hay un mecanismo para defender a las mujeres políticas, se debe establecer un compromiso de los Estados para eliminar la discriminación a las mujeres políticas.

  • Obligar a los partidos políticos para que cumpla con el 10% de financiamiento para la capacitación de mujeres, a nivel cantonal, ahora no existe.


¿Podemos seguir?
  • Con la Ley de Igualdad tenemos el 40% garantizado, pero eso no da ninguna garantía, tenemos mujeres en los puestos, en las sillas, pero el poder es otra cosa.

  • Las mujeres no tienen la libertad de desarrollarse como mujeres.

  • El derecho de las niñas y los niños a la pensión es irrespetado.

  • La violencia intrafamiliar está creciendo cada vez más.

  • Hay mucho problema con la xenofobia contra las mujeres nicaragüenses, las maltratan, malos pagos y todo lo que les dicen.

  • La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es muy difícil de aplicar, hay que cambiar patrones.

  • En cuanto al derecho a circulación y residencia, mi madre nació aquí [afro descendiente] y hay que naturalizarla. Hay que hacer un mecanismo para que todas y todos los afrodescendientes nacidos en este país se les otorgue cédula como a las y los indígenas.

  • Hay que actualizar el artículo 1 de la Constitución Política porque es pluricultural.


Respuestas ante situaciones de acoso político
Las siguientes son las respuestas que dan las mujeres sobre los diferentes recursos personales, que tienen y utilizan para enfrentar las situaciones de acoso político.

  • Yo tengo una personalidad bastante fuerte y trato de mantener la serenidad, de proyectar fortaleza.

  • Ahora saben que puedo, he tenido que ir ganándome el respeto.

  • Tenemos que hacer las cosas bien, no podemos ser cuestionadas, o echamos a perder las cosas que hicieron las mujeres antes, eso genera un gran compromiso.

  • No me he dejado atemorizar.

  • Poco a poco me he ido ganando algo de respeto y lo seguiré haciendo, denunciando de una manera sana para alcanzar objetivos de bien común.

  • Yo trato de mantener la calma, de leer, de informarme para tener sustento de lo que digo, me provocan pero no lo logran y eso les enoja más.

  • Tengo una manera de ser que soy líder, capto la atención de la gente y eso es muy fuerte.

  • Por ser de carácter de tomar decisiones, llevar la batuta, reactivar novedades y todo eso, me ha permitido que salga adelante con capacidades que tal vez otras personas no hayan tenido.

  • Yo miro con quien estoy trabajando y si puedo negociar o intercambiar.

  • Yo siento que el INAMU falla enormemente, he tenido la situación en el Concejo de que no se me quiere dar la palabra, puse las denuncias y ni el INAMU ni el Tribunal Supremo de Elecciones, ni la Defensoría de los Habitantes me respondieron. Fui a la Defensoría de la Mujer que es solo para violencia intrafamiliar, entonces no hay apoyo a la mujer política para defender y hacer valer sus derechos. Consta en actas la burla, la mofa, el presidente le exige al secretario que apague la grabación, al mismo alcalde no le permite hablar.

  • Las actas son públicas, las llevé a esas instituciones y llegué a comprender que en el campo político estamos solas, no hay una ley dirigida a la mujer política, estamos desprotegidas.

  • Lo que hago es aplicar y manifestar, voy al código que dice que la palabra debe darse por igual.

  • Hablo con propiedad, mi criterio es sumamente valioso y esperan qué opino para tomar decisiones.

  • Saber qué es lo que se va a hacer, desarrollar valores, entender a la gente, a la comunidad.


La misma situación en contextos diversos
Las respuestas de las mujeres muestran que la mayoría todavía enfrenta las situaciones de acoso político con prácticas de resistencia pasiva. Sin embargo, también señalan prácticas de resistencia activa. Algunas se han atrevido a denunciar estas situaciones de acoso político, pero estas denuncias han sido inútiles, las instituciones y las autoridades las ven como casos aislados y no son consideradas como hechos reales y mucho menos como problemas generalizados y públicos.

Las tres investigaciones realizadas (Bolivia, El Salvador y Costa Rica) tienen profundas similitudes tanto en definir el acoso político como una forma estructural de la violencia de género, como en sus interpretaciones desde un enfoque feminista y las consecuencias que la misma tiene para el desarrollo integral y la profundización de las democracias de hoy. Un déficit profundo de democracias inequitativas, es decir injustas, que no promueven ni garantizan el ejercicio de una ciudadanía política real y efectiva para las mujeres sin ningún tipo de discriminación, coerción ni violencia.

Se hace necesario entonces seguir trabajando con la mayor rigurosidad posible ya que las violencias en todas sus formas de expresión no solo han aumentado, sino que empiezan a entrecruzarse con otros temas y problemáticas como es el feminicidio, el asesinato de mujeres defensoras de derechos humanos (México) y el crimen organizado. Vivimos en un mundo y en una región altamente compleja con inmensos desafíos. El acoso político y la violencia política en contra las mujeres no es un tema menor, es un tema estructural a partir del cual vienen otros temas, se arrastran, se entrecruzan, y que son tan complejos como el que estamos tratando.

Desigualdad, injusticia, impunidad, círculos que encierran y justifican la división sexual del trabajo, la ignorancia, pero a la vez el etnocentrismo, el sexismo y el odio contra las mujeres consciente y/o inconscientemente.

Es de vital importancia discutir cómo y para qué hacer política desde las mujeres, cómo establecer nuevos parámetros éticos y políticos, cómo establecer nuevos pactos políticos que no se sumerjan en los otros, en los caudillajes, en las consignas políticas y en un pensamiento estático binario y único. Finalmente, es necesario desentrañar cuál es la mejor conceptualización para identificar esta forma de violencia contra las mujeres ¿es acoso político o es violencia política o ambos a la vez?.

El ejercicio político real de las mujeres como ciudadanas con derechos propios es un dilema no solo importante sino esencial que aún debemos enfrentar. El desafío está puesto, la utopía es de siempre: vivir en sociedades libres de violencia en general, particularmente contra las mujeres. Hacer la paz no la guerra, ser iguales en la diferencia y ejercer desde la plenitud nuestros derechos como seres capaces de elegir entre la libertad y la opresión de género. Elegimos la libertad, la posibilidad de construir nuevos contratos sociales y políticos que no sólo dependan de nosotras, sino de todas y todos. Cuando señalo a todos y todas no sólo me refiero a hombres y mujeres, sino también a la diversidad que encierran nuestras culturas, nuestras poblaciones, a las particularidades e identidades sexuales y a las distintas identidades genéricas, a jóvenes, a personas de la tercera edad. Y, sin lugar a dudas, a los pueblos indígenas, originarios y campesinos, el respeto a sus culturas, mientras las mismas no violen ningún derecho humano de las mujeres.


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