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El proceso democrático y la restitución del poder civil en Honduras
Autores corporativos:
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (canal; responsable)

Autores personales:
Salomón, Leticia (Autor/a)

   Descripción    Clasificación    Documento   
 Índice:
     A. Condicionantes de las relaciones civiles -militares
     B. La difícil restitución del poder civil
     C. Conclusiones
A. Condicionantes de las relaciones civiles -militares
  1. El Espíritu de Cuerpo..

    Las Fuerzas Armadas hondureñas surgen con sentido profesional en 1954, en un contexto de modernización del Estado que le permitió una mayor y mejor organización plasmada en la ley constitutiva, en la creación del primer batallón de Infantería y en el establecimiento del primer Convenio Militar de ayuda con los Estados Unidos. A partir de ahí, las Fuerzas Armadas van adquiriendo forma como cuerpo colegiado, presentando un mayor grado de centralismo en la toma de decisiones, acentuando el profesionalismo con la creación de escuelas de formación, y consolidando un sentido de unidad que superaba la visión restringida del Ejército y Aviación, únicas ramas existentes en ese entonces. Posteriormente, ya en los años setentas, esta visión se supera con creces, con la creación de la Fuerza Nava! y la Fuerza de Seguridad Pública que completan con aquéllas las cuatro fuerzas que constituyen en la actualidad las Fuerzas Armadas Hondureñas.

    El fortalecimiento profesional se incrementa con la creación de escuelas de formación en las diferentes fuerzas y se complementa con el fortalecimiento institucional emanado de la creación de la Jefatura de las Fuerzas Armadas en 1957 y del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, en 1975. Todo ello va fomentando una especie de corporativismo que, a la vez que acentúa su sentido de pertenencia a un grupo, los segrega de la sociedad, los aleja de la misma e, inclusive, los superpone a ella.

    Esta situación alude a lo que comúnmente se denomina «espíritu de cuerpo» y se expresa en ese sentido de pertenencia a un grupo que se diferencia de los restantes grupos que conforman la sociedad, no sólo por su visión jerárquica y subordinada, su uniforme y su disciplina cuartelaria, sino también por su asociación directa con el poder.

    Esta asociación corporativa con el poder se manifiesta desde los niveles más bajos hasta los más altos de la estructura jerárquica y está directamente vinculada con el monopolio legal del uso de la fuerza: desde el soldado, cabo o sargento que impone «la autoridad» en una comunidad, hasta la alta oficialidad que decide el momento de romper el orden constitucional; que impone la lógica de la seguridad por encima de cualquier lógica, o que asegura los privilegios económicos, políticos y jurídicos de sus compañeros de armas. Este espíritu de cuerpo se fue consolidando conforme se producía el desarrollo institucional de las Fuerzas Armadas y permite comprender, en la actualidad, la prontitud y la naturalidad conque los miembros del cuerpo se protegen entre sí y establecen una coraza de protección frente a las amenazas provenientes del mundo civil.

    Resulta de particular importancia resaltar el hecho de que esa reacción natural que les aglutina y les hace olvidar sus pequeñas o grandes diferencias, se produce hacia todo lo que proviene del mundo exterior al cuerpo castrense, sea de carácter nacional o internacional pero que sea, particularmente, de naturaleza civil. En el fondo, esta reacción refleja una actitud de superioridad, y a veces de desprecio, a todo lo que supone injerencia civil en lo que tradicionalmente se ha definido como espacio de decisión militar, provocando una deformación del significado de la subordinación castrense a la institucionalidad civil.

  2. La Supremacía Castrense.

    Lo explicado anteriormente permite comprender el proceso mediante el cual las Fuerzas Armadas, como institución, fueron colocándose por encima de la sociedad, al grado de substraerse de los conflictos inherentes a individuos y grupos, y adoptado una real o pretendida actitud arbitral, sancionada desde la sociedad civil y desde el sistema político. Este proceso se tradujo en una concentración del poder de decisión sobre asuntos que escapaban a la competencia militar e invadían un espacio de decisión que debía ser privativo de los civiles.

    En este sentido, la supremacía castrense podía apreciarse desde una doble perspectiva: desde el control directo o indirecto del aparato administrativo del Estado o de instituciones claves dentro del mismo, y desde la superioridad conque la militares manejaron las relaciones con los civiles. La primera perspectiva se expresa a través de los clásicos golpes de Estado y cambios de gobierno del pasado autoritario -1956, 1972, 1975 y 1978- o del ejercicio de gobiernos civiles con fuerte presencia política de la institución castrense -p.e. Ramón Ernesto Cruz (1971-1972), Roberto Suazo Córdova (1982-1986) y José Azcona Hoyo (1986- 1990)-. También se expresa a través del control de ciertas instituciones señaladas como estratégicas en materia de seguridad, argumento que fue perdiendo validez conforme se reafirmaba la distensión en el contexto regional e internacional -HONDUTEL, Marina Mercante, Migración, Instituto Geodésico, etc.

    La segunda perspectiva tiene que ver con la capacidad de sanción auto-atribuida por los militares o atribuida a ellos por los mismos civiles. Resulta importante destacar el control absoluto de la policía por parte de los militares durante más de treinta años y, como complemento, la inexistencia de una policía de investigación, dependiente del poder Judicial, que le permitiera realizar sus propias investigaciones y ejecutar directamente sus órdenes. En el fondo, se evidenciaba un menosprecio a lo civil, particularmente a lo que tiene que ver con los actores políticos los cuales poseen una visión cortoplacista -la conquista del poder político- la cual se contrapone con la visión de trascendencia y permanencia que poseen los militares.

    Esta situación hizo que las Fuerzas Armadas y dentro de ellas la Fuerza policial, aparecieran con una superioridad evidente ante el poder Judicial el cual lucía frágil, y particularmente vulnerable, ante la voluntad política de la superioridad castrense. Los militares fueron desarrollando una serie de prerrogativas que les volvía intocables ante los mecanismos civiles de sanción. De ahí que se ubicaron, de hecho, por encima de los civiles en cualquier conflicto de tránsito, civil o contencioso en que se vieron involucrados. En todo caso, lo militar iba asociado directamente con el poder y éste con una estructura de jerarquía y subordinación en la que los civiles, como actores políticos o sociales, se encontraban en los niveles más bajos de la distribución.

    La supremacía castrense adquirió carta de prepotencia con la vigencia del fuero militar por encima del fuero común. El fuero militar, instituido como un fuero para faltas estrictamente militares, se convirtió en decisión política desde el momento en que substrajo del ámbito judicial los casos de delitos comunes en que se vieron involucrados los militares, ratificando con ello una superioridad que atentaba contra la uniformidad y la igualdad con que debía ser aplicada la justicia. Al mismo tiempo, puso en evidencia la fragilidad de la institucionalidad civil para corregir los errores y restituir al poder Judicial el espacio que le había sido arrebatado.

  3. La Debilidad Civil.

    La supremacía castrense en el ámbito político y social va asociada a la vigencia de una cultura autoritaria que trasciende el espacio militar e invade el espacio civil, internalizándose de tal manera en la conciencia colectiva, que levanta un muro de contención a los intentos expansivos de una cultura democrática que aspire a transformar los ejes fundamentales de las tradicionales relaciones cívico-militares. Esto significa que la supremacía castrense tiene su contraparte en la debilidad civil para establecer o modificar las reglas del juego político. No se trata de afirmar, simplemente, que los militares se adueñaron del poder, sino de establecer que lo hicieron porque los civiles se lo permitieron, como producto de una debilidad que es expresión de un claro sentido de la comodidad o del oportunismo, pero que expresa, en última instancia, un sentido atrofiado de la cultura política.

    La ubicación de las Fuerzas Armadas como centro del poder político desde 1963, hizo que los políticos criollos trataran de granjearse su simpatía por diversos medios para asegurar su continuidad en el ejercicio del poder. Los nacionalistas primero, y los liberales después, buscaron el oído castrense y su sombra protectora para lograr sus pequeñas ambiciones. Pero también se hicieron los disimulados ante los excesos de su conducta personal e institucional y consintieron, si no es que propiciaron, una Intromisión militar en asuntos privativos de los civiles. De ahí que uno de los retos más importantes de la construcción democrática que se está realizando en el país, sea la recuperación de espacios para el restablecimiento de la supremacía civil, y la eliminación de vestigios autoritarios en el escenario político y social.

    Ante este fenómeno, la sociedad civil, como expresión organizada de la sociedad en su conjunto, presenta, pese a su debilidad manifiesta, una capacidad de readecuación mayor que la del sistema político el cual luce anquilosado, pese a las iniciativas autónomas planteadas desde los poderes Legislativo y Judicial, en la fase de construcción democrática que se produce con el inicio de la presente década.

    Esta debilidad civil se expresa en vacilación, indiferencia, disimulo e incapacidad para enfrentar problemas de competencia; indecisión, temor o evasión para solucionar conflictos cívico-militares; dilatoria, obstrucción y parsimonia en atender reclamos de la sociedad civil, etc., y se convierte en un verdadero obstáculo para la democratización del régimen político, porque permite la proliferación de grietas por donde se perpetúa la supremacía castrense. Esta debilidad se expresa también como complicidad de socio menor y subordinado, optando por el silencio cómodo o por la complicación jurídica para evitar la toma de decisiones.

    Resulta importante destacar que estas características son más evidentes en los funcionarios estatales y en los políticos de "profesión que en la sociedad civil, la cual se muestra más dispuesta a trascender la comodidad del orden tradicional y a exigir mayor decisión política de los civiles para enfrentar el reto de la superioridad castrense.

  4. La Impunidad Militar.

    La imbricación de los elementos considerados hasta ahora: espíritu de cuerpo, supremacía castrense y debilidad civil, propició el fortalecimiento de la impunidad como forma de conducta cotidiana entre los miembros de la institución castrense. Impunidad significa ausencia de castigo al que ha cometido un delito; tiene básicamente una connotación jurídica pero incluye, además, una connotación social e individual que viene a complementar el significado de aquélla.

    La connotación jurídica se expresa en los subterfugios que se utilizan para evitar que los tribunales respectivos castiguen a los culpables. En lo que respecta a la impunidad militar, hace referencia a la forma en que los militares involucrados en delitos contra civiles, han evadido los tribunales comunes, amparándose en tribunales militares para minimizar o eliminar el castigo que les corresponde. Esta es una tradición dentro de la estructura castrense, tradición que involucra, particularmente, a altos oficiales, y se expresa en varios hechos que conmovieron a la opinión pública nacional, al comenzar la década de los noventas, tales como la masacre de campesinos en la finca de un militar terrateniente, el asesinato múltiple de varios civiles en una discoteca por parte de militares en estado de ebriedad, la invalidez de un joven al recibir un disparo por parte de un coronel, también en estado de ebriedad, y el caso de Riccy Mabel, la normalista violada y asesinada por uno o más militares el 15 de julio de 1991. La impunidad jurídica y la superposición del fuero militar por encima del fuero común hicieron que los militares, a nivel individual e institucional, intentaran evadir la aplicación de la Ley. En muchos casos lo lograron pero, en otros, y por primera vez en la historia jurídica del país, se vieron obligados a someterse a la jurisdicción civil, recibiendo su correspondiente castigo.

    La connotación social de la impunidad viene dada por un proceso de deterioro ético que conduce a la sociedad a aceptar como normal la existencia de delincuentes sin castigo. Esta connotación va de la mano con la connotación particular que hace que el individuo crea que tiene derecho a cometer cualquier delito y a no recibir castigo por ello. Esto último está directamente relacionado con la práctica castrense: en forma individual, colectiva o institucional, y en aras del espíritu de cuerpo del que habláramos inicialmente, los militares sienten la necesidad de protegerse ante las amenazas que emanen de la institucionalidad civil contra cualquiera de sus miembros, y fácilmente disculpan sus delitos y consienten su impunidad.

    La generalización de esta práctica produce, inicialmente, un consentimiento social basado en el temor, la frustración o la desconfianza que provocan las instituciones encargadas de castigar a los culpables. Esta situación tiende a ser superada cuando se evidencian acciones de protesta y de presión desde la sociedad civil; entonces se rompe con la pasividad y se demanda del Estado respuestas oportunas y adecuadas. El caso de la normalista asesinada, más que otros, puso sobre el tapete de las exigencias, entre otras cosas, el fin de la impunidad castrense.

  5. El Contexto Internacional.

    La finalización de la guerra fría y el viraje de la crisis centroamericana vinieron a establecer nuevos y verdaderos retos para la sociedad civil y el sistema político hondureño. Tales fenómenos provocaron una nueva fase en la transición democrática que se estaba viviendo desde principios de la década pasada, propiciando una etapa de construcción democrática que fuera más allá de los procesos electorales que sustituyeron a los militares por civiles en la conducción burocrático-administrativa del Estado.

    Esta fase coloca como eje central la modificación de las tradicionales relaciones civiles-militares y su sustitución por otras que restituyan a los civiles los espacios de decisión cedidos a los militares, o invadidos por estos, en un proceso que supone reducción del poder militar y fortalecimiento del poder civil. Es indudable que un fenómeno que se consolidó a lo largo de casi treinta años, difícilmente se modifica de la noche a la mañana: igualmente difícil es para militares y civiles aprender a vivir en democracia, en una democracia despojada de las deformaciones ideológicas y cimentada en el debate, pluralismo, tolerancia y respeto.

    Para los militares significa redefinir su rol en la sociedad, reencontrarse con ésta en un plano de respeto y tolerancia, y asimilar el derrumbe del mundo bipolar en el que fueron educados, entrenados y deformados. Para los civiles, como actores políticos y sociales, significa aprender el significado de esa palabra, asimilarlo, ponerlo en práctica y darse cuenta que es el momento de modificar las relaciones y transformar su tradicional visión simplista y cómoda del poder.

    Para los militares hondureños, estas variaciones del contexto regional e internacional suponen una burla a lo que fueron, al papel que desempeñaron y al prestigio que se jugaron. El enf rentamiento con la sociedad, estimulado por la vigencia de la guerra fría los aisló de la sociedad, les resquebrajó su imagen y les sumergió en una profunda soledad: quedaron sin enemigos pero tampoco sin amigos, sobre todo, sin el principal socio y amigo de la década de la seguridad, los Estados Unidos. Este país, al desaparecer la Unión soviética y derrumbarse el socialismo, propugna por la reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas -en presupuesto y efectivos-, por la eliminación de su intervención en política, por la pureza en la impartición de justicia y por el incremento del control civil sobre los militares; exactamente lo contrario de lo que hicieron durante la vigencia de la guerra fría.


B. La difícil restitución del poder civil
La construcción de la democracia supone una nueva articulación de las relaciones entre los diferentes poderes del Estado y las Fuerzas Armadas. En el autoritarismo dicha relación se definió en favor de los militares, produciéndose una subordinación de la institucionalidad civil y la consecuente restricción de espacios. Se producía una separación tajante entre el ámbito de acción civil y el ámbito de acción militar, admitiendo y consintiendo la existencia de un poder paralelo que se volvía incuestionable.

De esta manera, los actores políticos convertidos en funcionarios, circunscribían su radio de acción al espacio político al que los reducían los militares, y asumían con disciplina cuartelada el rol pasivo que les asignaba el contexto nacional e internacional. Se producía de esta manera una deformación de la cultura política, la cual les llevaba a justificar el papel arbitral de las Fuerzas Armadas y su rol de guardián de las instituciones democráticas. Esto supuso deformaciones profundas en la relación de la institución armada con cada uno de los poderes del Estado: con el Legislativo, negaban su esencia deliberativa en los temas de incumbencia militar (elección del Jefe de las Fuerzas Armadas, ascensos de oficiales, presupuesto, número de efectivos, etc.); con el Judicial, negaban su facultad de impartir justicia anteponiendo el fuero militar al fuero civil, en procesos que involucraban a los civiles como víctimas; y con el Ejecutivo, obligándolo a acatar las decisiones militares y haciéndolo cómplice de sus excesos.

Este fenómeno de subordinación se evidenció con bastante claridad en la primera fase de la transición, la década de los ochentas, e incluyó a los dos primeros gobiernos «democráticos», el de Roberto,Suazo Córdova (1982-1986) y el de José Azcona Hoyo (1986-1990), ambos de filiación partidista liberal. En la segunda fase, la de construcción democrática propiamente tai, que se inicia con la década de los noventas, e incluye a los gobiernos del nacionalista Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) y del liberal Carlos Roberto Reina (1994-1998), se empieza a evidenciar un proceso lento pero creciente de cambios.

Dada la tradición autoritaria del proceso político hondureño, este proceso de cambios presenta verdaderos altibajos que permiten la combinación de optimismo y pesimismo en cada coyuntura, lo cual provoca sacudidas en el escenario político y obliga a los diversos actores a modificar la lógica de las relaciones entre civiles y militares.

Lo anterior se evidencia cuando se enfrenta la lógica de los actores más tradicionales (políticos, sociales, militares) con la lógica modernizante del contexto internacional, lo cual les impulsa a ser muy dinámicos en algunas decisiones y muy conservadores en otras. Esto es un indicador de las dificultades de construir una cultura democrática en un contexto saturado de vestigios autoritarios que asoman con gran facilidad en los momentos más decisivos. Todos estos elementos nos permiten pensar que, en la transición, los actores políticos actúan empujados por los acontecimientos más que convencidos de su necesidad; de ahí lanaturaleza contradictoria de algunas decisiones importantes en los diversos poderes del Estado.

  1. La Situación en el Gobierno Callejas (1990-1994).

    Este gobierno coincide con la distensión internacional y regional producidos por la finalización de la guerra fría y el viraje de la crisis centroamericana. En este sentido, a la contradicción entre el carácter modernizante del presidente y la naturaleza conservadora del partido que lo llevó al poder (el partido Nacional), se le suma la contradicción entre la naturaleza conservadora de las relaciones civiles-militares y la naturaleza dinámica y cambiante del contexto internacional.

    Estas contradicciones se observan también en el seno del Congreso Nacional en el cual se presenta un verdadero espectro político que combina los deseos de incorporar cambios, con la presión social para que se realicen, la presión militar para que no se produzcan y la intervención presidencial para moderarlos.

    En este sentido, podemos observar una gran dinámica de iniciativas y cambios en el primer año de gobierno, 1990; menos aunque focalizados en el segundo, mucho menos en el tercero y bastantes en el cuarto, dependiendo de la articulación de varios elementos que permitían el avance, y de otros que favorecían el estancamiento o el retroceso.

    La euforia de los cambios en el contexto internacional permitió que muchos diputados al Congreso Nacional, sin distingo de partidos políticos, plantearan, de manera individual, iniciativas de transformación de las relaciones civiles-militares. Tales iniciativas fueron neutralizadas y/o sofocadas por varios elementos que actuaron como dique de contención al entusiasmo legislativo por los cambios en las relaciones civiles-militares. Tales elementos son los siguientes:

    • El peso de la maquinaria político-partidaria que obliga a los diputados a acatar decisiones de partido en el seno de la cámara Legislativa.
    • La tradicional subordinación del poder Legislativo a la jerarquía castrense, lo que les obliga a adoptar una actitud pasiva-y hasta obsequiosa- ante la demanda de cambios del contexto nacional e internacional.
    • El peso de la cultura autoritaria que induce a lo diputados a hacer concesiones a los militares pese a que su poderío se veía menguado y su presencia política lucía bastante deteriorada. Es el clásico caso de internalización de la cultura autoritaria que conduce a asumir como propios los valores de otros actores con los cuales se ha coincidido en el pasado.
    • La notable influencia del Ejecutivo sobre su propia bancada en el Congreso, lo cual contribuye a mediatizar, neutralizar o boicotear cualquier iniciativa que no encaje con la política oficial, particularmente si proviene de la oposición.
    • El oportunismo político y el manejo de las relaciones que hacen algunos diputados respecto a su futuro político. Este elemento tiene un peso negativo en la medida en que temas importantes de debate legislativo se excluyen de la agenda por la voluntad de los que controlan el poder Legislativo; pero tiene también un aspecto positivo, en la medida en que la presión social los empuja a tomar decisiones importantes en función del dividendo político.


    Podemos decir que las relaciones civiles-militares durante el gobierno Callejas, se definieron en torno a ocho ejes centrales:

    • Presupuesto
    • Postas Policiales
    • Servicio Militar Voluntario
    • Reducción de las Fuerzas Armadas
    • Desaparición de la Jefatura de las FF.AA
    • Elección del Jefe de las FF.AA.
    • Ascensos Militares
    • Reelección del Jefe de las FF.AA.


    1. El Presupuesto.

      El primer tema que entusiasmó a los diputados fue el relativo a la disminución del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Por todos es conocido el incremento acelerado del presupuesto militar a lo largo de la década pasada; la crisis centroamericana permitió a los militares utilizar el recurso de la amenaza externa para fortalecer su capacidad defensiva y ofensiva y lograr la aprobación de partidas globales en el Congreso Nacional, aduciendo razones de seguridad para no presentarlas con detalle.

      La situación llegó a tal extremo que ni los mismos integrantes del Congreso nacional sabían la cantidad exacta del presupuesto. Se manejaban cantidades diferentes al respecto: 150 millones de Lempiras según las Fuerzas Armadas; 247 millones, según el Ministerio de Hacienda; L. 500 millones según Diario Tiempo y US$ 100 millones según el Departamento de Estado.

      Es importante destacar la persistente actitud del presidente Callejas y del Ministro de Hacienda, Benjamín Villanueva, en negarse a afectar el presupuesto militar; los militares no tenían que hacer esfuerzos en ese sentido porque ambos preferían afectar los presupuestos de salud y educación antes que afectar el de las Fuerzas Armadas, Con esta actitud el presidente trataba de quedar bien con los militares, salvando su responsabilidad en las presiones que desde adentro y afuera del país se producían para conseguir la reducción.

    2. Postas Policiales.

      Las postas o puestos militares de control ubicados en las carreteras que conducen o vienen de las fronteras terrestres, fueron objeto de denuncias constantes porque se habían convertido en verdaderos puntos de asalto a los ciudadanos que transitaban entre un país y otro. Al plantearse y aprobarse la moción de su eliminación en el Congreso, luego de un evidente consenso al respecto, las Fuerzas Armadas se negaron a acatar tal disposición alegando que tales puestos servían para combatir la delincuencia común, el trasiego de armas y el narcotráfico.

      Pese a los esfuerzos que se hicieron desde el Congreso para comunicarles a los militares una decisión que estaban obligados a acatar, no se produjo ningún avance en ese sentido, viéndose obligados los congresistas a nombrar una Comisión para ir a negociar con los militares. Esto es un indicador de las deformadas relaciones entre civiles y militares al iniciarse la segunda fase de la transición. Los militares subestimaban, minimizaban y despreciaban al sector civil al cual no le daban categoría de interlocutor y mucho menos de un ente superior que se ubicaba por encima de ellos.

      Esta situación no se originaba exclusivamente en los militares. Los mismos actores políticos se desvalorizaban constantemente frente a los militares en tantos años de autoritarismo y de golpes de estado cuya sustentación política provenía de los mismos partidos que ahora, en la democracia, pretendían indicarles lo que tenían que hacer.

    3. El Servici o Milita r Voluntario.

      El primer intento de abolir el servicio militar obligatorio se produce en mayo de 1990 con una moción presentada por el diputado liberal Gustavo Alfaro. La lógica era muy simple: si con la crisis centroamericana las Fuerzas Armadas se habían sobredimensionado en todo, pero particularmente en número de efectivos, al finalizar la misma y concluir la guerra fría, se planteaba la necesidad de que se redujeran y volvieran a su estado original.

      El planteamiento de reducción, que recogía largas y sostenidas demandas de padres y madres de familia, se fundamentaba también en el grado de salvajismo y brutalidad conque los militares reclutaban a los jóvenes para la prestación del servicio militar sin importar que estuviera estudiando o que fuera hijo único.

      La reacción no se hizo esperar: los militares amenazaron («no acorralen al tigre»), algunos diputados protestaron, otros manifestaron su desacuerdo, los caricaturistas se dieron gusto y el presidente intentó conciliar los extremos. Lo positivo de este primer intento fue la resolución de suspender el servicio militar hasta llegar a un acuerdo sobre la forma de reclutar (los militares reconocieron que se habían excedido); otro elemento positivo, por la falta de costumbre, fue la decisión de nombrar una Comisión constituida por representantes del Congreso, Ministerios de Gobernación y Educación y Fuerzas Armadas, para proponer una salida.

      La situación llegó al extremo que, en el Congreso, se vieron obligados a suspender el reclutamiento mientras durara el proceso electoral de 1993 y mientras se terminaba de elaborar una propuesta alternativa. El tema del servicio militar provocó tal impacto movilizador que, por primera vez en la historia política del país, los candidatos presidenciales de todos los partidos contendientes, utilizaron la eliminación del mismo como una promesa de campaña.

    4. La Reducción de las Fuerzas Armadas.

      La reducción del presupuesto y la eliminación del servicio militar obligatorio, condujo, necesariamente, a la necesidad de plantear la reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas. Plantear esa posibilidad provocaba una reacción adversa en las fuerzas Armadas, las cuales acudían a enemigos inimaginables para sustentar su existencia. La puesta del tema en la agenda pública coincidía plenamente con la política norteamericana de reducir los militares y aumentar los policías, política que era estimulada, también, por los organismos financieros internacionales.

      Esta puesta en agenda del tema de la reducción, hizo que se descubriera un artículo de la Constitución en el que se indica que corresponde al Congreso nacional establecer el número adecuado de integrantes del cuerpo armado, incluyendo el número de oficiales. Una decisión como ésta, luego de tantos años de sometimiento civil a los deseos militares, no podía tomarse tan rápidamente, razón por la cual el tema fue perdiendo fuerza y reduciéndose a cuestiones puntuales como lo del presupuesto y lo del servicio militar, los cuales gravitaron en la agenda legislativa durante los cuatro años del gobierno Callejas.

    5. L a Jefatura de la s Fuerzas Armadas.

      La creación de la figura de Jefe de Estado en la Constitución de 1957, dio paso a la autonomía de la institución armada y su fortalecimiento permitió la consolidación del poder militar por encima del poder civil. De ahí que muchas voces se hayan pronunciado por la eliminación de este cargo como requisito indispensable de la modificación de las relaciones civiles-militares.

      El Partido Innovación Nacional y Unidad (PINU) fue el primero en proponer la idea en el seno de la Cámara Legislativa. Pese a que la idea no fue discutida por los congresistas, se mantuvo en la agenda pública lo que condujo a las Fuerzas Armadas a pronunciarse en contra de la propuesta. Más adelante la idea experimentó algunos cambios, encaminados a concentrar las mismas funciones en el Ministro de Defensa, destacándose la necesidad de que fuera el presidente de la República el que nombrara al Jefe de las Fuerzas Armadas en lugar del Congreso Nacional.

      Esta idea, que logró entusiasmar hasta el mismo presidente, se neutralizaba en la práctica ya que el mandatario no posee la libertad de elegir a su Ministro de Defensa, si no es de una terna que le presenta el mismo Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, y, además, el Ministro continuaría siendo un militar. No obstante, la idea no prosperó y más bien evidenció ciertas contradicciones al interior de la institución armada al conocerse que la oficialidad rechazaba esta posibilidad pese a que -o quizás gracias a que- el Jefe de las Fuerzas Armadas, buscando continuar en el poder una vez finalizado su mandato, aspiraba a ser el primer Ministro de Defensa con las nuevas características.

      Una verdadera transformación en las relaciones civiles-militares se produciría al eliminarse el cargo, revitalizar el Ministerio de Defensa y nombrar a un civil al frente del mismo. Pero las condiciones no eran propicias para avanzar tanto en materia de restitución del poder civil, y habla que esperar el momento propicio para que la idea se concretara.

    6. La Elección del «Jefe de las Fuerzas Armadas.

      La Constitución de la República establece que el Jefe de las Fuerzas Armadas será electo por el Congreso Nacional de una terna presentada por el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. La tradición establece que los diputados eligen al primero de la lista porque es el favorito de los militares, sin que el tema haya sido debatido en el seno del Congreso.

      La ausencia de deliberación en este tema, ha permitido que la Cámara Legislativa funcione, de hecho, como un organismo que legaliza las decisiones adoptadas por los militares. Esto ha provocado que los militares hayan realizado golpes de mano encaminados a derrocar a los Jefes de las Fuerzas Armadas que ya no gozan de sus simpatías, sin que los Congresistas consideren que se violan las funciones propias.

      Esto fue lo que ocurrió el 10 de diciembre de 1991, cuando fue derrocado el General Arnulfo Cantarero López (1990) y sustituido por el General José Discua Elvir, el cual se desempeñaría como Jefe de las Fuerzas Armadas hasta concluir el período para el cual fuera electo el General Cantarero; es decir, hasta el mes de enero de 1993.

      La elección del General Discua enmedio de las denuncias de la misma esposa del General Cantarero en las que advertía al Congreso que lo ocurrido no era una renuncia sino una destitución, fue la evidencia más grande de lafragilidad de la institucionalidad civil para enfrentar los problemas militares. El mismo presidente del Congreso, Rodolfo Irías Navas, del gobernante partido Nacional, declaró públicamente que era partidario de elegir al primero de la lista («esta costumbre no tiene por qué cambiarse») y de respetar las decisiones del COSUFFAA, de la misma manera en que ellos respetan al poder civil y se subordinan a él (T:6/XII/90).

      Implícitamente, el presidente del Congreso reconocía la existencia de dos poderes paralelos, el de la institucionalidad civil, en este caso el del Congreso, y el de las Fuerzas armadas. Con este criterio, difícilmente se podía alterar la naturaleza de las relaciones civiles-militares.

    7. Los Ascensos Militares.

      Este es otro elemento que permite medir el nivel de las relaciones civiles-militares. Cada año, el Consejo Superior remite al Congreso la lista de oficiales que aspiran a ser ascendidos y, por tradición, los diputados aprueban la misma sin cuestionarla y sin conocer siquiera el curriculum de cada aspirante. En este aspecto se mantuvo la tradición legislativa aunque se incrementó el número de diputados descontentos con esa práctica.

      Podemos afirmar que en este gobierno la práctica llegó a los extremos porque ascendieron militares cuestionados por violación a los derechos humanos. Fue el caso del Mayor Juan Blas Salazar en 1991 y del Teniente-Coronel Alexander Hernández en 1992. La única diferencia con ascensos anteriores es que esta vez lo hicieron con extrema discreción y guardando todas las medidas del caso para que no trascendiera a la opinión pública antes de ser ascendidos. Los diputados, por su parte, siguieron fieles a la tradición de no ser deliberantes en lo que respecta al tema militar.

    8. La Reelección del Jefe de las FF.AA.

      Al acercarse el término del período que correspondía al General Cantarero, en enero de 1993, el General Discua realizó todas las acciones para buscar una reelección que a todas luces era ilegal por existir una prohibición en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas en el sentido de que no podía ser Jefe de las FF.AA aquél que hubiera fungido como tal la mitad de un período.

      Esta disposición fue introducida en la Ley Constitutiva que se emitió en enero de 1975 con el propósito de frenar el caudillismo y el control prolongado en las Fuerzas Armadas. Pese a ello, el General Discua consiguió que el Congreso Nacional aprobara la reforma a la Ley Constitutiva para permitirle a él seguir siendo jefe de la institución armada. Para llegar a esto, el General intentó hasta la posibilidad de modificar la Constitución de la República, cosa que no le beneficiaba porque debía ser ratificada en la siguiente Legislatura, cuando ya hubieran electo al nuevo jefe de la institución.

      La reelección del General Discua el 29 de septiembre de 1992, constituye una prueba fehaciente de los extremos a los que puede llegar la subordinación de uno de los poderes del Estado llamado a velar por la supremacía de la institucionalidad civil.


  2. La Situación en el Gobierno Reina (1994-1998).

    Al asumir la presidencia el actual presidente Carlos Roberto Reina, en enero de 1994, debía ejecutar algunas disposiciones legislativas aprobadas como resultado de la acción de la Comisión Ad- Hoc, nombrada el año anterior, para analizar y hacer planteamientos sobre la violencia y delincuencia, y sobre el rol de la Policía. Al respecto, se aprobó la desaparición de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la cual estuvo bajo control policial-militar y bajo fuertes acusaciones de violación a los derechos humanos; se acordó la creación de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), bajo competencia civil, y el nombramiento de una Comisión para que dictaminara sobre el futuro de la Fuerza de Seguridad Pública, la cual seguía constituyendo una rama de las Fuerzas Armadas; de igual manera, se creó la figura de la Fiscalía General dentro del Ministerio Público, a la cual estaría subordinada la DIC.

    En este contexto se comienza a estructurar la nueva institución estatal (la Fiscalía General) y, alrededor de ella, el surgimiento de la policía de investigación, la primera después de treinta años de control policial absoluto por parte de las Fuerzas Armadas. Paralelo a ello se produce el reclamo y la presión de la sociedad civil por el cumplimiento de la promesa de campaña orientada a sustituir el servicio militar obligatorio por un servicio voluntario y educativo.

    Como consecuencia de lo anterior, se nombra al primer Fiscal General a mediados de 1994 y entra en funcionamiento la DIC en enero de 1995; antes del uno de mayo de 1994 queda abolido el servicio militar obligatorio por enmienda constitucional ratificada en 1995 y, en ese mismo año, se crea la Policía Nacional de carácter civil, en sustitución de la Fuerza de Seguridad Pública, decisión que se espera sea ratificada al finalizar 1996, porque se trata también de una enmienda constitucional.

    Además de lo relativo al servicio militar y la restitución del control civil sobre toda la Policía, el nuevo gobierno surgía con dos grandes retos en materia de relaciones civiles-militares: la desmilitarización de las instituciones estatales controladas por militares, y la eliminación de la impunidad militar en torno a los desaparecidos de la década pasada.

    Con respecto al primero, el gobierno sustituyó a los militares por civiles en la dirección de instituciones como HONDUTEL, Migración, Marina Mercante e Instituto Geográfico Nacional, dando inició a un proceso de lenta pero creciente reafirmación del poder civil en estas instituciones. Lo anterior significó una fuerte reducción del poderío militar, particularmente por la eliminación de los beneficios institucionales e individuales derivados de un control absoluto y arbitrario de las finanzas de estas instituciones.

    En relación al segundo, los grupos defensores de los derechos humanos y de los familiares de detenidos-desaparecidos (CODEH, Comisionado de los Derechos Humanos, COFADEH), exigían cada vez con mayor fuerza, la realización de procesos judiciales contra varios oficiales acusados de violación a los derechos humanos. Esto se tradujo en órdenes de captura contra varios oficiales y puso en evidencia la velada protección institucional a los implicados, al negarse a presentarse a los tribunales civiles; se evidenciaron también las negociaciones entre la cúpula del poder Ejecutivo y el poder Judicial con las Fuerzas Armadas para arreglar condiciones favorables a la entrega, lo cual fracasó por la resistencia de un juez departamental a aceptar disposiciones de los magistrados de la Corte, las cuales se ubicaban por encima de la Constitución de la República. Por primera vez aparecieron militares implicados ante las cámaras televisivas dando explicaciones y pidiendo perdón a los familiares de los desaparecidos.

    Todo lo anterior se conjuga para presentar a unas Fuerzas Armadas reducidas a una actitud defensiva, con escaso poder de influencia y con ninguna capacidad de intimidación. La situación se vuelve más difícil dado el proceso de reducción real que han experimentado en número de efectivos y presupuesto, y la amenaza de quedarse vacíos una vez que sean dados de baja los muchachos que fueron reclutados mediante sorteo público hace dos años. Esto va paralelo a la insistencia militar en que el servicio voluntario sólo es posible con un fuerte incremento presupuestario, para cubrir el salario mínimo de los aspirantes a ingresar a la institución armada; y la resistencia gubernamental a aprobar incrementos presupuestarios al ramo castrense, aduciendo que no poseen disponibilidad financiera.

    Esta situación de crisis enfrentada por las Fuerzas Armadas va asociada a la percepción civil creciente de que ya no son necesarias para la vida institucional democrática. Por ello, se muestran muy anuentes a salir de los cuarteles y realizar operativos conjuntos con la Policía para frenar el incremento de la violencia y la delincuencia en el país, con lo cual adquieren legitimidad frente a una ciudadanía ávida de garantías a su seguridad.

    Resulta interesante descubrir los fuertes remanentes autoritarios en algunos exponentes de la clase política del país, los cuales no parecen darse cuenta de los grandes cambios que se producen en el mundo. Con motivo de las elecciones internas del pasado uno de diciembre, uno de los precandidatos del partido Nacional, el señor Elias Asfura, al igual que otros candidatos a puestos menores, insistieron en la vieja tradición política de acudir a los militares para «poner orden» en los procesos políticos. De la misma manera, la virtual candidata a la presidencia por ese mismo partido, la señora Nora de Melgar, afirmó públicamente su disposición a apoyar a lainstitución armada porque es la institución que nos defiende de las amenazas externas.


C. Conclusiones
La transición a la democracia, iniciada en Honduras en 1980, con la realización de procesos electorales que sustituirían a militares por civiles en la conducción del aparato burocrático-administrativo del Estado, entró en una fase más dinámica en la década de los noventa, lo cual nos permite afirmar que se está produciendo un proceso político y cultural de construcción de la democracia.

La construcción de la democracia parte de importantes modificaciones en el ámbito de las relaciones civiles-militares, lo cual nos remite a un proceso de recuperación de espacios controlados por militares en el pasado autoritario; también a una redefinición institucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y a la estructuración de nuevos ejes de la relación entre Fuerzas Armadas y Sociedad. Todo ello implica una redefinición de los roles de los diferentes actores estatales, políticos y sociales, con miras a enfrentar de mejor manera los retos que enfrenta la democracia. En el trasfondo subyace la preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y democracia: éste, por supuesto, no es solamente un problema de los militares; es también un problema de los civiles, los cuales, desde el Estado, desde la sociedad civil o desde los partidos políticos, deben asumir con claridad y responsabilidad el rol protagónico que les confiere la democracia.

Lo anterior implica conocimiento y reflexión sobre los retos de los nuevos tiempos, de cara al inicio de un nuevo siglo. Esto requiere conocimiento de la agenda internacional y de la agenda social para la elaboración de una agenda política congruente con la etapa de cambios que se vive. Todo ello requiere una verdadera transformación de la cultura política, una nueva manera de relacionarse con los otros actores, un nuevo discurso y un gran sentido de responsabilidad. Solamente así se plasmara en realidad la necesidad y la ilusión de reconstruir el poder civil en un proceso democrático que exige pluralismo, tolerancia, debate y respeto.


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