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El Indice de Sociedad Civil (CSI) de CIVICUS: Un balance de los resultados para América Latina
Autores corporativos:
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (canal; responsable)

Autores personales:
Serbin, Andrés (Autor/a)

   Descripción    Clasificación    Documento   
 Índice:
     1. Contexto socio-histórico y político: El desarrollo de la sociedad civil en América Latina
     2. Tendencias generales identificadas por el proyecto CSI de CIVICUS
     3. Algunos resultados parciales del proyecto CSI
1. Contexto socio-histórico y político: El desarrollo de la sociedad civil en América Latina
América Latina [1] presenta, como región, algunos rasgos distintivos en relación a la conformación de una sociedad civil en sus diferentes países y a nivel regional. En este sentido, y en primer lugar, es necesario señalar que el concepto de sociedad civil para analizar y abordar el desarrollo de actividades asociativas no–gubernamentales, que no se orientan al lucro y que buscan promover el bien común [2], irrumpe en la región en la década del ochenta, en el marco de los procesos de redemocratización y consolidación democrática post-autoritaria. En este contexto, las referencias asociativas más importante de las organizaciones ciudadanas son, predominantemente, las redes y movimientos de derechos humanos que denuncian los abusos cometidos durante los regímenes militares y que promueven la reafirmación el estado de derecho y la consolidación de la democracia[3].

De hecho, es en esta etapa que se comienza a hablar de sociedad civil en la región, se rescata el concepto desde la tradición y la experiencia de las sociedades occidentales (y predominantemente noratlánticas[4]), y se retoman y rescatan algunas tradiciones locales, principalmente relacionadas con el trabajo filantrópico y de asistencia de la Iglesia Católica. Es así que, el trabajo en organizaciones comunales y vecinales, fuertemente impulsado por las corrientes progresistas de la Iglesia Católica en la década del sesenta, es retomado, en un marco más amplio, para impulsar nuevas formas de asociación y organización ciudadana, categorizadas a partir de ese momento como actividades de la sociedad civil, en función de valores vinculados a la solidaridad con los pobres y marginados.

Estas dos vertientes —una de raíces anteriores y la otra de incidencia externa— presentadas esquemáticamente y que, desde luego admiten numerosas excepciones, contribuyen a configurar el entramado de la sociedad civil en la región, con algunos elementos adicionales importantes. Por un lado, la globalización de los derechos humanos y del derecho internacional impulsa, espacialmente a partir de la década del ochenta, vinculaciones con redes internacionales más amplias y se refleja en el desarrollo de movimientos y organizaciones sectoriales que legitiman su accionar desde la perspectiva de una serie de valores universales y de bienes públicos globales [5], tales como la equidad de género, la lucha contra la discriminación y la equidad racial, la defensa y protección del medio ambiente, la promoción del desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza, frecuentemente en interacción con organismos internacionales, agencia de cooperación internacional y ONGs del Norte. Por otro lado, bajo el impacto de las reformas estructurales promovidas en la década del noventa en el marco del llamado “Consenso de Washington”, existe un fuerte impulso al desarrollo de un “tercer sector” orientado a compensar, en el ámbito de las políticas sociales, las deficiencias de un estado debilitado y poco eficiente, a través de la filantropía y de la solidaridad de sectores no-gubernamentales.

Sin embargo, y pese a esta confluencia de factores endógenos y exógenos, la sociedad civil en América Latina y el Caribe, a diferencia de otras regiones (y especialmente de Europa), no se configura, como señala Garretón, como “un tejido asociativo de contrapeso al estado”, organizado desde abajo o promovida desde afuera, sino que “por el contrario, el estado es el que constituye desde el principio simbólico de una nación a la sociedad a través de la política”, y es “la política y el Estado (que) generan, constituyen, estructuran lo que hoy podría llamarse la sociedad civil y ésta, cualquiera sea su contenido y sus niveles organizativos, no existe autónomamente salvo situaciones o casos excepcionales”[6]. De allí que la referencia al Estado es, en América Latina y el Caribe, omnipresente en toda expresión organizativa de la ciudadanía, y la política el ámbito inevitable en el cual se desenvuelve, en tanto es el Estado el que configura la matriz socio-política en la que se desenvuelve la sociedad.

En América Latina y el Caribe, este desarrollo particular de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) presenta varias características distin tivas, de las que mencionaremos sucintamente cinco a los efectos de ubicar la aplicación del CSI en la región, y que recogen estudios previos sobre el tema en la región[7].

En primer lugar, desde el punto de vista genealógico, sus precedentes y origen reciente se encuentran en organizaciones comunales y de base en la década del sesenta, con un fuerte sentido de misión y de superioridad moral, frecuentemente teñido de fuertes elementos ideológicos, principalmente en el marco de regímenes autoritarios[8]. En este sentido, han detentado un carácter originariamente anti-gubernamental, en sociedades altamente estatistas, y se han articulado frecuentemente en movimientos sociales de protesta. En consecuencia, con frecuencia, su desarrollo actual está condicionado por estos orígenes y fuertemente vinculado a las dinámicas políticas de cada país. Sin embargo, a estos rasgos originarios deben sumarse, bajo el impacto del discurso neoliberal de la década del ochenta, su articulación en organizaciones y redes filantrópicas, asociadas al llamado “tercer sector” y crecientemente imbuidas de la percepción de vincular sus iniciativas con el estado y las políticas públicas, lo que con frecuencia, genera un cuadro de ambigüedades entre el carácter originariamente anti-gubernamental de algunas de ellas, y la identificación y complementación de políticas gubernamentales por parte de otras, ambigüedad a la cual los rasgos clientelístas y populistas de algunos gobiernos tienden a contribuir. En ambos casos, sin embargo, el referente fundamental sigue siendo el Estado.

En segundo lugar, desde un punto de vista contextual, las organizaciones de la sociedad civil están marcadamente imbuidas de las culturas políticas nacionales. Por lo tanto, tienen que ser diferenciadas en los diferentes contextos subregionales y nacionales, y reiteran, con frecuencia, rasgos de las culturas y valores políticos de cada sociedad (en general, patrimonialismo, clientelismo, corporativismo, personalismo, y, frecuentemente, como consecuencia de sus orígenes de base, localismo/parroquialismo, como rasgos descollantes) que hacen, a su vez, a distintas modalidades de relación con el Estado. En este sentido, es importante subrayar, en América Latina y el Caribe, las manifiestas diferencias entre los diferentes países en función de sus particularidades en el desarrollo jurídico-institucional, socio-cultural y económico, y de sus dinámicas políticas actuales, pero también las marcadas diferencias subregionales que hacen a las diferenciaciones entre el Caribe insular (en sus vertientes anglófona e hispanoparlante, principalmente), los países del istmo centroamericano, el área andina y el Cono Sur.

En tercer lugar, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la sociedad civil como tal cobran particular impulso a partir de la década de las ochenta asociadas, en primer lugar, a organizaciones y movimientos de derechos humanos (DDHH), en el marco de los procesos de re-democratización. Posteriormente, evolucionan hacia diversas modalidades de acción ciudadana en torno a demandas en relación a bienes y políticas públicas, en el marco de la consolidación democrática y de la aspiración de reforma de los sistemas democráticos, y de los vacíos engendrados en torno a las políticas sociales por los efectos de la reformas promovidas en el marco del consenso de Washington. Las fuertes desigualdades socio-económicas características de la región, la pobreza y la exclusión social, contribuyen a que las organizaciones de la sociedad civil presenten especial atención a las políticas sociales y desarrollen asimismo, programas propios de carácter social. Eventualmente, y en el marco de fenómenos de hipermovilización frente a la deslegitimación y a la dificultad de los actores políticos tradicionales de responder a las demandas de la ciudadanía, pueden configurar procesos de “anti-política” que cuestionan tanto la legitimidad del Estado como de los partidos políticos democráticos existentes. Sin embargo, como fenómeno más reciente y en contextos de mayor institucionalidad democrática, se articulan con movimientos ciudadanos emergentes en torno a los problemas de la violencia y la inseguridad ciudadana. Ambos se caracterizan, sin embargo, por la utilización de la movilización social como una metodología descollante. Por otra parte, en el marco democrático, tienden crecientemente a incorporar en su agenda una amplia gama de derechos que incluyen los derechos civiles, sociales, económicos y culturales[9].

En cuarto lugar, como consecuencia de sus características predominantemente nacionales y de su origen de base, tienden, en su origen, a tener dificultades en articularse en redes nacionales, regionales o transnacionales, particularmente en el caso de organizaciones solidarias o de reforma política, y de establecer alianzas y modalidades de coordinación entre las diversas organizaciones con diferentes intereses sectoriales. La excepción más evidente la constituyen los movimientos de derechos humanos, mujeres, afro-descendientes, indígenas, ambientalistas, y los sindicatos asociados a organizaciones internacionales, en el marco de una dinámica de crecimiento fuertemente condicionada por la globalización, el surgimiento de temas y el reconocimiento de bienes públicos globales y, especialmente, por la globalización del derecho internacional y de los derechos humanos. No así las organizaciones y movimientos de reforma política y participación ciudadana, y de asistencia solidaria y ayuda humanitaria, con mayor focalización en temas sectoriales locales y/o nacionales. En este marco, con las excepciones señaladas, existe una seria dificultad de las OSC en América Latina y el Caribe a movilizarse por temas regionales que, en general, están fuera de sus intereses y demandas inmediatas, de sus agendas y de su horizonte cognitivo. Temas tales como la paz y la seguridad regional, la prevención de conflictos, las agendas multilaterales, el déficit democrático de organismos regionales y subregionales, la gobernabilidad democrática regional, quedan frecuentemente fuera de su agenda y de sus prioridades, cuando no son articuladas a través de instituciones religiosas[10].

Por otra parte, como ya señalamos, no obstante sus dificultades de origen, una significativa parte de la reactivación y desarrollo de las OSC en América Latina y el Caribe en la década del ochenta está fuertemente ligado al desarrollo de vínculos y redes transnacionales, especialmente en el campo de los derechos humanos, y está asociado al desarrollo de una sociedad civil global. Más recientemente los vínculos, nexos y articulaciones globales se amplían a través del desarrollo del movimiento anti-ALCA, los movimientos anti-globalización y la participación en el Foro Social Mundial.

En quinto lugar, las OSC básicamente están conformados, a nivel nacional, por ONGs y organizaciones ciudadanas, con agendas sectoriales y específicas, más profesionalizadas, urbanas y de clase media; y por movimientos sociales (desempleados, campesinos sin tierra, en ocasiones agrupaciones sindicales), generalmente asociados a posiciones de protesta y más radicales en sus demandas de cambio que, en algunos casos, reflejan dinámicas asociadas al medio rural. Entre ambos tipos de organizaciones, hay frecuentemente marcadas diferencias de presupuestos conceptuales, teóricos e ideológicos, entre la visión del “Tercer sector” como complemento y corrector del Estado y del mercado (versión neoliberal), y la concepción del “bloque contra-hegemónico” (versión gramsciana) o de espacios de contestación (versión postmoderna y activista) en pugna con el Estado[11]. Sin embargo, esta diferenciación responde más a una visión simplificada de un complejo entramado de organizaciones y movimientos cuyas fronteras no son fácilmente distinguibles y sobre las que hemos abundado en otros trabajos[12].

Estas dos vertientes marcan también estrategias diferentes de relación con los gobiernos. Simplificando nuevamente, en el primero predomina la tendencia al diálogo, la interlocución y el cabildeo; en el segundo, la movilización y la confrontación, como instrumentos para promover el cambio. Sin embargo, estas estrategias no son necesariamente excluyentes y, eventualmente, tienden a combinarse. No obstante, las agendas de ambos grupos no siempre son coincidentes[13]. Sin embargo, dadas las características de los estados latinoamericanos y el alto desarrollo de modalidades clientelísticas, ambas formas son pasibles de cooptación por el Estado a través de diversos mecanismos.

A su vez, a mayor desarrollo de la institucionalidad y madurez democrática de una sociedad, existen políticas más evidentes y estructuradas del Estado respectivo hacia la profundización de la participación ciudadana (a través de observación/monitoreo, consulta o participación en toma de decisiones, y con mayor, menor o nulo apoyo financiero e institucional) y mayor autonomía de las OSC[14].

En este marco, los principales desafíos de las OSC en la región se han vinculado, en lo interno, a la aplicación en su propio seno de lo que predican—transparencia, decisiones democráticas, accountability, cumplimiento de las reglas de juego y de los mandatos de sus bases, representatividad y legitimidad, que justifican, desde un punto de vista ético, sus mandatos y aspiraciones.

Por otra parte, sus principales dificultades en lo interno se han asociado con el personalismo de su liderazgo, su fragilidad y falta de sostenibilidad institucional, la dependencia financiera (predominantemente de donantes externos), y la dificultad de transitar desde lo normativo a lo propositivo en sus planteamientos [15].

Finalmente, una confusión común por parte de las OSC consiste en creer que son sólo actores sociales, sin asumir que son actores políticos en ámbitos más dinámicos y complejos y que, sin embargo, en una democracia, no pueden sustituir a los actores políticos tradicionales—partidos políticos, parlamentos, sindicatos, y que deben complementar y monitorear su actuación, más allá de la resistencia de las elites políticas a aceptar la implementación de mecanismos participativos para la ciudadanía que impliquen mecanismos más amplios que los del voto en las elecciones establecidas regularmente.

En este marco es de señalar no sólo la reticencia de los gobiernos, que consideran en su mayoría que la participación ciudadana se limita básicamente al acto electoral y que no han contribuido en general, fuera de algunas experiencias focales a nivel local, a la institucionalización de mecanismos de participación y responsabilidad ciudadana más amplios, sino también la reticencia para institucionalizar la participación ciudadana en los organismos regionales o internacionales.

Asimismo es de señalar, como ya mencionamos, la reticencia de los actores políticos tradicionales (partidos políticos en especial) a aceptar un rol para la sociedad civil y la participación ciudadana, frecuentemente asociada a una dificultad de comprensión de la creciente complejidad política y social de las dinámicas democráticas contemporáneas y de los nuevos retos que impone en términos de representatividad, legitimidad y participación política.

En este contexto, se articula una compleja relación en el seno de la sociedad civil entre movimientos sociales de diferente raigambre, y organizaciones ciudadanas con intereses sectoriales que hace a la heterogeneidad y fragmentación de la ciudadanía organizada, y que se vincula, generalmente de una manera competitiva cuando no conflictiva, con los actores políticos tradicionales, en el marco de la interlocución con el Estado.

Finalmente, es necesario subrayar que, en América Latina, la conformación de la sociedad civil desde el Estado, ha dado lugar a numerosas exclusiones, muchas de ellas predominantemente de carácter étnico, que afectan a amplios sectores de la población, tanto rural como urbana. Algunos de los sectores tradicionalmente excluidos, particularmente en el caso de algunos movimientos indígenas, pueden reivindicar posiciones que ponen en cuestión no sólo el sistema democrático existente, sobre la base de sus propias tradiciones políticas, sino también al Estado, percibido como una imposición producto de la colonización y conquista de la región. En algunos casos, estos sectores tienden a rechazar asimismo una concepción de la sociedad civil que escape a sus propias tradiciones, situación que, con frecuencia, complejiza y eventualmente fragmenta aún más, el campo de la sociedad civil en la región.

Como se aprecia de este panorama muy esquemático, los referentes principales de la sociedad civil en América Latina y el Caribe, remiten históricamente al Estado y a la política. En general, las referencias a las empresas y al sector privado han sido extremadamente limitadas.


NOTAS:
  1. ® Esta sección introductoria está basada en un artículo previo: Serbin, Andrés (2006a). “El díficil tránsito hacia una ciudadanía regional”, en Revista del Sur (Montevideo), No. 164, Marzo-Abril 2006.

  2. ®El proyecto CSI de Civicus define como la sociedad civil “as the arena, outside of the family, the state and the market where people asóciate to advance common interests”, en CIVICUS Civil Society Index – Framework and Research Methodology, ms.

  3. ® Ver Jelin, Elizabeth and Eric Hershberg (eds) (1996). Constructing Democracy. Human Rights, Citizenship and Society in Latin America, Boulder: Westview Press.

  4. ® Kaldor, Mary (2003). Global Civil Society. An Answer to War, Cambridge: Polity.

  5. ® Kaul, Inge; Isabelle Grunberg and Marc A. Stern (eds.) (1999). Global Public Goods, New York: UNDP.

  6. ® Garretón, Manuel Antonio (2006). “Sociedad civil y ciudadanía en la problemática latinoamericana actual”, en Cheresky, Isidoro (comp.) Ciudadanía, sociedad civil y participación política, Buenos Aires: Miño y Dávila, pp. 145-159.

  7. ® Entre los más recientes, cfr. Serbin, Andrés (2006a). “El díficil tránsito hacia una ciudadanía regional”, en Revista del Sur (Montevideo), No. 164, Marzo-Abril 2006, and (2006b). “Regionalidad y ciudadanía: retos y dilemas de la sociedad civil en América Latina y el Caribe”, en Dello Buono, R.A. and Diana Avila (eds.) Dialógo Sudamericano: otra integración es posible, Lima: Consejería en Proyectos.

  8. ® Wils, Frits (1995). NGOs in Latin America: Past Strategies, Current Dilemmas, Future Challenges, Oxford: INTRAC,
  9. ® Deacon, Bob (2001). The Social Dimension of Regionalism, Helsinki: GASPP.

  10. ® Una excepción notable a esta situación lo constituyen el movimiento anti-ALCA, asociado al desarrollo del Foro Social Mundial, y las distintas expresiones regionales de movimientos anti-globalización, que progresivamente han ido incorporando a actores locales y nacionales en un movimiento heterogéneo pero básicamente transnacional y regional, como lo evidencia la Cumbre de las Américas IV realizada en Mar del Plata en octubre del 2005, y el Foro Social de las Américas convocado en Caracas en enero del 2006, donde comenzaron a delinearse estrategias conjuntas para impulsar un proceso de integración regional alternativo.

  11. ® Kaldor, Mary: op. cit., y (2003). “Haz la ley y no la guerra: la aparición de la sociedad global”, in Castells, Manuel y Narcís Sierra (eds.) Guerra y paz en el siglo XXI, Barcelona: Tusquets Editores.

  12. ® Ver trabajos citados más arriba.

  13. ® Esta misma situación se refleja en las redes y movimientos sociales de carácter regional, que se alinean entre el diálogo y la confrontación (insiders y outsiders) con los gobiernos y los organismos regionales. Un caso ilustrativo al respecto se produjo en la Cumbre de las Américas en Québec, donde ambos grupos tuvieron un desempeño diferenciado en las relaciones con los gobiernos participantes en la Cumbre, con logros marcadamente diferentes. Situación que se ha vuelto a repetir en la Cumbre de Mar del Plata.

  14. ® Ver al respecto Carlos March (2004). “La república feudal”, en La Nación (Buenos Aires), 9 de septiembre del 2004, que cita entre los mecanismos posibles de participación que pueden ser impulsadas por los gobiernos en un marco democrático como instancias de gestión, control y definición de políticas públicas más allá del voto, las iniciativas populares, la consulta popular, el referéndum, las audiencias públicas, la elaboración de presupuestos participativos, las revocatorias de mandato, el derecho a la información, la revocatoria de leyes, la publicidad de actos de gobierno, y la aprobación de cartas de compromiso con la ciudadanía.

  15. ® Hemos desarrollado estas características en más detalle en Andrés Serbin (comp.) Entre la confrontación y el diálogo. Integración regional y diplomacia ciudadana, Buenos Aires: Editorial Siglo XXI, 2003. Ver también Serbin, Andrés (2002) “Globalización, integración regional y sociedad civil”, en Carlos Oliva y Andrés Serbin (comp.) América Latina, el Caribe y Cuba en el contexto global, Sao Paulo: CRIES/AUNA y Serbin, Andrés (2001). “Globalofóbicos vs. Globalitarios” en Nueva Sociedad (Caracas), No. 176, noviembre-diciembre.


2. Tendencias generales identificadas por el proyecto CSI de CIVICUS
El proyecto encarado por CIVICUS, confirma algunas de las aseveraciones y caracterizaciones anteriores y pone en cuestión algunas otras, si nos atenemos a la muestra representada por los estudios de caso desarrollados y finalizados —Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Uruguay. Existen dos estudios más en curso —Costa Rica y Jamaica, que no se encontraban disponibles al momento de escribir esta reseña. Sin embargo, para establecer tendencias definidas en toda la región, y comparar particularidades nacionales y subregionales, haría falta disponer adicionalmente de estudios sobre dos de los países más grandes —México, donde se ha venido desarrollando un importante movimiento de la sociedad civil[16], y Brasil, particularmente interesante por las articulaciones existentes entre la sociedad civil, el gobierno y los partidos políticos[17]. Adicionalmente, un caso fundamental a incluir es el Colombia, donde la situación de conflicto interno, por un lado, y la aprobación de un marco legal favorable al desarrollo de la sociedad civil a partir de la aprobación de la Constitución de 1991, ha dado lugar a un significativo desarrollo de la sociedad civil y de la participación ciudadana, particularmente en relación a la promoción de la paz.

No obstante, de los estudios de caso encarados por el proyecto CSI, pueden identificarse algunas tendencias generales sobre las fortalezas y debilidades de la sociedad civil en la región, en términos de las cuatro dimensiones privilegiadas por CIVICUS.

En términos de estructura, en los siete países estudiados, se evidencia en primer lugar que, fuera de las situaciones de crisis, la tendencia predominante es a una limitada pero activa participación ciudadana. Si bien los estudios revelan que, en algunos países, existe una mayor participación ciudadana, particularmente en momentos de crisis, esta no se hace sostenible y decae una vez estabilizada la situación política y económica. Por otra parte, si bien en todos los casos se detecta una gran diversidad en la sociedad civil y en el espectro de organizaciones ciudadanas, existe una evidente tendencia a un mayor desarrollo y concentración de éstas en las áreas urbanas. Una excepción notable la constituyen los movimientos indígenas, particularmente en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Chile. Los niveles de desarrollo organizativo varían en los diferentes casos y no permiten establecer una tendencia definida, con excepción de la predominancia de líderes fuertes, con la exclusión de algunos grupos al acceso al liderazgo de estas organizaciones, y la debilidad o ausencia reiterada de mecanismos de democracia, accountability y transparencia interna. En lo que se refiere a las relaciones entre las diversas organizaciones de un mismo país, la tendencia evidente es a una fragmentación persistente de la sociedad civil – en general hay ausencia de mecanismos de coordinación y de comunicación horizontal, y las alianzas que se conforman generalmente son coyunturales y no logran institucionalizarse y persistir en el tiempo y más allá de la coyuntura que las justifica. Con excepción de los sindicatos y, eventualmente, los movimientos cooperativistas, existe poco desarrollo de federaciones o redes más amplias y estables, con mecanismos de democracia y monitoreo internos. Finalmente, el cuadro más preocupante para la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil es la grave carencia de recursos financieros. Si bien en algunos casos existe abundante disponibilidad de recursos humanos y capacidad técnica, la tendencia reiterada es a depender de fondos de ayuda externa o, en su defecto, del financiamiento del estado, con sus correlaciones en términos de clientelismo y cooptación. Con excepción de los sindicatos, las cooperativas, algunas organizaciones religiosas y los clubes deportivos, existen dificultades para dar sostenibilidad financiera a las organizaciones a través de las contribuciones o cuotas de sus miembros, y los vínculos con el sector privado, como veremos más adelante, son muy limitados o nulos.

En términos del entorno en el que se desenvuelven, los casos estudiados evidencian la inestabilidad general del entorno político, con excepción de Chile y Uruguay. No obstante, en todos los países las libertades y derechos civiles están claramente establecidos y no existen impedimentos legales evidentes para el desempeño de las organizaciones ciudadanas. Tampoco existen, en la mayoría de los casos, estímulos particulares desde el Estado para este desempeño, o marcos legales claramente establecidos. El desarrollo de los marcos legales para las actividades de la sociedad civil generalmente es muy limitado, inexistente o desactualizado; no existen estímulos ni marcos para los donativos o la exención impositiva para estos o para el trabajo voluntario y, en algunos casos, existen serias dificultades y demoras para el registro legal de las organizaciones. Posiblemente, el caso más avanzado en este sentido es el de Uruguay, entre los casos estudiados, y el de Perú[18].

Sin embargo, en los casos estudiados tampoco se evidencian controles excesivos sobre la ayuda proveniente de donantes externos, como actualmente está sucediendo en Venezuela y Nicaragua. El contexto socio-económico, en la mayoría de los países, no favorece el desarrollo de las OSC, que en algunos casos presentan altos índices de pobreza y de pobreza extrema, como en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Honduras. Un elemento común a todos los casos, sin embargo, es la corrupción que afecta a las instituciones del gobierno pero también, aunque en menor medida y con la probable excepción de Chile y Uruguay, a las organizaciones ciudadanas. En este marco las relaciones con el Estado son, en general limitadas o difíciles. En algunos casos, como el de Bolivia y el de Ecuador, parecen ser endémicamente conflictivas, de manera que la incidencia sobre políticas públicas se hace limitada[19].

En otros, existe una evidente mejora en el diálogo que, no implica, sin embargo, una desarrollo avanzado de marcos institucionalizados para este diálogo y la interacción consecuente, o la posibilidad de una efectiva participación en la formulación y no sólo en la implementación de las políticas sociales, como en Argentina, Chile y Uruguay. La fórmula más avanzada parece ser los consejos consultivos de la sociedad civil en diferentes ámbitos, pero frecuentemente sin que sus decisiones sean vinculantes. Finalmente, la tendencia más resaltante en todos los casos es la muy limitada cuando no totalmente inexistente relación con el sector privado, generalmente teñida por altos grados de desconfianza mutua. De acuerdo al estudio de CSI, sólo Argentina muestra algunos avances en este sentido.

En lo que a valores se refiere, es evidente que existe una tendencia fuertemente coincidente y predominante en las OSC de la región, a privilegiar la erradicación de la pobreza. En este tema, los siete casos analizados coinciden totalmente. También existe una clara tendencia a coincidir en cuanto a valores vinculados a la democracia, a la tolerancia y a la no-violencia (siendo la única excepción en estos dos últimos temas, el Ecuador). Aunque no esté incluido como un valor específico entre los indicadores del CSI, en el análisis de los estudios de caso, se muestra una fuerte coincidencia en valorizar positivamente los derechos humanos, generalmente en relación al valor democracia. Los derechos humanos aparecen como un tema coincidente, con un fuerte énfasis, con la excepción de Bolivia y de Uruguay donde aparecen valorados, pero no en la misma medida. Asimismo, la coincidencia es evidente en torno a la defensa y protección del medio ambiente, valor compartido en todos los casos, con la excepción de Bolivia. En la misma línea de convergencia, una tendencia presente en la mayoría de los casos es la valoración de la transparencia, especialmente referida a las dinámicas internas de cada organización. Con excepción de Uruguay, donde el estudio señala que existe una fuerte transparencia interna en las actividades de las organizaciones ciudadanas, en el resto, si bien existe un énfasis en demandar transparencia de las instituciones estatales, este énfasis no está presente en lo referido a la dinámica interna. La equidad de género, es la que menos coincidencias evidencia. En general, no hay una especial valoración de la misma, pese al desarrollo de las organizaciones y movimientos de mujeres, lo cual se hace evidente en la ya señalada situación de dificultad de acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo y dirección de las OSC. Sólo Argentina y Uruguay muestran valoraciones más positivas sobre este tema. Finalmente, es de señalar que si bien sólo aparece como referencia explícita en el caso de Bolivia, un indicador a considerar en el proyecto es el la de la equidad étnica y la no discriminación, particularmente teniendo en cuenta la alta composición de población indígena en sociedades como la de Bolivia, Ecuador y Guatemala y, en menor medida en Chile, donde además existen poderosos movimientos indígenas.

En relación con el impacto, la tendencia más importante a destacar y que no figura como u n indicador específico del proyecto, es que la mayoría de los estudios revela un alto grado de confianza de la sociedad y de la opinión pública en relación con las OSC (pese a que con frecuencia se señala su poca visibilidad) inclusive en sociedades como Argentina y Chile donde existen altos niveles de desconfianza mutua entre individuos. Esta confianza y valoración positiva de las OSC contrasta con la limitada influencia que en todos los casos se revela en relación al Estado y a la formulación de políticas públicas. En algunos casos, como Bolivia y Ecuador, esta influencia es mínima, si no tenemos en cuenta el efecto de las movilizaciones y protestas sobre posibles cambios en el ámbito político. En estos dos casos, las relaciones con el Estado se caracterizan, como ya señalamos, por ser conflictivas. En los otros, si bien se encuentran en desarrollo, son de limitada influencia e impacto. En general, la confianza a las OSC se asocia con su capacidad de respuesta a los intereses sociales, al punto de señalarse en el estudio de Uruguay, que son más eficientes en la previsión de servicios, que el Estado. En este sentido, la tendencia evidente es su capacidad de satisfacer las necesidades sociales a través del desarrollo de servicios diversos. Finalmente, una tendencia que se manifiesta fuertemente en todos los casos, es que las OSC contribuyen y cumplen, como una de sus funciones más importantes, con empoderar al ciudadano.


NOTAS:
  1. ®Ver Olvera Rivera, Alberto (2002). “Accountability social en México: La experiencia de la Alianza Cívica”, en Peruzzotti, Enrique and Catalina Smulovitz (eds.) Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas, Buenos Aires: Temas, pp 219-259, y Ramirez Sáiz, Juan Manuel (2006). “Las organizaciones cívicas en la democratización de la sociedad y del sistema político mexicano, 1994-2000”, en Isunza Vera, Ernesto and Alberto Olvera (eds.) Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social, México D.F.: Porrúa et al., pp. 519-543.

  2. ® Ver Avritzer, Leonardo (2002). “Modelos de formación del Estado y sociedad y su impacto en la accountability: comentarios sobre el caso brasileño”, y Batista Cavalcanti, Rosangela and María Teresa Sadek (2002). “El impacto del Ministerio Público sobre la democracia brasileña: el redescubrimiento de la ley” en Peruzzotti, Enrique and Catalina Smulovitz (eds.) Controlando la política. Ciudadanos y medios en las nuevas democracias latinoamericanas, Buenos Aires: Temas, pp. 139-167, and pp. 169-191.

  3. ® Ver Oliveira, Anna Cynthia, ed. (1997). Marco regulador de las organizaciones de la sociedad civil en Suramérica, Washington D.C.: Interamerican Development Bank/UNDP. Sin embargo, una legislación reciente introducida por el gobierno del presidente Alan García parece aspirar a imponer controles muy estrictos sobre la cooperación internacional y las donaciones externas a las organizaciones de la sociedad civil en Perú, ver www.canalsolidario.org/web/sp
  4. ® Los gobiernos recientemente electos en estos dos países, con significativo apoyo de los movimientos sociales y con posterioridad a la realización de los estudios de casos, pueden eventualmente conducir a una reversión de esta situación.


3. Algunos resultados parciales del proyecto CSI
En este marco, los países estudiados por el proyecto CSI muestran niveles relativamente altos de participación ciudadana en las actividades de la sociedad civil[20]. Las organizaciones de la sociedad civil son particularmente activas en la promoción de valores como la no-violencia y la tolerancia, y de los valores democráticos en general, pero menos activas en la práctica de la transparencia y de la rendición de cuentas. Los derechos humanos, y los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales aparecen como valores centrales en todos los casos, presentan una tendencia consistente entre las organizaciones de la sociedad civil de todos ellos, y constituyen el núcleo de sus agendas. En todos los casos, muchas de las organizaciones impulsan campañas sobre temas de derechos humanos y han sido muy activas en contra de los abusos cometidos por regímenes políticos previos o actuales. Sin embargo, el tránsito desde la denuncia de los abusos de derechos humanos y el reclamo por justicia a la promoción de reformas políticas y al fortalecimiento de las instituciones democráticas no ha sido fácil una vez restablecido el sistema democrático, como se evidencia con bastante frecuencia. La sostenibilidad medioambiental es también un valor altamente considerado entre la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil.

Mientras que las organizaciones de la sociedad civil más profesionalizadas están concentradas en las áreas urbanas, existe también un amplio espectro de organizaciones locales, especialmente de indígenas, de auto-ayuda, de campesinos y movimientos sociales en general, que son activas en las áreas rurales. Sin embargo, la tendencia general es a una mayor concentración de las organizaciones de la sociedad civil en áreas urbanas, donde se ubican sus oficinas y la infraestructura organizacional de los movimientos y organizaciones rurales.

En general, en la región, la movilización ciudadana tiende a incrementarse en coyunturas de conflicto social o de crisis socio-económica, y decrece rápidamente durante las fases posteriores de normalización política. Esto, como ya ha sido mencionado más arriba, esta vinculado a la estrecha relación entre la dinámica de la sociedad civil con la política.

Pese a que los grupos de la sociedad civil son muy activos en la denuncia de corrupción de la administración pública, muchos de los consultados durante el desarrollo de los estudios del CSI sienten que las prácticas corruptas también están presentes en la sociedad civil. En su opinión, la corrupción en la sociedad civil obedece a la falta de experiencia del liderazgo y al hecho de que los miembros de las organizaciones no exigen que sus líderes rindan cuentas. Consecuentemente, no es sorprendente que muy pocas organizaciones desarrollen iniciativas específicas para asegurar su transparencia financiera y su accountability, con la excepción de aquellas que deben rendir informes a donantes externos. De acuerdo a algunas de las respuestas durante las entrevistas realizadas, las organizaciones de la sociedad civil en muchos países de América Latina están centralizadas, de una manera similar al aparato del Estado; se apoyan en la existencia de líderazgos fuertes, lo que hace difícil asegurar niveles sustanciales de transparencia y de rendición de cuentas al conjunto de la sociedad. Adicionalmente, la presencia de líderes fuertes obstaculiza la posibilidad de desarrollar prácticas democráticas internas y de ofrecer acceso a posiciones directivas a grupos marginalizados tales como las mujeres, los grupos étnicos, los sectores menos educados y las minorías sexuales. En general, las culturas políticas nacionales parecen verse reflejadas en el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil.

No obstante, muchas organizaciones de la sociedad civil desarrollan actividades para empoderar grupos marginalizados o excluidos, particularmente indígenas o campesinos. Asi mismo, varios grupos de mujeres promueven actividades en torno a temas de género. Por otra parte, debido a las difíciles condiciones socio-económicas de muchos de estos países, una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil proveen servicios y asistencia a comunidades pobres, especialmente en las afueras de las principales ciudades. En general, los recursos financieros son modestos, pero una limitada asistencia de donantes hace aparecer a la sociedad civil, en estos países, con comparativamente mayores capacidades de sostenibilidad que en otras regiones del mundo. Este no es el caso para los países más desarrollados entre los estudiados en la región (Argentina, Chile, Uruguay), en donde la mayoría de los donantes externos han abandonado su apoyo debido a que los indicadores sociales y económicos son más altos que en la mayoría de los países en desarrollo. En estos casos, la dependencia del financiamiento gubernamental es inevitable, ya que existen muy pocos vínculos con el sector privado y el marco local no propicia los donativos privados y las exenciones impositivas.

Las relaciones entre el Estado y la sociedad civil varían en cada uno de los países, pese a que algunas similitudes pueden ser detectadas. En algunos casos, el Estado parece ser muy activo en involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en algunos sectores de políticas públicas, aunque no genere espacios para su participación en la toma de decisiones. Sin embargo, debido al rol central del Estado en la formación de las sociedades latinoamericanas, la mayor parte de las iniciativas en relación a la participación e involucramiento de la sociedad civil en la formulación e implementación de políticas sociales, son impulsadas “desde arriba”, con frecuencia combinando co-optación con clientelismo político.

En líneas generales, la sociedad civil es activa en el cabildeo con el Estado y no encuentra mayores dificultades en expresar sus demandas y preocupaciones a las autoridades públicas, en los casos estudiados por el proyecto CSI[21].

En este sentido, parece haber una correlación entre el desarrollo de instituciones y la posibilidad potencial de una efectiva interacción entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, en muchos de los casos estudiados por el proyecto, incluso cuando las condiciones políticas y socio-económicas pueden propiciar una participación creciente de la sociedad civil, la mayoría de los marcos legales para regular la formación, el desarrollo y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil están desactualizadas o insuficientemente desarrolladas, en contraste con marcos similares en otras partes del mundo[22].

En general, la contribución de la sociedad civil a la formulación e implementación de políticas públicas varía de país en país y depende de arreglos institucionales específicos. Marcos institucionales más desarrollados crean mejores condiciones para el desarrollo de la sociedad civil y para una activa participación ciudadana. Instituciones débiles, en cambio, hacen más difícil la colaboración y el diálogo entre gobiernos y sociedad civil; diálogo que en algunos casos tiende mas bien a devenir en conflicto, particularmente en aquéllos casos en que existe una fuerte capacidad de movilización social. La relación entre la sociedad civil y el sector privado es mucho menos desarrollada, si es que existe. En muchos de los países estudiados por el proyecto, temas como la filantropía corporativa y la responsabilidad social de las empresas, recién empiezan a emerger. A esto cabe agregar que las organizaciones de la sociedad civil no tienen programas para monitorear a las empresas y para exigirles rendición de cuentas en el ámbito social. La tendencia general está vinculada a la desconfianza mutua y a la falta de colaboración entre la sociedad civil y el sector corporativo.

La conclusión general apunta a establecer una correlación entre mayor desarrollo de la institucionalidad estatal, más altos índices de desarrollo humano, y mayor desarrollo e impacto de las organizaciones de la sociedad civil. Esta correlación no obsta, sin embargo, para señalar que el activismo social y el empoderamiento de los ciudadanos que promueven las organizaciones de la sociedad civil, esta presente en todos los casos estudiados, independientemente de su variable impacto sobre el Estado, y de la mínima o nula interacción con el sector privado. La impresión general, a partir de los casos estudiados, coincide con algunos planteamientos previos de que en realidad la sociedad civil en los países de la región se encuentra en desarrollo, a partir de una matriz estatal y del impulso adquirido por la democratización, pero que fundamentalmente estamos hablando de un proceso de ciudadanía en construcción, a diferencia de situaciones en otras regiones. Esta construcción de ciudadanía lleva el peso de las dinámicas políticas que caracterizan a cada país, está fuertemente ligada a ellas, y es claramente reflejo, tanto de las debilidades y fortalezas del Estado respectivo, como de las virtudes y de las perversiones del sistema y de la cultura política de cada país.

Estas conclusiones generales que pueden orientar acerca de algunas de las tendencias presentes en la conformación de la sociedad civil en América Latina y el Caribe, requieren, sin embargo, de más investigación y, especialmente, de la aplicación eventual del CSI a algunos casos ausentes, pero de gran importancia, como los señalados anteriormente, para confirmar que estas tendencias son generalizables a toda la región. Por otra parte , sólo de las comparaciones que se establezcan entre los países de diferente desarrollo institucional y económico-social, se evidencia la necesidad de matizar estas tendencias de acuerdo a las diferentes sub-regiones de América Latina y el Caribe. Posiblemente, y como hipótesis tentati va para toda la regi ón, la incorporación de nuevos estudios de casos, permita confirmar, en primer lugar, el creciente desarrollo de un tejido asociativo al calor de las democracias en consolidación y desarrollo, con un creciente empoderamiento de la ciudadanía y mayores demandas de participación efectiva en las políticas públicas, y, en segundo lugar, su estrecha vinculación con el ámbito político y el desarrollo institucional del Estado que, a su vez, puede abrir una serie de nuevos interrogantes y desafíos para la comprensión de la sociedad civil en nuestra región.


NOTAS:
  1. ® Esta sección esta basada en los resultados preliminares sobre América Latina publicados en CIVICUS Civil Society Index Team (2006). CIVICUS Civil Society Index: Preliminary Findings Phase 2003-2005, CIVICUS Civil Society Preliminary Findings Paper 2003-2005, June 2006.

  2. ® Algunas probables excepciones pueden ser encontradas en las situaciones actuales de Venezuela y Cuba, casos que no fueron estudiados en el marco del proyecto.

  3. ® Ver Oliveira, Anna Cynthia, ed. (1997). Marco regulador de las organizaciones de la sociedad civil en Suramérica, Washington D.C.: Interamerican Development Bank/UNDP.


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