Comunicados y Declaraciones
Operación Plomo Fundido y la distorsión del Derecho Internacional
Autores corporativos:
Al-Haq (autoría; canal)
Comisión Internacional de Juristas (autoría)
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (traductora)

Autores personales:
Ferre Vicedo, Penélope (Traductor/a)
Rivas López, Juan Pedro (Traductor/a)

   Descripción    Clasificación   
Fecha:
6 de Abril de 2009
Entradilla:
Análisis legal de la reivindicación de Israel sobre su derecho a la legítima defensa según el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
Introducción/Descripción:
La mañana del 27 de diciembre de 2008, las fuerzas ocupantes israelíes lanzaron la Operación Plomo Fundido, una operación militar de gran alcance contra la Franja de Gaza. Después de 22 días de inexorables ataques aéreos acompañados de intensas incursiones por tierra, el número de víctimas mortales superó los 1.400 palestinos, la gran mayoría de ellos civiles incluyendo mujeres y niños, y más de 5.000 heridos. Este excesivo número de víctimas y heridos civiles fue la consecuencia de una destrucción sin precedentes de infraestructuras civiles en la Franja de Gaza, incluyendo hospitales, escuelas, mezquitas, viviendas particulares y complejos de Naciones Unidas. El Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, describió el alcance de la muerte y destrucción en la Franja de Gaza como espantoso y alarmante[1] y condenó el uso excesivo de la fuerza[2] por parte de Israel sobre la Franja de Gaza.

La misma mañana y horas antes del comienzo de la operación, la embajadora de Israel ante Naciones Unidas, Grabriela Shalev, envió un escrito al Secretario General de Naciones Unidas anunciando que después de un largo periodo de máxima contención, el gobierno de Israel ha decidido ejercer, a partir de esta mañana, su derecho de legítima defensa derecho consagrado en el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas[3]. El hecho de que Israel alegue su derecho a la legítima defensa como pretexto legal para justificar la Operación Plomo Fundido recibió un apoyo amplio y generalmente incondicional de la comunidad diplomática internacional como método de justificación de la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

Sin embargo, la invocación que hace Israel del Artículo 51 de la Carta de la ONU como pretexto para la Operación Plomo Fundido se basa en dos supuestos legales insostenibles. En primer lugar, Israel mantiene que la Franja de Gaza ya no está ocupada, por lo tanto Israel no tiene responsabilidades sobre ese territorio. En segundo lugar, la reivindicación de Israel sobre su derecho a la legítima defensa no tiene en cuenta el amplio conflicto armado internacional dentro del cual fue lanzada la Operación Plomo Fundido.Estos dos supuestos distorsionan el marco de aplicación del derecho internacional para los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), incluyendo la Franja de Gaza, en un intento de crear una fachada de legitimidad para la reivindicación del derecho a la legítima defensa como justificación para la Operación Plomo Fundido.

La situación legal de la Franja de Gaza.

Junto con Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza es una parte integral e inseparable del territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.[4] Los TPO son reconocidos como una única unidad territorial en la que el derecho de los palestinos a la autodeterminación está reconocido por el derecho internacional[5]. Sin embargo, Israel mantiene que con su retirada unilateral de la Franja de Gaza en 2005 renuncia al control efectivo de esa parte de los TPO, y por consiguiente la Franja de Gaza ya no está ocupada, por lo que Israel se libera efectivamente de sus obligaciones como Fuerza Ocupante establecidas en el derecho humanitario internacional. Sin embargo, el mismo texto del Plan de Retirada junto con las posteriores actuaciones de Israel pone de manifiesto que la Franja de Gaza continúa bajo ocupación israelí.

El Artículo 42 de las Regulaciones de la Haya de 1907 establece que un territorio se considera ocupado cuando está sometido a la autoridad del ejército enemigo. Se considera ocupado todo territorio donde tal autoridad haya sido establecida y pueda ejercerse[6]. La jurisprudencia existente considera que la ocupación es de control efectivo si las fuerzas militares adversarias pueden en el momento que deseen, asumir el control físico de cualquier parte del país[7]. Este criterio ha sido repetido por varios tribunales internacionales, incluso por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, quién estableció que una de las pautas a seguir para determinar si existe ocupación es determinar si las fuerzas de ocupación tienen fuerza presente suficiente, o bien capacidad de enviar tropas en un tiempo razonable para hacer que la autoridad de la fuerzas de ocupación se perciba[8].

Declarando que Israel vigilará y monitorizará el perímetro externo de la Franja de Gaza, que continuará manteniendo la autoridad exclusiva del espacio aéreo de Gaza, y que continuará ejerciendo las actividades de seguridad en el mar en la zona de la Franja de Gaza,[9], así como el texto mismo del Plan de Retirada muestran que la intención de Israel es seguir manteniendo un control efectivo sobre la Franja de Gaza. Además, a pesar de la retirada unilateral de las tropas allí destinadas y los asentamientos, Israel continúa ejerciendo control militar sobre la Franja de Gaza a través de flujos constantes de operaciones dentro y sobre la misma Franja de Gaza. [10]. Además del control militar, Israel también mantiene un control administrativo sobre la población de la Franja de Gaza a través del control exclusivo sobre la movilidad de bienes y personas, también del registro civil de la población y el sistema de impuestos y renta. Por consiguiente, la Franja de Gaza y sus habitantes siguen bajo el control efectivo de Israel, y por lo tanto, ocupados.

Legítima defensa según el Derecho Internacional Público.

La adopción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 estableció la prohibición formal sobre el uso de la fuerza en el derecho internacional. El Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas mantiene que todos los Estados miembros en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.[11]. Sin embargo, esta prohibición no es absoluta; el Artículo 2(4) debe leerse conjuntamente con el Artículo 51 de la Carta. A pesar de la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Artículo 51 es un fundamento legal exclusivo para el uso unilateral de la fuerza en el ámbito internacional y establece que todos los Estados tienen un derecho inherente, individual o colectivo, de legítima defensa en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas.[12]. El uso de la fuerza fuera de este contexto está estrictamente prohibido por el derecho internacional y puede considerarse un acto de agresión. [13].

El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas supone la base de lo que se conoce como jus ad bellum- ley que regula la posibilidad de que los Estados Miembros recurran al uso de la fuerza amparados por el derecho internacional público. Sin embargo, la Operación plomo fundido se lanzó en el contexto de una ocupación prolongada y el derecho internacional aplicable durante conflictos armados y ocupaciones es el derecho humanitario internacional, base del jus in bello- ley que regula los medios y métodos en conflictos armados. Una vez en el ámbito del jus in bello, ya ha pasado el momento de invocar la legítima defensa del jus ad bellum, ya se ha recurrido a la fuerza, y el uso de la misma en el futuro se verá regulado exclusivamente por el derecho humanitario internacional.

La Operación Plomo Fundido y el Derecho Humanitario Internacional.

El marco legal aplicable a la Operación plomo fundido es el que regula las conductas hostiles durante un conflicto armado y durante la ocupación, y no las leyes que regulan la posibilidad de que un Estado recurra a la fuerza según el derecho internacional público. La posibilidad de que Israel pueda invocar el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas como pretexto legal para justificar la Operación plomo fundido se perdió el 7 de junio de 1967, día en que los territorios palestinos fueron sometidos al control efectivo y a la consiguiente ocupación por parte de las fuerzas armadas israelíes, convirtiéndose Israel en la Fuerza Ocupante obligada a cumplir con las disposiciones de la IV Convención de Ginebra.

Como Fuerza Ocupante, Israel tiene que cumplir con obligaciones legales específicas en relación a los TPO, incluyendo la Franja de Gaza. Estas responsabilidades conllevan obligaciones amplias y en algunos casos extremadamente precisas en el ámbito del cara a cara de Israel con la población civil. Entre ellas se incluye la obligación de garantizar una alimentación y suministros médicos adecuados[14], así como asegurar el funcionamiento de los servicios de higiene, médicos y la sanidad pública.[15]. Además, al mismo tiempo Israel tiene también la obligación de tratar humanamente [16] a la población ocupada, en todos los casos y circunstancias. El derecho humanitario internacional también establece restricciones sobre los medios y métodos de combate que las partes en conflicto pueden utilizar durante cualquier operación militar. De este modo, cualquiera de los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, o respuesta a los ataques que emanen de la Franja de Gaza, deben cumplir con los principios del derecho humanitario internacional.

Según el derecho humanitario internacional, el principio de necesidad militar es la única justificación legal para una operación militar. Se entiende por necesidad militar las medidas necesarias para alcanzar objetivos legítimos durante los conflictos armados y que se consideran lícitas de acuerdo con el derecho humanitario internacional.[17] Siguiendo esta definición, la acción militar debe tener como intención lograr la derrota militar de las fuerzas oponentes y debe constituir una contribución directa para dicho fin. Además, la necesidad militar está contenida en la legislación de los conflictos armados; por consiguiente está sometida a los principios de distinción y proporcionalidad y no puede justificar violaciones del derecho humanitario internacional.

Durante las operaciones militares, Israel está obligado a distinguir en todo momento entre población civil y combatientes, así como entre objetos civiles y objetivos militares y por lo tanto dirigir sus operaciones exclusivamente contra objetivos militares[18]. Además, el principio de proporcionalidad establece que está prohibido lanzar un ataque que pueda causar pérdida de vidas civiles, heridos entre la población civil o daños civiles materiales, que fueran excesivos en comparación con la ventaja militar concreta y directa conseguida. [19]. Antes de lanzar un ataque militar, Israel está obligado a proporcionar un aviso previo eficaz de los ataques que puedan afectar a la población civil [20], así como tomar las precauciones necesarias a la hora de elegir los medios y métodos de ataque, con el fin de evitar o minimizar las bajas civiles. [21]. La IV Convención de Ginebra también establece la creación de zonas neutras con el fin de proteger a la población civil de los peligros inherentes a una operación militar. [22] Sin embargo, Israel no sólo no llevó a cabo ninguna de estas acciones durante la Operación Plomo Fundido, sino que además existen evidencias prima facie de que las fuerzas israelíes dirigieron intencionadamente ataques contra los complejos de Naciones Unidas destinados a refugiar de las hostilidades a la población civil.[23]

Contrariamente a estas obligaciones, uno de los rasgos destacados de la Operación Plomo Fundido fue la desproporción de los ataques militares, a menudo indiscriminados, que se producían contra centros civiles densamente poblados en toda la Franja de Gaza. Los trabajadores de campo de Al-Haq documentaron extensamente los fallos sistemáticos que cometió Israel a la hora de distinguir de forma efectiva entre objetivos militares y civiles durante los ataques, así como una claramente identificable falta de proporcionalidad entre los muertos y heridos civiles, la destrucción de propiedades civiles y la ventaja militar concreta que proporcionaron estos ataques. Los ataques indiscriminados y desproporcionados son considerados crímenes de guerra, dado que traen como consecuencia asesinatos intencionados y una vasta destrucción ilegal de propiedades. Estos ataques pueden suponer una grave violación de la IV Convención de Ginebra, acarreando responsabilidad penal individual para aquéllos que planearon, ordenaron o ejecutaron dichas operaciones.

Conclusión.

La confianza de Israel en la legítima defensa es una mala interpretación del derecho internacional, intentando así evadir sus obligaciones legales internacionales, al no haber tenido en cuenta el contexto en el que se lanzó la Operación Plomo Fundido: 42 años de ocupación de los territorios palestinos dando como resultado un conflicto internacional armado. A pesar de la extendida aceptación del pretexto israelí, la situación legal de los TPO no permite la aplicación del Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas debido a la prolongada ocupación. La Operación Plomo Fundido no se puede ver aislada del importante conflicto armado internacional en el que fue lanzada, contexto legal éste en que la reivindicación de Israel de su derecho a la legítima defensa carece de validez según el derecho internacional.


NOTAS:

  1. ®" Véase Al-Jazeera, Ban demands probe into Gaza attacks, disponible en: http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2009/01/200912013138315261.html.

  2. ® Ibid.

  3. ®Carta al Secretario General de las Naciones Unidas, S/2008/816 27/Dic/08, idénticas cartas con fecha 27 de diciembre de 2008 del Representante Permanente de Israel para Naciones Unidas dirigidas al Secretario General y al Presidente del Consejo de Seguridad.

  4. ® Tal y como ha sido confirmado recientemente por la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1860, 8 de enero de 2009.

  5. ® Véase Tribunal de Justicia Internacional, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 de Julio de 2004, at para. 118. Véase también, inter alia, la Resolución de la Asamblea General 58/163 de 22 de diciembre de 2003.

  6. ® Artículo 42, Anexo de la Cuarta Convención de la Haya, Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, 18 de octubre de 1907.

  7. ® Hostages case, Comisión de crímenes de guerra de Naciones Unidas, Law Reports of Trails of War Criminals, Volumen VIII, p. 56.

  8. ® The Prosecutor v Naletilic and Matinovic, TPIY (Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia) Trial Chamber, Caso número IT-98-34-T, párrafo 217.

  9. ® .- Concepto general del Plan de Retirada, Artículo 3(i)(1).

  10. ® Además de la Operación plomo fundido, la Operación lluvia de verano y la Operación nubes de otoño en 2006, así como la Operación invierno caluroso en 2008, están entre las numerosas operaciones militares a gran escala dirigidas contra la Franja de Gaza desde la retirada unilateral de Israel.

  11. ® Artículo 2(4), Carta de Naciones Unidas, 26 de junio de 1945.

  12. ® Ibid., Artículo 51.

  13. ®A pesar de que no existe consenso, se puede entender como acto de agresión el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o de cualquier otra forma incompatible con la Carta de Naciones Unidas. Véase la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 3314 (XXXIX), 14 de diciembre de 1974.

  14. ® Artículo 55, IV Convención de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempos de guerra, 12 de agosto de 1949.

  15. ®Ibid., Artículo 56.

  16. ® Ibid., Artículo 27.

  17. ®Yves Sandoz; Chritophe Swinarski, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (ICRC/Martinus Nijhoff, Geneva/The Hague, 1987), p.392, párrafo 1389.

  18. ®Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law- Volume I: Rules (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), Rule 1, p.3.

  19. ® Ibid., Rule 14, p.46.

  20. ® Regulado en el Artículo 57(2)(c) del Protocolo Adicional I de la Convención de Ginebra, y reflejado en el derecho internacional consuetudinario. Véase ibid., Rule 20, p.62.

  21. ® Véase la nota anterior, Rule 17, p.56.

  22. ® Artículo 15, IV Convención de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempos de guerra, 12 de agosto de 1949.

  23. ®Para más información véase Al-Haq, Nowhere Left to Hide in the Gaza Strip, 16 de enero de 2009, disponible en http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=414

URL:
http://www.alhaq.org/pdfs/OperationCastLeadandtheDistortionofInternationalLaw.pdf
Publicado en:
Al-Haq ; Gloobalhoy nº20
Secciones GloobalHoy:
080- Conflictos-paz
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