Informes y estudios
Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a favor de Rosalind Williams Lecraft por un caso de Discriminación con motivo de un control de identidad. Estado parte: España
Autores corporativos:
Comité de Derechos Humanos (autoría; canal)

   Descripción    Clasificación    Documento   
 Índice:
     Dictamen
     Anexo
          Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 de Protocolo Facultativo
               Los hechos expuestos por la autora
               La denuncia
               Observaciones del Estado parte sobre admisibilidad y fondo
               Comentarios de la autora a las observaciones del Estado parte
          Deliberaciones del Comité
               Examen de la admisibilidad
               Examen en cuanto al fondo
     Apéndice
          Voto particular firmado por el Sr. Krister Thelin y el Sr. Lazhari Bouzid, miembros del Comité (disidente)
Dictamen
DICTAMEN.

Comunicación Nº 1493/2006.


Presentada por: Rosalind Williams Lecraft (representada por un abogado)

Presunta víctima: La autora.

Estado parte: España.

Fecha de la comunicación: 11 de septiembre de 2006 (fecha de presentación inicial)

Referencias: Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 3 de octubre de 2006 (no se publicó como documento)

Fecha de aprobación del dictamen: 27 de julio de 2009.

Asunto: Discriminación con motivo de un control de identidad.

Cuestión de procedimiento: Abuso del derecho a presentar comunicaciones; falta de fundamentación.

Cuestión de fondo: Discriminación por motivo de raza.

Artículos del Pacto: Artículos 2, párrafo 3; 12, párrafo 1; 26.

Artículos del Protocolo Facultativo: Artículos 2, 3.

El 27 de julio de 2009, el Comité de Derechos Humanos aprobó el texto adjunto como dictamen del Comité emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación Nº 1493/2006.


Anexo
DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS EMITIDO A TENOR DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS -96º PERÍODO DE SESIONES-

respecto de la.

Comunicación Nº 1493/2006[1]

Presentada por: Rosalind Williams Lecraft (representada por Open Society Justice Initiative, Womens Link Worldwide y SOS Racismo‑Madrid).

Presunta víctima: La autora.

Estado parte: España.

Fecha de la comunicación: 11 de septiembre de 2006 (fecha de presentación inicial).

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Reunido el 27 de julio de 2009.

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1493/2006, presentada en nombre de la Sra. Rosalind Williams Lecraft con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Habiendo tenido en cuenta toda la información presentada por escrito por el autor de la comunicación y el Estado parte.

Aprueba el siguiente:.


NOTAS:
  1. ® Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sr. Mohammed Ayat, Sra. Christine Chanet, Sr. Ahmad Amin Fathalla, Sr. Yuji Iwasawa, Sra. Helen Keller, Sr. Rajsoomer Lallah Sr. Lazhari Bouzid, Sra. Zonke Zanele Majodina, Sra. Iulia Antoanella Motoc, Sr. Michael OFlaherty, Sr. José Luis Pérez Sanchez-Cerro, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Fabian Omar Salvioli y Sr. Krister Thelin.

    Se adjunta a la presente decisión el texto en voto particular firmado conjuntamente por el Sr. Krister Thelin y el Sr. Lazhari Bouzid, miembros del Comité.


  Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 de Protocolo Facultativo
1.1 La autora de la comunicación, de fecha 11 de septiembre de 2006, es Rosalind Williams Lecraft, ciudadana española nacida en 1943, que alega ser víctima de una violación por parte de España de los artículos 12, párrafo 1, y 26, leído conjuntamente con el artículo 2 del Pacto. La autora está representada por abogado. El Protocolo Facultativo entró en vigor para España el 25 de abril de 1985.

  Los hechos expuestos por la autora
2.1. La autora, originaria de los Estados Unidos de América, obtuvo la nacionalidad española en 1969. El 6 de diciembre de 1992 llegó a la estación de ferrocarril de Valladolid, procedente de Madrid, junto con su esposo y su hijo. Momentos después de bajar del tren un miembro de la Policía Nacional se acercó a ella y le pidió el Documento Nacional de Identidad (DNI). El policía no pidió dicho documento a ninguna otra persona de las que se encontraban en el andén en ese momento, incluidos el esposo y el hijo de la autora. La autora pidió explicaciones al policía sobre las razones del control de identidad, a lo que éste respondió que tenía obligación de verificar la identidad de las personas como ella, ya que muchas eran inmigrantes ilegales. Añadió que la Policía Nacional tenía orden del Ministerio del Interior para efectuar controles de identidad en particular a "personas de color". El esposo de la autora observó que esto constituía discriminación racial, lo que el policía negó afirmando que tenía que efectuar controles de identidad debido al elevado número de inmigrantes ilegales residentes en España. La autora y su esposo pidieron al policía que mostrara su propio DNI y placa de policía, a lo que éste respondió que como no cambiaran de actitud les detendría. A continuación les condujo a una oficina dentro de la propia estación donde tomó sus datos, al tiempo que mostró su placa de identificación.

2.2. Al día siguiente la autora acudió a la Jefatura Superior de Policía del barrio de San Pablo para interponer una denuncia por discriminación racial. Esta denuncia fue sobreseída por el juzgado de instrucción Nº 5 de Valladolid por no haber indicios de comisión de un delito. La autora no apeló esta decisión. En cambio, con fecha 15 de febrero de 1993, formuló denuncia ante el Ministerio del Interior en la que cuestionaba la supuesta orden del mismo pidiendo a la Policía Nacional efectuar controles de identidad a personas de color. Además, la autora pedía la responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado por la actuación policial ilegal de que había sido objeto. Afirmaba que la práctica de efectuar controles de identidad basados en criterios raciales era contraria a la Constitución española y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y que el control de que había sido objeto había ocasionado, a ella y su familia, daños morales y psicológicos. Por ello pedía una indemnización de aproximadamente cinco millones de pesetas. En apoyo de su petición la autora presentó un certificado médico de fecha 15 de marzo de 1993 en el que se afirmaba que la autora sufría de "fobia social" y "trastornos agorafóbicos", en el origen de los cuales se encontraba "una identificación policial en una estación de ferrocarril, basada en una discriminación racial".

2.3. Mediante resolución de 7 de febrero de 1994, el Ministerio declaró inadmisible la primera parte de la denuncia de la autora por considerar que no existía ninguna orden que obligara a los funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a identificar a las personas según su raza. Si tal orden existiera sería inconstitucional de pleno derecho. Al mismo tiempo, la resolución rechazó considerar la legalidad del control de identidad efectuado a la autora por considerar que su denuncia se refería únicamente a la orden general y no al incidente de que ella había sido objeto. La resolución fue impugnada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, la cual, en sentencia de 15 de marzo de 1996, desestimó el recurso.

2.4. La reclamación relativa a la responsabilidad patrimonial de la Administración fue igualmente desestimada por el Ministerio del Interior, considerando que el policía en cuestión había actuado dentro del marco de sus competencias de control de la inmigración ilegal y respondiendo a la apariencia extranjera de la interesada, para cuya apreciación los agentes de policía podían tener en cuenta las características raciales de la actual población española. Contra esta decisión la autora interpuso recurso contenciosoadministrativo ante la Audiencia Nacional.

2.5. Con fecha 29 de noviembre de 1996 la Audiencia Nacional rechazó el recurso. Consideró, entre otros, que la actuación policial tuvo su origen en la aplicación del régimen de extranjería, conforme al cual los agentes policiales tenían órdenes de identificar a los extranjeros que hubiese en la estación de Valladolid. Al ser la autora de raza negra no era desproporcionado el requerimiento de identificación. Además, el artículo 20 de la Ley orgánica sobre seguridad ciudadana autoriza a la administración para ese tipo de actuaciones "siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad". Además, no se había acreditado que la actuación policial fuese desconsiderada o humillante.

2.6. La autora interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue desestimado en sentencia de 29 de enero de 2001. El Tribunal consideró que el requerimiento de identificación no obedeció a una discriminación patente, pues en el proceso contenciosoadministrativo había quedado descartado que existiese una orden o instrucción específica de identificar a los individuos de una determinada raza. En cuanto a la cuestión de saber si se produjo o no una discriminación racial encubierta el Tribunal estimó que no existían indicios de que el comportamiento del funcionario de la Policía Nacional actuante fuese guiado por un prejuicio racista o por una especial prevención contra los integrantes de un determinado grupo étnico[2].

2.7. Después de que el Tribunal Constitucional dictó su sentencia la autora consideró acudir a una instancia internacional. Sin embargo, no lo hizo debido a su estado emocional resultante de los nueve años de litigio y a dificultades financieras. En aquel tiempo la legislación española no preveía la posibilidad de asistencia jurídica gratuita para el tipo de recursos que la autora intentó, por lo que fue ella misma quien asumió todos los gastos. Después de dicha sentencia carecía de medios para intentar nuevos recursos.

NOTAS:
  1. ® La sentencia señala que, según se desprendía del proceso judicial previo, "la actuación policial usó el criterio racial como meramente indicativo de una mayor probabilidad de que la interesada no fuera española. Ninguna de las circunstancias acaecidas en dicha intervención indica que el comportamiento del funcionario de la Policía Nacional actuante fuese guiado por un prejuicio racista o por una especial prevención contra los integrantes de un determinado grupo étnico (). Así, la actuación policial se produjo en un lugar de tránsito de viajeros, una estación de ferrocarril, en el que, de una parte, no es ilógico pensar que exista mayor probabilidad que en otros lugares de que las personas a las que selectivamente se solicita la identificación puedan ser extranjeras y, de otro, las incomodidades que todo requerimiento de identificación genera son menores, así como razonablemente asumibles como cargas inherentes a la vida social (). No parece tampoco acreditado que los funcionarios policiales desplegasen su actuación de forma desconsiderada, ofensiva o gratuitamente obstaculizante de la libertad de circulación de la demandante (), pues la intervención policial se prolongó únicamente lo imprescindible para lograr la identificación. Finalmente puede descartarse que los agentes de policía actuasen de un modo airado o llamativo que hiciese pasar a la Sra. Williams Lecraft y sus acompañantes a un primer plano que les resultase afrentoso o incómodo frente a la colectividad de ciudadanos que hubiese en la propia estación de ferrocarril (). Lo discriminatorio hubiera sido la utilización de un criterio (en este caso el racial) que careciese de toda relevancia en orden a la individualización de las personas para las que el ordenamiento jurídico ha previsto la medida de intervención administrativa, en este caso los ciudadanos extranjeros".


  La denuncia
3.1. La autora afirma que fue víctima de discriminación racial directa. La razón por la que fue objeto del control de identidad fue su pertenencia a un grupo racial no asociado típicamente con la nacionalidad española. Siendo ella misma ciudadana española, fue tratada menos favorablemente que otros ciudadanos españoles (incluido su esposo, de origen caucásico, que la acompañaba) lo hubieran sido en una situación comparable.

3.2. La legislación española que autoriza a la policía a efectuar verificaciones de identidad con miras a controlar la inmigración es aparentemente neutra. Sin embargo, en su aplicación genera un impacto desproporcionado en personas de color o con "características étnicas físicas específicas" consideradas como "indicativas" de nacionalidad no española. Dada la manera como fue aplicada por el policía en cuestión y los tribunales españoles, la legislación española en materia de control de inmigración coloca a esas personas en una situación de desventaja.

3.3. Los tribunales españoles justificaron la actuación del policía en cuestión con el argumento de que respondía a un objetivo legítimo: controlar la inmigración mediante la identificación de extranjeros indocumentados. Además, consideraron implícitamente esta manera de proceder como apropiada y necesaria para lograr dicho objetivo porque, en su opinión, las personas negras tenían más posibilidades de ser extranjeras que las personas con otras características raciales. Este razonamiento, sin embargo, no puede considerarse válido.

3.4. El color de la piel no puede considerarse un criterio fiable para suponer la nacionalidad de una persona. Hay un creciente número de españoles que son negros o miembros de otras minorías étnicas y, por consiguiente, susceptibles de soportar la humillación de ser objeto de especial atención por la policía. Por el contrario, un importante número de extranjeros son blancos y su apariencia no es distinta de la del español autóctono. Una política que tenga como objetivo una raza concreta corre el riesgo de desviar la atención de la policía de extranjeros indocumentados de otro origen, y por tanto de ser contraproductiva. El objetivo de controlar la inmigración no puede justificar, desde el punto de vista legal, una política orientada en particular a las personas negras. Dicha política contribuye a reforzar los prejuicios raciales en la sociedad y contribuye, aunque no sea de manera intencionada, a legitimar el uso de distinciones raciales con fines inapropiados.

3.5. La autora pide al Comité que declare la violación de los artículos 2; 12, párrafo 1, y 26 del Pacto e inste al Estado parte a otorgarle una indemnización de 30.000 euros por el daño moral y psicológico sufrido y de otros 30.000 como compensación por los gastos ocasionados por los procesos ante los tribunales internos.


  Observaciones del Estado parte sobre admisibilidad y fondo
4.1. En sus observaciones de 4 de abril de 2007 el Estado parte hace valer que, aun cuando es cierto que el Protocolo Facultativo no establece formalmente un límite temporal para la presentación de comunicaciones, sí descarta las que por sus condiciones, sin excluir las temporales, pueden comportar un abuso del derecho a presentar comunicaciones. Es el caso de la presente comunicación, que se presenta transcurridos casi seis años desde la resolución definitiva en la vía interna. El argumento de la autora relativo a la inexistencia de asistencia jurídica gratuita en la época no se corresponde con la realidad. El Estado parte hace referencia, en este sentido, a la Ley de enjuiciamiento civil, el artículo 57 del Estatuto General de la Abogacía de 1982, la Ley orgánica del poder judicial en su redacción de 1985 y 1996 y el artículo 119 de la Constitución. El Estado parte concluye que la comunicación debería ser declarada inadmisible en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo.

4.2. El Estado parte hace valer igualmente que los hechos no revelan ninguna violación del Pacto. Es plenamente legítimo y en nada se opone al Pacto que el Estado controle la inmigración ilegal y que, con dicho fin, los miembros de la policía realicen controles de identidad. Así lo prevé la legislación española, concretamente en la época de los hechos, el artículo 72.1 del Reglamento de ejecución de la Ley orgánica Nº 7/1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que obligaba a los extranjeros a llevar consigo el pasaporte o documento sobre cuya base hubieran efectuado su entrada en España y, en su caso, el permiso de residencia, y a exhibirlos cuando fueran requeridos por las autoridades. También la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana y el Decreto sobre el Documento Nacional de Identidad habilitan a las autoridades a realizar controles de identidad y obligan a todos, incluidos los ciudadanos españoles, a exhibir sus documentos de identidad.

4.3. En la actualidad, las personas negras son relativamente raras entre la población española y más aún en 1992. Por otro lado, uno de los orígenes importantes de la inmigración ilegal hacia España es el África subsahariana. Las difíciles condiciones en que en muchas ocasiones se produce la llegada a España de estas personas, no pocas veces víctimas de organizaciones criminales, atrae constantemente la atención de los medios de comunicación. Si se acepta la legitimidad del control de la inmigración ilegal por el Estado parece inevitable admitir que los controles policiales realizados con dicha finalidad, con el debido respeto y con la imprescindible proporcionalidad, pueden tomar en consideración determinadas características físicas o étnicas como razonablemente indiciarias del origen no nacional de la persona que las reúne. Además, en este caso quedó descartado que existiese una orden o instrucción específica de identificar a los individuos de una determinada raza. Adicionalmente, no consta después de 15 años que la autora haya sido objeto de ningún nuevo requerimiento de identificación, lo que resultaría incomprensible si mediara una motivación discriminatoria.

4.4. La identificación de la autora se llevó a cabo de forma respetuosa y en lugar y momento en los cuales es usual que la persona lleve consigo la documentación acreditativa de su identidad. La intervención policial se prolongó únicamente lo imprescindible para efectuar la identificación y se agotó en la constatación de que la autora era española. En definitiva, la identificación de la autora se produjo con la necesaria habilitación legal, en virtud de un criterio razonable y proporcionado y de forma plenamente respetuosa, por lo que no hubo infracción del artículo 26 del Pacto.


  Comentarios de la autora a las observaciones del Estado parte
5.1. Con fecha 17 de diciembre de 2007 la autora reitera que el tiempo transcurrido entre el agotamiento de los recursos internos y la presentación de la comunicación al Comité se debió a dificultades financieras. La ley de 1996 a que se refiere el Estado parte no contempla la posibilidad de obtener asistencia jurídica gratuita en relación con instancias regionales o internacionales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos proporciona este tipo de asistencia a su discreción, y nunca al inicio del procedimiento ante el mismo. Además, cuando el Tribunal Constitucional dictó su sentencia no existían en España organizaciones no gubernamentales conocidas de la autora con la experiencia y el interés necesarios para llevar el caso ante una instancia regional o internacional. Tan pronto como la autora pudo obtener asistencia jurídica gratuita de las organizaciones que la representan ante el Comité decidió presentar su caso ante este.

5.2. La autora está de acuerdo con la afirmación del Estado parte de que el control de la inmigración ilegal es un objetivo legítimo y que los controles policiales de identidad son un método aceptable para conseguir dicho objetivo. Sin embargo, no está de acuerdo con que para ello los agentes policiales utilicen únicamente los rasgos raciales, étnicos y físicos como indicadores del origen no nacional de personas concretas. El Estado parte reconoce en su respuesta que considera el color de la piel no sólo como indicador de nacionalidad no española, sino incluso como indicador de situación ilegal en España. La autora reitera su afirmación de que el color de la piel no puede considerarse como indicativo de la nacionalidad. Seleccionar a un grupo con miras a controlar la inmigración utilizando como criterio el color de la piel constituye discriminación directa, pues equivale a emplear estereotipos raciales en el programa de control de la inmigración. También constituye un trato diferenciado tomar en consideración el color de la piel para afirmar que este grupo de personas podrían ser víctimas de tráfico. Un estudio realizado por la policía española en 2004 concluyó que sólo un 7% de las víctimas de tráfico provenían de África. El Estado parte no ha logrado demostrar que su política de utilizar la raza y el color de la piel como indicadores de situación ilegal es razonable o proporcionada con los objetivos que pretende lograr.

5.3. La autora señala igualmente que la ausencia de intención de discriminar y la conducta cortés por parte del policía que le pidió la documentación no son pertinentes. Lo importante es que su acto fue discriminatorio. La ausencia de elemento repetitivo tampoco es pertinente. Ni el Pacto ni la jurisprudencia del Comité requieren la repetición de un acto para determinar la existencia de discriminación racial.


  Deliberaciones del Comité
 
  Examen de la admisibilidad
6.1. Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si la comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2. Conforme al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.

6.3. El Comité toma nota del argumento del Estado parte de que la comunicación debería considerarse inadmisible por constituir un abuso del derecho a presentar comunicaciones, según lo establecido en el artículo 3 del Protocolo Facultativo, en vista de la demora excesiva en la presentación de la comunicación al Comité, casi seis años desde la fecha de la sentencia en amparo del Tribunal Constitucional. El Comité reitera que el Protocolo Facultativo no establece ningún plazo para la presentación de comunicaciones, y que el período de tiempo que transcurra antes de hacerlo, salvo en casos excepcionales, no constituye en sí mismo un abuso del derecho a presentar una comunicación. En el presente caso, el Comité toma nota de las dificultades de la autora para encontrar asistencia jurídica gratuita y no considera que la demora señalada constituya tal abuso[3].

6.4. La autora afirma que los hechos denunciados constituyen una violación del artículo 12, párrafo 1 del Pacto. El Comité estima que esta alegación no ha sido fundamentada a efectos de la admisibilidad y la considera inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.5. No existiendo otros obstáculos a la admisibilidad el Comité decide que la comunicación es admisible en la medida en que parece plantear cuestiones relacionadas con los artículos 2, párrafo 1 y 26 del Pacto.


NOTAS:
  1. ® Comunicaciones Nos. 1305/2004, Villamón c. España, dictamen aprobado el 31 de octubre de 2006, párr. 6.4, y 1101/2002, Alba Cabriada c. España, dictamen aprobado el 1º de noviembre de 2004, párr. 6.3; 1533/2006, y Zdenek y Ondracka c. la República Checa, dictamen aprobado el 31 de octubre de 2007, párr. 7.3.


  Examen en cuanto al fondo
7.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta la información que le han facilitado las partes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

7.2. El Comité debe decidir si al ser objeto de un control de identidad por parte de la policía la autora fue sometida a discriminación por motivo de raza. El Comité estima que es legítimo efectuar controles de identidad de manera general con fines de protección de la seguridad ciudadana y de prevención del delito o con miras a controlar la inmigración ilegal. Ahora bien, cuando las autoridades efectúan dichos controles las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país. Tampoco deben efectuarse de manera tal que sólo las personas con determinados rasgos físicos o étnicos sean señaladas. Lo contrario no sólo afectaría negativamente la dignidad de las personas afectadas, sino que además contribuiría a la propagación de actitudes xenófobas entre la población en general y sería contradictorio con una política efectiva de lucha contra la discriminación racial.

7.3. La responsabilidad internacional del Estado por violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es de carácter objetivo y puede surgir de la acción u omisión de cualquiera de sus poderes. En el presente caso si bien no parece que existiera en España una orden escrita y expresa de realizar controles policiales de identidad tomando como criterio el color de la piel de las personas, al parecer el agente de policía actuó conforme a dicho criterio, que los tribunales que conocieron del caso consideraron justificado. La responsabilidad del Estado parte está claramente comprometida. Toca al Comité, en consecuencia, decidir si esa actuación es contraria a alguna o algunas disposiciones del Pacto.

7.4. En el presente caso, se infiere del expediente que se trataba de un control de identidad general. La autora afirma que ninguna otra persona a su alrededor fue objeto del mismo y que el policía que la interpeló aludió a sus rasgos físicos para explicar la razón por la que le pidió a ella, y no a otras personas en el entorno, mostrar sus documentos de identidad. Estas alegaciones no fueron desvirtuadas por los órganos administrativos y judiciales ante los que la autora denunció los hechos ni tampoco ante el Comité. En estas circunstancias, el Comité no puede sino concluir que la autora fue individualizada para dicho control de identidad únicamente por razón de sus características raciales y que éstas constituyeron el elemento determinante para sospechar de ella una conducta ilegal. El Comité recuerda asimismo su jurisprudencia de que no toda diferencia de tratamiento constituye discriminación si los criterios de diferenciación son razonables y objetivos y si el objeto que se procura es lícito en virtud del Pacto. En el presente caso el Comité dictamina que no se cumplen los criterios de razonabilidad y objetividad. Además, no se ha ofrecido satisfacción a la autora, por ejemplo, mediante la presentación de excusas como reparación.

8. Sobre la base de lo anterior, el Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 26, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3 del Pacto.

9. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo, incluido un pedido de disculpas público. El Estado parte tiene también la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios incurran en actos como los del presente caso.

10. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide al Estado parte asimismo que publique el Dictamen del Comité.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo el español la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]


Apéndice
 
  Voto particular firmado por el Sr. Krister Thelin y el Sr. Lazhari Bouzid, miembros del Comité (disidente)
La mayoría ha decidido que la comunicación es admisible y la ha examinado en cuanto al fondo.

Estoy respetuosamente en desacuerdo.

El retraso en presentar una comunicación no constituye en sí mismo un abuso del derecho a presentar comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo Facultativo. No obstante, según se puede interpretar la jurisprudencia del Comité, el retraso indebido, no habiendo circunstancias excepcionales, debe hacer que se concluya que la comunicación es inadmisible. En algunos casos el Comité ha considerado que un plazo de más de cinco años constituye un retraso indebido (se hace referencia a los casos pertinentes relativos a la República Checa, incluido Kudrna, y la opinión disidente en Slezak).

En el presente caso la autora ha dejado trascurrir casi seis años antes de presentar su denuncia. Su afirmación de que tuvo dificultad para conseguir asistencia jurídica gratuita no constituye, atendidos todos los hechos del caso, una circunstancia que pueda justificar este retraso indebido. En consecuencia, debe considerarse que la comunicación tardía constituye un abuso del derecho a presentar comunicaciones y, por consiguiente, es inadmisible de conformidad con el artículo 3 del Protocolo Facultativo.

[Firmado]: Sr. Krister Thelin.
[Firmado]: Sr. Lazhari Bouzid.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo el inglés la versión original. Posteriormente se publicará en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]


[email protected]