Comunicados y Declaraciones
Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Primera versión, Septiembre de 2003
Autores corporativos:
Habitat International Coalition - América Latina (canal)

Descripción
Lugar:
Ciudad de México (México)
Fecha:
2008
Entradilla:
Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población mundial viviendo en ciudades. Según las previsiones, en el año 2050 la tasa de urbanización llegará a 65%.
URL:
http://www.hic-al.org/documento.cfm?id_documento=1226
Publicado en:
Gloobalhoy nº22 ; HIC-AL
Secciones GloobalHoy:
033- Hábitat-vivienda
Notas:
Publicado en "El Derecho a la Ciudad en el Mundo. Compilación de documentos para el debate", Coalición Internacional para el Hábitat Oficina Regional para América Latina HIC-AL, Ciudad de México, Septiembre de 2008.
Clasificación
Escenarios:
Internacional
Descriptores:
Derecho a la vivienda ; Derechos humanos ; Desarrollo urbano ; FIDC ; Gestión urbana ; V Foro ; Vivienda
Documento
 Índice:
     Introducción
     Significado y elementos del Derecho a la Ciudad
     Principios del Derecho a la Ciudad
     Compromisos
     Firman esta Carta
Introducción
Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Son mucho más que simples espacios físicos marcados por una mayor densidad poblacional. El modo de vida urbano influencia la manera como establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio.

Sin embargo, inversamente a tales potencialidades, los modelos de desarrollo implementados en la mayoría de los países del tercer mundo se caracterizan por establecer patrones de concentración de renta y poder, así como procesos acelerados de urbanización que contribuyen a la depredación del ambiente y a la privatización del espacio público, generando exclusión y segregación social y espacial.

Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana está en su mayoría privada o limitada en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad para satisfacer sus más elementales necesidades. Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas representativas, aunque fragmentadas e incapaces de producir cambios significativos en el modelo de desarrollo vigente.

Frente a esta realidad, las entidades de la sociedad civil reunidas desde el I Foro Social Mundial 2001 discutieron y asumieron el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y de vida urbana basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social. Uno de sus fundamentos debe ser el respeto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural.

La participación de los actores locales, especialmente de los movimientos sociales y de las asociaciones populares, es decisiva para la construcción de ese modelo. Los gobiernos y los organismos internacionales deben reconocerlos como interlocutores significativos y garantizar espacios permanentes de participación democrática.

La Agenda Hábitat, aprobada por todos los gobiernos nacionales participantes de la Conferencia Internacional Hábitat II en junio de 1996 en Estambul, Turquía, ya enfoca estas cuestiones, principalmente cuando afirma:

Nos comprometemos a conseguir que los asentamientos humanos sean sostenibles en un mundo en proceso de urbanización velando por el desarrollo de sociedades que hagan uso eficiente de los recursos dentro de los límites de la capacidad de carga de los ecosistemas y tengan en cuenta el principio de precaución y ofreciendo a todas las personas, en particular las que pertenecen a grupos vulnerables y desfavorecidos, las mismas oportunidades de llevar una vida sana, segura y productiva, en armonía con la naturaleza y su patrimonio cultural y valores espirituales y culturales, y que garanticen el desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente, contribuyendo así a la consecución de los objetivos del desarrollo nacional sostenible.
(Agenda Hábitat, art. 42)


Significado y elementos del Derecho a la Ciudad
Las luchas urbanas vienen generando la necesidad del reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, del Derecho a la Ciudad, definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Y comprendido como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado.

El Derecho a la Ciudad está ligado y es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente.
Incluye, por lo tanto, el derecho a la tierra, a los medios de subsistencia, al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura, a la vivienda, a la protección social, a la seguridad social, al medio ambiente sano, al saneamiento, al transporte público, al ocio y a la información. Incluye también el derecho a la libertad de reunión y organización, el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural; el respeto a los inmigrantes y la garantía de la preservación de la herencia histórica y cultural.

Este derecho presupone la interdependencia entre población, recursos, medio ambiente, relaciones económicas y calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Implica cambios estructurales profundos en los patrones de producción y consumo y en las formas de apropiación del territorio y de los recursos naturales. Se refiere a la búsqueda de soluciones contra los efectos negativos de la globalización, de la privatización, de la escasez de los recursos naturales, del aumento de la pobreza mundial, de la fragilidad ambiental y de sus consecuencias para la supervivencia de la humanidad y del planeta.


Principios del Derecho a la Ciudad
Ejercicio Pleno de la Ciudadanía.

Entendido como la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia, así como el pleno respeto a la producción social del hábitat.

Implica crear las condiciones para la convivencia pacífica, el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad. Busca garantizar el usufructo pleno de la ciudad respetando la diversidad de ingreso, sexo, edad, raza, etnia u orientación política y religiosa, y preservando la memoria y la identidad cultural.

Configuran lesiones al Derecho a la Ciudad las acciones y omisiones, medidas legislativas, administrativas y judiciales y prácticas sociales que resulten en violación, impedimento o dificultades para la preservación de las identidades culturales, de las formas de convivencia pacífica y de la producción social del hábitat, así como para la expresión de las formas de manifestación, organización y acción de los grupos sociales y de los habitantes de las ciudades, en especial los vulnerables y desfavorecidos, con base en usos y costumbres.

Gestión Democrática de la Ciudad.

Entendida como el control y la participación de la sociedad, a través de formas directas y representativas, en el planeamiento y gobierno de las ciudades priorizando el fortalecimiento y autonomía de las Administraciones Públicas locales y de las organizaciones populares.

Incluye el derecho a la elección libre y democrática de los representantes locales, la realización de plebiscitos e iniciativas legislativas populares y el acceso equitativo a los debates y audiencias públicas. Incluye, también, el derecho a la participación equitativa y deliberativa en la definición de las políticas y presupuesto municipal, y en canales institucionales, tales como los consejos y comisiones sectoriales y territoriales. Supone la adopción de los principios de transparencia y de eficacia en la administración pública. Configuran lesiones al Derecho a la Ciudad las acciones y omisiones, medidas legislativas, administrativas y judiciales, y prácticas sociales que resulten en el impedimento, recusa, dificultad e imposibilidad de la participación política colectiva de los grupos sociales y de los habitantes en la gestión de la ciudad, así como en el cumplimiento de las decisiones y de las prioridades definidas en los procesos participativos que integran la gestión de la ciudad.

Función social de la propiedad y de la ciudad.

Entendida como la prevalencia, en la formulación e implementación de las políticas urbanas, del interés común sobre el derecho individual de propiedad, implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano.

Incluye la obligación de los organismos gubernamentales de regular y controlar el desarrollo urbano a través de políticas territoriales dirigidas a priorizar la producción social del hábitat privilegiando los intereses colectivos sociales, culturales y ambientales sobre los individuales. Configura lesión al Derecho a la Ciudad la omisión, por parte de los agentes públicos, que deriven en la no adopción y la no aplicación de estos principios en la implementación de la política urbana en cualquiera de las esferas gubernamentales: en el campo administrativo, envolviendo la elaboración y ejecución de proyectos, programas y planes; en la esfera legislativa, a través de la sanción de leyes, control de los recursos públicos y acciones de gobierno; y en la esfera judicial, en los juicios y decisiones sobre conflictos colectivos y difusos referentes a asuntos de interés urbano.


Compromisos
Las redes y organizaciones sociales se comprometen a:

Difundir ampliamente esta Carta y potenciar la articulación internacional por el Derecho a la Ciudad en el contexto del Foro Social Mundial, en las conferencias y foros internacionales con el objetivo de contribuir al avance de los movimientos sociales y de las redes de ong y a la construcción de una vida digna en las ciudades. Documentar y diseminar experiencias nacionales y locales que apunten a la construcción de este derecho.

Presentar esta Carta por el Derecho a la Ciudad a los distintos organismos y agencias del Sistema de las Naciones Unidas para iniciar una discusión que tenga como objetivo encauzar el proceso de aprobación futura por parte de la Asamblea General.

Los gobiernos nacionales y locales se comprometen a:

Elaborar y promover marcos institucionales que consagren el Derecho a la Ciudad, así como a formular, con carácter de urgencia, planes de acción para un modelo de desarrollo sustentable aplicado a las ciudades, en concordancia con los principios enunciados en esta Carta.

Construir plataformas asociativas con amplia participación de la sociedad civil para promover el desarrollo sustentable en las ciudades.

Promover la ratificación y aplicación de los pactos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales que contribuyan a la construcción del Derecho a la Ciudad.

Los organismos internacionales se comprometen a:

Emprender todos los esfuerzos para sensibilizar, estimular y apoyar a los gobiernos en la promoción de campañas, seminarios y conferencias y facilitar publicaciones técnicas apropiadas que conduzcan a la adhesión a los principios de esta carta.

Abrir espacios de participación en los organismos consultivos y decisorios del sistema de Naciones Unidas que faciliten la discusión de esta iniciativa.


Firman esta Carta
hic Habitat International Coalition, selvip Secretaría Latino Americana de la Vivienda Popular, irglus International Research Group on Law and Urban Space, pgu Programa de Gestión Urbana de la onu, cohre Centre on Housing Rights and Evictions, un Habitat Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Red Latinoamericana de Megaciudades, Comisión Huairou, Red Mujer y Hábitat, Red Mundial de Artistas en Alianza, Instituto de Investigación de la Vivienda y Hábitat de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Frente Nacional de Prefeitos, Fórum Nacional da Reforma Urbana, fase, fenae, fisenge, polis, Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, União Nacional por Moradia Popular, Central dos Movimentos Populares, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, sehab Secretaria Especial da Habitação/rs, conam Confederação Nacional de Associações de Moradores, iab Instituto dos Arquitetos do Brasil, Fórum Permanente dos Movimentos e Entidades de Portadores de Deficiência, fenea Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, confea-Conselho Federal de Arquitetura, Engenharia e Agronomia, ibam, ibase, Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, abea Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara Federal, Frente Nacional de Saneamento, Fórum Nacional de Participação Popular, agb Associação dos Geógrafos Brasileiros, anpur Associação Nacional de Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional, antp Associação Nacional dos Transportes Públicos, cnpl Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, secp Secretaria Estadual da Coordenação e do Planejamento/rs, demhab Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre, fic Fórum Intermunicipal de Cultura, Coordinadora Programa Desarrollo del Poder Local unitas, Foro Urbano Ecuador, Comité Peruano de Campaña por una Vivienda Digna para todos y para todas, Aliança Internacional de Habitantes, proamtra Bolívia, puc Rio.

Para nuevas adhesiones a esta carta: [email protected]


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