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Derecho internacional público: La solución pacífica de las controversias internacionales
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Plataforma 2015 y más (canal)

Autores personales:
Muhiar, Hanady (Autor/a)

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 Índice:
     1. Las controversias internacionales.
     2. Los procedimientos jurisdiccionales de arreglo (I): el arbitraje.
     3. Los procedimientos jurisdiccionales de arreglo (I): el arreglo judicial.
1. Las controversias internacionales.
La Sociedad Internacional en la que vivimos se caracteriza principalmente por su heterogeneidad y diversidad. Además vivimos en una sociedad interdependiente, y que está en continuo cambio. Como consecuencia, se producen conflictos sociales que la sociedad internacional tiene que asimilar.

La noción de conflicto expresa lo que se han denominado relaciones sociales negativas. Esto es, aquellas relaciones en las que las partes se hayan en oposición respecto a ciertos bienes o intereses. Se puede decir, que surge un conflicto cuando surge una oposición de pretensiones, suficientemente exteriorizada que es susceptible de poner en peligro la paz social.

En el caso de los conflictos internacionales el antagonismo de intereses se produce, mayoritariamente, entre dos o más Estados. El rasgo que le hace distintivo es el carácter colectivo, ya que enfrentará a varias comunidades humanas.

Pero debido a que nos encontramos en una sociedad en continuo cambio, nos vamos a encontrar que el Derecho no se va a adecuar a los continuos cambios implícitos a la sociedad internacional.

Normalmente, las situaciones de hecho van por delante de las situaciones de derecho. De este modo, el Derecho se limita a señalar límites cuya trasgresión se considera jurídicamente inaceptable. Así el Derecho internacional establece dos normas de obligado cumplimiento:

  • los Estados tienen el deber de arreglo pacífico de las controversias internacionales y,
  • los Estados se abstendrán en el arreglo de sus controversias de la amenaza o el uso de la fuerza.


La Carta de Naciones Unidas enuncia entre los propósitos de la Organización mantener la paz y seguridad internacionales (art. 1, párrafo 1), y con tal fin :

  • tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y
  • lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y el Derecho Internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.


Así establece:
Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y seguridad internacionales, ni la justicia, (art. 2, párrafos 3_ y 4_).
Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de Naciones Unidas, (art. 2, p. 4_).


La Carta de Naciones Unidas, no sólo formula la obligación del arreglo pacífico de las controversias internacionales, sino que dedica todo un capítulo (Cap. VI, Art. 33 a 38) al arreglo pacífico de las controversias internacionales.

La regulación de los procedimientos de arreglo pacífico de las controversias es muy anterior a la Carta de la ONU. Ya se hacía referencia a este tema en las Convenciones de la Haya de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales; Pacto de la Sociedad de Naciones; Protocolo de Ginebra de 1924, para la solución pacífica de las controversias, que no llegó a entrar en vigor; y el Acta General para el arreglo pacífico de las diferencias internacionales de 1928. Pero como obligación general esta no va a cristalizar en el Derecho Internacional, hasta la Carta de la ONU.

Tres son los principios que inspiran la obligación de los Estados de arreglar pacíficamente las controversias internacionales:
  • La obligación de comportamiento, que supone que un Estado no puede negarse a arreglar pacíficamente una controversia, ya que si lo hace estaría cometiendo un acto ilícito internacional.

  • Los Estados deben comportarse de buena fe y con espíritu de cooperación. Deberán encontrar un arreglo pronto y justo, y si no lo alcanzan por el medio inicialmente elegido, deberán tratar de arreglar la controversia por otros medios pacíficos que las partes hayan acordado.

  • El arreglo pacífico de las controversias internacionales, se basa en la igualdad soberana de los Estados, y se hará conforme a la libre elección de medios. Esto supone que pueden recurrir a la negociación, a los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, o a Organizaciones Internacionales Regionales o Universales, sin que ninguno prevalezca sobre el otro. Pueden elegir cualquiera de los mecanismos existentes para la solución pacífica de las controversias.


Clases de Controversias Internacionales:

La doctrina ha distinguido tradicionalmente dos clases de controversias internacionales:

  • las jurídicas: son aquellas que pueden ser resueltas mediante la aplicación del derecho vigente.

    Son aquellas controversias en las que las partes discuten un derecho recíproco, y por tanto sólo serían susceptibles de un arreglo judicial. De este tipo serían aquellas que versen sobre:

    • la interpretación de un tratado,
    • cualquier cuestión de derecho internacional,
    • hechos que constituyan la violación de un derecho internacional,
    • reparaciones por el quebrantamiento de una obligación internacional.


  • las políticas: son aquellas cuya solución requiere una modificación del Derecho en vigor. Si las partes no cumplieran obligaciones en vigor, y tratasen de modificar el Derecho, se trata de un controversia política, ya que un Tribunal no puede legislar, sino aplicar el derecho vigente.


No es posible hacer una distinción radical, ya que toda controversia presenta un matiz político y una dimensión jurídica. La inmensa mayoría de las diferencias entre los Estados tiene carácter mixto. No es posible que debido a la existencia de una diferencia política, el Tribunal se niegue a resolver las cuestiones jurídicas que oponen a las partes. Sin embargo, existe una simetría entre la naturaleza de la controversia y el procedimiento de arreglo más adecuado para resolverla.

El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general deberán ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, y las partes deben valerse de los procedimientos de arreglo adecuados a las circunstancias y a la naturaleza de la controversia.

La desconfianza existente en las relaciones internacionales, hacen muy difícil determinar con precisión y objetivamente en qué casos una controversia tiene carácter jurídico , y es por tanto susceptible de ser resuelta mediante la aplicación del Derecho, y en casos por el contrario, el carácter político del conflicto no permite, o dificulta, la intervención de un tribunal arbitral o de la Corte Internacional de Justicia. La actitud de las partes no puede ser ignorada. Los conflictos políticos no admiten más que soluciones políticas, que no incumben a órganos jurisdiccionales sino a órganos políticos y en última instancia a los Estados; y es la voluntad de los Estados, y no la naturaleza de una controversia internacional, la que decide finalmente de su carácter justiciable o no justiciable.

No hay que olvidar el principio de libre elección de los medios de arreglo, que se basa en la independencia e igualdad soberana de los Estados. Esto significa la libertad de las partes de recurrir a un procedimiento no jurisdiccional, incluso cuando se trate de una controversia jurídica. Ahora bien, los únicos procedimientos que por su imparcialidad favorecen realmente la igualdad soberana y la independencia de los Estados son precisamente los medios jurisdiccionales (arbitraje y el arreglo judicial).

Los Estados pequeños o débiles encuentran mayores garantías en el arbitraje y en el arreglo judicial, ya que son órganos independientes los que van a resolver la controversia mediante la aplicación del erecho. Sin embargo es paradójico, que se suelan rechazar este tipo de medios jurisdiccionales.

Procedimientos del arreglo pacífico de las controversias:

Pueden ser clasificados en función de los siguientes criterios:

  1. Pueden ser procedimientos de autosolución, cuando se confía el arreglo exclusivamente a las partes en controversia (negociación); y los procedimientos de heterosolución, que suponen la intervención de un tercero (buenos oficios, mediación, investigación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a Organizaciones Internacionales, universales o regionales). En función de la naturaleza del tercero que interviene, cabe distinguir entre:
    1. arreglo de controversias en un marco institucional (Corte Internacional de Justicia, Organización Internacional, universal o regional);
    2. y arreglo pacífico de controversias mediante procedimientos no institucionalizados (arbitraje, buenos oficios, mediación, comisión de investigación, comisión de conciliación).


  2. Procedimientos en que la solución se intente mediante la aplicación del Derecho, es decir procedimientos jurisdiccionales (Arbitraje, Arreglo Judicial), y procedimientos en los que la solución de la controversia se busca al margen de la aplicación del Derecho, a través de procedimientos no jurisdiccionales o políticos (buenos oficios, mediación, investigación, conciliación)
    1. Las soluciones alcanzadas a través de procedimientos jurisdiccionales son obligatorias para los Estados partes en la controversia, mientras que las soluciones obtenidas a través de medios políticos o no jurisdiccionales no obligan en principio, a los Estados partes de la controversia.


Procedimientos no jurisdiccionales de arreglo:

La esencia de los procedimientos no jurisdiccionales reside en la aceptación por las partes del resultado del arreglo de la controversia, ya se trate de una solución convenida directamente por ellas en el curso de la negociación o determinada por un tercero. Tanto las partes como el tercero no establecen una solución basada exclusivamente en el Derecho, sino en el conjunto de circunstancias, jurídicas y de hecho, presentes en la controversia. Los procedimientos no jurisdiccionales son los siguientes:
  • la negociación,
  • los buenos oficios,
  • la mediación,
  • la investigación,
  • la conciliación.


La Negociación:

Es un procedimiento no jurisdiccional de auto-solución, en el que el arreglo pacífico se confía exclusivamente a las partes sin intervención de terceros. La negociación diplomática es un excelente medio para el arreglo pacífico de las controversias y de prevención del nacimiento de conflictos potenciales. El recurso a la negociación es una exigencia de los hechos, ya que es difícilmente concebible que los Estados partes no intercambien puntos de vista y manifiesten sus pretensiones, aunque sólo sea para determinar en que discrepan. En la práctica suelen tener carácter previo al recurso a cualquier otro procedimiento de arreglo.

La negociación es un medio flexible aplicable a cualquier tipo de controversia, que permite exponer directamente y con entera reserva puntos de vista y las propuestas de una parte y otra; y a través del compromiso, alcanzar con prontitud un resultado por el cauce del acuerdo internacional. Como consecuencia, todo Estado se ve obligado a aceptar el inicio de las negociaciones que otro Estado le propone para el arreglo de una controversia existente entre los dos. Esto no quita que una de las partes manifieste que no existe tal controversia, o que posea el alcance que la otra le atribuye.

Para que la negociación se desarrolle de buen modo es necesario que se cumplan unos principios:

  • En la negociación opera el principio de igualdad soberana de los Estados. De este modo una parte no puede utilizar la amenaza ni la coerción sobre la otra parte, ni puede imponer sus propuestas para que la otra parte las acepte.

  • cada una de las partes debe abstenerse, en el curso de la negociación, de realizar cualquier acción unilateral que agrave la controversia o le haga obtener posiciones de ventaja. Esto es consecuencia del principio de buena fe al que se refiere la Carta de Naciones Unidas.

  • la buena fe obliga a negociar con vistas a llegar a un acuerdo. Como mínimo deben tener la intención de llegar a un acuerdo.


Los Buenos Oficios y la Mediación:

Este tipo de procedimiento se caracteriza por la intervención de uno o varios Estados, con la finalidad de facilitar el diálogo entre las partes y encontrar fórmulas de entendimiento que sean aceptables para una y otra. Intervención que puede iniciarse a petición de ambas partes o por iniciativa de una potencia amiga que es aceptada por aquellas.

En el caso de los buenos oficios, el tercer Estado trata de establecer o restablecer el contacto entre las partes (bien mediante reuniones conjuntas o visitas a una y a otra) y transmitir las propuestas de una a la otra, sin tomar parte en las negociaciones. Es por tanto un cauce de comunicación entre las partes, aunque ejerce su influencia para que se eliminen los puntos de divergencia entre ellas y puedan negociar un arreglo.

La función del tercer Estado en la mediación va mucho más lejos, pues se haya facultado para proponer a las partes una base de acuerdo, sin carácter obligatorio para estas. Es decir teniendo en cuenta las posiciones de las partes, presenta una propuesta para el arreglo de la controversia sobre la que aquellas tendrán que pronunciarse; y a partir de dicha propuesta, tratará de lograr el acuerdo entre estas. Aunque a nivel teórico la distinción entre buenos oficios y mediación es clara, en la práctica es difícil separa uno y otro medio de arreglo pacífico. Es frecuente que el tercer Estado ejerza las dos funciones al mismo tiempo, reuniendo a las partes a negociar, interviniendo en las conversaciones y proponiendo soluciones de arreglo. Para evitar que el tercer Estado aproveche la ocasión para tutelar sus propios intereses, los buenos oficios y la mediación no son llevados a cabo sólo por los Estados sino también por personalidades distinguidas o representantes de instituciones internacionales. Esta línea de cambio fue abierta por el Tratado de Buenos Oficios y Mediación, hecho en Buenos Aires en 1936 y continuada por el Tratado Americano de arreglo pacífico de o Pacto de Bogotá de 1948.

Un ejemplo de mediación, cabe señalar la del Papa León XII en el asunto de las Carolinas, entre España y Alemania, habiendo sido la primera quien se inclinó por este tipo de arreglo; la de Francia entre España y EE.UU.. tras la guerra de 1898. España también a actuado como mediadora. En lo que se refiere a la práctica más reciente, tenemos que señalar dos casos en los que alcanzó éxito: la mediación de la Santa Sede entre Chile y Argentina en el asunto del Canal del Beagle, convenida por las partes en el asunto de Montevideo de 1979 y la de Argelia entre EE.UU. e Irán.

La Investigación:

Éste modo de arreglo de conflictos internacionales es denominado también determinación de los hechos o encuesta. Es una creación original de la Conferencia de Paz de La Haya, a partir de una iniciativa rusa. Y partiendo de los resultados de la comisión de investigación creada en 1904 con ocasión del incidente del Dogger Bank, en el que una escuadra rusa atacó a unos barcos de pesca británicos al confundirlos con torpederos japoneses, la II Conferencia de Paz introdujo disposiciones más elaboradas, que también encontramos en tratados más recientes como es el Pacto de Bogotá de 1948 o el Convenio Europeo para el arreglo pacífico de las controversias de 1957.

Tal como se estableció en el Convenio de La Haya, el procedimiento de investigación posee las siguientes características. Su finalidad es la de esclarecer una cuestión de hecho, en disputa entre las partes, mediante un examen completo, objetivo e imparcial. Se trata de un procedimiento facultativo, pues las comisiones de investigación se constituyen por medio de un convenio especial y su informe, tratándose de un procedimiento no jurisdiccional, no tiene carácter obligatorio. Aunque es de señalar que los EE.UU., a través de una serie de Tratados bilaterales denominados Bryan, concertados a partir de 1913, intentaron perfeccionar el sistema estableciendo el carácter obligatorio del procedimiento. El Tratado americano de soluciones pacíficas (Pacto de Bogotá) se refiere igualmente a la investigación pero combinándola con la conciliación.


La Conciliación:

Es un procedimiento relativamente reciente en la solución de conflictos internacionales. Aparece en la práctica internacional a partir de 1919, especialmente después de que la Asamblea de la Sociedad de Naciones adoptara una resolución recomendando a los Estados concluir tratados constituyendo comisiones de conciliación. De este modo, en diversos tratados de arreglo de controversias concluidos en el periodo ginebrino, la conciliación fue utilizada como un procedimiento previo, en combinación con el arbitraje o con el arreglo judicial, en función de la distinción entre litigios políticos o litigios jurídicos.

Mientras que el arbitraje y el arreglo judicial se consideraban como los procedimientos más adecuados para las controversias jurídicas, la conciliación parecía ser el procedimiento más idóneo para las controversias políticas.

La conciliación es un procedimiento dirigido a promover la solución de controversias internacionales mediante el examen de la controversia por parte de una comisión compuesta por individuos, la cual busca conducir a las partes a un entendimiento proponiendo términos de acuerdo no vinculantes.

El recurso a la conciliación es facultativo, pero las partes pueden convenir en un tratado o cláusula de un tratado en vigor entre ellas que tenga un carácter obligatorio. Por lo que respecta a la composición de la comisión, la fórmula más comúnmente adoptada es que esté compuesta por cinco miembros, de los cuales cada Estado parte designa uno entre sus propios nacionales, siendo elegidos los tres restantes de común acuerdo entre nacionales de terceros Estados. De todos modos, la práctica nos muestra muchas otras fórmulas. En cuanto a las funciones de la comisión podemos señalar dos: dilucidar las cuestiones en litigio, recabando a este fin la información adecuada y conciliar a las partes, para que estas lleguen a un arreglo. El informe que la comisión debe presentar al finalizar su trabajo es concebido como el instrumento para la conciliación.

Respecto a la utilidad de la conciliación, se estima que puede jugar una papel especialmente importante en el sector tradicionalmente reservado al arbitraje y al arreglo judicial - esto es respecto a las controversias jurídicas- al eliminar las reticencias de los Estados ante los procedimientos jurisdiccionales y que terminan con una decisión de carácter obligatorio. Lo que se evidencia, por ejemplo, en la inclusión de la conciliación en ciertos convenios multilaterales generales, como el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, el Convenio sobre representación de los Estados en sus relaciones con las Organizaciones Internacionales, los convenios sobre sucesión de Estados o la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982. En cuanto a la práctica reciente sobre este procedimiento, cabe citar, entre otros casos, la actuación de una Comisión de Conciliación franco-marroquí y para la delimitación de la Plataforma Continental en el área entre Italia y Jan Mayen (Islandia-Noruega), en 1981. La conciliación opera hoy en un contexto diferente, el de las Organizaciones Internacionales, universales y regionales, como veremos a continuación, y por consiguiente en un marco institucionalizado de arreglo pacífico de controversias, como muestran las competencias del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, así como las de Organizaciones Internacionales regionales.

El arreglo pacífico de las controversias en el seno de las Organizaciones Internacionales:

El desarrollo del fenómeno de la Organizaciones Internacionales ha influido en la práctica de los procedimientos de arreglo pacífico (buenos oficios, mediación, investigación y conciliación). La Carta de Naciones Unidas no sólo establece la obligación general del arreglo pacífico de controversias, sino que prevé tres medios directos para la consecución del objetivo:
  • un sistema de arreglo pacífico de controversias (Cap. VI),
  • un sistema de acción colectiva en casos de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión (cap. VII),
  • un sistema de vocación universal en el que las competencias de los acuerdos y organismos regionales en el arreglo pacífico de las controversias y en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales estén sometidas al control del Consejo de Seguridad (cap. VIII).


No se concibe la Carta como un sistema en el que la Organización tenga que solucionar todas las crisis internacionales, sino que además reconoce expresamente los límites de las Naciones Unidas:
  • ha de tratase de controversias susceptibles de poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, o de situaciones que puedan conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia cuya prolongación pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (arts. 33 y 34 de la Carta).
  • la Organización sólo tiene competencias para recomendar los procedimientos o métodos de arreglo pacífico que considere más adecuados (arts. 33.2 y 36) y, sólo excepcionalmente, cuando la continuación de la controversia sea realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (art. 37.2), o si lo solicitasen todas las partes en una controversia (art. 38) podrá recomendar los términos de arreglo que considere más apropiados.


Por lo tanto, la ONU no tiene competencias respecto de cualquier controversia, sino tan sólo sobre las que tengan gravedad suficiente para poner en peligro la paz y seguridad internacionales. La Carta prevé la intervención de los siguientes órganos: el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, del Secretario General de las Naciones Unidas y, por último de los acuerdos y organismos regionales.

Consejo de Seguridad:

Es el órgano con mayores competencias. Puede actuar por propia iniciativa, a petición de un Estado miembro o incluso no miembro (arts. 34 y 35), de la asamblea General (art. 11), o del Secretario General de la ONU si éste llama la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales (art. 99). El Consejo no tiene, sin embargo, competencias para decidir y sólo puede recomendar. Por otro lado, la parte implicada en la controversia se abstendrá de votar.

El Consejo de Seguridad puede llevar a cabo una investigación a fin de determinar si la prolongación de una controversia o situación es susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales; establecidos los hechos, el Consejo puede instar a las partes en la controversia a que la solucionen por los medios de arreglo que ya hemos señalado, e incluso recomendarles los procedimientos de ajuste que sean más apropiados, entendiendo que las controversias de corte jurídico deberán ser sometidas a la Corte Internacional de Justicia.

Asamblea General:

Sus competencias quedan subordinadas al Consejo de Seguridad: toda cuestión que suponga entrar en acción debe ser referida al Consejo de Seguridad. La Asamblea no realizará ningún tipo de recomendación, a no ser que el propio Consejo de Seguridad lo solicite. En la práctica, sin embargo, la Asamblea ha ejercido sus competencias de forma extensiva, discutiendo prácticamente todo y haciendo recomendaciones de recurrir a determinados procedimientos de arreglo pacífico, creando organismos subsidiarios con funciones de buenos oficios, investigación, mediación o conciliación, indicando términos de arreglo, e incluso señalando medidas provisionales. Sus resoluciones en la materia son meras recomendaciones: los Estados deben considerarlas de buena fe, pero conservan su libertad soberana de decisión.

Secretario General de la ONU:

En las últimas décadas, la ONU ha experimentado una transformación institucional en materia de paz y seguridad que, partiendo de una creciente intervención de la Asamblea General, ha culminado con un fortalecimiento del papel encomendado al Secretario General. De este modo, el Secretario General se haya facultado para llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro la paz y seguridad internacionales; pero la competencia para el arreglo del conflicto corresponde al Consejo.

El desarrollo de diversas crisis internacionales han mostrado que el Secretario General podía jugar un papel importante como órgano de mediación y buenos oficios.

En esta línea cabe destacar el papel jugado por el Secretario General Sr. Pérez de Cuéllar en la guerra entre Irán e Irak para conseguir el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el conflicto, en particular a través del plan de aplicación de la resolución 598 (1987), lográndose finalmente el cese del fuego.

Varias resoluciones le atribuyen un carácter preferente en relación con las tareas de determinación de hechos, bien mediante el envío de una misión especial o la designación de un representante especial o un grupo de expertos dependiente de él (Irak) .

La participación de los Organismos regionales:

El art. 52.2 de la Carta establece que los miembros de la ONU que concluyan acuerdo o constituyan acuerdos regionales harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad.

Esto implica que los actos constitutivos de dichos organismos deben hacer referencia al arreglo pacífico de las controversias. De este modo, la Carta de la OUA, menciona el arreglo de las controversias por medio de negociaciones, mediación, conciliación, arbitraje, y un Protocolo posterior creó la Comisión de Conciliación y Arbitraje; el art. 5 de la Liga de Estados Árabes establece la posibilidad de recurrir al Consejo para la solución de cualquier controversia que no afecte a la independencia, soberanía o integridad territorial de los Estados; y la Carta de la OEA establece la obligación de los Estados americanos de acudir a procedimientos pacíficos para solucionar sus controversias, y a este fin se concluyó el Pacto de Bogotá en 1948, si bien la mayor operatividad se deriva del Comité interamericano para el arreglo de controversias, colocado bajo la autoridad del Consejo de la OEA.

La participación de estos organismos regionales entraña una instancia de solución de conflictos que posee dos grados: en un primer escalón, los miembros del organismo regional deben someter el conflicto a la solución establecida en el acuerdo regional; y si un Estado se dirige directamente al Consejo de Seguridad, sin intervención previa del organismo regional, el Consejo, tras consultar a las partes, puede reenviarles a la instancia regional, si el conflicto no se ha agravado hasta el punto de producirse el recurso a la fuerza. Y si no se alcanza un arreglo del conflicto en el marco regional, el Consejo de Seguridad como instancia superior, es el competente para conocer de la solución del conflicto. Ahora bien, en la práctica, el Consejo de Seguridad ha adoptado una solución intermedia, pues aunque remita a las partes a un acuerdo regional, mantiene la cuestión inscrita en su orden del día; lo que le permite intervenir de inmediato si el conflicto se agrava o un parte estima que ha fallado el arreglo general.


2. Los procedimientos jurisdiccionales de arreglo (I): el arbitraje.
Según define el art. 37 del Convenio de la Haya de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, el arbitraje internacional tiene por objeto la solución de disputas que puedan surgir entre los Estados por jueces de su propia elección y sobre la base del respeto al Derecho. Recurrir al arbitraje implica el compromiso de someterse de buena fe a la sentencia. Esta definición establece explícitamente las tres características esenciales del arbitraje:
  • el arreglo se hará sobre la base del respeto al derecho.
  • por jueces elegidos por las partes. El tercero imparcial al que las partes acuden para solucionar su controversia es el órgano arbitral.
  • con un compromiso implícito de aceptar de buena fe las decisiones.
  • un cuarto elemento es el consentimiento de los Estados: un Estado no está obligado a someter sus controversias a arbitraje sin su consentimiento, esto es que las partes solucionarán el conflicto existente entre ellas utilizando el arbitraje, por acuerdo voluntario de ambas. El consentimiento de las partes puede prestarse para una controversia ya existente, mediante un compromiso o acuerdo arbitral ad hoc. Pero los Estados también pueden comprometerse de antemano a someter al arbitraje todas o algunas de las controversias que puedan surgir entre ellas en el futuro. De este modo la doctrina distingue entre arbitraje facultativo, para el primer caso, y arbitraje obligatorio, para el segundo.


El Arbitraje, de este modo, es un procedimiento de arreglo pacífico de las controversias por el que las partes recurren a un tribunal arbitral designado por ellas para que decida los términos de arreglo de la controversia. El tribunal arbitral puede ser un órgano creado ad hoc -tras el surgimiento de la controversia-, o bien una institución previamente establecida en previsión de que ocurriera la controversia, en cuyo caso nos encontraríamos con un órgano de existencia permanente.

Cuando se habla de tribunales arbitrales conviene distinguirlos de dos instituciones paralelas aunque diferenciadas:
  • tribunales o comisiones arbitrales mixtas, instituciones en las que, independientemente de que litigien dos Estados, el fondo de la cuestión afecta a los intereses de los nacionales de uno de ellos, supuestamente violados por la conducta del otro,
  • por otro lado, existen también arbitrajes de derecho privado en los que, si bien las partes son dos Estados o un Estado y de una persona física y jurídica extranjera, la cuestión dilucidada es de las que podrían englobarse en la esfera iure gestionis de los Estados.


Sin embargo, los tribunales arbitrales que aquí nos interesan son instituciones de Derecho Internacional que tratan controversias en las que se encuentran implicados sujetos de derecho internacional y regidos por normas de derecho internacional.

Por tanto el arbitraje puede ser definido como el procedimiento que tiene por objeto arreglar con carácter definitivo y obligatorio las controversias entre sujetos de Derecho internacional, mediante órganos por ellos elegidos.

Historia del arbitraje.

El arbitraje tiene muy remotos antecedentes. Aparece en las ciudades-estado griegas, que crearon el consejo permanente de las anfictionías. Desapareció con el Imperio Romano, que al reunir bajo una autoridad única a todo el mundo civilizado, no dio lugar al arbitraje. Resurge entre los Estados cristianos de la Edad Media, que en los siglos XI y XII sometieron sus disputas a los papas, jefes espirituales de la cristiandad, especialmente a Gregorio VII e Inocencio III. Aún en 1493, Alejandro VI establecía la famosa Línea de la Demarcación entre las posesiones españolas y las portuguesas. En otras ocasiones desempeñaron el papel de árbitros entre los príncipes sus jefes temporales, como San Luis de Francia y los emperadores alemanes. La institución declinó hasta extinguirse casi enteramente durante los siglos XVI, XVII y XVIII, que contemplaron el nacimiento de los Estados modernos.

El Tratado de Jay, suscrito entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1794 y ratificado en 1795, marca el verdadero origen del arbitraje moderno. En sus cláusulas señala el arbitraje para la solución de conflictos derivados de problemas fronterizos, demandas a cuenta de deudas confiscadas y reclamaciones basadas en derechos y obligaciones neutrales. Durante el siglo XIX se substanciaron más de 170 casos de arbitraje, la mayor parte de las veces referido a Gran Bretaña y a EE.UU. El más conocido de todos fue el caso de Alabama (1865-72), derivado de las reclamaciones norteamericanas para la intervención en la Guerra de Secesión de barcos confederados construidos y armados en Inglaterra (entre ellos el corsario Alabama). La decisión fue favorable a EE.UU. e Inglaterra, a pesar de sus protestas, pagó la indemnización de 15.500.000 dólares.

La I Conferencia Panamericana (1889) declaró el arbitraje un principio de Derecho Internacional Americano. Los países hispanoamericanos lo aplicaron con frecuencia para zanjar conflictos fronterizos.

También ha sido utilizado repetidas veces para liquidar diferencias entre Canadá y EE.UU.

El movimiento arbitral llegó a su apogeo con las Conferencias de la Haya de 1899 y 1907. La Conferencia de 1899 aprobó un convenio para la solución pacífica de los conflictos internacionales y creó un Tribunal Permanente de Arbitraje. Aunque no era un Tribunal en el pleno sentido de la palabra, contaba con una plantilla de unos 120 jueces dispuestos a servir de árbitros cuando fueran requeridos. Antes de celebrarse la II Conferencia de la Haya (1907) fueron interpuestos cuatro casos ante este Tribunal, que fue muy solicitado para resolver numerosos casos de menor cuantía en el período anterior a la I Guerra Mundial.

El Tribunal Permanente de Arbitraje sentó un precedente para el establecimiento en 1920 del Tribunal Permanente de Justicia Internacional por la Sociedad de Naciones. La Sociedad aplicaba tres procedimientos para la solución de diferencias internacionales: 1) mediación y conciliación a través del consejo de la Sociedad; 2) arbitraje por acuerdo privado; y 3) sentencia del Tribunal. El Consejo desempeñó un importante papel como mediador y conciliador y en ocasiones actuó también como tribunal arbitral. El Pacto de la Sociedad de Naciones estableció un sistema de arreglo pacífico que reposaba sobre el planteamiento de una obligación alternativa, conviniendo los miembros de la Sociedad de Naciones en someter sus desacuerdos bien al arbitraje o al arreglo judicial, bien al Consejo. El Protocolo de Ginebra de 1924, articuló un sistema basado en dos procedimientos arbitrales con la intención de lograr la solución de todas las controversias, de cualquier clase que estas fueran. Los acuerdos de Locarno de 1925 establecen el arbitraje como uno de los medios al que las partes acudirán en caso de controversias. Por último el Acta General para el arreglo pacífico de las controversias de 1928 vuelve a conceder un papel preponderante al arbitraje.

El Tribunal Internacional de Justicia creado en 1945 como principal órgano judicial de la ONU, es a todos los efectos una continuación del Tribunal Permanente de la Sociedad de Naciones.

Sin embargo, en la era de las Naciones Unidas, se ha producido un cambio negativo con respecto a los tratados generales de arbitraje de carácter bilateral, que ya no suelen celebrarse y la situación tampoco es satisfactoria en el plano multilateral general. Aunque el Acta General fue revisada en 1945 por la ONU, sólo 7 Estados son hoy partes en este tratado; y el intento de la Comisión de Derecho Internacional de codificar el procedimiento arbitral fracasó por la oposición de los Estados. Sin embargo, el arbitraje ha hecho progresos, pues tanto el Convenio Europeo para el arreglo pacífico de las controversias como el Pacto de Bogotá y el Protocolo de la Comisión de mediación, conciliación y arbitraje de la OUA prevén el arbitraje como medio de arreglo.. Por otro lado, un amplio número de tratados bilaterales y multilaterales concluídos desde 1945 contienen cláusulas compromisorias de sumisión de las controversias al arbitraje.

A lo que se agrega que éste procedimiento de arreglo posee un papel importante en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982.

Organización del arbitraje.

Como ya he señalado antes, el fundamento del arreglo arbitral es el consentimiento de los Estados partes en una controversia de someterse a este tipo de arreglo para solucionar sus diferencias. Este consentimiento se extiende a la composición del órgano arbitral y a las reglas de procedimiento.

Este sometimiento al arreglo arbitral puede producirse por una doble vía:
  1. la aceptación del arbitraje como procedimiento obligatorio de arreglo pacífico entre dos o más Estados y con carácter previo al surgimiento de una controversia,
  2. la suscripción de un compromiso arbitral con carácter subsiguiente al nacimiento de una controversia.


Aceptación del arbitraje con carácter previo al surgimiento de una controversia.

Como ya hemos señalado, no existe la obligación, de forma general, de recurrir al arbitraje para la solución de las controversias. Sin embargo, sí cabe la posibilidad de que dos Estados hayan decidido, en un tratado concluido al efecto, solucionar las posibles controversias que pudieran surgir entre ellos, mediante el arbitraje u otro procedimientos de solución pacífica. Podemos distinguir dos formas específicas de aceptar el arbitraje como obligatorio con carácter previo a la controversias:
  • la cláusula de arbitraje obligatorio que se incorpora en tratados específicos y respecto de controversias relacionadas con el objeto del tratado. Se establece este procedimiento para el arreglo pacífico de las controversias como procedimiento principal al que hay que recurrir en caso de conflicto, aunque hay casos en que se especifica que se puede combinar con otros medios de solución pacífica.
  • la cláusula compromisoria, disposición incluida en un tratado internacional y cuyo objeto versa sobre cualquier otra controversia. Puede ser especial o general. Será especial cuando establezca el arbitraje obligatorio exclusivamente para las controversias relativas a las materias objeto del tratado, habitualmente las que pueden surgir de la interpretación o aplicación de sus disposiciones. Y será general, si establece la obligación de someter al arbitraje cualquier controversia futura entre las partes, con independencia de la materia sobre la que esta verse.


Compromiso arbitral con carácter subsiguiente al nacimiento de una controversia.

Supone la suscripción de un compromiso arbitral ante el hecho consolidado de una controversia internacional. En este caso no existiría una previa obligación de recurrir al arbitraje, sino que, surgida la controversia, y en virtud del principio de libre elección de medios de arreglo pacífico, las partes en la controversia deciden recurrir al arbitraje. A través de este compromiso arbitral, las partes determinan: el objeto concreto de la controversia que someten al arbitraje; las condiciones para la designación de árbitros o, en su caso, la concreta composición del tribunal arbitral; el derecho aplicable por el tribunal arbitral y los poderes de que este dispone para el ejercicio de sus funciones; y por último las reglas relativas al procedimiento arbitral.

El órgano arbitral.

Dentro de la organización del arbitraje, tenemos que hablar del Órgano Arbitral. Como ya hemos dicho antes, el tercero imparcial al que las partes acuden para solucionar su controversia es el órgano arbitral, que históricamente ha adoptado tres formas distintas:
  • en primer lugar, se ha acudido a un árbitro único, ya fuera Jefe de Estado, diplomático o jurista de reconocida competencia. En el caso de los arbitrajes confiados a Jefes de Estado, muy frecuentes en el siglo pasado, lo usual era que el árbitro designara una Comisión o Tribunal Arbitral compuesta por varios miembros con conocimientos técnicos; dictándose la sentencia arbitral sobre la base de un informe previo de este órgano.
  • en segundo lugar, ya desde el Tratado de Jay ha sido práctica corriente, sobre todo en el ámbito anglosajón, el establecimiento de comisiones mixtas compuestas paritariamente por nacionales de ambos países, con un super árbitro que sólo decidiría en caso de desacuerdo entre los miembros designados por uno y otro Estado.
  • en tercer lugar, a partir del arbitraje en el asunto del Alabama se inició la práctica hoy convertida en usual, de establecer un tribunal arbitral compuesto exclusivamente por personalidades relevantes de terceros países o con incorporación de un árbitro designado por cada parte; contando el Tribunal Arbitral, de ordinario, con tres o cinco componentes.


En la práctica internacional actual, la modalidad más frecuentemente utilizada es la última, la del tribunal arbitral; y en cuanto a los poderes del órgano arbitral, estos se hayan determinados en el compromiso arbitral en el que también aparecerán especificados los límites de este. Sin embargo, por la Sentencia Arbitral del Tribunal Internacional de Justicia de julio de 1989, el órgano arbitral también posee la competencia para de terminar su propia competencia y, a este fin, para interpretar el compromiso.

Procedimiento arbitral.

El procedimiento arbitra no obedece a un modelo único, ya que sus reglas fundamentales se encuentran en el compromiso arbitral, y estos difieren entre sí. No obstante existen ciertos principios generales aplicables a los distintos procedimientos arbitrales:
  • principio de igualdad procesal de las partes,
  • principio de representación de las partes, por medio de agentes designados por ellas, y que actúan en su nombre en todas las fases del procedimiento.
  • principio de libertad de las partes en la presentación del litigio ante el órgano arbitral, que asegura que una y otra puedan utilizar todos los medios procesales y de prueba que juzguen necesarios para la mejor justificación de sus tesis respectivas.
  • principio del idioma, que establece la necesidad de precisar la lengua o lenguas en las que se va a desarrollar el procedimiento y que utilizarán los árbitros para dictar sus resoluciones y la sentencia final.


Las partes tienen derecho a elegir los árbitros o jueces que componen el tribunal; estos serán en número impar, reservándose cada parte el nombramiento de uno o dos árbitros, poniéndose de acuerdo sobre los restantes, o encomendando a un tercero la designación de los restantes árbitros. Serán igualmente las partes las que determinarán en el compromiso el procedimiento a seguir. En su defecto, será el propio tribunal el que determine el procedimiento.

Normalmente el procedimiento tendrá dos etapas diferenciadas: la instrucción escrita y la fase oral.
  1. La instrucción escrita: comprenderá las memorias de las partes sobre los hechos y el derecho aplicable, que se comunicará al tribunal y a la otra parte. A dichas memorias seguirán las contramemorias y réplicas o dúplicas que las partes hubieran decidido, todo ello en los plazos acordados o que decidiera el tribunal arbitral. Además estos estarán acompañados por documentos anexos y otros medios de prueba (por ejemplo cartográficos). Estos son suscritos por el agente de cada Estado parte y comunicados al órgano arbitral -quién los hará llegar a la otra parte-, dentro de los plazos establecidos en el compromiso para cada escrito.
  2. La fase oral o debate: consiste en la exposición verbal de las razones de las partes ente el tribunal. Esto es la exposición oral por los agentes y consejeros de cada parte de los fundamentos de su pretensión y de los medios de prueba aportados; fase que puede incluir el examen de expertos y testigos. Hay que tener en cuenta que los jueces adoptan un papel activo, pudiendo dirigir a las partes cuantas cuestiones estimen pertinentes.


Una vez que los agentes y consejeros de las partes han finalizado sus intervenciones orales y se han practicado las pruebas, el Presidente del tribunal declarará concluido el procedimiento , comenzando la deliberación, votación, y redacción e la sentencia, que tendrá lugar a puerta cerrada y con carácter secreto. La sentencia se adopta por la mayoría de los miembros del órgano arbitral si este es colegiado, aunque los árbitros pueden emitir opiniones individuales o declaraciones y opiniones disidentes exponiendo sus motivos particulares de conformidad o disconformidad, respectivamente, con la fundamentación y el fallo del tribunal.

Estos pronunciamientos personales de los árbitros, son distintos del voto propiamente dicho sobre el fallo, que es el que posee efectos jurídicos. De modo que la validez del voto no queda afectada por la expresión de tales divergencias en una declaración o en una opinión individual.

El laudo, recursos, y ejecución arbitral.

  1. La sentencia o laudo arbitral se adoptará por la mayoría de los miembros del tribunal, siguiéndose el principio de que las deliberaciones del tribunal son secretas, aunque no así el resultado de las mismas. La sentencia o laudo deberá ser redactado por escrito y motivado en todos los puntos que decida. A la sentencia o laudo podrán a_adirse las opiniones individuales de los árbitros que, estando de acuerdo con la decisión, no lo están con la motivación o fundamentos de la misma, y las opiniones disidentes de los árbitros que estuvieran en desacuerdo con la decisión. La sentencia o laudo arbitral es obligatoria para las partes en el procedimiento en todos sus extremos, y deberá ser cumplida por estas de buena fe en el plazo en ella establecido.

    La sentencia o laudo arbitral es el acto por el cual el órgano arbitral se pronuncia, con fuerza obligatoria para las partes, sobre la cuestión o cuestiones en litigio que éstas le han sometido. En cuanto a la forma, el laudo es un texto escrito, en el que se indican los nombres de los árbitros, de los agentes que representan a las partes y de los consejeros que han intervenido en el procedimiento; se indica la cuestión objeto de la controversia y otros extremos relativos al compromiso; se describe el procedimiento seguido y las conclusiones de las partes y, por último, se consideran las circunstancias de hecho y de Derecho que justifican la decisión, que se contiene en el fallo o parte dispositiva. El laudo, por otro lado, es suscrito por todos los árbitros o por el Presidente del tribunal y el Secretario del mismo, que autentifican el texto.

  2. La ejecución del laudo arbitral reposa en el principio de buena fe, pues las partes han acordado someter la controversia a este modo de solución. Sin embargo, el laudo no es directamente ejecutivo, pues en el orden internacional, como consecuencia de la soberanía estatal, no existe ninguna instancia jurisdiccional dotada de poderes coercitivos, como ocurre en el orden interno. Esto no quiere decir que el Estado que ha sido parte en el arbitraje sea libre para no dar ejecución a una sentencia arbitral validamente adoptada: si la no ejecución no se justifica por una nulidad de laudo, cabe estimar que dicho Estado incurrirá en responsabilidad internacional por violación de las obligaciones establecidas en el mismo respecto al otro Estado parte.

  3. Interpretación, revisión y nulidad de la sentencia arbitral. Uno de los problemas más importantes que se plantean en torno a la sentencia es la discusión sobre los posibles recursos de los que la misma es susceptible. El posible recurso de interpretación de una o ambas partes respecto a la interpretación o alcance de la sentencia, debe plantearse ante el mismo tribunal que la dictara. Así se pueden distinguir recursos de nulidad y recursos de revisión. El proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre procedimiento arbitral establece en su art. 36 el recurso de nulidad:

    Cualquiera de las partes podrá impugnar la validez de un sentencia por una o varias de las causas siguientes:
    1. exceso de poder del tribunal;
    2. corrupción de un miembro del tribunal;
    3. infracción grave de una norma fundamental de procedimiento, incluso el hecho de que la sentencia no exprese, total o parcialmente, los motivos en que se funda.


    De otra parte el art. 39 establecía:
    Cualquiera de las partes podrá pedir una revisión de la sentencia si se descubre un hecho nuevo de tal naturaleza que pueda tener una influencia decisiva sobre la sentencia a condición de que este hecho hubiese sido desconocido para el tribunal y para la parte que pida la revisión, y de que esa ignorancia no se deba a la negligencia de dicha parte.


Los procedimientos jurisdiccionales: arreglo judicial noción general.

El origen del arreglo judicial es relativamente reciente y se vincula a la progresiva institucionalización del arbitraje. En 1907, los EE.UU. presentaron en la II Conferencia de Paz de la Haya un a propuesta para crea un Tribunal de Justicia Arbitral de carácter permanente; pero esta idea no pudo ser llevada a la práctica, debido fundamentalmente, a las divergencias existentes sobre el sistema de designación de los jueces, al pretender las grandes potencias la designación de jueces permanentes en el Tribuna. En la misma Conferencia se elaboró un convenio que establecía un Tribunal Internacional de Presas, siendo la primera vez que se establecía un tribunal de justicia permanente y con competencia obligatoria. Pero final mente este convenio nunca entró en vigor y, por lo tanto, el proyecto de tribunal no llegó a funcionar.

Entre los precedentes de este mismo periodo, mayor éxito alcanzó la creación de la Corte de Justicia Centroamericana, instituida en un convenio firmado en 1907 entre las cinco Repúblicas Centroamericanas. Su jurisdicción era obligatoria para esos cinco Estados respecto a cualquier controversia internacional que surgiera entre ellos o con cualquier otro Estado que se sometiera a la jurisdicción del tribunal por un acuerdo especial. Pero este tribunal dejó de funcionar en 1918, al no ser prorrogado su convenio constitutivo.

La primera jurisdicción internacional con competencia general para solucionar litigios entre Estados ha sido el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (T.P.J.I.), previsto por el art. 14 del Pacto de la Sociedad de Naciones. Este Tribunal fue una institución exterior a esta organización. España ratificaría el Protocolo en 1921. La labor del T.P.J.I. fue muy importante hasta su disolución formal en 1946, cuando se pasa a crea el actual Tribunal Internacional de Justicia (T.I.J.).

El actual T.I.J. Nace del Proyecto de Dumbarton Oaks, donde se propuso la creación de una jurisdicción internacional vinculada a la ONU. Se plantearon dos cosas, por un lado extender las competencias del antiguo T.P.J.I., y por otro crear un nuevo tribunal propio de la ONU. Finalmente se optó por la segunda posibilidad creando así el TIJ.

En la Carta de la ONU, el tribunal se configura como un órgano principal de la ONU y, en concreto, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas (arts. 7 y 92). Todos los miembros de Naciones Unidas son partes ipso facto del Estatuto del Tribunal, al margen de que puedan serlo también los Estados no miembros de la ONU, con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

Los textos jurídicos que regulan la actuación del tribunal son la Carta de la ONU, el Estatuto del Tribunal, que forma parte integrante de la anterior y el Reglamento del TIJ. La Carta dedica el Capítulo XIV al Tribunal. En cuanto al Estatuto, aunque éste y la Carta constituyen un todo, sin embargo, son dos textos distintos. La existencia de un texto separado se explica por razones de equilibrio en el contenido de la Carta y, en segundo lugar, por el deseo de permitir la adhesión al Estatuto a aquellos Estados que no son miembros de la ONU. Por último, el Reglamento del Tribunal fue adoptado por el mismo en 1946, inspirándose ampliamente en el TPJI. Ha sido revisado parcialmente en 1972 y finalmente en 1978 se adoptó un Reglamento totalmente revisado, que es el texto actualmente en vigor.

El arreglo judicial es sólo un procedimiento más de arreglo pacífico de las controversias y, en consecuencia, los Estados no se encuentran sometidos al mismo más que en virtud de una aceptación voluntaria de la jurisdicción del tribunal. Esta sumisión a la jurisdicción de un tribunal puede producirse por alguno de los mecanismos siguientes:
  1. mediante un compromiso, una vez surgida la disputa, por la cual los Estados litigantes deciden someter la controversia al arreglo judicial,
  2. aceptación de la competencia de un tribunal en virtud de cláusulas convenidas en tratados generales de arreglo pacífico de controversias o en tratados sobre materias específicas,
  3. aceptación en virtud de cláusulas facultativas de aceptación de la competencia obligatoria del tribunal,
  4. aceptación de la competencia obligatoria por el simple hecho de pertenecer a una organización internacional que posea dicho tribunal.


Por otro lado, los tribunales internacionales normalmente no aceptan la capacidad procesal de las personas, ya sean físicas o jurídicas.

Son varios los tribunales que tienen encomendado el arreglo judicial. Estos se pueden clasificar, según su ámbito de actuación geográfica en, tribunales universales y tribunales regionales; y según su especialidad material en, tribunales generales y tribunales especializados. El único tribunal universal que existe en la actualidad es el TIJ y, actualmente no existen tribunales universales con competencias especializadas. Por otro lado, a nivel regional, tampoco existen tribunales con competencias generales, todos los tribunales regionales tienen atribuidas competencias especializadas. De ámbito regional podemos mencionar los siguientes tribunales:
  • Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
  • Corte Interamericana de Derechos Humanos,
  • Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (materias económicas),
  • Tribunal de Justicia de la Comunidad de África Oriental.


3. Los procedimientos jurisdiccionales de arreglo (I): el arreglo judicial.
En este capítulo nos vamos a centrar en el Tribunal Internacional de Justicia.

Composición del tribunal internacional de justicia (T.I.J.).

  1. Los miembros el tribunal.

    El Tribunal Internacional de Justicia está compuesto por 15 miembros, elegidos de una lista alfabética que el Secretario General de la ONU ha elaborado con los candidatos propuestos por los distintos grupos nacionales del Tribunal Permanente de Arbitraje. Se tiene que cumplir que todos los jueces sean de diferente nacionalidad. Dos jueces no pueden ser de la misma nacionalidad. Además se exige que sean personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de Derecho internacional.

    El procedimiento de elección de los jueces se hace a través de una votación separada y simultánea en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad; no operando el derecho de veto en el segundo órgano. El candidato deberá obtener la mayoría absoluta en ambos órganos.

    Los jueces del TIJ son elegidos por un periodo de 9 años, pudiendo ser reelegidos; procediéndose cada tres años a la renovación de un tercio de los miembros del Tribunal. Y en caso de fallecimiento de un miembro antes de terminar su mandato se elige a quien haya de reemplazarle hasta el término del mandato de su predecesor.

    Los jueces nombrados están afectados por una incompatibilidad absoluta, en el sentido de que no pueden ejercer funciones políticas, administrativas o profesionales de ninguna índole. Para favorecer la independencia e imparcialidad de los miembros del TIJ se declara su inamovilidad, a no ser que los demás miembros del Tribunal consideren unánimemente que han dejado de satisfacer las condiciones requeridas; además los jueces gozan de privilegios e inmunidades diplomáticas en el ejercicio de sus funciones.

    El Presidente se elige por 3 años y representa al Tribunal, dirige los trabajos, los servicios, los debates y las visitas; tiene obligación de residir en la sede del Tribunal y tiene voto de calidad en los empates. Será sustituido en las ausencias o en los casos de imposibilidad de actuar por el Vicepresidente, también nombrado por un período de 3 años. Ambos cargos son cubiertos por elección dentro del propio Tribunal y pueden ser reelegidos.

  2. Los jueces ad hoc.

    Cuando en un asunto ante el TIJ una de las partes contara con un magistrado de su nacionalidad entre los miembros permanentes del Tribunal, la otra parte tendrá derecho a designar una persona de su elección para que tome asiento en calidad de magistrado. Facultad que se extiende al supuesto de que ninguna de las partes cuente con un juez de su nacionalidad.

    Los jueces así designados, cuyas funciones se limitan al conocimiento de un determinado litigio, son los llamados jueces ad hoc.

    Las partes no están obligadas a designar como jueces ad hoc a nacionales suyos, pudiendo poseer la nacionalidad de un tercer Estado distinto. Tampoco están obligadas a proceder a la designación, este es un acto facultativo de las partes.

  3. La Salas.

    La Secretaría está compuesta por un Secretario, un Secretario Adjunto y otros funcionarios. Los miembros del Tribunal eligen al Secretario entre los candidatos que ellos mismos proponen, durando su mandato un período de 7 años. Lo que se aplica también al Secretario Adjunto. Los restantes funcionarios son nombrados por el Tribunal a propuesta del Secretario.

    En cuanto a las funciones del Secretario, es el intermediario obligado de todas las comunicaciones que emanan del Tribunal o se dirigen a éste, recibiendo, por ejemplo, las demandas y demás documentos relativos al asunto; y es el encargado de transmitir los documentos recibidos de una parte a la otra. Además, tiene a su cargo la Lista General de asuntos planteados ante el Tribunal; asiste a las sesiones del Pleno y de las Salas y tiene a su cargo las actas de sesiones; firmando las sentencias, dictámenes consultivos y ordenanzas que el Tribunal dicta. Al comenzar el ejercicio de sus funciones realiza ante el Tribunal una declaración solemne, obligándose a cumplir sus deberes con lealtad, discreción y conciencia; y responde ante el Tribunal del ejercicio de sus funciones.


Competencias del tribunal internacional de justicia.

El TIJ ejerce su jurisdicción :
  • en materia contenciosa respecto a cualquier litigio que las partes le sometan. Sólo los Estados pueden ser partes en un litigio ante el Tribunal. No tenemos que olvidar, en este caso, que todos los Estados miembros de la ONU son ipso facto partes en el Estatuto del Tribunal y, que los Estados no miembros pueden convertirse en partes en el Estatuto y tener acceso al Tribunal aceptando ciertas condiciones.
  • en materia consultiva para dar un dictamen u opinión sobre cualquier cuestión jurídica. El acceso al Tribunal está abierto a las Organizaciones Internacionales y, en primer lugar a la propia ONU. De este modo, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad pueden solicitar un dictamen consultivo del Tribunal; y con la autorización de la Asamblea General, esta facultad se extiende a otros órganos de la ONU y a las instituciones especializadas que forman parte del sistema de la ONU, respecto a una cuestión relativa a su actividad.


  1. La competencia del tribunal en materia contenciosa.

    En primer lugar el Tribunal no posee una competencia obligatoria y, por lo tanto, existe con independencia de la voluntad de los Estados partes en una controversia; púes al igual que ocurre en el arbitraje, se basa en el consentimiento de estos.

    En segundo lugar, la competencia contenciosa del TIJ por razón de la materia es de carácter general. No existe controversia que los Estados facultados para comparecer ante el Tribunal no puedan someterle. De este modo, existiendo el consentimiento de las partes, el único límite a la función contenciosa del Tribunal es que se trate de un controversia jurídica, susceptible de ser resuelta por el derecho internacional. Entre estas controversias de orden jurídico podemos nombrar:
    • la interpretación de un tratado
    • cualquier cuestión de derecho internacional
    • todo hecho que constituya la violación de l derecho internacional
    • la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.


    Cuando hablamos del consentimiento de los Estados partes, hacemos referencia, como ya hemos señalado antes, a que la competencia del Tribunal depende de la voluntad de las partes. De este modo, cómo y en qué momento pueden las partes prestar su consentimiento para someter una concreta controversia a la competencia del Tribunal.

    En primer lugar, pueden someter la controversia al Tribunal mediante un acuerdo ad hoc, posterior al nacimiento de aquella. EL punto central de este acuerdo es la cláusula en la que se determina el objeto de la controversia jurídica entre las partes. Son los términos del compromiso los que determinan la competencia del Tribunal y establecen sus límites. La cláusula debe fijar claramente el alcance de la controversia que se somete al arreglo judicial. Por último, para que el compromiso produzca efectos procesales, no sólo debe haber sido registrado en la Secretaría de la ONU, sino también notificado al Tribunal.

    En segundo lugar, el acuerdo ad hoc puede surgir no sólo de un acuerdo expreso anterior al inicio del litigio, sino también del comportamiento ante el Tribunal del Estado que es demandado por otro. Ello puede justificarse por la ausencia de formalismo en la manifestación del consentimiento, pues si este existe, ni el Estatuto ni el Reglamento requieren que ese consentimiento se exprese en una forma determinada. EL consentimiento del Estado demandado puede resultar de actos concluyentes ante el Tribunal. Cabe observar que sí un Estado presenta una demanda ante el Tribunal basando la competencia de éste en un consentimiento aún no dado o manifestado por otro Estado, puede ocurrir que éste último al serle transmitida la demanda no acepte la competencia del Tribunal. Mientras la aceptación no se produce el asunto no es inscrito en la Lista General del Tribunal, ni se realiza ningún otro acto procesal.

    En tercer lugar, la competencia del Tribunal está prevista en un tratado internacional en vigor, celebrado antes de que surja la controversia entre las parte; hecho que es frecuente en la práctica internacional. En la práctica existen dos vías principales de sumisión al Tribunal mediante convenios y tratados:
    • los acuerdos generales de arreglo judicial, que entre otros modos de arreglo de controversias establecen la sumisión al Tribunal de las controversias jurídicas que surjan entre las partes.
    • las cláusulas de arreglo judicial incluidas en un tratado cuyo objeto es distinto, en cuyo caso el arreglo judicial sólo comprende, de ordinario, las controversias relativas al interpretación y aplicación de este tratado.
    • hay una tercera vía, que es la constituida por las declaraciones de aceptación de la jurisdicción obligatoria del TIJ, por las que cada Estado reconoce como obligatoria ipso facto y sin convenio especial la jurisdicción del Tribunal respecto de cualquier otro Estad que también haya suscrito una declaración aceptándola.


    En lo que respecta al tiempo, las declaraciones pueden hacerse por un tiempo determinado, con renovación automática o no por períodos similares. Y también por tiempo indefinido, sin ulterior condición o con reserva de la posibilidad de modificación, retiro, denuncia o terminación unilateral, ya sea sin preaviso o con un preaviso de 6 meses.

  2. Competencia del TIJ en materia consultiva.

    En éste ámbito, el tribunal no debe resolver un litigio entre los Estados, sino dar dictámenes u opiniones consultivas sobre cualquier cuestión jurídica que le sometan las instituciones u órganos autorizados para ello.

    La función del Tribunal en esta materia plantea tres problemas principales:
    • Qué órganos pueden solicitar el dictamen? La Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden solicitarlo sobre cualquier cuestión jurídica, mientras que los demás órganos y las instituciones especializadas de la ONU puede pedirlo, con autorización de la Asamblea General, sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades.
    • Está el TIJ obligado a emitir el dictamen solicitado? La respuesta es NO. No obstante, la práctica ha demostrado que el Tribunal no suele negarse, salvo si el dictamen implica necesariamente entrar en el fondo de una controversia entre Estados, aspecto limitado a la competencia contenciosa.
    • Cuál es el valor jurídico del dictamen u opinión consultiva? El dictamen no es una sentencia, ni posee un valor vinculante u obligatorio; sin embargo, dado el peso que posee una opinión del Tribunal, posee una fuerza moral tan fuerza que en la práctica tiene un valor cuasi obligatorio.


    Los dictámenes consultivos como las sentencias, enuncian el derecho en vigor respecto a la materia que es objeto de consulta, por ello su valor es igualmente importante. Tenemos que aludir aquí a una nueva tendencia surgida en la práctica convencional que amplía el valor atribuido a los dictámenes del Tribunal. La Convención sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales de 1986, introduce entre los procedimientos de arreglo de controversias relativos a las cláusulas de nulidad derivadas de la violación de una norma de ius cogens, la solicitud de una opinión consultiva al TIJ, la cual será aceptada como decisiva por todas las partes en la controversia de que se trate.

    Las solicitudes de dictámenes realizadas por organismos especializados de la ONU pueden referirse tanto a sus propios textos constitucionales como a la Carta de San Francisco, comprendiendo las controversias surgidas entre dos o más organismos especializados, entre una organización y uno o varios de sus funcionarios, entre una organización y uno o varios de sus Estados miembros, o entre dos o más Estados miembros entre sí pero en el seno de una organización internacional; debiendo hacerse la solicitud en todo caso por los órganos competentes de la organización. Por otra parte, el dictamen debe versar sobre cuestiones jurídicas, ya sean particulares o generales. El procedimiento consultivo se inspira en las normas que rigen el procedimiento contencioso ante el Tribunal. Por ello la opinión consultiva se estructura formalmente como si se tratara de una sentencia, pudiendo ir acompañada de declaraciones u opiniones individuales o disidentes de los jueces que ha intervenido en el procedimiento.


Procedimiento ante el Tribunal Internacional de Justicia.

La incoación del procedimiento se lleva a cabo mediante un acto de parte; lo que se efectúa bien mediante la presentación de una demanda , en el caso de que la jurisdicción del Tribunal se base en declaraciones de aceptación obligatoria o en una cláusula de un tratado que así lo prevea, o bien mediante la notificación al Secretario del Tribunal de un acuerdo o compromiso, cuando la jurisdicción se basa en un compromiso. EL procedimiento se dividirá en dos fases, una escrita y otra oral.

En el primer caso, la demanda debe indicar el Estado demandante, el demandado y el objeto específico de la controversia, así como los fundamentos jurídicos que justifican la competencia del Tribunal. Al iniciar el procedimiento, es preciso que las partes designen oficialmente agentes en La Haya, la sede del Tribunal, para el envío de todas las notificaciones pertinentes. Y posteriormente en el curso de la fase oral, pueden intervenir en nombre de cada parte los agentes, consejeros , abogados, y expertos que designe. Los idiomas oficiales del Tribunal serán el francés y el inglés, aunque si lo solicitase una de las partes, el Tribunal le autorizará para usar cualquier idioma que no sea el francés ni el inglés.

Entre los incidentes procesales que pueden plantearse, cabe destacar las solicitudes de medidas provisionales y las demandas de intervención de terceros. Supuestos en los que la función jurisdiccional del Tribunal no se basa en el consentimiento de las partes sino que posee un carácter institucional:
  1. Solicitudes de medidas provisionales: pueden ser adoptadas por el Tribunal para salvaguardar los derechos de las partes en el proceso en tanto no se proceda a dictar sentencia, previa audiencia de éstas, siendo notificadas el Consejo de Seguridad.
  2. Demandas de intervención de terceros: contempla el caso particular de que la controversia trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio; en cuyo caso, todos ellos tienen derecho a intervenir en el proceso, siendo entonces también obligatoria para los intervinientes la interpretación contenida en el fallo.


Como se ha dicho antes, el procedimiento ante el Tribunal se inicia bien por la presentación de una demanda unilateral o mediante la notificación del compromiso sometiendo una controversia al Tribunal. Y posteriormente, el procedimiento tendrá una fase escrita y otra oral:

  • Fase Escrita: consiste en la presentación por las partes de escritos que contienen una exposición detallada de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan, así como la respuesta a los argumentos de la otra parte. EL Presidente del Tribunal se entrevista con los agentes de las partes a fin de conocer sus puntos de vista sobre el número y el orden de presentación de escritos, así como los plazos dentro de los cuales se han de presentar. Los escritos son los siguientes:
    1. la memoria: que contiene un exposición de los hechos en que se funda la demanda, los fundamentos de desecho y las conclusiones;
    2. la contramemoria: que contiene el reconocimiento o la impugnación de los hechos manifestados en la memoria, exposiciones adicionales de los mismos, observaciones y contestación a los fundamentos jurídicos, así como las conclusiones pertinentes;
    3. La réplica o la dúplica: cuando el Tribunal lo autoriza, en la réplica o la dúplica, las partes ponen de relieve los aspectos del problema respecto a los cuales sus posiciones respectivas son aún divergentes.


    En cada uno de los escritos citados figurarán como anejos los documentos en que cada parte apoya sus propias tesis.

    Por lo que se refiere a los plazos para la presentación de los escritos, estos se fijarán de manera que sean tan breves como lo permita la naturaleza del asunto. Importa destacar, que en cada uno de estos escritos, las conclusiones de cada una de las partes cobran vital importancia, puesto que el Tribunal resolverá en definitiva las cuestiones planteadas en atención a las mismas. Una vez presentado el último escrito, el asunto que da listo para la apertura del procedimiento oral.

  • Fase Oral: La apertura de esta segunda fase es fijada por el Tribunal, siendo públicas las audiencias salvo que las partes soliciten que sean a puerta cerrada o el Tribunal así lo decida. La fase oral consiste en la exposición de las respectivas tesis por los agentes y consejeros de las partes, así como en la audiencia de los testigos y expertos. Con independencia de los documentos, alegaciones y pruebas que presentan los agentes de las partes, el Tribunal podrá comisionar a instituciones, organismos o individuos para que elaboren informes o emitan dictámenes periciales sobre un aspecto del asunto en cuestión. EL Tribunal puede indicar a las partes a lo largo de la fase oral los puntos que a su juicio no ha quedado suficientemente claros, los puntos que deben ser probados o los aspectos que ya están discutidos de manera suficiente y que, por tanto, no necesitan ser reiterados. Todo ello se inscribe en el objetivo general de lograr un procedimiento ágil, eficaz y carente de formalismos innecesarios. De todos modos, una vez que se han agotado los plazos previstos para la presentación de pruebas, el Tribunal podrá negarse a aceptar cualquier prueba adicional, oral o escrita, que presente una parte, si no media el consentimiento de la otra.

    Una vez finalizada la fase oral, los agentes expondrán sus conclusiones definitivas. El Presidente declarará terminada la vista y el Tribunal se retirará a deliberar, deliberaciones que tendrán carácter secreto.


Las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia.

Al margen de los supuestos de arreglo amistoso entre las partes o de desistimiento del Estado demandante, los asunto ante el Tribunal finalizan con la sentencia. El Tribunal tomará sus decisiones por mayoría de votos de los magistrados presentes, decidiendo, en caso de empate, el voto cualificado del Presidente. El proceso para elaborar el texto de la sentencia consiste, tras una serie de deliberaciones y discusiones conjuntas previas, en la labor de un Comité de redacción formado por tres miembros del Tribunal. Este Comité elabora un anteproyecto de sentencia, que una vez discutido y modificado constituye el proyecto de sentencia, constituyendo este último texto el objeto de votación por los Miembros del Tribunal en pleno o, en su caso, de la Sala.

Desde un punto de vista formal, las sentencias del TIJ se dividen en tres partes, claramente definidas:
  • individualización del asunto, en donde se consignan los nombres de los jueces y de los representantes y consejeros de las partes; conteniendo un resumen del procedimiento y las conclusiones de las partes;
  • exposición de motivos; el fallo debe estar motivado;
  • parte dispositiva, donde debe hacerse constar no solamente el número sino también el nombre de los jueces que constituyan la mayoría.


El texto de la sentencia suele verse acompa_ado por las opiniones de los jueces, que pueden ser de diversa índole, constituyendo su admisión un corolario de principio de publicidad de la decisión. En primer lugar desatacan las opiniones individuales, que emanan de un juez que ha votado a favor de la decisión del Tribunal y, por tanto, de la parte dispositiva del fallo, pero está en desacuerdo con todos o parte de los motivos del Tribunal o ha sido impulsado a votar a favor del fallo por razones distintas o adicionales.

Por otro lado, las opiniones disidentes expresan las razones por las que por las que un juez está en desacuerdo, en uno o varios puntos, con la decisión del Tribunal. Es decir, con la parte dispositiva del fallo y con sus motivos, por lo que, en consecuencia, ha votado en contra. También cabe la posibilidad de las declaraciones, que permiten a los jueces hacer público su acuerdo o desacuerdo con el fallo sin expresar los motivos concretos que les ha impelido a ello. La calificación de una opinión como individual o disidente la realiza el propio juez que la admite, figurando el texto de la misma a continuación de la sentencia.

Las sentencias del TIJ presenta dos caracteres principales. Por una parte, el fallo es definitivo e inapelable desde el mismo momento que se hace público. En segundo término, su valor es relativo, ya que goza de la autoridad de cosa juzgada solo para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. Lo que se corresponde con el presupuesto de que el Tribunal no puede decidir sobre los derechos y obligaciones de los terceros Estados que no son partes en el litigio.

Frente a las sentencias caben dos posibles recursos:
  • recurso de interpretación, que se sustancia ante el propio órgano judicial en caso de desacuerdo sobre e sentido o alcance del fallo. La solicitud de interpretación de una sentencia puede hacerse mediante demanda de una de las partes o mediante notificación de un compromiso suscrito por ambas, indicándose con precisión el aspecto o aspectos discutidos.
  • recurso de revisión, sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al producirse el fallo, fuera desconocido por el Tribunal y por la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia. Por otro lado, antes de que se inicie el proceso de revisión, el Tribunal puede exigir que se cumpla la sentencia. Por último lugar, están previstos taxativamente los plazos oportunos, puesto que la solicitud de revisión deberá formularse dentro del término de 6 meses después de descubierto el hecho nuevo, no pudiendo pedirse la revisión una vez transcurrido el término de diez años desde la fecha del fallo.

    Por lo que se refiere la ejecución de las sentencias, los modos de ejecución de la misma y la posterior actividad de las partes necesaria a este fin están condicionados por el propio contenido del fallo. Si éste declara que una determinada situación de hecho es conforme a derecho, las partes estarán obligadas únicamente a no modificarla. Pero la sentencia puede obligar a una parte a realizar una concreta actividad, por ejemplo, el pago de una indemnización si es declarada responsable de un hecho ilícito o la entrega de un territorio que el fallo decide que pertenece al otro Estado parte. Pero hay que tener en cuenta que la imposibilidad de cumplimiento total no impide el cumplimiento parcial de la misma. La práctica existente en la materia nos enseña que la mayoría de las sentencias han sido cumplidas siempre por las partes, especialmente en lo que se refiere al TPJI. Sin embargo, ciertas sentencias del TIJ no fueron ejecutadas en su totalidad. No tenemos que olvidar al respecto que la no ejecución de una sentencia puede entrañar el nacimiento de un conflicto susceptible de afectar el mantenimiento de la paz y seguridad.

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