Informes
Participación política de las mujeres y rol de las ONG
Autores corporativos:
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (canal)

Autores personales:
Becerra Pozos, Laura (Autor/a)
Malacalza, Laurana (Autor/a)
Mendoza G., Mario Alberto (Autor/a)
Soria, Laura (Autor/a)

   Descripción    Clasificación    Documento   
 Índice:
     Participación política de las mujeres y el rol de las ONG en los países del Cono Sur y Brasil
          Contenido
          Presentación
          Introducción
          Mecanismos formales para ampliar la participación de las mujeres en los ámbitos políticos
          Mecanismos institucionales: La transversalidad de género en las políticas públicas
          Las mujeres y los nuevos mecanismos de participación ciudadana
          Nuevos desafíos para las Organizaciones no Gubernamentales
          A modo de reflexión final
          Bibliografía
          Entrevistas y colaboraciones
     Participación política de las mujeres y el rol de las ONG en los países de Centroamérica y México
          Contenido
          Presentación
          Los convenios internacionales ¿Con qué contamos?
          Los Índices de Desarrollo y Género ¿Qué lugar ocupamos?
          El ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos. ¿Hacia dónde nos dirigimos?
          Las mujeres en los distintos ámbitos de participación social y política. ¿Por qué y para qué?
          Tendencias y retos ¿A qué nos enfrentamos hoy?
          Bibliografía
     Participación política de las mujeres y el rol de las ONG en los países de la Región Andina
          Contenidos
          Introducción
          Democracia, representación y participacion politica de la mujer
          Estructuras de poder y voces de actores claves
               Organismos internacionales
               Los Estados de la Región Andina y sus políticas públicas.
               Organismos no gubernamentales.
               Iglesia Católica
               Organizaciones de mujeres
          Avances y limitaciones en la participación política
          Constataciones preliminares
          Bibliografía
          ANEXOS
               ANEXO 1. Instrumentos de recojo de información
                    Guía de entrevistas.
               ANEXO 2. Participación política de la mujer: Caso Bolivia
                    Participación en cargos públicos.
               ANEXO 3. Participación política de la mujer: Caso Colombia
                    Balance de la legislación colombiana a favor de las mujeres
                    Mujeres en situación de desplazamisnto y tratamiento jurídico a su situación
                    Políticas públicas y las luchas de las mujeres
               ANEXO 4. Participación política de la mujer: Caso Ecuador
                    Institucionalidad para la incorporacion de las politicas de genero.
                    Organizaciones de mujeres
                    Situación actual de las organizaciones de mujeres y el movimiento de mujeres
               BIBLIOGRAFÍA
               Entrevistas realizadas.
Participación política de las mujeres y el rol de las ONG en los países del Cono Sur y Brasil
 
  Contenido
  1. Presentación.
  2. Introducción.
    - Los debates teóricos sobre la participación de las mujeres en la política.
    - La búsqueda de la equidad en el Cono Sur.
  3. Mecanismos formales para ampliar la participación de las mujeres en los ámbitos políticos.
    - Las leyes de cuotas.
    - El caso argentino.
    - Chile: cuotas incumplidas.
    - Cuotas obligatorias: la experiencia de Brasil y Paraguay.
    - El debate en Uruguay.
    - La paridad en los ámbitos ejecutivos.
    - Un balance provisorio sobre los mecanismos formales.
  4. Mecanismos institucionales: La transversalidad de género en las políticas públicas.
  5. Las mujeres y los nuevos mecanismos de participación ciudadana.
  6. Nuevos desafíos para las Organizaciones no Gubernamentales.
    - Las ONG y el proceso de integración regional.
  7. A modo de reflexión final.
  8. Bibliografía.
  9. Entrevistas y colaboraciones.


  Presentación
La discusión sobre la participación de las mujeres en el sistema político (entendido éste como el lugar donde “se regula la competencia por el poder, se producen las decisiones que conciernen a toda la sociedad y se organiza la forma de autoridad” [1] ha sido objeto de reflexión constante desde el inicio de los movimientos feministas, aunque la postura de los colectivos de mujeres frente al sistema instituido no ha sido siempre la misma.

Reconociendo la riqueza del debate sobre esta cuestión, el presente informe tiene como objetivo recolectar y analizar información relevante para conocer la participación política de las mujeres y el rol de las ONG en los países del Cono Sur - Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay- y Brasil, en el marco del Informe Democracia y Desarrollo 2007 de ALOP.

En su introducción, el documento revisa los debates teóricos sobre la participación de las mujeres en la política y los caminos recorridos por nuestros países del Cono Sur y Brasil, a partir del resurgimiento de los regímenes democráticos en los ochenta.

En el capítulo dos, el informe releva los modos de participación y representación de las mujeres en los mecanismos de la democracia formal, intentando mostrar cómo y hasta qué punto han contribuido a aumentar la representación y a impulsar políticas con mayor equidad de género.
El análisis de las políticas de transversalidad de género en el ámbito del poder ejecutivo es el centro del capítulo tres. Allí se ensaya una evaluación sobre el impacto que la creación de áreas específicas de la mujer ha tenido sobre la implementación de políticas públicas con perspectiva de género, y los alcances y limitaciones que estos mecanismos han encontrado. En los márgenes de las democracias liberales, comienzan a aparecer en los años noventa nuevos mecanismos de participación ciudadana en los que las mujeres cobran un rápido protagonismo. Este es el eje del capítulo cuatro.

En el capítulo cinco, el informe se centra en el rol que las ONG han jugado en las luchas por la equidad de género, tanto a través de los modos institucionalizados como a través de mecanismos no formales de participación ciudadana. Se destacan allí las relaciones con los movimientos feministas, las organizaciones de mujeres y las mujeres políticas, dando cuenta a través de testimonios y ejemplos de las redes y alianzas tejidas.

En ese mismo capítulo, se reseñan muy brevemente los desafíos que las organizaciones enfrentan a nivel regional, en virtud de los nuevos procesos de integración y la necesidad de fundar nuevas formas de representación política y entretejer alianzas y coaliciones más amplias.

El documento presenta en su capítulo de cierre, algunas reflexiones sobre la viabilidad de construir la igualdad política entre hombres y mujeres en contextos de profunda desigualdad económica, social y cultural, y cuáles son las posibilidades de incidir en la transformación de estas condiciones. Finalmente, el informe se compromete con la noción de que la igualdad sólo es posible si se reconoce la diferencia.

La perspectiva metodológica del informe fue orientada por criterios tanto cualitativos como cuantitativos, intentando reflejar las especificidades de cada país en términos políticos institucionales.

En este sentido, no se trata sólo de una recolección de datos estadísticos y una recopilación del marco legislativo vigente, aunque los incluya en algunos casos, sino que incorpora un análisis del sistema político, de los avances logrados y de los obstáculos aun imperantes para lograr la equidad de género.

Para la elaboración de este análisis se han realizado entrevistas y consultas a expertas de los distintos países, cuyos aportes y perspectivas han contribuido de forma significativa a complementar una visión regional del tema.

Una versión preliminar de este informe fue presentada en la Asamblea Subregional de Cono Sur y Brasil de ALOP, realizada durante los días 9, 10 y 11 de mayo en la ciudad de Santiago de Chile. En una mesa de trabajo dedicada especialmente a esta cuestión, se discutieron sus ejes principales y se sumaron valiosos aportes de las asociadas. Destacamos igualmente la cuidadosa lectura y devolución crítica realizada por Teresa Valdés, investigadora y consultora sobre temas de género de Chile.

Daniela Jaschek.
Punto focal de género.
Subregión Cono Sur y Brasil.
ALOP INDES, Argentina.


NOTAS:

  1. ®Juan Carlos Portantiero, citado por Nélida Archenti en “Las Mujeres, la política y el poder. De la lógica del Príncipe a la lógica de la acción colectiva”.Capacitación Política para Mujeres: Género y Cambio Social en la Argentina Actual: 29. Feminaria Editora, 1994.



  Introducción
Los debates teóricos sobre la participación de las mujeres en la política

La pertenencia a la comunidad política y al status de ciudadanía ha constituido una recurrente preocupación en las luchas de las mujeres por su inclusión al sistema político. Los estudios de género han expresado esta preocupación en torno a la representación política y sus diversas expresiones institucionales en el sistema democrático; la participación como forma de expresión directa de demandas y opiniones y el reconocimiento sociocultural en términos de igualdad y equidad.

La inclusión tardía de las mujeres en la ciudadanía y las diversas consideraciones vinculadas a los modos institucionales de participación y representación política, han generado diversos debates. En ellos se reflejaron las tensiones existentes entre el feminismo de la igualdad y el de la diferencia, entre las teorías posmodernas, entre el liberalismo y el multiculturalismo.

El movimiento de mujeres y el feminismo han tomado diferentes posiciones con respecto al sistema político. Mientras que el feminismo de la igualdad ha sido más proclive a buscar la inserción de las mujeres en los mecanismos institucionales de la democracias, otras corrientes teóricas dentro del feminismo han tenido mayores recaudos y han planteado otras instancias posibles de participación política de las mujeres.

El principio de la igualdad ha sido predominante –como sustento filosófico y político- en todos los reclamos de inclusión y representación de las mujeres al sistema político. Sin embargo, a finales de los setenta, los debates desde el feminismo de la diferencia rechazaban el enfoque igualitario por considerarlo androcéntrico; conseguir el acceso de las mujeres a ocupaciones tradicionalmente masculina era un objetivo insuficientemente radical, puesto que conducía a reafirmar la idea de que las actividades auténticamente humanas eran las actividades de los hombres. Así pues, el feminismo de la diferencia proponía un feminismo que se opusiera a la devaluación de la mujer mediante el reconocimiento de género y la revalorización de la feminidad.

Durante los años noventa, este interés se trasladó en reconocer no ya “la diferencia de géneros” sino centralmente las “diferencias entre las mujeres” inaugurando así una nueva fase del debate feminista.

Las luchas relacionadas con el género se producían en los dominios más amplios de la sociedad civil, donde múltiples ejes de diferencia son combatidos al mismo tiempo y donde se cruzan múltiples movimientos sociales.

A partir de la incorporación de los conceptos de ciudadanía y democracia radical, Chantal Mouffe (1999)ha realizado un aporte significativo a la discusión sobre los alcances y desafíos que plantea la democracia liberal para el feminismo en la etapa del capitalismo tardío. Ambos se basan en la deconstrucción de las identidades esenciales como principio necesario para comprender adecuadamente la variedad de relaciones sociales en las que es fundamental aplicar los principio de igualdad y libertad, sostenidos tanto por la democracia como por el feminismo. En contraposición con los argumentos que sostienen que esta deconstrucción de las identidades hace imposible la acción feminista porque dejaría de reconocer una entidad mujer posible de ser representada, Mouffe sostiene que “la ausencia de una identidad esencial femenina y de una unidad previa, sin embargo, no impide la construcción de múltiples formas de unidad y de acción común. Como resultado de la creación de puntos nodales, pueden tener lugar fijaciones parciales y pueden establecerse formas precarias de identificación alrededor de la categoría “mujeres”, que provean la base para una identidad feminista y las luchas feministas”
(1999:125)

La política feminista no es entonces una política diseñada para la persecución de los intereses de las mujeres como mujeres, sino una lucha en contra de las múltiples formas en que la categoría “mujer” se construye como subordinación: una interpretación más amplia de los diversos modos en que se construyen las relaciones de poder y la identidad de los sujetos a través de los diferentes discursos y posiciones del sujeto.

Según lo afirma Nancy Fraser, estos enfoques se han circunscrito al campo de la cultura, sin preocuparse sobre el modo en que una identidad o una diferencia dadas se relacionan con las estructuras sociales de dominación y con las relaciones sociales de desigualdad. Tanto el antiesencialismo como el multiculturalismo, “trataron igualmente de elaborar una política cultural de la diferencia sin preocuparse de elaborar al mismo tiempo una política social de la igualdad” (1997: 53).

En este sentido, Fraser incorpora el concepto de equidad a partir de la noción de justicia, estableciendo dos grandes campos para la políticas de equidad: la justicia distributiva, asociada a la equidad socioeconómica y a políticas de distribución de recursos y de servicios básicos, y la justicia cultural o simbólica, asociada a políticas de reconocimiento y a medidas contra la discriminación de determinados sectores de la sociedad.

Vincular una política cultural de la igualdad y de diferencia con una política social de justicia y equidad, es en parte el gran desafío para el feminismo.


La búsqueda de la equidad en el Cono Sur

Desde el regreso de los regímenes democráticos, los países del Cono Sur se han acercado a la búsqueda de la equidad de género con resultados disímiles.
Durante los ochenta las cuestiones de género comenzaron a ser incorporadas paulatinamente en la agenda de los partidos políticos. Incipientemente, el regreso de la democracia abrió posibilidades para algunas mujeres al tiempo que permitió a los movimientos de mujeres su regreso a la arena política. En este sentido, en algunos de los países de la región, los movimientos de mujeres, con mayor protagonismo y organicidad, pensaron en la posible articulación con los partidos políticos para hacer efectivos sus reclamos.

El fortalecimiento de los regímenes democráticos en los países del Cono Sur permitió el avance de medidas que buscaron una mayor participación y representación de las mujeres en la política. Durante la década de los ochenta el número de mujeres en los parlamentos y ámbitos de gobierno de los países del Cono Sur era muy reducida, a pesar de la importante participación de las mujeres en la vida política.

La escasa representación de las mujeres, a pesar de su creciente participación en los partidos políticos, forma parte de un debate intrínseco a las democracias liberales. Cómo hacer efectiva esa participación en cargos representativos fue parte de un amplio debate que tuvo como protagonista a los movimientos feministas, las organizaciones de mujeres y a los partidos políticos.

A partir de los años noventa, distintas corrientes filosóficas han replanteado el concepto de sujeto moderno y androcéntrico. En este sentido, la identidad subjetiva es pensada más allá de las diferencias sexuales, incorporando los aspectos sociales, históricos y culturales que niegan el esencialismo biológico y psíquico.

Este concepto de identidad permite pensar no sólo un sujeto distinto, superador de los conceptos unificados de varón y mujer, sino también la subversión de las convenciones establecidas. A partir de la búsqueda de espacios en los márgenes del discurso hegemónico, en los intersticios de las instituciones y en el aparato del saber y del poder se pueden generar lugares de resistencia política.

En este sentido, el desafío de la política es articular identidades diversas, construidas a partir no sólo de las diferencias sexuales, sino también de las experiencias relacionales de clase, raciales, étnicas.

Durante los años noventa, los países del Cono Sur llevaron a cabo políticas neoliberales que tuvieron un profundo impacto sobre la estructura productiva. El creciente proceso de exclusión y empobrecimiento de las sociedades latinoamericanas, encerró al estado en una situación paradójica. El estado nacional se desentendía de las cuestiones fundamentales que garantizan el bienestar general y se convertía en el centro de interpelación y reclamos de una sociedad cada vez más polarizada y pauperizada.

Los desafíos de la globalización exigieron a los estados nacionales generar respuestas a una creciente competitividad económica internacional y a las crecientes desigualdades económicas y sociales.

Encontrar nuevas formas de solucionar los problemas sociales muchas veces se tradujo en la delegación de las responsabilidades estatales en organizaciones sociales, la tercerización de los servicios públicos y la descentralización administrativa y política. Este último proceso, fue entendido como una transferencia de los servicios desde el estado nacional hacia las administraciones provinciales y locales, delegando funciones y responsabilidades a reparticiones con mayor o menor poder de decisión y autonomía. El proceso de descentralización fue justificado, en parte, por la necesidad de diseñar políticas en función de los problemas identificados en cada región. En los ámbitos gubernamentales comenzaron a implementarse los programas de participación ciudadana. En este contexto y a través de distintas estrategias, la demanda de género comenzó a formar parte de la agenda pública en los países del Cono Sur.

Con el nuevo milenio comienza a vislumbrarse en la región un contexto postneoliberal, tal como lo afirma el “Informe ALOP sobre Democracia y Desarrollo en Argentina (2006-2007)”, en el que la vuelta del desarrollo es la temática clave.

“Entendemos por contexto postneoliberal a la situación posdefault, y que podría explicitarse en la presencia de un conjunto de factores que podrían identificarse como: crisis del pensamiento único (hegemonía neoliberal), la instalación a nivel nacional de una nueva macro productivista, el distanciamiento de los organismos multilaterales de crédito y el estrechamiento de lazos con otros países de la región en una común critica al modelo de los 90 y en la búsqueda de formular propuestas socialmente más inclusivas“. (García Delgado, Casalis. 2007: 4)

Los cambios producidos en la Argentina, se inscriben y responden también a cambios más profundos a nivel global y a la emergencia de nuevos gobiernos en la región, que “ha pasado de la hegemonía neoliberal, Consenso de Washington, del “fin de la historia”, a la incipiente construcción de otro consenso regional, donde si bien los fundamentos del neoliberalismo están todavía presentes y el poder de los organismos internacionales es manifiesto, se estaría dando paso a una nueva construcción más autónoma y cuestionadora de algunos de los lineamientos básicos de dicho Consenso”(Idem: 5)

En este nuevo contexto, el debate sobre la participación política de las mujeres es parte de un desafío aún pendiente en los países del Cono Sur y el Brasil.


  Mecanismos formales para ampliar la participación de las mujeres en los ámbitos políticos
Las leyes de cuotas
Ampliar la participación de las mujeres en los ámbitos políticos, es un reclamo que ha atravesado la historia del movimiento feminista. Para lograrlo, se han planteado diversos mecanismos de tipo formal: la ampliación del sufragio en primer término y canales que garantizaran el acceso de las mujeres a los cargos representativos y gubernamentales (leyes de cuotas, mecanismos paritarios, planes de igualdad de oportunidades, entre otros).

Los mecanismos de cupos y cuotas son medidas de acción positiva tendientes a superar las dificultades históricas de las mujeres en el acceso a los espacios públicos. Es uno de los mecanismos a través de los cuales se pretende alcanzar una igualdad efectiva de diferentes grupos sociales en el acceso a cargos de decisión o elección popular. Según la definición del Comité para la Igualdad entre el hombre y la mujer del Consejo de Europa, la acción positiva es una estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales preexistentes. (Rigat 1993:18).

Por ello, el estado y otras instituciones, como los partidos políticos, mediante su legislación o normativa intervienen promoviendo condiciones de igualdad en el acceso al poder y a los beneficios sociales.

Las cuotas pueden definirse teniendo en cuenta distintos criterios (Rigat 1993:40). Por un lado, el objeto de la regulación al que apunta, debiendo diferenciarse entre las cuotas que determinan un objetivo a alcanzar - cuota de resultado- y las que también establecen la forma en que se alcanzará esa meta:
cuota de decisiones. Las cuotas de resultados pueden fijar un determinado porcentaje para un sexo o pueden orientarse a obtener una meta en porcentajes en un período de tiempo determinado.

La cuota de decisión determina la meta porcentual a alcanzar, pero estableciendo los instrumentos aplicables para el logro del resultado esperado.

De acuerdo al grado de obligatoriedad jurídica, las cuotas se diferencian en cuotas imperativas que son obligatorias y prevén sanciones en caso de su no cumplimiento; indirectas o de influencias, que intentan por diversos instrumentos influenciar para la obtención de la meta fijada, o en su grado de obligatoriedad, pueden ser consideradas como líneas directrices, las que no prevén ninguna sanción.

Los supuestos y principios que sustentan las acciones afirmativas interpelan conceptos fundamentales, tales como la democracia, la representación y el principio de igualdad y de justicia. Por lo tanto, se han pronunciado distintas posiciones sobre las ventajas o no de su implementación.

En los países del Cono Sur, estos mecanismos plantean diferentes características y formas de implementación. En algunos países, fueron incorporados como parte de la normativa constitucional. En Argentina, por ejemplo, la Constitución nacional establece en el capítulo “Nuevos derechos y garantías”, Art. 36, que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”. A diferencia de la ley de cupos que refiere a cargos electivos, esta disposición también contempla los cargos partidarios.

Brasil, Argentina y Paraguay han sancionado leyes de cuotas. Los resultados de su implementación varían de acuerdo al sistema electoral, al funcionamiento del sistema de partidos políticos y a otros factores políticos e institucionales vigentes en cada país.

Argentina y Paraguay han sancionado leyes de cuotas para la selección de candidatos en los cargos legislativos en ambas cámaras. En cambio, en Brasil, las cuotas de género se utilizan en la conformación de las listas a legisladores de la cámara baja. Algunos partidos políticos chilenos, han incorporado cuotas de género tanto para elegir candidatos a puestos de elección como para las elecciones internas.

El caso argentino
Argentina es uno de los países de América Latina que ha obtenido mejores resultados en cuanto a los esfuerzos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres impulsados desde los ámbitos gubernamentales.

En parte, estos logros han sido alcanzados por los avances en materia de representación política de las mujeres en los ámbitos gubernamentales y sobre todo en el ámbito legislativo.

La sanción en el año 1991 de la ley de cuotas ha garantizado en muchos casos, un valioso aporte desde la perspectiva de género. La ley 24.012 conocida como Ley de cupos reglamenta un piso mínimo del 30% de mujeres en las listas partidarias en cargos con posibilidades reales de ser elegidas.

En Argentina, para lograr la sanción de la ley de cupos fue necesaria una fuerte voluntad política de las representantes de los partidos políticos, el movimiento de mujeres y los organismos estatales como el Consejo Nacional de la Mujer. Esta alianza estratégica, permitió trabajar además, en el cumplimiento efectivo de la ley: “Esta lucha conjunta hizo que la propia justicia electoral terminara rechazando las listas de entrada cuando no se respetaba el cupo. O en caso de que la mujer que estaba en la lista tenía el previo compromiso de asumir y renunciar. En todos estos años fue un avance y una concienciación importante. A ningún partido político se le ocurre armar una lista y no presentar el cupo. Esto mas allá de una comprensión amplia que se puede tener sobre la importancia de la participación de la mujer como profundización de la democracia, de incluir la mirada de la historia y la vida de las mujeres, esto avanza muy lentamente en la conciencia de los hombres”, sostiene Clori Yelicic, Secretaria de la Mujer del Partido Socialista.

Aunque la presencia de mujeres en el poder legislativo ha experimentado un crecimiento sostenido en toda la región, los niveles de representación femenina aumentan en mayor proporción en los países en donde existen cuotas. Según el Informe de FLACSO-CHILE sobre las cuotas de género, mientras que en los países con leyes de cuotas, la presencia de mujeres en los parlamentos creció un 9,5% entre 1995 y 2004, en los países que no tiene estas leyes el crecimiento es de 2,9%.[2]

La conformación de la legislatura nacional en Argentina muestra un crecimiento sostenido de la representación de las mujeres en los parlamentos. Mientras que en el año 1991 el porcentaje de mujeres diputadas era 5.45%, diez años después, ese porcentaje había aumentado al 29.57 puntos porcentuales.

En el año 2001 se reglamentó por decreto del Presidente de la Nación, Dr. Fernando De La Rua, la ley de cupos para la Cámara de Senadores Nacionales Antes de la sanción de las cuotas para la elección de senadores, el porcentaje no superaba los 5 puntos. En el año 2001, las mujeres representaban el 36.11% [3]de la cámara.

Siguiendo la normativa nacional, las legislaturas provinciales han dictado leyes de cuotas para la conformación de los parlamentos provinciales (con excepción de la provincia de Jujuy y Entre Ríos). Sin embargo, la combinación de la legislación con los sistemas electorales vigentes en las provincias no permite que esta representación sea cumplida.[4] Cuando la Ley de cuotas se combina con algunos sistemas electorales que no sean los proporcionales con listas bloqueadas y cerradas, pierde efectividad su impacto.

El cumplimiento de la normativa en los partidos políticos, es parte de una estrategia de lucha que tiene como protagonistas, centralmente a las mujeres políticas. Tal como lo sostiene, Clori Yelicic, “Además de haber incorporado en la carta orgánica del partido el tema del cupo, la lucha es diaria para que se respete Desde el área de la mujer del Partido Socialista, ocupe quien ocupe ese cargo, es necesario actuar frente a cada planificación partidaria, un congreso, escuela de capacitación. Por ejemplo, cuando es necesario enviar una delegación a un congreso del partido socialista de cualquier país, u a otro evento. La norma es que debe haber una delegación con representantes mujeres. Esto no se fija en una carta orgánica. Se va normatizando a medida que van surgiendo las actividades. Ahora avanzamos y pedimos mitad y mitad, buscamos la paridad dentro del partido.

Los varones del partido se resisten cada vez menos porque hay una conciencia cada vez mayor dentro de las mujeres. Esto es importante, porque podemos concienciar a los compañeros, pero si las mujeres no toman conciencia, es muy difícil avanzar en cambios importantes”, enfatiza.

A quince años de la implementación de las cuotas parlamentarias, el balance que hacen las mujeres políticas argentinas es favorable. Tal como lo afirma Clori Yelicic, “El origen de este avance legislativo está vinculado con el tema de las cuotas porque si no hay mujeres en el parlamento estas leyes no salen. Algunas legisladoras querían rescatar leyes que estén vinculadas a la igualdad entre hombres y mujeres y que hayan sido presentadas por varones. Los legisladores –tanto en senadores como diputados- han presentado muy pocos proyectos. El patriarcado se traduce en esto. No hay un grado de conciencia entre los representantes varones para la presentación de estas leyes.

También, es cierto que ha habido un avance con respecto a la actitud de los varones. Antes estaban preparados para irse del recinto. Ahora hay un mayor grado de conciencia. Una transversalidad en el voto de los representantes varones de los distintos bloques para apoyar estas leyes. Pero en realidad no podríamos haber avanzado si aquí no se hubiese dado un incremento de la participación de las mujeres en el ámbito legislativo”.

Para lograr avances en materia de legislación, las alianzas de las mujeres políticas atraviesan las pertenencias partidarias y constituyen otras de las explicaciones del impulso que han tenido las cuestiones de género en Argentina. Ejemplo de ello es la sanción de leyes tanto en el orden nacional como provincial de leyes de violencia familiar, de salud sexual y reproductiva, de violencia laboral, de educación sexual y la reciente ratificación del protocolo de la CEDAW.

Chile: cuotas incumplidas
En Chile aún no se han incorporado las cuotas en el sistema electoral, sin embargo algunos partidos políticos – Partido por la Democracia, Partido Socialista y el Demócrata Cristiano- han aceptado las demandas de grupos de mujeres para adoptar normas de cuotas tanto en la elección de candidatos como en las elecciones internas. Aún así, estos partidos no cumplen con lo establecido por sus propias normativas internas tal como lo demuestran los siguientes datos:

En Chile, la dificultad de los partidos políticos para cumplir con las cuotas reside, en gran medida, en los obstáculos y las barreras que impone el sistema electoral binominal. Sin embargo, existe una falta de voluntad política en el cumplimiento de las cuotas internas: los partidos políticos han impedido que estas medidas tengan un efecto significativo en la composición de las instancias de representación.

Aunque el marco normativo regule las cuotas al interior de los partidos, su efectivo cumplimiento es parte de una lucha de las mujeres políticas. Una batalla contra dominantes paradigmas culturales que envuelven la política. Las alianzas entre las mujeres del partido son clave para exigir el cumplimiento de las cuotas. La concientización y capacitación en temas de género, son parte de esa estrategia.

Las democracias latinoamericanas y la chilena en particular, continúan mostrando serias deficiencias en términos de representatividad de género en sus instituciones políticas. A pesar de la reconocida solidez de sus instituciones democráticas y de la alta participación electoral de las mujeres en Chile, la presencia de éstas en los parlamentos se ha mantenido por debajo del promedio mundial y también bajo el promedio del continente. Mientras que el promedio mundial de representación de las mujeres es del 16% y de América es del 20.7% Chile mantiene un promedio del 12,6% ocupando el lugar Nº 69 en el mundo (IPU 2006). Entre 1989 y el 2005 se produjo un aumento del 5.8 al 15,8% de diputadas electas. Sin embargo, esta tendencia no se mantiene el senado, donde la participación política de las mujeres es del 5,2% desde el año 1998.

Cuotas obligatorias: la experiencia de Brasil y Paraguay
Brasil se ha unido a otros países latinoamericanos en la adopción de cuotas obligatorias de género para las candidaturas proporcionales. El sistema se puso en práctica por primera vez en 1996 [5] en la elección de la Cámara del Concejo y desde 1998 las cuotas obligatorias son aplicadas a escala federal y regional.

La representación política de las mujeres en Brasil se fortaleció durante las elecciones federales de octubre del 2002. Los resultados sugieren que la elección de Luis Inácio Lula da Silva a la presidencia tuvo su impacto en todos los niveles electorales produciéndose un incremento importante de las mujeres en la Cámara Federal y el Senado. Hasta el 2003, el 7.4% de miembros del senado eran mujeres. En el 2002 el número de senadoras ascendió al 8%, lo que corresponde al 14,8% del total.

Estas elecciones también tuvieron su impacto sobre la presencia de mujeres en posiciones ejecutivas -gobernaciones, estados, alcaldías- que solían incluir pocas mujeres. En las elecciones del 2002, dos estados eligieron gobernadoras mujeres. Aproximadamente, el 6% de los alcaldes electos en el 2000 fueron mujeres.

Comparativamente, la participación de las mujeres en las elecciones del 2006 no fue significativamente mayor que en relación a las elecciones del 2002 [6].

Según los datos del Tribunal Superior Electoral, podían votar 125.913.479 electores. El 51.3% son mujeres. Aproximadamente, cuarenta millones de mujeres votaron en las últimas elecciones presidenciales.

Hubo dos candidatas a presidentas de la República en un total de siete candidaturas. Una de las candidaturas fue impugnada, la de Ana Maria Teixeira Rangel (PRP). La otra, Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho (Coligação Frente de Esquerda), se ubicó en el tercer lugar en los resultados finales de la contienda electoral.

Las candidatas a cubrir los Governos Estaduais en todo el país suman 26, lo que representó el 12,68% del total de candidaturas. Estos datos demuestran un pequeño aumento en relación a las elecciones del 2002 donde se registraron un total de 9,85%, resultando elegidas dos gobernadoras.

Las candidatas al Senado federal han aumentado con respecto a las elecciones del 2002. Mientas que las elecciones anteriores el total era del 11,91% para las últimas elecciones ese porcentaje fue del 15.91%. Sin embargo, este aumento fue menos significativo en relación a las candidaturas de mujeres a la Cámara de Diputados. El aumento en relación a las elecciones del 2002 fue de apenas un 1% dado que en las mismas elecciones, las candidatas sumaban en el 2002 el 11,52%, siendo electas 42 diputadas en todo el país.

Las candidaturas de mujeres a la Asamblea y Cámara Legislativa suman 1784, lo que representa el 14,22% de las candidaturas. Para ocupar estos cargos hubo una reducción de las candidaturas mujeres.

En las elecciones del 2002, las candidaturas mujeres sumaban 14.84%, siendo electas 133 diputadas estatales o distritales en todo el país.

¿Cuáles son los factores que obstruyen una mayor participación de las mujeres en los cargos electivos?. La falta de responsabilidad del estado en la implementación de la educación infantil, en promocionar una división de las tareas domésticas y del cuidado de los niños y ancianos, la poca experiencia de las mujeres y el miedo al poder por falta de contacto con estos puestos o lugares, son parte de las razones que explican esta falta de participación política de las mujeres en Brasil, según el Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA.

Es necesario además, repensar el sistema político electoral y partidario brasileño, de forma que la política representativa pueda ser reconstruida como una práctica democrática inclusiva.

Las condiciones que rodean a las elecciones como el sistema electoral, el financiamiento de las campañas electorales (grupos de apoyo, medios, y sobre todo recursos financieros) son factores relevantes al considerar la posibilidad de elegibilidad de las mujeres. En Brasil, el principal problema reside en la ausencia de financiamiento público de las campañas políticas. Si bien los partidos políticos reciben una cierta cantidad de fondos públicos de acuerdo al número de escaños comprendidos, en realidad es una suma insignificante en relación a los gastos de una campaña electoral. Cada partido distribuye los fondos de acuerdo a su propio criterio político y basado en el atractivo electoral de sus candidatos.

Brasil tiene un sistema de lista abierta para la elección de sus representantes. Los electores votan por un candidato y no por una lista. Los votos pueden ser por un solo candidato, independientemente del partido al que estén asociados, resultando entonces, una competencia individualizada.

Tanto en Brasil como en el resto de los países del Cono Sur, no está en vigencia ninguna legislación que reglamente el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales desde una perspectiva que incluya las desigualdades de género. La ausencia de esta reglamentación constituye un obstáculo para la efectiva y equitativa participación política de las mujeres.

El modo de financiamiento del sistema de partidos influye en la participación de las mujeres en política, porque éstas tienen menor poder económico, menos formación y participación en los partidos, generando desigualdades de acceso a la competencia electoral [7].

Paraguay se ha unido a otros países latinoamericanos en la adopción de cuotas obligatorias de género para las candidaturas proporcionales. La ley establece el 20% como mínimo de representación de mujeres tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Estas cifras han variado notablemente desde la sanción de la ley. Por ejemplo, en las elecciones de mayo de 1998 las mujeres estaban representadasen un 2,5% en la Cámara de Diputados y alcanzaba casi la cifra que la normativa sugería en la Cámara de Senadores (17.8%). Sin embargo en la conformación actual de la Cámara de Diputados el porcentaje de representación de las mujeres es del 10%. En la Cámara de Senadores el porcentaje es aún menor. De 46 senadores, sólo 3 son mujeres [8].

Esta escasa representación de mujeres en la vida política también se refleja en escaso número de mujeres que ocupan cargos ejecutivos como ministerios, gobernaciones, gobiernos locales [9].

El debate en Uruguay
En Uruguay en cambio, el reclamo de las distintas representantes de ONG, del movimiento de mujeres y de políticas, pertenecientes en su gran mayoría al Frente Amplio, para legislar mecanismos de cuotas en la conformación de las listas de candidatos no han podido avanzar más que en la presentación de anteproyectos de leyes.

Las recientes reformas introducidas al régimen electoral refieren, centralmente, a la modificación de la mayoría requerida para la elección presidencial (de mayoría simple a mayoría absoluta); la eliminación del doble voto simultáneo en la elección presidencial. Y el tercer cambio trascendente, tiene que ver con la realización de elecciones internas para la selección de candidatos. Este nuevo marco electoral no estuvo diseñado para aumentar la presencia de las mujeres en cargos de representación sino a fortalecer el sistema de partidos políticos. Tal como lo afirma, Oscar Botinelli experto en temas electorales y director de FACTUM empresa de opinión pública en una entrevista realizada por Cotidiano Mujer de Uruguay, “El cambio en sí no creo que favorezca la mayor participación, eso pasa por otros ejes y no por el cambio institucional. Es decir que puede haber mayor intensidad en la actividad política pero eso de por sí no implica mayor participación de las mujeres. Es sorprendente que en Uruguay se llega hoy al mismo número de senadoras titulares que cuando la mujer adquiere por primera vez representación parlamentaria. A nivel de diputados, en 1989 apenas se alcanza (y luego se supera en una), los lugares que había en la elección de 1958. Recién en el 94 el número de senadoras y diputadas sumadas es el más alto de toda la historia del país. La otra vía es establecer criterios con las candidaturas, por ejemplo, que un tercio de los candidatos deben ser mujeres. En esa situación estaríamos hablando de que cada tres lugares hay una mujer.

Esto podría tener significado para el Senado, pero no nos olvidemos que, si miramos la actual composición de la Cámara de Senadores la lista 15 del Partido Colorado, el Movimiento Nacional de Rocha del Partido Nacional y Democracia Avanzada, MPP y Vertiente Artiguista en el Frente Amplio tienen una sola banca. Sólo si una mujer encabeza la lista podría llegar, como pasa con Marina Arismendi. Después tenemos Propuesta Nacional, Cruzada 94, Espacio 90 que tienen dos bancas por lo tanto si la mujer va tercera en la lista, tampoco ingresaría. Recién este mecanismo de la cuota podría funcionar en todas las listas que sacan 3 o más bancas y que para esta elección fueron Asamblea Uruguay (que tiene una mujer senadora), Manos a la Obra, el Herrerismo y el Foro Batllista. Si se hubiera establecido la cuota en el Senado actual deberían haber ingresado 4 bancas más de las actuales 2 en el Senado. Teniendo en cuenta que, en el caso de la senadora Marina Arismendi, ella encabeza la lista. Se da de todas formas la paradoja de tener la obligación de un tercio de mujeres en las listas y un quinto de resultado efectivo. De 30 bancas, tomando siempre los resultados del 94 y aplicándoles la cuota del 30% nos daría un ingreso real de 6 mujeres.

A nivel de Diputados el tema es aún más complicado. Para Montevideo se daría una situación similar que para la elección del Senado: son 45 bancas donde hay listas de 1,2.3,5 y hasta 9 diputados, pero en el resto del país, (con algunas dudas respecto a Canelones) no sólo hay una banca por lista, hay una banca por lema, es decir que de cada partido hay una única banca.

Por lo tanto un sistema de cuotas no aseguraría en ningún departamento del interior la incorporación de más mujeres. Las mujeres del interior que llegaron al Parlamento lo hicieron encabezando ellas su lista.

Si analizamos las posibilidades de las últimas 3 elecciones, veríamos que de todo el interior del país se aseguraría el ingreso obligatorio de una sola mujer en una de cada tres elecciones como probabilidad estadística”.

La paridad en los ámbitos ejecutivos
La introducción de la paridad como un mecanismo de representación y participación equitativo en la conformación de los ámbitos gubernamentales e institucionales, es parte de un debate más reciente. En menor medida, este reclamo paritario involucra a las ONG y al movimiento de mujeres. En contraposición con el proceso de incorporación de las cuotas, la paridad pareciera ser un reclamo instalado en la agenda de algunas mujeres políticas y la iniciativa asumida por gobiernos, mayoritariamente locales.

En la región, Chile es el único país que ha instalado el tema de la paridad a nivel nacional. El gobierno de Michelle Bachelet ha dado algunas señales políticas tendientes a lograr a una mayor equidad de género en el sistema político. La incorporación de la paridad en su gabinete, la inclusión de la agenda de género en la campaña electoral, son muestras de este intento.
Aún cuando el gobierno incorporó la paridad entre el número de mujeres y hombres en el gabinete ejecutivo y en las subsecretarías no ha sucedido lo mismo con otros cargos como las embajadas, directorios de empresas públicas, gobernaciones y jefaturas de servicios.

Tal como lo afirma el aporte realizado por la Corporación SUR a este informe, la paridad fue anunciada por la Presidenta Bachelet como un compromiso fuerte en su campaña electoral, como parte de su discurso ético-político comprometido con los valores de la equidad y justicia social. En lo específico, apelaba a una justicia de género (mejorar la condición y posición de las mujeres en la sociedad). La participación de las mujeres en la vida política del país, en condiciones de paridad, era un acto de justicia, simplemente por constituir el 50% de la población. Pero no se puede analizar fuera del contexto del país y sin una mirada sistémica respecto a otras medidas que apuntan en la dirección de la equidad entre los géneros.

La paridad la concretó en el Gabinete y a nivel de Subsecretarías. Y no obstante que trabajó en esa dirección, no lo logró a nivel de intendencias y gobernaciones, y en otros puestos de dirección del Estado, donde efectivamente se incrementó la presencia femenina, pero el propósito no se logró. Hay muchas razones y tipos de análisis que se pueden hacer al respecto. Por ejemplo, cuánto y cómo estaban representados por partidos políticos en el gabinete elegido por la Presidenta; cómo perdió poder y posición la clase política porque la mitad de los cargos se entregaba a mujeres; la situación política del primer año de gobierno, en que “estallaron” varios problemas de gestión de la administración anterior del Presidente Lagos (movimiento estudiantil secundario, de transparencia y probidad pública, transporte público, etc.); los imaginarios de autoridad masculina y el estilo de liderazgo de la presidenta y las mujeres ministras, etc.

En otras palabras, creemos que la decisión política de tomar medidas como la paridad, no depende sólo del compromiso o la voluntad, sino que está imbricada con las formas tradicionales de ejercicio del poder en cada país, las distintas luchas políticas y valóricas que la atraviesan, y con la posibilidad de avanzar en la agenda del gobierno que se propone un/a mandatario/a.

Tal como las cuotas, la paridad es parte de una estrategia que ha permitido que la ONG y el movimiento de mujeres pudiesen incorporar en la agenda pública y política temas y problemáticas reivindicados históricamente que difícilmente hubiesen sido planteados y reconocidos por las estructuras políticas tradicionales.

“El tema de la paridad lleva en la agenda del debate en este país, más de tres años. Y seguirá presente gracias a que la primera mujer presidenta lo concretó como tema-país. Este sólo hecho, por un lado, garantiza que real y simbólicamente el tema de la equidad de género y los derechos de las mujeres no retrocedan posiciones. Y permita avanzar en otros frentes (aborto, violencia contra las mujeres, píldora del después, igualdad de salarios, etc.) ante los cuales las posiciones más conservadoras revelan que para ellos las mujeres son ciudadanas de segunda clase, y que deben ser tuteladas. Desde un punto de vista democrático más amplio, el tema de la paridad instaló el debate sobre la importancia de la rotación en los cargos, la renovación generacional, diversidad en los estilos de liderazgos de mujeres y hombres; el tema de la no discriminación; valoración del ámbito productivo y reproductivo, de los roles de género de hombres y mujeres, etc.

Otras medidas adoptadas o en trámite corresponden con el reconocimiento del trabajo reproductivo de las mujeres en el proyecto de previsión social propuesto por el gobierno; la implementación de nuevas 800 salas cunas infantiles a lo largo del país para mejorar las posibilidades de acceso al trabajo remunerado de las mujeres; implementación del Código de Buenas Prácticas Laborales y no Discriminación para el sector público.

“En síntesis, a pesar de su corto plazo de vigencia real, la paridad logró reponer con fuerza el tema de la equidad en la participación política y de representación de las mujeres, pero no como un dato o medida aislada, sino porque era parte de un paquete de medidas que apuntaban a la justicia de género”.[10]

En Argentina, el tema de la paridad ha sido reivindicado en los últimos años por las mujeres políticas del Partido Socialista. La paridad es considerada como parte de una estrategia política que permita no solo aumentar la participación de las mujeres, sino también superar los mecanismos formales ya institucionalizados.

Como parte de esta estrategia, la paridad fue propuesta por las mujeres del Partido Socialista para ser cumplido dentro del partido. Así lo propuso la Secretaria de la Mujer del Partido Socialista, Clori Yelicic:
“En la agenda de este año, el tema de la participación política de las mujeres siempre esta presente.

Siempre debe estar presente sino no se presentan avances. Sino nos vamos a quedar con el techo es el 30%. Hay que plantear el 50% para que se cumpla el 30 y después iremos por más”.

Pero la paridad forma parte de un proyecto político más amplio y profundo: “La paridad posibilita un debate ideológico. Estamos debatiendo la construcción de una sociedad distinta e igualitaria no solamente el espacio político, de poder. No queremos el poder por el poder mismo, sino que queremos el poder para construir una sociedad distinta”.

Un balance provisorio sobre los mecanismos formales
Los mecanismos formales para la ampliación de la participación política de las mujeres deben ser acompañados por transformaciones más estructurales. Las ONG coinciden en afirmar el valor simbólico que tiene la participación política de las mujeres en los ámbitos representativos. En este sentido, las cuotas permitieron avances que deben ser completados con la incorporación de medidas más radicales.

Para SEHAS (Argentina), la incorporación de los mecanismos formales en el sistema político, generó resultados relativos sobre el aumento de la participación política de las mujeres “A nuestro juicio esto se debe a que el cambio pasa por modificar las actitudes de la sociedad en su conjunto frente a mandatos establecidos.”. Por lo tanto, “Nos parece muy importante continuar avanzando en las políticas de paridad, como acción positiva en relación con la representación de las mujeres.”

Sobre los resultados de las cuotas, en tanto avance de las mujeres en términos de representación y participación política, son disímiles. Han garantizado la presencia de las mujeres en los ámbitos legislativos como forma, por un lado de representación simbólica, introduciendo algunas modificaciones culturales en los paradigmas tradicionales de la política. Por otro, esta presencia ha permitido, en muchos casos, instalar en la agenda pública y política las cuestiones de género. Para las mujeres políticas la articulación con el movimiento y las organizaciones de mujeres les ha facilitado una agenda de temas propios para la construcción de su propio poder político. En la mayoría de los casos, el acercamiento a los temas de género, su formación y sensibilización fue un proceso iniciado una vez asumido el cargo representativo. En este sentido, el movimiento y las organizaciones de mujeres, han realizado un trabajo incluso en detectar y sumar a las representantes en la reivindicación de sus luchas.

Para quienes acceden a estos cargos, la experiencia política construida a partir de estrategias comunes con mujeres de otros partidos políticos y la articulación con el movimiento y organizaciones, permite no solo su empoderamiento, sino también construir algunas prácticas políticas basadas en un concepto menos tradicional y más solidario de la política.

Pero también, las cuotas han sido un aliciente para los gobiernos en términos de la búsqueda de la equidad de género. Las cuotas pueden entonces ser una meta alcanzada que actúa como fin en sí mismo.

Los planteos acerca de la paridad, aparecen más desafiantes para el sistema político. Plantear la equidad de género en todos los ámbitos de participación y representación aparece como parte de una estrategia que focaliza a una deconstrucción de los paradigmas dominantes en las democracias liberales. Cuánto es posible avanzar en esta materia, depende en gran parte de las propuestas que puedan plantear las mujeres que intervienen en el espacio público.


NOTAS:

  1. ®FLACSO, CHILE. IDEA; Cuotas de género. Democracia y representación. Chile, 2006.
  2. ®Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del Ministerio del Interior de la Nación Argentina. www.mininterior.gov.ar
  3. ®La incorporación en las provincias de sistemas como el de “tachas” vigente en Tierra de Fuego o “ley de lemas” utilizado en distintas provincias, no han garantizado el cumplimiento de los porcentaje de mujeres en las legislaturas establecidos por las leyes provinciales.
  4. ®La ley 9504 estableció una cuota el 25% en las elecciones para representantes estatales y federales de 1998. en las siguientes elecciones este porcentaje mínimo fue incrementado a 30% para cada sexo.
  5. ®información extraída del A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES NAS ELEIÇÕES 2006 CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E ASSESSORIA – CFEMEA. http://www.mujeresdelsur.org.uy/index_e.htm
  6. ®Matland, M: “Más allá de los números”. IDEA 2003
  7. ®8 Elaboración propia a partir de los datos extraídos de www.camdip.gov.py y www.senado.gov.py
  8. ®Fuente CEPAL. Participación y Liderazgo en América Latina y el Caribe. Indicadores de género.
  9. ®10 Estudio sobre la participación política de las mujeres en el Cono Sur y Brasil y el rol de las ONG. Chile, abril 2007.



  Mecanismos institucionales: La transversalidad de género en las políticas públicas
A partir de la Declaración de México de 1975, el debate en el movimiento de mujeres sobre la necesidad o no de crear dependencias gubernamentales específicas para abordar las cuestiones de género- oficinas, secretarías, ministerios- se vio truncado por los golpes militares en la región.

El retorno de los regímenes democráticos, impulsó la creación de estos ámbitos gubernamentales. En el año 1982, se crearon en Brasil los Consejos Estaduales y el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer. En Argentina se crea el programa de Promoción de la Mujer y la Familia y en 1987 la Subsecretaria de la Mujer, luego Consejo Nacional de la Mujer. En Chile el SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) y en Paraguay la Secretaria de la Mujer. En cambio en Uruguay, aún no existe un mecanismo institucional con rango ministerial o de jerarquía similar.

Con el fin de generar un sistema compensatorio de desigualdades iniciales que garantice un resultado más equitativo de las políticas públicas, estas acciones han incorporado un trato diferencial en el marco de las esferas gubernamentales.
A principios de los noventa, los países del Cono Sur implementaron, en los ámbitos nacional, regional y local políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones. Los Planes de Igualdad de Oportunidades fueron impulsados a partir de las recomendaciones adoptadas en la Conferencia Mundial de la Mujer de Nairobi en 1985 y de Beijing en 1995. Estos programas pretenden articular los diferentes ámbitos gubernamentales a partir de la transversalidad de género, delimitando grandes áreas de actuación (como empleo, educación, salud), fijando objetivos y propuestas de acciones tendientes a superar la desigualdad de oportunidades tanto en el diseño, como en la implementación y ejecución de las políticas públicas.

En algunos países europeos, como es el caso de Alemania, los planes fueron pensados como una herramienta para aumentar la participación de las mujeres en las instancias de gobierno, a través de las leyes de equiparación para la administración pública. En el caso de los países del Cono Sur, los planes de igualdad fueron pensados como un modo de articular con una perspectiva transversal de género las distintas esferas de gobierno.

Por lo general, el ámbito local es el más favorable para su implementación. La incorporación de políticas de género como parte de las acciones de gobierno reconoce un primer paso que es el de la creación de un área local de la mujer. La institucionalización de la perspectiva de género ha sido impulsada por las organizaciones no gubernamentales, las mujeres políticas e incluso ha sido levantada como propuesta de campaña por algunos partidos políticos en elecciones municipales.

En Argentina las experiencias de transversalidad de género en políticas públicas refieren fundamentalmente a la explícita voluntad política en el ámbito de instituciones del Estado (nacional, provincial o municipal) de llevar adelante políticas efectivas para lograr la equidad. Sobre las posibilidades reales de implementar estas políticas, fue consultada la Dra. Carmen Storani, Directora del Consejo Nacional de la Mujer durante el Gobierno de la Alianza (1999-2002) y Directora General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2002-2006).

“En particular, considero que el desarrollo de políticas de equidad de género en los ámbitos gubernamentales son posibles. Sobre todo, la implementación de los Planes de Igualdad de Oportunidades en los ámbitos locales. El Plan de Igualdad es un plan propositivo, no solo enunciativo.

En el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esto fue posible, porque contábamos con la ley Nº474 que había sido aprobada en el año 2000, impulsada por mujeres políticas provenientes de distintos partidos y campos ideológicos, con el apoyo formal de las ONG pertenecientes o no al movimiento de mujeres”.”
El diseño y ejecución de estos planes producen cambios en las estructuras estatales que por si mismos no influyen en los niveles de participación de las mujeres. Esto depende de la creación de mecanismos que aseguren su participación en la definición del proyecto, en la toma de decisiones, en la ejecución y la participación, en el monitoreo y evaluación de resultados.

Las áreas específicas de las mujeres permiten el diseño y ejecución de políticas públicas transversales de género en áreas como salud, educación, desarrollo social, presupuesto, facilitando el vínculo con las ONG y su incidencia en las políticas públicas. En este sentido, las ONG coinciden en destacar la importancia que tiene la existencia de estas áreas específicas de las mujeres para lograr articular sus acciones con las esferas gubernamentales. Sin la institucionalización necesaria, la problemática de género aparece, en los mejores casos, focalizada a determinadas áreas sin una visión integrada y posible se darle continuidad más allá de la de la voluntad o sensibilidad del funcionario.

“Sehas como integrante del Movimiento de Mujeres Córdoba, ha mantenido conversaciones y gestiones con autoridades de Salud, justicia y derechos humanos de los gobiernos municipales y provinciales con relación a los derechos en constante proceso de reivindicación: acceso a una óptima salud sexual y reproductiva, a decidir sobre su cuerpo, y a una vida sin violencia. También en la exigencia a las autoridades para el diseño de políticas públicas con perspectiva de género.

Durante el año 2006, desde la Municipalidad de Córdoba, en el Plan Estratégico de la Ciudad y el Plan Igualdad de Oportunidades Sehas es convocado a participar de las reuniones del mismo. En el año 2007 desde el Programa de Merco-ciudades de la municipalidad se convoca a Sehas para participar del Consejo Consultivo de Género.”

Cuando no existen estas áreas en los ámbitos locales, su presencia a nivel nacional ha fortalecido a las organizaciones no gubernamentales locales para incidir en sus propias realidades.

“Ante el Consejo Nacional de la Mujer, Sehas presentó a fines del año 2003 en el marco del Plan Federal de la Mujer, el Proyecto “Aportes para abordar la problemática de violencia en los ámbitos educativos desde una perspectiva de género”, siendo aprobado en el año 2006 y ejecutado por Sehas durante el mismo año.

En relación al área de Trabajo, Sehas presentó ante el Programa de Fortalecimiento Institucional para la Formación Técnica y Profesional de Mujeres de Bajos Recursos, una propuesta para transversalizar la perspectiva de género en las acciones de formación con salida laboral ejecutadas por la Dirección de Empleo de la Provincia a través del Área de Formación, el Centro de Capacitación Laboral (COMCAL) en capital y los Centros de Desarrollo Regional (CEDER) del Valle de Punilla. La misma fue seleccionada y se desarrolló durante los años 2001, 2002 y 2003 en el marco del Programa Regional FORMUJER. Participaron a nivel regional, la Unidad de Género y Desarrollo del BID y OIT-CINTER FOR, a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y a nivel local en Córdoba, la Dirección de Empleo de la Provincia, el Instituto de Formación en Administración Pública (IFAP), y Sehas.

En Paraguay en cambio, la continuidad de la Secretaria de la Mujer en el ámbito nacional fue cuestionada en los últimos procesos eleccionarios. Mediante la acción de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República, con el apoyo de otras organizaciones para el avance de la mujer, se logró colocar y mantener el tema de la continuidad de estas instituciones en la agenda de cambio de gobierno, y transferir la experiencia institucional a las nuevas autoridades gubernamentales y parlamentarias.


  Las mujeres y los nuevos mecanismos de participación ciudadana
En Brasil existen importantes experiencias vinculadas a la participación de la sociedad y de los movimientos sociales en el diseño y ejecución de políticas públicas, sobre todo, de los ámbitos locales.

Se han desarrollado acciones relevantes en la construcción de una política local tendientes a impulsar la participación y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, entre blancos y negros. El presupuesto participativo, los programas de renta mínima y de modernización administrativa, son muestra de ello.

Estos programas han trascendido las fronteras nacionales y fueron extendiéndose en los países del Cono Sur. Chile, Paraguay y Uruguay han llevado a cabo experiencias participativas con resultados disímiles en cuanto a la continuidad o impacto real en las políticas públicas y en los niveles de participación ciudadana en general y de las mujeres en particular.

Las cuestiones de género han sido incorporadas recientemente en el diseño y ejecución de los mecanismos de participación ciudadana.

¿Cómo son percibidas y tratadas las dimensiones de género en los procesos de participación ciudadana? Los estudios sociales y políticos que recientemente han abordado esta temática, permiten señalar las influencias de los estereotipos de género en las prácticas sociales, tanto de la población que participa en el proceso o por parte de los funcionarios públicos o demás gestores de las políticas públicas.

En el Programa de Modernización Administrativa de la Prefeitura de San André (Secretaria de Administra ão.1997) la Organización Polis, publicó una investigación [11] basada en entrevistas realizadas a gestores y algunos beneficiarios del Programa, a partir de las cuales se analizaron los estereotipos de género y de raza que impregnan los procesos participativos.

La presencia de las mujeres en estos programas es muy significativa, comparado con la cantidad de varones. Sin embargo, esta presencia no significa por sí misma la existencia del enfoque de género en estas políticas.

La cuestión de raza está invisibilizada en estas instancias participativas. No sólo porque no aparece en los mecanismos de control de los programas sino que, tal como lo señalan los gestores públicos, es más difícil tratar la cuestión de raza que de género, sobre todo en el ámbito local.

Tanto mujeres como negros enfrentan en el sector público y en el privado una situación clara de desventaja en cuanto a la promoción, tipos de cargos laborales, salarios y funciones. Estas diferencias son producto tanto de las omisiones como de medidas y prácticas que no haciendo referencia explícita a un criterio discriminatorio, aplicadas en determinadas circunstancias, generan desigualdad de oportunidades.

Brasil ha impulsado la creación reciente de políticas innovadoras de gestión democrática, entre las que se destaca el Presupuesto Participativo. Este mecanismo es una nueva forma de co-gestión y control social sobre el presupuesto público que se ha generalizado en todo el país a partir de algunas experiencias nacida en los Consejos Comunitarios, como el de Vila Velha y de gobiernos municipales como el de Porto Alegre, cuya experiencia ha trascendido internacionalmente.

La participación de las mujeres y los negros en los mecanismos de participación ciudadana en Brasil se ve limitada por varios factores. Por un lado, para las mujeres la doble jornada de trabajo- trabajo en las tareas domésticas y fuera del ámbito familiar- limita su participación en ámbitos no tradicionales de la política. Asimismo, varios estudios (POLIS, 2001:59) han demostrado que “hay una extensión de las funciones domésticas para las mujeres que están presentes en los espacios participativos y que esas funciones son además desvalorizadas”
Siguiendo este estudio, “a pesar de las conocidas dificultades de participación de las mujeres, el PP parece ser un espacio en que aumenta esta participación”. Los miembros del Consejo del PP afirman que, al menos en los dos primeros años de actividad, la participación de las mujeres fue mayoritaria en las asambleas (POLIS, 2001:65). Sin embargo, los niveles de participación de las mujeres en las asambleas barriales, disminuyen en los órganos de decisión del PP.

Esta situación también genera ciertas exigencias a las pocas mujeres y negros que alcanzan a ocupar lugares de poder. Como son pocos, se supone que han atravesado y sorteado importantes obstáculos para lograrlo, por lo tanto deben demostrar mayor calificación y hasta una manera distinta de ejercer el poder.
Cuando se plantea la cuestión de género y raza en el PP, la tendencia a pensar su equidad es en términos de representación numérica de mujeres y negros en los espacios decisorios y participativos. En cambio, es más difícil pensar estas cuestiones en términos de equidad en el presupuesto y de equilibrio en los gastos públicos atendiendo las demandas específicas.

El rol del poder público es fundamental para hacer frente a las discriminaciones raciales y de género y sus consecuencias en el ejercicio de la ciudadanía y de la inclusión social. Sin embargo, una comprensión tradicional de las políticas públicas basadas en la imparcialidad o en el temor de favorecer algunos sectores por sobre otros, suelen traducirse en una actitud tímida frente a las desigualdades.

Para las ONG el desafío es monitorear y participar en la ejecución de acciones tendientes al logro de una mayor equidad en términos raciales y de género, sobre todo en los ámbitos locales. El combate contra la pobreza, la exclusión social y política pasa también por estas cuestiones.

Tanto en Argentina, Chile y en Uruguay existen experiencias en el campo del Presupuesto Participativo. Tanto la ciudad de Montevideo, como la de Buenos Aires y Rosario, por nombrar sólo algunas de ellas, han impulsado el debate participativo del presupuesto local.

El rol de las organizaciones sociales fue muy importante en el desarrollo de estos procesos. Su intervención en las instancias deliberativas, en la sensibilización de la sociedad y en difusión de los programas permitió crear los canales para que determinadas demandas e intereses de la sociedad fueran incluidos en las políticas públicas.

Durante el desarrollo de estas experiencias, distintas organizaciones no gubernamentales, han impulsado instancias de capacitación para las mujeres que participaban en las asambleas locales y para aquellas que habían alcanzado las instancias representativas. Estos proyectos de capacitación estuvieron focalizados no sólo en las instancias deliberativas y representativas del programa (es decir en la importancia de introducir determinados temas en las deliberaciones y selección de proyectos o en la capacitación para acceder a cargos representativos), sino también en crear las condiciones necesarias para que las mujeres pueden participar en el programa. Esto es, instalación de guarderías para el cuidado de los niños; una grilla de horarios posibles para que las mujeres pueden concurrir a las asambleas; incorporación de cupos de género para la selección de los candidatos a ocupar los cargos representativos.

En este sentido, el rol de las ONG ha sido fundamental en la creación de espacios de participación y capacitación de las mujeres para su intervención en los asuntos públicos.


NOTAS:

  1. ®Ribeiro,M y Albuquerque Carvalho; Loares para genero e ra a nas políticas públicas. POLIS,2001



  Nuevos desafíos para las Organizaciones no Gubernamentales
En los últimos años, los países del Cono Sur, han avanzado en la sanción de leyes que atienden en parte a la agenda de temas del movimiento de mujeres y de organizaciones no gubernamentales vinculadas a las cuestiones de género. Las leyes de violencia familiar, de salud sexual y reproductiva, de educación sexual incorporan en la agenda pública nuevos temas y mecanismos que permiten una mayor articulación entre las esferas gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil.

Las representantes de las organizaciones sociales y del movimiento feminista han sido protagonistas en el reconocimiento de derechos en el plano formal, tanto en el ámbito legislativo como jurídico. El cumplimiento, seguimiento y efectivo desarrollo de estos programas es un desafío abierto.

Tal como lo afirma Marta Alanis, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir de la provincia de Córdoba, Argentina [12]:

“Tenemos que generar espacios para profundizar lo que hay, para radicalizar la democracia, para que los derechos que se están ganando en el plano formal se puedan acceder en el plano real. Por ejemplo, como mujeres podemos, en general, hacer una evaluación positiva en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Ha sido un gran logro para las mujeres tener el programa nacional de salud sexual y procreación responsable. Sucede que el acceso real al programa todavía es restrictivo para las mujeres pobres. Entonces, como feminista pedimos el control sobre la reproducción, sobre la fecundidad de las personas, el acceso a la toma de decisiones, la autonomía económica siguen siendo un deuda”.

Mabel Bianco es Presidenta de FEIM, Argentina, una organización no gubernamental que atiende centralmente a los temas de salud sexual y reproductiva. Desde el año 2003, han formado con otras 150 organizaciones de todo el país y más de 200 personas a título individual, un consorcio de organizaciones, ConDerS, que tienen la finalidad de monitorear la implementación del Programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. El comité coordinador está integrado por cuatro organizaciones: el Foro por los derechos reproductivos, CLADEM Argentina, la Red Nacional de Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva y FEIM.

Para lograr avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres estas organizaciones han articulado sus reclamos y acciones con los representantes políticos y con los medios de comunicación.

Recientemente, Argentina ha ratificado el Protocolo Facultativo de la CEDAW. Las voces en contra de esta ratificación se expresaban desde los púlpitos de las iglesias, las bancas legislativas y los medios de comunicación. La estrategia que estas ONG se plantearon, fue intervenir políticamente en estos espacios.

“Durante seis años estuvimos con la ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW, que estaba parado. Juntamos firmas, entrevistamos a diputados y senadores. Hicimos mucho lobby, llevamos firmas e iniciamos un expediente con organizaciones de mujeres en la jefatura de gabinete para que la ratificación se moviera en el Congreso .(...)

Trabajar en una forma seria con los legisladores, no es ir a patotearlos y decirles: “tienen que aprobar esto porque tienen que aprobarlo”, sino ir y darle argumentos, fundamentos. Con los medios de comunicación, creo que es una muy buena alianza que permite que todo lo que se expande de mensajes tergiversados se puedan aclarar a la población.

“A veces nosotros llegamos a sectores populares, pero sectores medios o altos nosotros no llegamos. Pero ellos son los que leen los diarios, los que leen la televisión. Nosotros llegamos más a los sectores populares, porque directo o indirecto, nuestro trabajo siempre está más cerca de los sectores populares”.
La misma estrategia fue impulsada por las ONG para la sanción de la ley de ligaduras de trompas y de vasectomía y la ley de educación sexual. Esa forma de incidencia política parte de un trabajo conjunto y articulado de redes de ONG que permiten, por un lado, incidir en las políticas públicas y por otro, realizar el seguimiento, evaluación y monitoreo de la implementación de esas políticas.

“Las organizaciones que hacen el monitoreo de la ley de Salud sexual y reproductiva a nivel provincial, se relacionan con los ministerios y los gobiernos locales. El año pasado se descubrió que en la provincia de San Juan no se estaba implementando la ley. Tenían retenidos los DIU. No se repartían las pastillas, pero sobre todo los DIU, porque se decía que eran abortivos, entonces nosotros hicimos una acción directa que fue carta documento al ministro y al gobernador. Si bien la contraparte local nuestra estaba haciendo todos los movimientos, nosotros para reforzar mandamos una carta documento al gobernador con copia al ministro y además después lo dimos a conocer a la prensa. También lo hicimos en Paraná con un problema que había con la ley de educación sexual en la provincia de Entre Ríos que no se estaba cumpliendo.
Nosotras hacemos acciones de incidencia política y también hacemos acciones directas. Es decir, nos coordinamos con las otras ONG pero también hacemos denuncias directas”.

Tras la crisis argentina del año 2001, se logró una mayor articulación entre el movimiento de mujeres, otras organizaciones sociales y los partidos políticos. Para el movimiento de mujeres fue una posibilidad de sumar nuevos aliados a sus históricas demandas y de formularse nuevos interrogantes a partir del diálogo con la agenda de otras organizaciones. Tal como lo plantea la Presidente de Católicas por el Derecho a Decidir de la provincia de Córdoba:

“En la crisis del 2001 y del 2002 muchas feministas nos vinculamos a los movimientos sociales y empezamos a preguntarnos por donde caminar para revertir la terrible crisis o sobre cuáles eran las salidas. Ahí hubo una vinculación muy fuerte con muchos movimientos sociales que han aprobado también la agenda feminista. Organizaciones como la CTA se han pronunciado a favor de la despenalización y legalización del aborto. Ya los movimientos sociales que siempre se movilizaron por cuestiones de clase, de tierra o trabajo, también piden los derechos que tiene que ver con la salud reproductiva o con el aborto, con el acceso de las mujeres a la toma de decisiones. (...) hay un mayor acercamiento. La agenda feminista no está en una elite en este momento en Argentina. Está en la calle”.

Asimismo, esta relación más estrecha entre las organizaciones sociales, redefinió sus lazos con los partidos políticos a partir de una profunda crisis de representación de los intereses del movimiento de mujeres en la arena política. Los temas de la agenda del movimiento de mujeres y de las ONG no están aislados de la política. Quizás una de las deudas que el feminismo tenga para con la sociedad sea transformar sus demandas en proyectos políticos. Tal como lo sostiene Alanis, “proyectos que permitan, no solamente lograr un cambio de legislación o resistir alguna política, sino que se vaya construyendo un nuevo paradigma que inspire los cambios sociales profundos, que haya una verdadera deconstrucción del patriarcado”.

Uno de los mayores obstáculos políticos para poder avanzar en la concreción política de los derechos de las mujeres, no es sólo la ausencia de una estrategia continua y estrecha con las mujeres políticas. Por ejemplo en la perspectiva de Alanis, el desafío pendiente para el movimiento feminista es transformarse en un proyecto político que incluya en sus programas la cuestión de clase, la redistribución de la riqueza, la propiedad de los medios de producción: “la deconstrucción del patriarcado que propone el feminismo es justamente atacar el centro, deconstruir ese sistema de valores, creencias y poderes que esta en la base de la sociedad capitalista, del sistema neoliberal. Por definición, el feminismo se opone a todo tipo de opresión”.

Las alianzas estratégicas de las ONG con mujeres y varones tanto en los ámbitos locales, nacionales como regionales, permitió avanzar en la concreción de los derechos. Para los partidos políticos progresistas, apoyar e impulsar los temas de género, es parte de una agenda y una estrategia “políticamente correcta”.
En este sentido, se abren nuevas perspectivas de diálogo y negociación entre los representantes de los partidos políticos y las ONG para la sanción de leyes y la implementación de políticas públicas inclusivas.

Paraguay ha incorporado recientemente a su agenda política demandas específicas del movimiento de mujeres: el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el acceso gratuito de los ciudadanos a los métodos anticonceptivos o la violencia familiar. La cuestión de la pobreza, el trabajo rural y las etnias han comenzado a ser analizados desde la perspectiva de género.

Con la finalidad de estimular la formación de organizaciones de mujeres e incentivar su participación en los programas participativos en Brasil, FASE PERNAMBUCO, ha planteado un trabajo direccionado a fortalecer y capacitar a las mujeres de los movimientos sociales y aquellas que intervienen en los espacios de participación popular.

Buscando incidir en las políticas públicas, han apoyado institucionalmente la articulación entre redes, foros y organizaciones de mujeres que luchan por la equidad de género como modo de incorporar estrategias de defensa de las acciones afirmativas en las distintas prácticas ciudadana.

En un contexto de profundas desigualdades sociales, culturales y económicas la ampliación de la participación popular en los movimientos sociales y en espacios como el presupuesto participativo, las conferencias de mujeres, derechos humanos y en organizaciones no gubernamentales, genera nuevas oportunidades para fortalecer las agendas políticas de las mujeres. En este sentido, el desafío para las ONG es articular sus principales contenidos y procesos metodológicos con dinámicas de movilización y participación de las mujeres en las esferas públicas como forma de potenciar y fortalecer sus luchas.

Las relaciones entre el movimiento de mujeres y otras organizaciones sociales se encuentra limitada por la falta de espacios de “concertación de políticas públicas que incluyan las políticas particulares de las mujeres o la agenda feminista(...) esto no excluye la importancia de las redes y sigue siendo vitales los espacios regionales para países donde todavía no se han abierto demasiadas puertas. (..) En las redes trabajamos generalmente con campañas. Hace mas de cinco años que estamos pensando en las diferentes redes regionales y organizaciones nacionales, estamos impulsando la campaña hacia una comprensión interamericana por los derechos sexuales y los derechos reproductivos.”. (Marta Alanis.Entrevista SEHAS).

El espacio regional es entonces un ámbito en donde las organizaciones y sus redes fortalecen la lucha “para no retroceder en los derechos conquistados y otras veces para promoverlos” (Marta Alanis.Entrevista SEHAS).

Las ONG y el proceso de integración regional
Los procesos de integración regional entre los países del Cono Sur generan nuevos desafíos para las organizaciones sociales y los movimientos feministas.
Por un lado, la posibilidad de abordar nuevos temas desde la perspectiva de género. Aquellos que refieren a la integración económica: su impacto en los mercados de empleo, en los movimientos poblacionales y en las mujeres, colocando el debate sobre la macroeconomía como tema de incidencia y la búsqueda de alternativas de desarrollo.

En este sentido, el rol del movimiento de mujeres y de las organizaciones no gubernamentales es fundamental para incluir en las agendas temáticas de la región, planteos que avancen por sobre los tradicionales. Esto no significa abandonar aquellos reclamos históricos. Sólo cambia el modo de ser abordados. Por ejemplo, la autonomía económica y la igualdad de acceso a los recursos económicos se vinculan con la capacidad de combatir las diversas formas de violencia contra las mujeres y la feminización de la pobreza, por ejemplo.
Espacios como el MERCOSUR, permiten pensar la integración regional más allá de los aspectos puramente económicos. Algunas organizaciones feministas y de mujeres se encuentran actuando en diferentes agendas y temáticas regionales. Muestra de ello, son los temas de derechos sexuales y reproductivos, Derechos Humanos, seguimiento de la Convención Belen Do Pará para la prevención y legislación sobre la violencia doméstica y sexual, etc.

Respecto a los ámbitos políticos regionales, es necesario abrir un debate acerca de la inserción de las mujeres en estos espacios. La integración regional requiere nuevas formas de representación política: parlamentos regionales o subregionales, comisiones especializadas, ámbitos en los cuales la presencia del movimiento de mujeres y de las ONG garantizarían instancias más inclusivas de representación.

Estos nuevos procesos regionales abren la posibilidad a las ONG y el movimiento de mujeres de entretejer alianzas y coaliciones más amplias. Sin embargo, el proceso no deja de presentar obstáculos:

“No resulta fácil para el movimiento de mujeres y para las ONG insertarse en el proceso de negociación del MERCOSUR, aún cuando se han producido innumerables intercambios, debates, seminarios y estudios que han aportado elementos de reflexión y análisis sobre las relaciones de género en los países del bloque. La principal dificultad podría explicarse debido a la simultaneidad de dos agendas desconectadas, por un aparte el impulso hacia los estados nacionales para la incorporación de la plataforma de Acción Mundial (Beijing 1995) y las dimensiones de género en las políticas públicas nacionales. Por otra, el desarrollo de argumentaciones y discursos sobre la globalización, las políticas de integración y las relaciones de género”, afirma Lilian Celiberti a partir de su experiencia como coordinadora de REM (Reunión Especializada de la Mujer).

Sin embargo, el desafío para las Ongs y el movimiento de mujeres es aún mayor.
“El seguimiento de la situación de las mujeres debería preguntarse acerca de la evolución en el marco de la integracional regional de un conjunto de aspectos tales como ;- el control sobre los medios de producción; el acceso al crédito y la tecnología; los derecho de las propiedad de la tierra y las relaciones de propiedad; los ingresos y el control de los gastos; la pobreza femenina; intimidación y violencia en el hogar y en el trabajo; el acceso a la infraestructura: la salida; el estatus de la mujer en el hogar, en el trabajo y en la comunidad; la autoestima de las mujeres y los procesos de autonomía” (A. Espino.2000:13).


NOTAS:

  1. ®Entrevista realizada por SEHAS con Marta Alanis. Presidenta de Católicas por el derecho a decidir. Córdoba



  A modo de reflexión final
¿Cómo plantear la igualdad política, el acceso igualitario a los espacios de representación política ente mujeres y varones en contextos de desigualdad económicas, sociales y culturales? ¿Cuáles son las posibilidades reales de los mecanismos de acción positiva para incidir en la transformación de estas condiciones?.

Dejando de lado las posiciones teóricas más radicalizadas que plantean la imposibilidad de cualquier cambio frente a la lógica intrínsecamente patriarcal de las democracias liberales, puede intentarse un primer balance de los logros alcanzados dentro de los canales institucionales. Las cuotas, por ejemplo, ha logrado atacar el problema de la sub representación de las mujeres en la política. Su incidencia fue aún más significativa en los países que las incorporaron con obligatoriedad en sus sistemas electorales.

En este sentido, la presencia de las mujeres en los ámbitos legislativos se tradujo en visibilidad, agenda propia y la posibilidad de construcción de liderazgos políticos.

Es necesario señalar que la presencia de las mujeres de por sí en los ámbitos públicos no garantiza la presencia de la perspectiva de género, pero es una oportunidad para que las organizaciones, el movimientos de mujeres y teóricas de feminismos puedan encontrar aliadas para incidir en las políticas públicas.

En los países del Cono sur, esta articulación entre las ONG, los partidos políticos, y el movimiento de mujeres ha permitido concretar avances en materia de legislación y en la institucionalización de la perspectiva de género. Ha sido un primer paso para incluir en el espacio público las demandas privadas de las mujeres. Las leyes de salud sexual y reproductiva, educación sexual, violencia familiar y/o de género, la trata de mujeres, el debate sobre el aborto, entre otros, ha sido posible por esta articulación.

Los nuevos mecanismos de participación ciudadana, sobre todo aquéllos implementados en los espacios locales a partir de los recientes procesos de descentralización, tienden a instalar reformas en los canales de representación y participación política. Las mujeres, sobre todo aquellas que integran organizaciones sociales, han sido actores políticos claves en estos procesos. Las agendas locales han sido ampliadas, y enriquecidas con la incorporación de los temas y perspectiva de género.

Estos mecanismos han abierto espacios donde se genera una práctica política que por sí misma es transformadora: las mujeres han ocupado lugares no tradicionales a partir de los cuales es posible pensar en la construcción de liderazgos políticos y sociales.

Las cuotas u otros mecanismos formales de discriminación positiva no modifican por sí mismos las condiciones estructurales que producen las desigualdades, pero pueden ser parte de una estrategia colectiva que cuestione parte de los basamentos de esa estructura. La propuesta sobre la paridad y sobre instancias novedosas de participación ciudadana son parte de este debate.

La reciente incorporación de representación paritaria en los ámbitos ejecutivos, busca instalar en la agenda pública un debate más profundo sobre la representación en las democracias liberales.

La incorporación en los partidos de algunos mecanismos formales de representación como las cuotas o la paridad, son medidas que inicialmente pueden introducir algunos cambios a sus estructuras tradicionales, pero no garantizan por si mismos el fortalecimiento de un proceso más inclusivo en su representación si no va acompañado por propuestas de cambio más estructurales.

La posibilidad o no de superar la encrucijada entre el reclamo por acceder a condiciones de igualdad en una situación donde las desigualdades son estructurales, está ligada a la viabilidad de un proyecto político transformador, capaz de atacar la exclusión económica, social y política producida por el neoliberalismo. Como lo afirma Mabel Bianco:

“El mayor problema que enfrentamos es éste: ¿cómo se hace para conseguir la igualdad con estos niveles de desigualdad socio económica, no la pobreza, la desigualdad? Es tan grande la brecha que ese es el gran desafío. Y nosotros no tenemos herramientas para luchar contra eso. Y no hay políticas estructurales que tiendan a romper la desigualdad, al contrario, la profundizan. En un contexto de desigualdad, la igualdad de género es una utopía. Así que para nosotros, el gran desafío es ése.”

Por último, es importante señalar un interrogante que atraviesa y excede al movimiento de mujeres: la redefinición de las identidades en el proceso de globalización. Los sujetos construyen nuevas identidades que se relocalizan [13], buscan marcos referenciales más amplios que aunque incluyan las diferencias sexuales, son superadoras de concepciones biologicistas. Otras dimensiones se ponen en juego, a veces de modo contradictorio: clases sociales, etnias, religión, sexualidades. El desafío de la política es por un lado, articular las demandas de sujetos fragmentados y contradictorios en proyectos colectivos inclusivos y democráticos. En este sentido, el rol de las organizaciones sociales y del movimiento de mujeres tanto en el ámbito nacional como en el regional, es fundamental porque expresan parte de esta diversidad.


NOTAS:

  1. ®Lucy Braidotti; “Sujetos nómades”. Paidos Cultura. Bs.As. 2004



  Bibliografía
Bataille, Philippe, Gaspar Francoise; Cómo las mujeres cambian la política y por qué los hombres se resisten. Ediciones La Flor, Buenos Aires, 2000.

Bet, Gerber; “Comunicación y política. Análisis de la campaña presidencial de Michelle Bachelet”. Frierich Ebert Stiftung, Santiago de Chile, 2006.

CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E ASSESSORIA – CFEMEA; A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES NAS ELEIÇÕES 2006. Http://www.mujeresdelsur.org.uy/index_e.htm.

Matland, M; “Más allá de los números”. IDEA. Lima, Perú. 2003.

Espino, Alma; Integración y género. Temas a considerar. En: “Programa Mujer y Democracia en el MERCOSUR”. Cotidiano Mujer. Uruguay, 2000.

FLACSO CHILE-IDEA: “Cuotas de género. Democracia y Representación”. Santiago de Chile, 2005.

Fraser, Nancy; “Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición postsocialista”. Siglo de Hombres Editores. Universidad de Los Andes. Colombia. 1997.

Fraser, Nancy; “Multiculturalidad y equidad ente los géneros: un nuevo examen de los debates en torno a la “deferencia” en EE.UU”. 2001.

Haydée Birgin; Acción pública y ciudadanía: ¿políticas públicas para las mujeres o derechos ciudadanos? Paidos. Buenos Aires, 2000.

IDEA; “La aplicación de las cuotas: experiencias latinoamericanas”. Lima, Perú. 2003 Laurana Malacalza; “Informe sobre Reforma Política y Participación Ciudadana”. Friedrich Ebert Stiftung,.
Buenos Aires, 2005.

María Inés Tula; “La ley de Cupo en la Argentina. La participación de las mujeres en los órganos representativos de gobierno”en Hombres Públicos. Mujeres Públicas. Fundación Sergio Karakachoff-Fundación Friedrich Ebert.2001.

María Riga –Pflaum (comp.); Equiparación de la mujer en Alemania. Fundación Friedrich Ebert.Buenos Aires,1993.

Mouffe, Chantal: “El retorno de lo político”. Barcelona. Paidos. 1999.

Nélida Archenti; “los caminos de la inclusión política” en Hombres Públicos. Mujeres Públicas. Fundación Sergio Karakachoff- Fundación Friedrich Ebert.2001.

Norma Allegrone; “Ley de Cupo Femenino. Su aplicación e interpretación en la República Argentina”.FUNDAI.Fundación F. Ebert. Bs.As.2002.

POLIS; “Genero e Raca nas políticas publicas”. Sao Paulo, Brasil, 2001.

Rosi, Braidoti,: " Sujetos Nómades ".. Edit. Paidos. Buenos Aires. 2004.


  Entrevistas y colaboraciones
  • Lilian Celiberti- Cotidiano Mujer. REM. Uruguay.
  • Elizabeth Gerber. Fundación Friedrich Ebert. Chile.
  • Teresa Valdés. Chile Clyde Soto. FLACSO. Paraguay.
  • Lilian Soto. Paraguay Carmen Storani. Argentina.
  • Clori Yelicic. Argentina Marcela Rodríguez. Argentina.
  • Mabel Bianco. FEIM, Argentina.


Participación política de las mujeres y el rol de las ONG en los países de Centroamérica y México
 
  Contenido
  1. Presentación.
  2. Los convenios internacionales ¿Con qué contamos?.
    - La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW-1979).
    - Las Estrategias de Nairobi (1985).
    - La Plataforma de Acción de Beijing (1995).
  3. Los Índices de Desarrollo y Género ¿Qué lugar ocupamos?.
    - Componentes de los Índices.
    - IDH/ Índice de Desarrollo Humano (datos del Informe de Desarrollo Humano 2005).
    - IDG/ Índice de Desarrollo Humano relativo al Género.
    - IPG/ Índice de Potenciación de Género.
  4. El ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos ¿Hacia dónde nos dirigimos?.
  5. Las mujeres en los distintos ámbitos de participación social y política ¿Por qué y para qué?.
    - Peso y presencia de las mujeres en el ámbito de lo local.
    - Las mujeres al parlamento un logro reciente.
    - Los avances conseguidos por las mujeres en países de la subregión.
    - Costa Rica.
    - El Salvador.
    - Guatemala.
    - Honduras.
    - México.
    - Nicaragua.
    - Panamá.
  6. Tendencias y retos ¿A qué nos enfrentamos hoy?.
  7. Bibliografía.


  Presentación
“La democracia de género es ¡la democracia completa! Mientras entre las mujeres y los hombres continúe existiendo una distribución tan desigual de las posiciones de poder y decisión, así como del trabajo, el ingreso y el tiempo, en el Estado y la sociedad habrá un déficit democrático. La democracia de género pone al descubierto que nuestra democracia sigue siendo incompleta. Todavía no ha sido resuelto el problema de cómo deben estar conformadas las estructuras sociales y económicas, pero asimismo las formas privadas de convivencia de las mujeres, hombres y niños, para garantizar un espacio político a la democracia, es decir para que ésta por fin se realice. [14] Este es, desde nuestro punto de vista, el eje de la reflexión sobre la participación de las mujeres en la política, en la toma de decisiones, que hoy se centra en las estructuras de poder. La democracia es en el fondo un asunto de distribución del poder político y del poder económico.

Desafortunadamente en la mayor parte de los países de la región latinoamericana padecemos aun grandes déficit de democracia, y como lo ha reconocido la ciencia social y la opinión pública, las mujeres están en mayor desventaja que los hombres, en esa distribución del poder.

El presente ensayo, se propone hacer un recorrido sobre la participación política de las mujeres en Centroamérica y México, aun cuando inevitablemente se hacen reiteradas referencias al conjunto de la región latinoamericana. Podemos decir que la documentación sobre las mujeres en el espacio político es relativamente reciente, por diversas razones que serán comentadas más adelante.

Es en los años ochenta –salvo excepciones- cuando se realizan los primeros acercamientos sistemáticos al tema y en los noventa se inicia un proceso de expansión y profundización; todo ello al calor de los acontecimientos nacionales e internacionales, tanto en el plano del sistema político de cada país como a la luz de las convenciones y recomendaciones en el ámbito mundial, y es cuando también la investigación sobre política -desde una perspectiva genérica- emprende su recorrido. Desde luego el feminismo y sus luchas no son ajenos a dicho camino.

Concientes de que la participación política tiene diversas dimensiones, niveles y espacios: territoriales, organizativos e institucionales, nos hemos centrado en la participación política de las mujeres en los cargos de representación pública o popular del nivel legislativo y ejecutivo, en los niveles nacional y local.

La reflexión que se ofrece a la vez, hace referencias obligadas al movimiento feminista y de mujeres que particularmente se genera desde las organizaciones no gubernamentales (ONG) o civiles -como se les denomina en la actualidad- que han jugado un papel importante, no siempre visible, en el avance y empoderamiento de las mujeres en los distintos ámbitos, incluyendo el propiamente político. Aunque la mirada se centra en la participación política de las mujeres, desde su presencia en los partidos políticos y en los puestos de representación popular principalmente, no significa que ésta se circunscriba a lo electoral o que quede resuelta con observar los porcentajes por sexo.

Indiscutiblemente la política, abarca todos los aspectos de la vida, desde lo personal, lo familiar, lo social, lo organizativo. Las dinámicas que se han generado de exclusión política hacia las mujeres, tienen que ver con concepciones y visiones creadas socialmente y que han generado a su vez asimetrías como seres humanos en su desarrollo.

El ensayo comienza con el marco normativo o jurídico que reconoce los derechos de las mujeres en el espacio político, desde el ámbito internacional y que se asientan en tratados o convenios signados por un buen número de países de la región latinoamericana. En segundo lugar se recupera la información estadística que valora o califica el lugar que ocupa cada país en cuanto al desarrollo humano y el avance en la participación de las mujeres, considerando los Índices creados por los organismos multilaterales.

El tercer apartado es el marco teórico o referencial del que partimos para analizar la situación de las mujeres en la política, es decir, sus avances en la ciudadanía sustantiva, en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
En la cuarta sección se presenta el origen y desarrollo de la participación de las mujeres en los partidos políticos para competir por los cargos de representación popular, a partir de las acciones afirmativas que han asumido un número considerable de gobiernos y/o partidos políticos. En ese mismo apartado se valora cómo les ha ido a las mujeres y cuáles son los aportes y dificultades en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, tanto en el ámbito nacional como en el local-municipal, este último privilegiado por algunos grupos comunitarios, ONG y organizaciones de mujeres.

El último apartado, junto con destacar algunos resultados relevantes de la participación política de las mujeres, identifica las tendencias y los retos actuales para modificar la cultura política predominante y favorecer la presencia activa y decidida de las mujeres en la política.


NOTAS:

  1. ® La concepción de la democracia de género y su realización en las organizaciones, Helga Lukoschat, en Democracia de Género.
    Una propuesta para mujeres y hombres del siglo XXI. Angela Meentzen y Enrique Gomáriz, comp. Costa Rica, 2000,



  Los convenios internacionales ¿Con qué contamos?
La participación política de las mujeres en el mundo y particularmente en la región latinoamericana ha conseguido avances importantes, pero no suficientes para los nuevos tiempos que vivimos: no, los que exige una democracia que supuestamente tiene en el centro una ciudadanía activa; muchas veces ni los que se reconocen en los marcos jurídicos nacionales y las normas internacionales para el ejercicio de los derechos humanos, civiles y políticos.

Como sabemos las mujeres y el movimiento feminista en particular, han dado grandes batallas en su entorno nacional, pero también en el contexto internacional, recurriendo al Sistema de Naciones Unidas y a otros organismos, para comprometer a los tomadores de decisiones en la lucha por la equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Es de justicia reconocer que las luchas de las mujeres no se han limitado a cerrar la brecha entre los géneros, sino a contrarrestar también las otras desigualdades entre ricos y pobres, entre culturas y grupos diversos de nuestras sociedades o incluso de diversas preferencias sexuales.

La reflexión teórica de intelectuales –mujeres y hombres comprometidos- así como de las ONG y el propio movimiento feminista y de mujeres, influyeron significativamente para conseguir los instrumentos internacionales hoy reconocidos o ratificados por la mayor parte de los Estados de los países de la región, aun cuando no se cumplen a cabalidad. Entre ellos destacamos:

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW-1979)

Este tratado internacional refrenda la importancia del involucramiento de las mujeres en el aparato político de los Estados Parte. La División para el Avance de las Mujeres de las Naciones Unidas reporta que hasta junio de 2004, 177 países, -el 90% de los miembros de Naciones Unidas- habían suscrito la Convención.

Los Artículos 2 al 4 de la CEDAW exhortan a los Estados Parte a buscar activamente la eliminación de la discriminación en la participación política de las mujeres a través de medidas legales y temporales especiales y de acciones afirmativas. Un ejemplo de una medida especial para acelerar el logro de la igualdad de facto son las cuotas de los partidos políticos.

El Artículo 7 de la CEDAW instruye a los Estados Parte a tomar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país”. Les garantiza a las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
  1. Votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
  2. Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
  3. Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.


El Artículo 8 lleva los derechos políticos de las mujeres al plano internacional. Instruye a los Estados Parte a tomar “todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales”.

La Recomendación general 23, adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el 16º período de sesiones de1997, referida a la vida política y pública, da observaciones sobre las vidas y necesidades políticas y públicas de las mujeres en varias partes del mundo. Es importante anotar que la Recomendación clarifica cómo pueden ser implementadas, en los niveles nacional, local e internacional, las disposiciones de la CDAW sobre la participación política de las mujeres y las medidas prioritarias. [15]

En la misma Recomendación, se afirma que entre los factores que obstaculizan el ejercicio del derecho a votar y ser elegida, figuran los siguientes:
  1. Las mujeres reciben menos información que los hombres sobre los candidatos y candidatas, sobre los programas de los partidos políticos y los procedimientos del voto, información que los gobiernos y los partidos políticos no han sabido proporcionar.
  2. Otros factores impiden el ejercicio del derecho a la mujer al voto de manera plena y en condiciones de igualdad son el analfabetismo y el desconocimiento e incomprensión de los sistemas políticos.
  3. La doble carga de trabajo de la mujer y los apuros económicos limitan el tiempo o la oportunidad que puede tener de seguir las campañas electorales y ejercer con plena libertad el derecho al voto.
  4. En muchas naciones, las tradiciones y los estereotipos sociales y culturales se utilizan para disuadir a la mujer a ejercer su derecho al voto. Incluso muchos hombres ejercen influencia y control sobre el voto de la mujer, ya sea por persuasión o por acción directa.
  5. En algunos países prevalecen actitudes negativas respecto a la participación política de la mujer, o la falta de confianza del electorado en las candidatas.


Las Estrategias de Nairobi (1985).

Orientan a los gobiernos para que aseguren una igualitaria participación femenina en todos los cuerpos legislativos nacionales y locales. Llaman a la equidad desde el nombramiento, la elección y promoción a puestos de alto nivel en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. [16]

La Plataforma de Acción de Beijing (1995).

Llama a los Gobiernos, los cuerpos nacionales, el sector privado, partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, instituciones de investigación y académicas, organismos subregionales y regionales y organizaciones no gubernamentales e internacionales a “adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones“ y a “aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos”.

Las medidas que se recomiendan a los gobiernos incluyen: establecer el “objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres” en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura; adoptar medidas que “aliente a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías de los hombres”; proteger y promover “la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en materia de participación en actividades políticas y libertad de asociación”; vigilar y evaluar los progresos logrados en la representación de las mujeres, y apoyar a las organizaciones no gubernamentales y los institutos de investigación que realicen estudios sobre la participación y la influencia de las mujeres en la adopción de decisiones, parte de la tarea de abogar por una representatividad equilibrada son el reconocimiento y la promoción del trabajo y las responsabilidades domésticas compartidas entre mujeres y hombres [17].

Como se decía, sin duda éstos y otros tratados e instrumentos internacionales, son resultado de las movilizaciones y cabildeo de las propias mujeres en defensa de sus derechos; significan un avance en su reconocimiento y aun en su ejercicio, como podrá constarse en este estudio. Sin embargo, también es cierto que su cumplimiento ha sido irregular y parcial, dependiendo de la voluntad política de los gobiernos, de los progresos en una cultura democrática, incluso del grado de desarrollo socialeconómico. Tan es así que en todos los países de la región, se han generado sendas Recomendaciones para los Estados Parte.

Desde el CEDAW se ha insistido a la mayor parte de los gobiernos de Centroamérica y México en que se adopten las estrategias necesarias para lograr un aumento en el número de mujeres que intervienen en la toma de decisiones a todos los niveles y en particular, en las municipalidades a nivel local, a través de la adopción de medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el artículo 4.1 de la Convención y refuercen sus actividades encaminadas a promover mujeres a cargos de Dirección tanto en el sector público como en el privado, con programas de capacitación especiales y campañas de sensibilización sobre la importancia de la participación de la mujer en la adopción de decisiones a todos los niveles.

Sin duda dicha recomendación se consiguió gracias a los movimientos feministas que se fueron dando para analizar y reconocer las inequidades entre los géneros, y la lucha por defender el respeto y ejercicio de los derechos de las mujeres.


NOTAS:

  1. ®Ídem.
  2. ®Elementos para elevar la participación política de las mujeres, María Candelaria Navas, en el Encuentro Internacional de Mujeres, San Salvador, El Salvador, 2005
  3. ®Idem



  Los Índices de Desarrollo y Género ¿Qué lugar ocupamos?
Un recurso con el que contamos para conocer la situación que guardan nuestros países en cuanto al desarrollo y que nos ofrece opciones de comparación entre los desarrollados y los menos o escasamente desarrollados son los Índices, que se construyen con una selección previa de indicadores. Se trata de sistemas para monitorear avances y retrocesos que se revisan anualmente para verificar el cumplimiento de compromisos de los gobierno respecto al desarrollo.

La carencia y desigualdad de la información son una dificultad para estos sistemas, pero lo son todavía más cuando se trata de conocer y determinar cómo se encuentran las mujeres en términos de su desarrollo humano y su posibilidad de participar y decidir, en tanto que la discriminación llega hasta las estadísticas que no se han ocupado de “contarlas”. La restricción en materia de indicadores comparables a nivel internacional, disminuye las opciones de monitoreo de las distintas fuentes de discriminación, en particular la de género, pero también en relación a la etnia o la raza.

Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se han construido el Índice Relativo al Género (IRG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG) que permiten realizar comparaciones sobre el avance de desarrollo humano y ponen énfasis en las diferencias encontradas entre hombres y mujeres. Los componentes para esos Índices se integran así:

Componentes de los Índices IDH/ Índice de Desarrollo Humano (datos del Informe de Desarrollo Humano 2005).

Índice compuesto que mide el promedio de los avances de desarrollo humano en las tres dimensiones básicas del desarrollo que lo integran:
  1. Vida larga y saludable, medida a través de la esperanza de vida al nacer.
  2. Conocimientos y educación, medida a través de la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en primaria, secundaria y terciaria.
  3. Nivel de vida digno, medido a través del PIB per cápita (PPA en US$)
.

IDG/ Índice de Desarrollo Humano relativo al Género.

Indicador que ajusta el progreso medio de desarrollo humano para que refleje las desigualdades entre mujeres y hombres en los siguientes aspectos:
  1. Vida larga y saludable, según la esperanza de vida al nacer
  2. Educación según la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en primaria, secundaria y terciaria.
  3. Nivel de vida digno, medido según el cálculo de los ingresos percibidos.


IPG/ Índice de Potenciación de Género.

  1. Se refiere a las oportunidades de la mujer. El índice refleja las desigualdades de género en tres ámbitos:
    Participación política y poder de decisión, medidos en función de la proporción porcentual de hombres y mujeres que ocupan escaños parlamentarios.
  2. Participación económica y poder de decisión, medidos según la participación porcentual de hombres de hombres y mujeres en cargos legislativos, altos funcionarios y directivos y participación de mujeres y hombres en puestos profesionales y técnicos.
  3. Poder sobre los recursos económicos, medidos según la estimación de los ingresos percibidos por mujeres y hombres.


Una rápida mirada de la tabla nos comprueba las diferencias significativas en el desarrollo humanos de hombres y mujeres, medidos en calidad de vida. En cuanto al posicionamiento o empoderamiento de las mujeres la situación es aun más preocupante y en todo caso ratifica las dificultades y tendencias que presentamos más adelante para la participación política de las mujeres en los ámbitos o espacios de decisión.

El comportamiento para el año reportado (2005) es similar al de años anteriores y posteriores en cuanto al lugar de los países considerados. Costa Rica conserva generalmente el primer sitio para la subregión, mientras México y Panamá se mantienen en el segundo y tercero indistintamente.

  1. Datos al 1º de Marzo de 2005. Cuando el sistema es bicameral, los datos se refieren al promedio ponderado de la participación de la mujer en los escaños de ambas cámaras.
  2. Los datos se refieren al año más reciente disponible durante el período 1992-2003. Los cálculos para los países que han adoptado la reciente Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88) en rigor no se pueden comparar con los de aquellos países que utilizan la clasificación anterior (CIUO-68).
  3. Cálculos a partir de los datos de las columnas 9 y 10 del Cuadro 25, basados en los datos del año más reciente disponible durante el período 1991- 2003.


  El ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos. ¿Hacia dónde nos dirigimos?
El análisis de la situación de las mujeres en el ámbito de la participación política ha sido abordada desde muy distintos enfoques y perspectivas, considerando el contexto o entorno sociopolítico; partiendo del desarrollo histórico de la democracia de cada país o de la región; refiriendo el ámbito de la subjetividad y la cultura; así como bajo el enfoque del ejercicio de los derechos humanos, particularmente de los civiles y políticos, que tienen como referencia en todos los casos el concepto de ciudadanía. En rigor no son excluyentes, sino complementarios, pero es posible poner énfasis. Para el presente ensayo priorizamos el enfoque del ejercicio de la ciudadanía, lo que no significa que soslayamos los otros, y menos aun que no haremos mención a ellos en su oportunidad.

La ciudadanía le fue negada a las mujeres durante siglos, en nuestros países latinoamericanos tuvieron que esperar hasta la mitad del siglo XX para poder ejercerla, para poder votar y -en teoría- para ser electas para algún cargo de representación popular.

Así, la Revolución Francesa, la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, comprueba la exclusión de las mujeres del siglo XVIII, XIX e inicios del XX de la categoría de ciudadanas y por ende la negación de los derechos inherentes a su condición. De esta manera, los ideales de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular, pilares del régimen de la democracia representativa, predominante en el occidente capitalista, fueron originalmente concebidos como derechos masculinos, en tanto constituyen el producto de un poder masculino. Se trataba de una ciudadanía intrínsicamente excluyente en términos de clase, edad, nacionalidad y género. [18]

Sin duda que el concepto de ciudadanía es útil para esta reflexión, particularmente la distinción básica entre ciudadanía formal y ciudadanía sustantiva, ya que esta última subraya las capacidades efectivas de los/as ciudadanos/as de ejercer sus derechos formales. Pero uno de los problemas fundamentales que tienen los sistemas políticos y que se acentuó poderosamente con la crisis producida por el presente cambio de época, es que una cosa son las capacidades y otra el uso voluntario de las mismas. Un/a ciudadano/a puede tener ciudadanía formal y ciudadanía sustantiva, y, pese a ello, realizar un ejercicio de su ciudadanía muy pobre o limitado.[19]

Para una región como Centroamérica y América Latina, esto es muy importante por las dificultades que se han enfrentado para que los/as ciudadanos/as gocen de ciudadanía sustantiva.

“Así pues, la idea de ciudadanía plena no sólo tiene como requisitos la existencia de derechos y capacidades para ejercerlos en los distintos ámbitos: político, social, económico. También es imposible pensar en una ciudadanía plena y en su producto colectivo, la democracia, sin que, al menos, una proporción significativa de los/as ciudadanos/as ejerza efectivamente su ciudadanía de manera vital.” [20]

En nuestros países, resultó relativamente sencillo consagrar la igualdad ante la ley en el rango constitucional o suscribir tratados internacionales. La situación cambia cuando se trata de igual derecho a la libertad y derecho a una igual libertad. El debate sobre el aborto es un ejemplo en el que la igualdad encuentra su límite en el ejercicio de la libertad. [21] En el caso de Nicaragua, por ejemplo, se ha dado un retroceso enorme con respecto al aborto inducido.

Aunque no es objeto de este estudio, parece importante reconocer que la concepción liberal sobre lo que es la ciudadanía, ha sido entendida como una forma pasiva, es decir la persona llega a los 18 años y tiene derechos humanos y civiles. Pero viéndolo desde la democracia, se concibe como que el o la ciudadana, crea sus derechos, pasa a controlar la acción del Estado y por ello, exige su derecho a incidir en las políticas públicas a partir de las acciones colectivas. Es crear nuevas leyes, a partir de que las personas intervengan, lo que debería trascender lo generacional, los géneros, la posición económica o educativa.

En América Latina se identifican tres universos principales de ciudadanos/as en relación con las capacidades para el ejercicio de la ciudadanía sustantiva y su voluntad de ejercerlas. Siempre a partir del hecho de la existencia actualmente generalizada de la ciudadanía formal:

  1. Personas con bajo nivel de capacidades y débil ejercicio de su ciudadanía.
  2. Personas con suficientes capacidades, pero que apenas ejercen su ciudadanía en el ámbito público.
  3. Personas que ejercen sus capacidades desde el ámbito privado hasta el público y político.


Respecto de la ciudadanía formal, las diferencias entre mujeres y hombres se han reducido a su mínima expresión en los últimos cincuenta años. Aun así, se puede percibir que incluso desde lo formal, existen diferencias graves, como por ejemplo el derecho de la mujer a poseer la tierra. En cuanto a la ciudadanía sustantiva, la situación es claramente diferente. Existen cambios notables en las capacidades simbólicas de las mujeres, al mismo tiempo que espacios específicos en donde esos cambios presentan un ritmo radicalmente menor. Es en esta dinámica cambiante donde se manifiesta una laguna reiterada en las reflexiones sobre mujeres y ciudadanía.

Una dificultad para aportar en el tema de la evolución de la participación política de las mujeres, es que los historiadores no registraron su trayectoria y papel -muchas veces decidido- en las guerras de independencia del siglo XIX, en sus luchas por el voto –por ser reconocidas como ciudadanas- en la primera mitad del siglo XX, así como de su participación comprometida contra el autoritarismo y las dictaduras militares en Centroamérica. Son en buena medida las intelectuales feministas las que habrán de recuperar apenas hace unos 30 o 40 años esa historia.

El perfil de las latinoamericanas de fines de los años sesenta, se caracterizaba por una alta fecundidad promedio, una mediana esperanza de vida (sólo algo mayor que la de los varones), una clara brecha escolar respecto de los hombres, un bajo registro laboral, ausencias culturales de género y una legislación altamente discriminatoria.

El perfil de las mujeres al concluir los años noventa ha cambiado, se basa en una baja/mediana fecundidad promedio (por debajo de 3 hijos por mujer), un aumento apreciable de la esperanza de vida (duplicando su ventaja frente a los varones), una escolaridad igual o superior a la de los hombres, un creciente registro de participación laboral (que se aproxima al 40% de la PEA), presencia de referencias culturales e incluso de políticas públicas a favor de la equidad de género y una legislación que ha eliminado básicamente sus aspectos más discriminatorios.

Tomar en cuenta el cambio radical del perfil sociodemográfico de las mujeres latinoamericanas y centroamericanas y del entorno que las rodea, es imprescindible para captar el notable incremento de sus capacidades simbólicas en cuanto a la ciudadanía sustantiva. Y esto es fundamental para reflexionar adecuadamente acerca de las causas por las que el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en la región, encuentra todavía dificultades y resistencias poderosas.

Si el renacer del movimiento feminista y el surgimiento de las ONGs que trabajan con mujeres de los setenta -en la mayor parte de los países latinoamericanos- se explica por la entrada de las mujeres madres al mercado laboral, por la expansión de la enseñanza y la emergencia de movimientos sociales amplios; el protagonismo de las mujeres de los setenta y los ochenta, la ampliación del movimiento social de mujeres y el aumento de la conciencia sobre su papel público en los noventa, no puede explicarse por razones económicas. No hay duda que las mujeres –a través de la extensión de su tiempo de trabajoconstituyen una variable clave de los procesos de ajuste estructural y que ello les ha dado un lugar diferente en la familia y la sociedad.

No menos importante ha sido su participación y lucha durante las dictaduras militares o regímenes autoritarios.[22] Hay en esos años un duro aprendizaje que puso a prueba la capacidad de un movimiento, en muchos casos incipiente, sin organización, con escasa experiencia en la gestión, después de las dictaduras. Pero en ese proceso se fortalecieron, se crearon nuevas organizaciones de mujeres (ONGs) y se generaron espacios de debate e intercambio nacionales internacionales. En este nuevo contexto, se afirma, “el feminismo dejó paso a la construcción de un movimiento social de mujeres, que –por lo menos en América Latina- incorporó a las mujeres de los partidos políticos y de las organizaciones populares. A las viejas demandas feministas se sumaron otras nuevas que responden a las necesidades de las mujeres frente a la profunda crisis económica de nuestros países.”[23] Un balance sobre las luchas de las centroamericanas señala que lo que ellas exigen con mayor urgencia es su liberación en cuatro aspectos de la discriminación basada en género, sin la que no puede haber una verdadera ciudadanía: a) Liberación para participar en puestos de elección popular y en los proceso de decisión, b) Liberación de la pobreza; c) Liberación de la violencia; d) Liberación para decidir sobre su sexualidad y reproducción.[24] Por tanto, no hablamos hoy de mujeres prioritariamente recluidas o reducidas al ámbito doméstico, de muchas maneras están actuando en lo público, pero con dificultades que impiden una participación de calidad, en tanto no se les reconocen sus capacidades y potencialidades.

El incremento de la participación de las mujeres, también obedece al impacto que ha supuesto el movimiento migratorio, sobretodo en lo local, lo cual no deriva en la redistribución del poder político; también a la existencia de algunos programas sociales que tienden a disminuir la pobreza de las mujeres y que ha posibilitado u orillado, según el caso, a que éstas tengan que asumir tareas y roles que tradicionalmente no realizaban o no eran requeridas para ello.

Es necesario no confundir en las mujeres, la ausencia de capacidades con la dificultad del ejercicio práctico de las mismas. Pueden ponerse diversos indicadores al respecto, pero resulta tremendamente llamativo el salto educativo, socio-profesional, de las mujeres centroamericanas entre 1970 y el 2000, y el hecho de que en esos treinta años la participación de las mujeres en los órganos legislativos ha pasado apenas del 8% al 12% en cifras promedio.[25] Si consideramos el ritmo de su incorporación a la fuerza laboral, se calcula que en poco más de una década (2020) representarán el 50% de la clase trabajadora, mientras en el ámbito político su ascenso alcanzará quizá a subir unos tres puntos porcentuales.

Hay muchas “lecturas” o interpretaciones sobre los avances conseguidos o no por las mujeres en el ejercicio pleno de su ciudadanía, no solo como electoras, sino como decisorias. Una coincidencia general es acerca de que las dificultades del acceso de las mujeres al poder público refieren no solamente al cambio de las condiciones generales del ejercicio de su ciudadanía (dificultades domésticas, adquisición de capacidades, etc.), sino a la resistencia tácita y/o explícita que se manifiesta desde el poder masculino.

Esto es importante, si se toma en consideración el gran cambio -en las últimas décadas- producido por las mujeres latinoamericanas en cuanto a sus capacidades simbólicas. Conforme las mujeres estén mejor preparadas para ejercer una ciudadanía activa y participar en los espacios de poder, se hará más evidente la resistencia del poder masculino y, así, la necesidad que tienen los hombres de optar entre la corresponsabilidad o el conflicto genérico.[26]

Hay que tomar en cuenta que algunas mujeres también asumen actitudes de exclusión o se autoexcluyen, en la medida que no encuentran las condiciones y elementos necesarios para participar.

En esa medida, no tienen la capacidad para acceder a posiciones importantes en el terreno laboral, o en el no reconocimiento a sus derechos sexuales y reproductivos, o en lo sociocultural.

En el apartado final volveremos a esta tensión. Por ahora lo que se quiere adelantar es que el cambio de condiciones para favorecer la participación de las mujeres, dependerá –entre otras cuestiones- de cómo se maneje el conflicto, rivalidad y resistencia de los hombres para compartir el poder con las mujeres y otros actores excluidos por su condición cultural y económica.


NOTAS:

  1. ®Ciudadanía Política de las mujeres en Costa Rica, Mariela Herrera Vargas, Biblioteca virtual de ciencias sociales de América Latina y El caribe, de la red de centros Miembros de CLACSO
  2. ®La fuente principal de este apartado es: “Género y Ciudadanía en América Latina: Otra Mirada al Horizonte”, Ana Isabel García Quezada y Enrique Gamáriz Moraga, en Democracia de Género. Una propuesta para Mujeres y Hombres del siglo XXI, Ed.
    Fundación Género y Sociedad, Fundación Heinrich Böll Stiftung, 2000
  3. ®Ídem, pág. 88
  4. ®De la certeza a la incertidumbre, Haydeé Birgin, en Democracia de Género, op. cit
  5. ®De la certeza a la incertidumbre… op cit.
  6. ®Ídem pág. 147
  7. ®“Mujeres como ciudadanas. Participación para ejercer los derechos de las mujeres en Centroamérica.” Construyendo Ciudadanía y Gobernabilidad desde las Mujeres, Centroamérica. Michael Clulow, Revisión Felicity Manson, Abril 2005
  8. ®Ídem pág. 91.
  9. ®Ídem pág. 94.



  Las mujeres en los distintos ámbitos de participación social y política. ¿Por qué y para qué?
En primer lugar hay que insistir en que la participación política de las mujeres en efecto no se reduce, ni con mucho, a su actuación o posicionamiento en el parlamento o poder legislativo. Hay otros ámbitos privilegiados como los gremios, sindicatos, organizaciones comunitarias o de barrio, así como las llamadas organizaciones no gubernamentales (organizaciones civiles), donde han estado desde siempre.

Otro hecho relevante que compartimos entre los países de prácticamente toda la región, es el papel determinante que han jugado las mujeres en las luchas por el reconocimientos de todos sus derechos, incluyendo los básicos como son los civiles y políticos. Aparecen en el escenario las organizaciones feministas, pero también las organizaciones sociales de mujeres y mixtas que tienen un nivel reconocimiento e influencia ganados con su compromiso y trabajo cotidiano.
Cada país tiene su propia historia y mujeres notables que se destacaron, desde hace siglos, por su lucha y valor para defender las causas sociales y las causas de las mujeres. Lo que significa que los logros y avances en la vida democrática no son sólo atribuibles a los hombres, así como que las conquistas para favorecer el reconocimiento político de las mujeres ha contado con el apoyo de hombres y líderes progresistas.

En este ensayo por ahora no ha sido posible incorporar datos “duros” que cuantifiquen la proporción de mujeres en esas organizaciones sociales, pero todas y todos los analistas investigadores(as) revisados(as) coinciden en el reconocimiento de su presencia y participación de calidad, a pesar de que los historiadores del pasado no las contaron, ni las vieron. Sabemos incluso que en muchas organizaciones comunitarias o de barrio, llegan a predominar las mujeres y que muchas organizaciones civiles están lideradas o conducidas por ellas.

Es necesario insistir en que la democracia de género, no solo se refiere al incremento de la participación de las mujeres, sino al ejercicio pleno de sus derechos. No basta con ser mujer, para pensar que hay una democracia de género. Desafortunadamente a lo largo de la historia, hemos visto casos por toda Latinoamérica –que todavía persisten- de mujeres que realizan la política de manera tradicional y que reproducen los mismos esquemas de comportamiento político con una visión machista, y por ende, no incorporan los intereses y demandas de las mujeres, para lograr la equidad entre los géneros. De manera autocrítica también se reproducen en las mujeres formas autoritarias, lo cual significa que no existe un enfoque de género.

Por ello, es necesario darle otro significado de lo que queremos decir, hay que vincularlo en principio a que las mujeres ejerzan decisiones, levantando el programa e intereses de las mujeres. Ha habido experiencias que han confrontado a las mismas mujeres como el Instituto de la Mujer en Costa Rica.

Es así que el aterrizaje de este ensayo se da en torno a la participación de las mujeres en los partidos políticos, en los cargos de representación popular y de autoridad en el poder ejecutivo, en segundo lugar.[27]

Peso y presencia de las mujeres en el ámbito de lo local.

A lo largo del tiempo y hasta la actualidad, un patrón femenino prácticamente universal muestra la presencia y acciones colectivas de las mujeres dentro del espacio local, asociadas a la vida cotidiana en la esfera de la familia y las tareas domésticas.

Si bien los estudios de género han destacado que el ámbito municipal y el hacer política comunitaria facilitan la participación pública de las mujeres, debido a la proximidad espacial y la mayor flexibilidad de tiempo, también se han lanzado certeras críticas, por ejemplo en la investigación urbana, sobre el concepto de comunidad y la ideología doméstica que naturalizan "el lugar de la mujer" en lo estrictamente local, ocultando situaciones de opresión, explotación y discriminación de género. Además de que se encubre el hecho de la feminización de la pobreza y el traspaso de las responsabilidades estatales, a las tareas domésticas femeninas y la autoayuda comunitaria bajo los efectos de las políticas neoliberales. [28] Surge así una inédita corriente de interés por vincular las temáticas de género con el espacio y el gobierno local, interés sobre todo fundamentado en el crucial papel de las mujeres de sectores populares urbanos como agentes del bienestar social, asumiendo la abrumadora lucha por la subsistencia familiar y la colectivización solidaria de la sobrevivencia.

Significa al mismo tiempo, la voluntad y aspiración de nuevas experiencias de sociabilidad y participación en la esfera pública, adquirir autoestima y poder salir del encierro doméstico. El formidable protagonismo femenino en los espacios locales de la pobreza latinoamericana ha tenido, y mantiene, serios riesgos y costos físicos, emocionales y morales, pero no es una visibilidad de víctimas sino de una fuerza social capaz de influir y transformar las condiciones de vida en el plano individual y colectivo. Se presenta el fenómeno – sobre todo urbano – del aumento de mujeres a cargo del hogar, quienes son el principal sino el único sostén económico de la familia.

La presencia y participación de las mujeres en el espacio local, adquiere especial importancia ya que es el mundo público con el que se encuentran más familiarizadas y donde despliegan sus habilidades de participación como gestoras sociales, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la familia y la comunidad.

No es común la valorización de las mujeres como sujetos sociales portadores de derechos propios de participación en la esfera pública, ni se las considera como agentes de cambio en el desarrollo.

Existe la convicción entre autoridades gubernamentales y líderes de la comunidad, de que las mujeres representan un servicio público gratuito, disponible todo el tiempo y para todo problema y emergencia social. Las mismas mujeres contribuyen a mantener dicha convicción debido, sobre todo, al mandato cultural de los roles de género (madre, ama de casa, esposa) y a la división sexual del trabajo, que recarga sobre las mujeres las labores domésticas.
Más aun, el fenómeno del feminicidio y todas las situaciones de violencia hacia las mujeres, por su condición de género, se ha incrementado sin que haya una voluntad política de los gobiernos y la sociedad, por ponerle un freno, que gracias a la impunidad para castigar a los responsables, continúa.

En este fenómeno, es claro, aunque no la única razón, por la cual han muerto mujeres debido a su participación política, que ha afectado los intereses de quienes ostentan el poder político, formal o fáctico. La saña con la que muchas de ellas han sido asesinadas, demuestra esta violencia de género.

En la denominada política "informal" o en el espacio de lo comunitario, que es una forma de hacer política a partir del entorno social cotidiano, las mujeres se vinculan a los asuntos de interés público, y: a)establecen relaciones de fuerza y presión con los poderes locales; b) demandan y gestionan recursos; c)protestan, negocian y ejercen influencia; d) contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida y al desarrollo local; e) adquieren habilidades de ciudadanas competentes; f) logran autoestima y prestigio social; g) adquieren poder de liderazgo; h) representan un eficaz patrón de participación en la vida política local.

La revalorización política e institucional de los espacios y gobiernos locales, no ha corrido pareja con la revalorización de las mujeres como ciudadanas y sujetos de derechos. Una paradójica dinámica de inclusión – exclusión envuelve la presencia y participación femenina.

América Latina cuenta con aproximadamente 16 mil municipios, lo que no se significa o implica mayor apertura al acceso de las mujeres a los cargos del poder municipal. El activismo, la eficacia y liderazgo de las mujeres en el campo de los servicios comunitarios y organizaciones territoriales o funcionales, tampoco se traduce en oportunidades que faciliten su reconocimiento e incorporación equitativa, tanto a las candidaturas para las elecciones locales como a la estructura político-administrativa del gobierno local.

De un universo de 15,612 municipios entre 15 países, encontramos solamente 835 mujeres que ocupan el cargo de alcaldesas (llamadas también intendentas, presidentas municipales, prefectas), que representan 5.3% de ese total de municipios.

Sin embargo, aun cuando se reconoce el derecho de igualdad, ello no ha significado igualdad en el acceso a puestos de toma de decisiones entre hombres y mujeres, pues éstas continúan enfrentándose a diversos obstáculos que limitan su participación en los puestos de toma de decisión, como:

  • La existencia de una cultura discriminatoria en el aparato público, los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones sociales, que impone resistencia al acceso y a la participación de mujeres en los espacios de poder.
  • La frecuente desvalorización por el mismo sistema de las capacidades y aportaciones de las mujeres en el ejercicio del poder político, en la dirección empresarial y en las diferentes organizaciones sociales.
  • La ausencia de mecanismos permanentes de promoción de la participación de las mujeres y el desarrollo de una cultura cívica y política que considere las realidades diferenciadas y específicas de hombres y mujeres.
  • La mayor responsabilidad que asumen las mujeres en la comunidad y en el ámbito privado, sobre todo en la familia, restringe su participación en el ámbito público.


Siendo el municipio la instancia de representación y gobierno más próxima a la ciudadanía y vinculada a los asuntos de la vida cotidiana, paradójicamente no ha facilitado el acceso de las mujeres a los cargos del poder municipal. Los municipios latinoamericanos carecen de pluralidad de género, pues son mayoritariamente encabezados por hombres. No se observa una correlación positiva entre mayor cercanía y mayor participación de las mujeres en los cargos de representación y dirección de los municipios, por lo cual, el principio de proximidad que legitima específicamente al gobierno local, no funciona como principio que favorece la equidad de género.

Se verifica, histórica y casi universalmente, la presencia y participación de las mujeres en los espacios de las asociaciones voluntarias, las organizaciones populares urbanas, sean territoriales o funcionales, los comités de usuarios de servicios, de escuelas, de salud, etc.; es decir, los espacios donde se realizan las actividades de la política local comunitaria o “informal”. En cambio, no es frecuente encontrar mujeres alcaldesas y menos en grandes ciudades, ni mujeres concejalas (regidoras) en proporción cercana a la de los hombres, ni mujeres en los cargos jerárquicos de la administración municipal. Los municipios latinoamericanos están marcados por la inequidad de género, aunque reconocemos algunos cambios significativos y avances. [29]

Incluso en el ámbito de las políticas públicas, si bien hay un avance al incorporar acciones afirmativas hacia las mujeres, la puesta de programas focalizados, incluso con enfoque de género, han creado un clientelismo y comportamiento político, sin que existan indicadores con enfoque de género, que ayuden a evaluar el avance o no, en la búsqueda de equidad entre los géneros. Un ejemplo en el caso de México es el Programa Oportunidades, que se "vende” como el programa estrella de la política social, aun cuando pareciera tener un enfoque de género, tiene solamente un sentido instrumental, ya que igualmente se le asigna a la mujer la responsabilidad que tradicionalmente tiene: la atención a la salud de los hijos, la educación y el recurso económico para la sobrevivencia.

En aquellos municipios en el ámbito rural, conformados por población eminentemente indígena, se dan situaciones de exclusión hacia las mujeres. Aunque siempre se esgrime que el respeto a las formas de organización indígena, la comunalidad, la cosmovisión indígena del bien común están presentes, no podemos soslayar que se dan situaciones de falta de respeto a la dignidad de la mujer, o el caso de mujeres regidoras que deben enfrentar el descrédito y descalificación, con el desgaste emocional que ello le significa. Por ejemplo, retomando el problema de la posesión de la tierra, hay comunidades en donde los hombres tienen ciudadanía, porque tienen acceso a la tierra o al crédito.

De igual manera sucede en el acceso a servicios públicos, educación, con el consentimiento informado, para decir que se habla de una ciudadanía plena en las mujeres, lo que también debe reflejarse en las políticas públicas y el presupuesto para instrumentarlas.


Las mujeres al parlamento un logro reciente
La participación efectiva de la mujer en la esfera pública es un fenómeno relativamente reciente en la región Latinoamericana. Durante la década de los noventa del siglo pasado, la cuestión de la representación de las mujeres empezó a estar presente en la agenda política de los partidos y de los gobiernos, gracias a la presión de organizaciones y grupos que la demandaron, décadas atrás. Como consecuencia de esta promoción y defensa de la participación de las mujeres en los diferentes órdenes de gobierno, la mayoría de los países de la región adoptaron una serie de medidas de discriminación positiva tendentes a incrementar la presencia femenina en los distintos cargos políticos. Se les identifica mejor como acciones afirmativas y se las define como estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades, a partir de medidas que compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Tienen un carácter temporal, están justificadas por la existencia de la discriminación secular contra grupos de personas y resultan de la voluntad política de superarla. [30]

Una de ellas es el sistema de cuotas. En América Latina, el sistema de cuotas ha sido asumido como uno de los principales mecanismos para promover el acceso real de las mujeres en el mundo de la política y tratar de reducir la tradicional asimetría de género en la representación política. Se coincide en que la aprobación de acuerdos internacionales, y en concreto la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas de Beijing en 1995, marcó un punto de inflexión. A partir de ese momento, las cuotas se adoptaron en un gran número de países de América Latina [31]. Entre 1991 y el año 2000 once países latinoamericanos aprobaron leyes para el establecimiento de cuotas para la participación de las mujeres en las elecciones legislativas, que oscilan entre el 20 y el 40%.

a El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tienen cuotas superiores a las que marca la ley con 50% de las candidaturas para mujeres.

Los análisis sobre el sistema de cuotas coinciden en sus bondades, pero también en que los avances han sido muy lentos en cada uno de nuestros países, si se considera el bajo porcentaje de mujeres que consiguen llegar a esos cargos de representación popular. Para ilustrarlo veamos el siguiente cuadro y gráfico.


Mapeo sobre la Participación de las Mujeres – Panamá, PNUD, AECI, Ciudad de Panamá

En primera instancia se reconoce que el sistema de cuotas, considerado como una acción afirmativa, ha tenido resultados favorables si se compara con los países que no lo tienen. Tomando el total de los congresos de América Latina, las mujeres constituyen el 20.3% de los parlamentos de países que han aprobado leyes de cuota y solo el 13.7% en los que no cuentan con iniciativas similares. No obstante también hay que decir que en ningún caso se ha llegado a superar la barrera del 30%, con excepción de Costa Rica que aprobó el 40%.

Las nuevas estrategias de los partidos para atraer el voto femenino, la presión de organizaciones feministas y la perseverancia de mujeres con cargos públicos, contribuyeron por supuesto a la adopción de cuotas (Friedman, 2003). Por tanto la implementación de las cuotas en América Latina ha implicado un aumento considerable de la presencia femenina en los parlamentos, acercándose a otras medias regionales (ver cuadro). Partiendo de un promedio del 9% en 1990 en la Cámara Baja, para el año 2003 la representación femenina aumentó al 15%, ascendiendo, en el caso del Senado, del 5% en 1990 al 12.6% en el 2003 [32]. Los datos demuestran la posición muy rezagada con respecto a los países nórdicos, a la par con el resto de Europa, Asia (si bien éstos ligeramente superiores en ambas cámaras) y también de los países del África sub-sahariana (que superan en promedio a Latinoamérica con relación al Senado). Los países árabes, por su parte, están muy lejos de alcanzar al resto de regiones.

Ahora bien, la experiencia indica que el reconocimiento formal de las cuotas y de sus porcentajes mínimos, no se traduce necesariamente, en una proporción similar de escaños. Prueba de esto es que, dependiendo del país que se analice, los efectos derivados de la aprobación de dichas medidas difieren de lo esperado. [33] Situación mundial

En el caso de Centroamérica y México, como destaca Blandón, las mujeres parlamentarias han demostrado tener una enorme capacidad para el diálogo y la negociación, no sólo a favor de los derechos de la mujer y de la mejora de su calidad de vida, sino también sobre temas de interés general que afecten al Estado.

No obstante, los obstáculos para una representación equitativa entre ambos sexos responde también a otros factores político-electorales como el carácter obligatorio o exhortatorio de la cuota; la distribución de las candidatas en las listas por parte de los partidos políticos; el tipo de listas electorales (abiertas o cerradas), así como del sistema electoral o la magnitud de los distritos electorales, de cada país, entre otros, que generalmente les son desfavorables a las aspirantes mujeres.

Parece lógico que la primera condición para que exista una representación femenina es, precisamente, que las propias mujeres decidan participar en el proceso político. Pero dar este paso no es tan sencillo.

La percepción sobre sus capacidades, las opciones reales para ocupar un escaño en el futuro y los apoyos sobre su candidatura son elementos ineludibles a la hora de iniciar una carrera política. Pero por otro lado, también es necesario reconocer que si se acepta su postulación, no es siempre, precisamente por sus capacidades o por estar convencidos de la participación equitativa entre los géneros, sino porque o es allegada o pariente de un hombre, porque se verían mal sino hay una indígena, etcétera. Es decir, se le coloca nominalmente, pero no necesariamente está en la toma de decisiones relevantes.

Uno de los factores relevante es el número y amplitud de movimientos u organizaciones de mujeres presentes en un país. La movilización de las mujeres en torno a estas organizaciones –incluyendo desde luego a las que militan en las ONGs- les dota de las herramientas, experiencia y capacidades necesarias para afrontar con éxito su futura carrera política. Pero su camino hacia las instituciones públicas no termina aquí. El siguiente filtro es que sean nominadas por el partido. Siguiendo a Matland (2002: 112), los sistemas burocráticos presentes en los partidos, ofrecen mayores ventajas ya que contemplan procedimientos normativos específicos, detallados y transparentes de selección que favorecen claramente la representación femenina. En contraposición, un sistema de selección basado en las relaciones personales e influencias dentro del aparato del partido es mucho más difuso y la nominación suele depender, por no decir siempre, de una o pocas personas que de un proceso de selección regulado y democrático. Sin embargo, aunque se lleve a cabo un proceso estandarizado para la selección de candidatos, el problema de la representación femenina no queda solventado por completo.

Diversas analistas coinciden en que para que las leyes de cuotas incidan positivamente en pro de la representación femenina en el poder legislativo, deben ser obligatorias y no quedarse en la exhortación o recomendación. Deben ser completas, bien detalladas y exigir que las mujeres ocupen posiciones con posibilidades de obtener un escaño. La cuota, afirma Marc Bou, debe ser imperativa, exigible y contemplar claras consecuencias jurídicas ante su incumplimiento. En diversos países de Centroamérica y en México hay ejemplos de cómo los partidos políticos colocan a sus candidatas al final de las listas o en las suplencias El ejemplo de México es ilustrativo, cuando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), marca que no puede haber representación de más del 70% de un género sobre otro, lo cual se interpretó automáticamente como el 30% para el género femenino. Si se observan los porcentajes arriba mencionados, nos daremos cuenta que no solamente no se cumple el porcentaje establecido, sino aun cumpliéndolo, se pone en calidad de suplencia a las mujeres.

De otro lado, las cuotas funcionan de una manera más óptima en sistemas de representación proporcional que en los sistemas de mayoría. La experiencia reciente demuestra que un mayor número de escaños por distrito favorece, sin lugar a dudas, la representación femenina. No obstante, las cuotas no disminuyen la asimetría de género sino la de sexo.


Los avances conseguidos por las mujeres en países de la subregión
El panorama en Centroamérica y México si bien comparte un conjunto de tendencias generales ya expuestas, varía de una nación a otra, por lo que hacemos un rápido recorrido de la situación particular de algunos de esos países. [34]

En Centroamérica la coyuntura creada por Beijing supuso avances en el ámbito gubernamental en tan solo cinco años (1994 – 1999) que no se habían producido en los veinte anteriores. En ese quinquenio, no sólo se completó la creación de Mecanismos Nacionales en toda la región, sino que se produjo un cambio cualitativo en el estatus institucional de los mismos. En Guatemala, hay un proyecto de ley para constituir un Instituto de la Mujer; situación que ya se concretó en el resto de Centroamérica: en Nicaragua (el Instituto Nicaragüense de la Mujer, INIM, en diciembre de 1987), en El Salvador (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, en marzo 1996), en Costa Rica (Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, en mayo 1998), en Honduras (Instituto de la Mujer, en febrero 1999); en Panamá (Dirección Nacional de la Mujer en el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, en 1997).

Tanto en el caso de Costa Rica como de Honduras, las Presidentas Ejecutivas de los respectivos Institutos (Mecanismos Nacionales) fueron nombradas Ministras, sin cartera, mediante Decreto presidencial, lo que las habilita para formar parte del Gabinete de Gobierno (desde 1998 en Costa Rica y en 1999 en Honduras).
El avance producido en el plano institucional en Centroamérica tiene su origen tanto en los compromisos adquiridos en Beijing, ya señalados, como en los acuerdos establecidos en diferentes Cumbres Presidenciales, que obligan a los distintos Gobiernos a fortalecer sus Mecanismos Nacionales y desarrollar políticas públicas para las mujeres. La particularidad que tienen estos acuerdos Presidenciales es que, a diferencia de los compromisos adquiridos en Beijing, estos ya no son indicativos, sino estrictamente vinculantes. El logro de tales acuerdos se debe acreditar a la gestión de los Mecanismos Nacionales en este período, especialmente a la realizada desde el INIM de Nicaragua y el entonces Centro Mujer y Familia (hoy INAMU) de Costa Rica. El INIM tuvo a su cargo el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos Presidenciales en materia de mujer adquiridos en la Cumbre de Santiago (1997). El Mecanismo de Costa Rica fue elegido como Coordinador General de la Red de Oficinas Gubernamentales o Mecanismos Nacionales de la Mujer de América Latina y El Caribe para el período 1996-1998, impulsando desde dicho cargo, con el apoyo de la Cancillería costarricense, la aprobación por parte de los Presidentes de Centroamérica (y América Latina) de acuerdos para el fortalecimiento político-administrativo, presupuestario y técnico de los Mecanismos Nacionales de la Mujer. [35] La participación de las mujeres en el Poder Judicial es muy baja, a finales del milenio no habían logrado superar el 25% de los Magistrados de las Cortes Supremas de Justicia, a pesar de la feminización de la carrera de abogacía en todos los países y de que son entre la tercera parte y la mitad de los juzgados de menor jerarquía.

En el Poder Ejecutivo, la tendencia a designar mujeres en puestos de Ministras y Vice-Ministras, evidencia una presencia minoritaria y oscilante (dependiendo de los Gobiernos de turno), con un rango que va entre el 8% y el 23% en el caso de las Ministras, y entre el 10% y el 24% en el de Vice-Ministras, lo que establece promedios del 15 y el 17% respectivamente.

Sin embargo, debe recordarse que ha sido también en ese mismo último quinquenio del milenio que Centroamérica eligió a las dos primeras mujeres Presidentas de la República (Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, en 1994; y Mireya Moscoso en Panamá, en 1999) y que en tres países (Costa Rica, Honduras y Nicaragua) también fueron electas mujeres como Vice-Presidentas de la República.[36]

Costa Rica
Las mujeres costarricenses ejercitaron, por vez primera, el derecho al sufragio, el 30 de julio de 1950, con ocasión de un plebiscito organizado a fin de determinar si los caseríos de La Tigra y La Fortuna seguirían formando parte del Cantón de San Ramón, o si pasaba a Jurisdicción de San Carlos, como en efecto sucedió. Tres años después – 26 de julio de 1953 –, las mujeres votaron por primera vez en una elección nacional, y resultaron elegidas tres diputadas.
Costa Rica es el segundo país del mundo con la mayor representación de mujeres en el Congreso (38.6%), y los partidos están obligados a una cuota de 50% de mujeres en los puestos ejecutivos.

La primera vicepresidenta del país es una mujer, Laura Chinchilla, quien además es ministra de Justicia, y las principales bancadas en la Asamblea Legislativa están lideradas por mujeres.

Sin embargo, diversos informes señalan un retraso importante en cuanto a la igualdad en los ingresos de hombres y mujeres, al percibir ellas salarios inferiores por el mismo trabajo.

A nivel municipal, el panorama es más alentador, dado que en los concejos municipales del periodo 1998 – 2002 las mujeres no superaron su condición de franca minoría y continuaron sin alcanzar siquiera una tercera parte de la representación del poder local (un 31%), pero para el periodo 2002 – 2006, se hace palpable una mayor igualdad en términos de participación política, pues las mujeres han incrementado su cuota hasta alcanzar un 45% del total de regidores en ejercicio. No así a nivel de Alcaldes, en la pasada elección del 10 de diciembre, no se cumplió con la cuota en puestos elegibles. No obstante, sí se cumplieron con el 40% en las nóminas.[37] Durante el periodo 2002 – 2006 las mujeres en la administración pública han alcanzado un 47% de participación en las juntas directivas de algunas instituciones autónomas, semiautónomas, descentralizadas y en la Presidencia de la República, por supuesto su participación varía considerablemente de una institución a otra, en ocasiones llegando al 100%. Por ejemplo, en instancias como el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología no hay presencia femenina, en tanto que en el Instituto Nacional de las Mujeres INAMU o el Patronato Nacional de la Infancia PANI su presencia es del 100% en las juntas directivas.

Por lo que se refiere a la presencia de la mujer en cargos como ministerios, viceministerios y presidencias ejecutivas, es decir, en cargos de decisión, también existe una pobre representación ya que el porcentaje para el periodo 2002 – 2006 alcanza 28.73%, y alcanzan mayor representación como vice ministras con casi el ideal con 48%, en tanto que en las presidencias ejecutivas su presencia es de solamente 14.28%. [38]

El Salvador
La participación ciudadana y política de las mujeres es un proceso en el cual interviene la decisión personal, el desarrollo de la sociedad, el avance democrático de los partidos políticos y la capacidad de hombres y mujeres para elegir a sus gobernantes. Las mujeres en los espacios locales también están presentes contribuyendo al desarrollo político, social y económico de las municipalidades. Aunque su representación es mínima con respecto a las de los hombres, han alcanzado el 8.3% de participación en los gobiernos locales con respecto a los hombres que tienen el 91.7% en el período electoral 2006-2009.
Dicho porcentaje significa y representa avances de las mujeres en la participación política.

Por lo que se refiere a las mujeres alcaldesas, síndicas, regidoras propietarias y regidoras suplentes, electas en los períodos 2003-2006 y 2006-2009, se observa un incremento en el número de alcaldesas y síndicas del primer periodo mencionado al segundo, en 5 y 3 personas respectivamente, pasando de 17 a 22 alcaldesas y de 29 a 32 sindicas en cada uno de los periodos.

Con relación a las mujeres que ocupan cargos de Regidoras Propietarias y Suplentes se ha tenido una disminución de seis regidoras propietarias y de 17 regidoras suplentes en el período 2006-2009. La participación de las mujeres en los gobiernos locales está concentrada principalmente en los cargos de regidoras propietarias y suplentes, representando aproximadamente un 92.% del total de participación en el periodo 2003-2006 y un 90.4% del total de participación en el periodo 2006-2009. La participación de las mujeres en cargos que implican mayor toma de decisión es mínima y limitada.

Las mujeres ejercen más el derecho al voto, sin embargo este hecho no significa que tengan mayor representación en los cargos públicos a nivel de la participación política. [39] En la administración pública salvadoreña, en el período 2004-2009, existen 73 instituciones gubernamentales de las cuales 21 son dirigidas por mujeres, entre ellas: la Vicepresidenta de la República, Primera Dama de la República, 2 Ministras (Economía y Educación), 6 Viceministras (Ministerio de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el Exterior, Gobernación, Hacienda, Trabajo y Previsión Social, Comercio e Industria), 2 Presidentas (Banco Central de Reserva, Registro Nacional de las Personas Naturales), 1 Vicepresidenta (Banco Central de Reserva), 1 Subsecretaria Técnica de la Presidencia, 3 Comisionadas Presidenciales(Defensoría del Consumidor, Agricultura, Gobernabilidad) y 4 Directoras institucionales (ISDEMU, ISNA, CANAIPD y CONAIPAM).

Durante el período presidencial 1999-2004, el porcentaje de mujeres en la dirección de las instituciones gubernamentales fue de 11.7% y en el período presidencial 2004-2009 el porcentaje de mujeres en la dirección de instituciones gubernamentales creció a un 29%.

Guatemala
La reforma a la Constitución de 1945 concedió por primera vez la calidad de ciudadana a la mujer y ésta accedió al derecho de sufragio. Empero, se excluyó a la mujer analfabeta quien tuvo que esperar hasta 1965 para que dicho derecho se le reconociera. En Guatemala, un grueso segmento de la población sufre el rigor de la desigualdad socioeconómica, lo cual constituye un serio obstáculo para el desarrollo humano.

Es a partir de la Consulta Popular realizada en mayo de 1999, que se inicia el registro de votantes diferenciados por sexo, razón por la cual se logró determinar que en las elecciones presidenciales de ese año, solamente voto el 47% de las mujeres empadronadas, es decir el 33% de las mujeres en edad de elegir. En otras palabras el 67% del total de mujeres no votó. Se eligieron un total de 3,328 personas integrantes de las corporaciones municipales, de ellas, solamente 148, o sea el 4.4% son mujeres y en el país fueron electas únicamente tres alcaldesas lo que representa un 0.9%.

De los 331 municipios que hay en el país, en 2002 solamente tres son gobernados por mujeres. En el caso de la mujer indígena la exclusión se acentúa. Ésta alcanzó apenas el 3% y 2% de las candidaturas en listados distritales y nacionales respectivamente. Respecto a altos cargos estatales no electivos, en el año 2002, seis mujeres fueron nombradas a la cabeza de gobernaciones departamentales. Esto se logró, en gran medida, debido a las alianzas entre varios sectores de la sociedad civil, quienes unificaron esfuerzos en una masiva campaña de cabildeo para incidir en la decisión del Presidente.

El gobierno de Guatemala no ha aprobado el Proyecto de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se establecen las cuotas de participación para las mujeres; la Ley contra el Acoso Sexual; los cambios en los códigos Penal y Procesal Penal, que contemplan actualmente, entre otras cosas, la exención. [40] En cuanto a los niveles de representación política en la administración pública, a nivel nacional, de los 20 Ministerios de Estado solamente una mujer es ministra, lo que constituye un 5%; sólo una mujer ocupa el cargo de Secretaria Presidencial, ocho diputadas de 113 curules lo que hace un 7%, y siete de los 22 cargos para gobernadores los ocupan mujeres. Si a ello agregamos la pertenencia étnica de las mujeres indígenas que participan en puestos de decisión, nos encontremos con una ministra, una gobernadora, dos diputadas, una subsecretaria y una embajadora indígenas. Una vez más, los niveles de participación femenina, no reflejan significativamente cargos de dirección ocupados por mujeres en la sociedad.

A pesar de ello, los niveles de incidencia política no corresponden con los esfuerzos realizados. La responsabilidad del Estado respecto de incluir Políticas Públicas y normativa jurídica desde una perspectiva que incluya integralmente a las mujeres, es una alta carencia.

Honduras[41]
El 25 de enero de 1954 se aprobó el decreto No.30 que otorga el derecho al voto a las mujeres, pero fue hasta un año después que entró en vigencia con opciones desiguales: para la mujer es optativo, es decir, que si quería votar, esta bien y sino igual estaba bien, en cambio para el hombre quedó como obligatorio.

Pese a ser mayoría en la población, las mujeres cada vez tienen menos espacios de participación en la toma de decisiones trascendentales para la nación, ya que su presencia en cargos públicos o en las planillas electorales es exigua.
Según Gladis Lanza, presidenta del Movimiento de Mujeres por la Paz Vistación Padilla, pese a las promesas de campaña, los partidos políticos, dominados exclusivamente por los hombres, continúan mintiendo y fallándole a la mujer.
En la celebración del Día de la Mujer en Honduras, el 25 de enero, varias organizaciones feministas realizaron una marcha de protesta por las calles de las principales ciudades del país exigiendo una ley que les asegurara el 50% de todos los cargos de elección popular para los comicios generales.

Pese a que existe una ley que asegura a la mujer el 30% de todos los cargos que se definen en las urnas, una “interpretación” de los líderes de los principales partidos políticos dio como resultado que en lugar de mejorar su participación en el Congreso, más bien ésta se vio disminuida en la presente legislatura en comparación con la anterior.

Lanza, planteó entonces que las organizaciones femeninas podrían “boicotear” las próximas elecciones y no acudir a las urnas sino se les aseguraba una participación equitativa en la lucha por puestos electorales. En 1990 se aprobaron nuevas leyes, entre otras la Nueva Ley de Municipalidades, que reconocen y proponen el ejercicio de la participación ciudadana como factor de desarrollo y democracia.

En los últimos tiempos, las mujeres de los municipios han ido mucho más allá liderando diversas luchas encaminadas a hacer que la violencia contra la mujer sea visible, que los operadores de justicia cumplan con la aplicación del marco legal de protección de los derechos de las mujeres y que las autoridades municipales formulen políticas y creen instancias para el avance de las mujeres.
Según las estadísticas oficiales, de los 600 cargos importantes del gobierno, apenas 40 están ocupados por mujeres. Seis Subsecretarías de Estado en el Despacho de la Presidencia, Turismo, Salud y tres en Educación de un total de 26. Existen seis directoras de Instituciones Autónomas Gubernamentales:
INAM, PANI, INFOP, PRAF, BCH y la Comisión de Banca y Seguros. Tres Fiscalías del Ministerio Público hondureño están a cargo de mujeres: Derechos Humanos, la Fiscalía Especial de la Mujer y la Fiscalía contra la Corrupción. [42]

México
En 1922 se reconoció el derecho de participación femenina en las elecciones municipales y estatales, concretamente en el estado de Yucatán, bajo el gobierno de Felipe Carrillo Puerto. En 1923, esta vez en San Luis Potosí, se reconoce el derecho a votar y ser elegidas en las elecciones municipales. En 1925, acontece lo propio en el estado de Chiapas. Estos estados son pioneros en la materia.

En virtud de la aprobación de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados el 24 de diciembre de 1946 por el presidente Miguel Alemán, se adicionó el artículo 115 constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero siguiente y en cuyo texto se señalaba: “en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas.” (PRONAM 1997:8)

Siete años después tiene lugar la publicación en el Diario Oficial, el 17 de octubre de 1953, de un nuevo texto del artículo 34 constitucional, el cual establece que: “son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido dieciocho años, siendo casados, o veintiuno, si no lo son; y tener un modo honesto de vivir”. La adición al artículo 115 fue suprimida y, como consecuencia, ahora el sufragio femenino no sería privativo de las elecciones municipales.

En lo que se refiere a gobiernos estatales, cabe mencionar que una de las 32 entidades federativas está gobernada actualmente por una mujer. En las pasadas elecciones de Zacatecas resultó ganadora Amalia García quién tomó posesión en septiembre de 2004. En la historia de la República Mexicana este cargo lo han ocupado tres mujeres, y en el caso del Distrito Federal una mujer ha encabezado la Jefatura de gobierno.[43] De acuerdo con los registros del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), en 2004, el porcentaje de mujeres electas para el cargo de presidenta municipal fue de 3.5%.

La región centro del país se distingue por una mayor participación de mujeres en el puesto de presidenta municipal, 4.5% con respecto al total de presidencias en la región. Dentro de la misma, el Estado de México es quien cuenta con mayor número de cargos ocupados por mujeres, 8.0%.

En la región sur, sólo 3.2% de los cargos son ocupados por mujeres. Este porcentaje es reflejo de la baja participación de las mujeres en los estados de Oaxaca y Puebla, entidades con el mayor número de municipios en el país.
En 2004, las regiones del país en donde existe una mayor participación de mujeres como regidoras son la norte, seguida del centro; y las entidades federativas que destacan son Campeche y Chihuahua. Sin embargo, esta situación obedece a la densidad demográfica de dichos estados, por lo que no es consecuencia directa de una mayor participación de las mujeres en los asuntos políticos de la comunidad.

En el caso de las mujeres que desempeñan el cargo de síndicas, destaca la región centro del país (14.5%), donde se ubica el estado de San Luis Potosí, con 43.8% de los puestos de síndicos ocupados por mujeres.

La participación de las mujeres en los congresos locales aún es mínima (15.4%). Puede observarse que el porcentaje de mujeres diputadas por el principio de mayoría relativa representó apenas 13.3%, mientras que por el de representación proporcional fue de 18.8 % En la Administración Pública Federal [44], el puesto más alto que han alcanzado las mujeres ha sido el de Secretarias de Estado (ministras); desde 1976, cuando fue nombrada la primera mujer en ocupar ese cargo a la fecha, 10 han desempeñado ese encargo. Sin embargo, sin ser Secretarias de Estado varias mujeres más presiden o han presidido importantes unidades administrativas.

De 25,320 funcionarias públicas de niveles medio y superior, el número de mujeres registradas equivale a 27.4% del universo total de mandos medios y superiores de los poderes, conformado por 92,261 servidores públicos; ello quiere decir que, en este ámbito, el porcentaje de mujeres está por debajo del que representa el total de la población económicamente activa, que en el primer trimestre de 2006 era de 40.4%. También se encuentra por abajo del porcentaje que representan las mujeres en las unidades de gobierno (35.1%, en el primer trimestre de 2006).

En la comparación del número de funcionarias con el de funcionarios por tipo de cargo, 8,508 son encabezados por mujeres, número que equivale a 28.4% de las jefaturas. En cuanto al puesto de subdirección de área y puestos homólogos, el nivel de la clasificación registra 23,707 integrantes, de los cuales 6,000 son mujeres. Esto significa que una cuarta parte de los subdirectores son mujeres.
En suma, el porcentaje de participación total de las mujeres para cada uno de los 13 niveles de puestos es como sigue: 34.3% en puestos de enlace, 28.4 en jefaturas de departamento o puestos homólogos; 25.3 en subdirecciones de área y homólogos; 19.9 en direcciones de área y puestos homólogos; 16.4 en direcciones adjuntas y homólogos, 38.6 en asesorías y puestos homólogos, 9.3 en auditorias y puestos homólogos; 14.0 en direcciones generales o puestos homólogos; 14.0 en coordinaciones generales y puestos homólogos; 16.8 en titulares de la unidad, 11.4 en oficialías mayores u homólogo. Sólo 13.5% de las subsecretarías o puestos homólogos son ocupadas por una mujer; y finalmente representan 12.5%
como secretarios u homólogos.

De forma global, la distribución de cargos por categoría muestra claramente cómo las mujeres van descendiendo en la escala de puestos, mientras los hombres van sumando frecuencias en ella. La brecha tiene un brinco en la categoría de asesores: mientras que en los primeros cuatro escalones de la pirámide jerárquica las mujeres ocupan tres de cada 10 cargos de mando, en los últimos peldaños la proporción de mujeres baja de manera considerable, ocupando una de cada 10 oportunidades de mando.

Si hacemos comparaciones en las unidades administrativas que se estudiaron en 1998, 2003 y 2006, hay diversidad de comportamientos: en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el cambio en cuanto al porcentaje que representaban las mujeres fue sustancial, ya que pasó de 31.3% a 48.6%, es decir, tuvo una ganancia de 54%. En el caso de la Procuraduría General de la República (PGR), se incrementó en 47%. En la Secretaría de Turismo (SECTUR) es donde se presentó el menor aumento en la participación femenina, al pasar de 32.6% a 34.7%.

El análisis de las oportunidades de ascenso para hombres y mujeres dentro de los poderes del Estado revela que la base de la pirámide jerárquica que corresponde a las mujeres es mucho más ancha que la de sus contrapartes masculinas, además de ser más angosta en los mandos medios y superiores y trunca en la cúspide. Al analizar la manera como se insertan las mujeres, es evidente que su mayor presencia la tienen en puestos considerados como mandos medios, de ejecución y coordinación; es poca su participación en los puestos de supervisión y gerencia y tienen escasa presencia en los mandos de alta dirección y alta gerencia.

Finalmente, el hecho de que haya una proporción baja de mujeres en la toma de decisiones obedece a la existencia de barreras tanto estructurales como ideológicas, y que deben de superarse mediante la adopción de acciones afirmativas (como la adoptada Ley de cuotas, para los puestos de elección popular).

Nicaragua[45]
La participación de las mujeres —que representan el 52% de la población total del país— en los niveles decisorios de los poderes del Estado ha crecido en las últimas dos décadas a un ritmo muy moderado, pero todavía gozan de menos cargos en la dirección de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, así como en los gobiernos municipales, departamentales y regionales.

Es a partir del surgimiento de la revolución sandinista en los años ochenta que el poder político comienza a ceder espacios a las mujeres y otorga altos cargos de dirección en las diferentes estructuras. Por primera vez en la historia moderna una mujer ocupa la vicepresidencia de la Asamblea Nacional y también la jefatura de la policía. Las mujeres durante ese régimen de izquierda ocuparon puestos de ministras y de embajadoras.

En 1990, Violeta Barrios de Chamorro fue la primera mujer presidenta de Nicaragua, lo que dio comienzo a una era de incremento de participación femenina y mayor lucha de ese sector por aumentar los niveles de participación en las decisiones del Estado. Ahora bien, esto fue producto de una coyuntura política y no por una elección directa.

Hubo un momento en aquella década cuando tres mujeres ocuparon cargos en los principales poderes de Estado. Chamorro en el ejecutivo; la conservadora Miriam Argüello, en el poder legislativo; y la disidente sandinista Rosa Marina Zelaya, en el electoral. Aunque el poder judicial era dirigido por un hombre, tenía y sigue teniendo un alto componente de jueces mujeres.

En el 2004 una mujer magistrada disputó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuya elección se atrasó por falta de consensos entre los dos principales partidos, el Frente Sandinista y el Liberal Constitucionalista.
Doris Zeledón, secretaria general de la Asociación de Mujeres Luis Amanda Espinoza (AMLAE), destacó que en el gobierno del sandinista Daniel Ortega las mujeres ocupan el 38% de los cargos públicos y que la meta es alcanzar el 50%.

Panamá
A partir de la información estadística, se puede constatar que los porcentajes de las mujeres en los diversos cargos ejercidos de la representación y administración pública, siguen siendo bajos en relación al de los hombres.
Si se compara el porcentaje de mujeres postuladas y/o electas en 1999 y 2004 [46], según cargo, vemos que en algunos casos hay un ascenso que despunta solamente en el caso de Legisladores/as electos/as: en 1999 fue de 9.86%, mientras que en el 2004 llegó a 18.30%.

Retomando el mismo ejemplo de 2004, en los cargos de elección popular [47], mientras que para la Presidencia y vicepresidencias hubo 20 hombres postulados, y una mujer postulada. De igual manera se puede observar en los otros cargos de: diputados/as, Alcaldes, Representantes de corregimiento, Concejales, PARLACEN, que sumando el número de postulaciones (12 177), sólo 1909 eran mujeres, es decir el 10%. Los resultados finales son los siguientes:

A pesar de que por derecho las mujeres han ganado un espacio de participación política y en los órganos de gobierno, son pocas las que participan en las instancias de poder y de toma de decisiones.

Actualmente Panamá cuenta con tres ministras de Estado, y seis viceministras. En la Asamblea Legislativa hay 13 diputadas y 34 suplentes. En los viceministerios, las mujeres representan el 42.8% del total, un porcentaje superior al de las ministras (23%).

De igual manera, las mujeres en cargos directivos según ministerio, representan el 42% del total de cargos directivos ministeriales, un porcentaje bastante alto, que no se corresponde con la débil representación en los niveles de ministerio y viceministerios. Eso significa que constituyen una fuerza de trabajo muy importante, casi la mitad, y que juegan un papel determinante en el funcionamiento de estas instituciones, pero que no están suficientemente representadas en los niveles de mayor poder de decisión.

Más aun, en el sector privado, según tipo de empresa, los datos arrojaron los siguientes resultados: [48]

Según esto, las mujeres en estos tres sectores económicos, ocuparían tan solo el 14.3% de los cargos directivos.


NOTAS:

  1. ®En Centroamérica dos mujeres han ocupado el cargo público más alto: Violeta Barrios de Chamorro (1990) y Mireya Moscoso en Panamá.
  2. ®Massolo, Alejandra, "Mujeres en el espacio local y el poder municipal", en Revista Mexicana de Sociología, No. 3, julioseptiembre, 1996, IISUNAM, México.
  3. ®Dalia Barrera Bassols y Alejandra Massolo (Compiladoras), Primer Encuentro Presidentas Municipales 2003, Memoria, INMUJERES/GIMTRAP, 2003, 31 p.
  4. ®Memoria del Foro Mujeres y Política, México, 2002, Ed. Instituto Nacional de las Mujeres, Gobierno Federal de México.
  5. ®Los países que han adoptado cuotas son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia (sólo para cargos administrativos) Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela (país que rescindió este mecanismo recientemente).
  6. ®Los datos para 1990 se extraen de Htunt (2002:22-23).
  7. ®“La participación de las mujeres en la política. El caso de América Latina” Marc Bou. Tomado de http://www.iigov.org/dhial/?p=48 01
  8. ®En la subregión Centroamérica-México (CAMEXCA) hay particularidades que se trataron de ilustrar aun cuan no se contó con información homogénea y actualizada.
  9. ®García Q., Ana Isabel y Gomáriz M., Enrique; Género y Ciudadanía en Centroamérica: Otra Mirada al Horizonte, p. 11.
  10. ®García Q., Ana Isabel, Op. Cit., p. 14
  11. ®Bolaños Barquero, Arlette; Las Cuotas de Participación Política de la Mujer en Costa Rica; Revista de Derecho Electoral, Tribunal Superior de Elecciones, No. 1, Primer Semestre 2006, San José.
  12. ®Datos tomados de: http://www.inamu.go.cr/indicadores-de-genero/ejercicio-politico.php
  13. ®Datos tomados de La Participación Política de las Mujeres, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, Boletín No. 7, Año 2006.
  14. ®Informe Sombra sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Guatemala; en:
    http://www.nodo50.org/mujeresred/guatemala-ddhh.html
  15. ®La política, un asunto de mujeres, Tiempos Modernos, Marzo 2004
  16. ®Tomado de la Presentación “Participación política de la Mujer”. Conferencista: Sra. Marcela del Mar Suazo, Ministra del Instituto Nacional de la Mujer de Honduras, Primera Reunión Preparatoria Subregional., en http://www.inam.gob.hn/
  17. ®Las mujeres y el voto, 17 de octubre. Aniversario del sufragio femenino en México; Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, 2ª edición, México, 2004
  18. ®31 Las mujeres en la toma de decisiones. Participación femenina en los poderes del Estado; Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, México, 2006, 15 pp.
  19. ®La política, un asunto de mujeres, op.cit.
  20. ®Fuente: Tribunal Electoral. Elecciones de 1999 y PNUD, 2007: Mapeo sobre la Participación de las Mujeres-Panamá, PNDUDAECI, Panamá.
  21. ®PNUD, 2007: Mapeo sobre la Participación de las Mujeres-Panamá, PNDUD-AECI, Panamá.
  22. ®MIDES, Cuestionario sobre trabajo no remunerado y participación política, 2007.



  Tendencias y retos ¿A qué nos enfrentamos hoy?
Las investigaciones sobre la participación de las mujeres han pasado de visibilizar y describir, a interpretar y ser propositivas. Las mujeres transitaron, o lo están haciendo, de ser clientas, votantes y demandantes, a ejercer como activistas, candidatas y profesionales, esto es, de delegar a involucrarse.

Se está construyendo la ciudadanía en un espacio cada vez más cercano a la democracia representativa. La participación política de las mujeres se inscribe por tanto en el marco de un gran cambio cultural, desde donde se divisan nuevos horizontes de igualdad a través del pacto y la negociación (Amorós 1990).

Como se mostró en los apartados anteriores, las mujeres organizadas en los espacios feministas, comunitarios, gremiales, así como las militantes de partidos políticos u ocupantes de cargos públicos, han conseguido programas y políticas públicas, para satisfacer sus demandas o resolver una problemática específica, pues como lo vimos, en nuestros países la desigualdad y la falta de equidad y justicia, han dejado en mucho mayor desventaja a amplios núcleos de mujeres y otros grupos humanos.

Las políticas públicas, traducidas o expresadas en leyes, reglamentos e instituciones nacionales y locales, son sin duda logros que no soslayamos. Muchos de ellos están respaldados y son resultados de los pactos, convenios e instrumentos internacionales por los que han luchado las mujeres durante décadas. No obstante también es sabido que muchas instancias, políticas y programas gubernamentales no han cumplido con los propósitos para los que fueron creados. Se enfrentan al burocratismo, al recorte de presupuesto, a la corrupción, pero sobre todo a la falta de una clara y efectiva perspectiva de género, aun cuando sean conducidos por mujeres. Probado está que la transversalidad de género no ha sido suficiente, o se ha quedado en los discursos.

A partir del contexto real de la vida social de las mujeres, pueden examinar sus particularidades de género a la luz de los segmentos que determinan las prácticas ciudadanas en la tensión entre capacidades y voluntades. Los autores citados afirman que entre las mujeres pueden identificarse los tres principales subconjuntos de ciudadanas que han reconocido en el contexto latinoamericano:
  1. Mujeres con débiles capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y por tanto con graves dificultades para dicho ejercicio (en el que se cruza una serie de exclusiones, de etnia, socioeconómica y específica de género).
  2. Mujeres con suficientes capacidades para el ejercicio de la ciudadanía, pero que no la ejercen en el ámbito público -especialmente en los espacios de toma de decisión-.
  3. Mujeres con suficientes capacidades –especialmente simbólicas- que ejercen su ciudadanía en el espacio social y están dispuestas a ejercerla también en el ámbito propiamente político (donde chocan con los obstáculos antes mencionados).


La problemática del primer y el tercer segmentos ha sido ya estudiada en América Latina, la más polémica es la referida a quienes teniendo las capacidades, no las ejercen por distintas razones relacionadas con el entorno político y cultural que no les hace fácil, atractivo o provechoso participar en lo público-político. (Las mujeres “no se atreven”; su especificidad psicológica las aleja de una vida política que perciben como agresiva y competitiva; “tienen otras prioridades”.)

La cuestión es que esta tendencia puede cobrar una enorme importancia en el futuro, aumentando con un nuevo tipo de mujeres, el segmento de personas que teniendo capacidades simbólicas, deciden ejercer su ciudadanía sobre todo en el espacio privado y mucho menos en el público. Hay que recordar el enorme peso que tienen en Centroamérica y América Latina las técnicas y profesionistas, situadas en diferentes estratos sociales, sobre todo en un contexto donde el abstencionismo, la crisis de confianza de los partidos y los sistemas políticos resulta una evidencia cotidiana.

Todo parece indicar, que la dinámica generada por el impulso dado a la acción para la equidad de género durante los años noventa, no va a detenerse en Centroamérica, al menos durante el próximo decenio. Un impulso, por cierto, que hay que ponerlo en relación con la continuación del cambio en el perfil sociodemográfico de las mujeres de la región.

De mantenerse las tendencias actuales, en el 2020 las mujeres centroamericanas seguirán reduciendo apreciablemente la natalidad (fuertemente en El Salvador, Costa Rica y Panamá, que se aproximarán a dos hijos por mujer como tasa global); habrán aumentado su diferencia favorable respecto del varón, en esperanza de vida en todos los países; superado el nivel educativo de los hombres en Panamá, Costa Rica y Honduras, alcanzado ese nivel en Nicaragua y El Salvador (la excepción será Guatemala, que sólo habrá acortado distancias entre ambos sexos) y serán –con el cambio socioeconómico que ello significa- prácticamente la mitad de la fuerza laboral de todos los países (algo que en el caso de Guatemala no se registrará estadísticamente, donde la proporción de mujeres sólo aparecerá superando el 35%).

En cuanto a los niveles de pobreza, si se proyectan las cifras de CEPAL de los últimos veinte años, dos países tendrán entre un quinto y un cuarto de su población por debajo de la línea de pobreza (Costa Rica y Panamá), mientras esa cifra en El Salvador quedará por debajo del 40% y se situará en torno al 60%
en los otros tres países. (Obviamente, estas proyecciones son lineales y excluyen un quiebre brutal de las condiciones socioeconómicas, como una profunda crisis económica mundial, o una sucesión de desastres naturales, etc.). No olvidemos que la pobreza tiene cara de mujer.

Ambos factores concatenados (continuación de la dinámica que impulsa la equidad de género y cambio del perfil sociodemográfico de las mujeres) significan un previsible aumento considerable de las capacidades de las mujeres para el ejercicio de la ciudadanía, es decir, un incremento apreciable de su ciudadanía sustantiva. Lo cual, advertimos, no significa un avance del mismo ritmo en la equidad de género, especialmente en términos de práctica social. [49]

Lo que los autores reseñados exponen casi al final de su ensayo, es que son los escenarios políticosociales los que facilitarán o incrementarán la participación política de las mujeres en los espacios públicos de decisión, o por el contrario un entorno crítico que limitará su presencia e incluso su determinación por participar o no. En realidad no es tan simple o mecánico el planteamiento, pues hay ámbitos como el de la ciudadanía que no puede dar marcha atrás en cuanto al reconocimiento de derechos, pero si en cuanto al ejercicio pleno.

Los posibles escenarios también dependerán de cómo se relacionen los géneros en el futuro. Es un debate actual que se refiere precisamente a la democracia de género. Se trata de reconocer que el problema de los cambios en las mujeres alude y convoca a cambios en el conjunto de la sociedad, lo que significa cambios en la identidad y condiciones de género de los hombres. Si este cambo no ocurriera estaríamos ante el riesgo de un progresivo “deslizamiento hacia el desencuentro de los géneros, partiendo de la esfera privada. Desencuentro que puede expresarse en términos de conflicto o del desentendimiento/indiferencia entre los géneros.”

“Pero todo indica que es más fácil imaginarse posibles sinergias: una democracia de género significaría el aumento de las capacidades simbólicas de ambos géneros en la esfera privada, así como en la pública, expresado en términos de corresponsabilidad genérica en ambas esferas. Algo que, indudablemente, contribuiría al buen gobierno.”[50] En la actualidad, la población femenina es globalmente más educada que los hombres (especialmente en los tramos superiores), es decir, las mujeres económicamente activas tienen más años de estudio que los varones. Es de esperar que si se mantiene esta tendencia y se cambia la percepción sobre rol de la mujer en la sociedad –rechazando los tradicionales patrones culturales excluyentes- la brecha existente entre hombres y mujeres podría reducirse con los años.

Es por este motivo que las mujeres que ya ocupan cargos públicos tienen una enorme responsabilidad para invertir la histórica discriminación que han padecido, aun cuando sabemos que llevará su tiempo.

Recordemos que es imperante que en los órganos o instancias dedicadas a políticas públicas para mujeres, sean mujeres que garanticen los intereses de las mujeres. Una democracia sin la participación efectiva de la mujer puede considerarse como incompleta o inacabada vulnerando uno de los principios constitucionales básicos de toda norma fundamental: el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. [51] Las mujeres organizadas que han luchado por procesos de cambio y políticas públicas, están convencidas de que no solo hay que defender lo logrado, sino que deben contribuir a mejorarlas, fortalecerlas; y en ello las mujeres en cargos legislativos y ejecutivos tienen mucho que hacer, con el apoyo de redes feministas nacionales, grupos de base, redes de mujeres municipalistas, entre otras.

También es un hecho que las mujeres no podrán ejercer cabalmente su ciudadanía si se encuentran marginadas o si les hacen falta las capacidades básicas para participar de manera efectiva en los procesos de decisión pública. Por ello la cualificación y el empoderamiento de las mujeres son centrales, no como una obligación para que tengan un trato equitativo, sino para que estén en las mejores condiciones para luchar precisamente por modificar esas asimetrías.

No basta tampoco que estén las mujeres en los espacios de decisión, sino se actúa para el reconocimiento de sus necesidades estratégicas y se modifiquen o impulsen políticas públicas, orientadas a terminar con la inequidad de género y se fomente, en condiciones óptimas, su participación.

Considerando el papel de las organizaciones del movimiento de mujeres en nuestros países, es muy importante fomentar las alianzas y la autonomía, para incidir exitosamente y posicionar su agenda en las coyunturas electorales y entre las y los legisladores con independencia de los partidos políticos. De igual manera será decisorio, seguir impulsando la participación de las mujeres en articulaciones o redes para involucrase en la agenda más completa y seguir defendiendo sus intereses como mujeres, para una verdadera transformación.
Reconocer además, en el caso de las comunidades indígenas, las visiones existentes en torno a la construcción de comunidad y la participación de las mujeres dentro de ellas, sin que les signifique renunciar a sus derechos como mujeres.

La experiencia mexicana, pero sobre todo la centroamericana en el espacio municipal, deja muchas enseñanzas y abre oportunidades para que el movimiento de mujeres trabaje y establezca compromisos o convenios con las presidentas y otras(os) servidoras(es) públicas(os), para impulsar políticas públicas y promover los derechos de las mujeres. [52] Los vicios y descomposición en la forma de hacer política en nuestros países, hace urgente cambiar la cultura no solo de los y las que asumen cargos públicos, sino de las organizaciones y grupos sociales que pretenden influir o posicionar su agenda. La vieja manera de hacer política no solo priva entre los hombres, muchas mujeres la han adoptado. Por tanto hay una imperiosa necesidad de una nueva manera de hacer política, también entre mujeres. Lo que no obsta para reconocer, que por ejemplo, en cargos sobretodo en el ámbito municipal, las mujeres han sido elegidas por demostrar un mayor cuidado y honestidad en el manejo de los recursos públicos.

Pero también debe reflejarse en los otros espacios. No en balde existe un mayor liderazgo masculino en las organizaciones sociales, movimientos campesinos, indígenas, sindicales, barriales. Algo diferente se ubica en los espacios de derechos humanos, niñez y juventud.

Sin duda alguna, lo que está en el fondo, es el modelo de relación entre hombres y mujeres y la necesidad de reinventarlo, que ayude a crear las condiciones para que ese otro poder opere. Acciones positivas que generen las condiciones para que las mujeres puedan participar, incluso en los ejercicios que se hacen con los hijos y las hijas. Entender que es un asunto de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, para que cada uno de ellos opte por el rol que quieran jugar, tanto en lo público como en lo privado.

Es importante promover estrategias para ir modificando los comportamientos culturales tanto en hombres como en mujeres, tendientes a reconocer -como parte de la construcción de la democracia-, la participación equitativa de ambos géneros.

Los cambios culturales no son una responsabilidad exclusiva de las mujeres para lograr su reconocimiento, sino que supone desde lo cotidiano, lo familiar, lo comunitario, hasta los espacios públicos, la participación de hombres en tareas que han sido delegadas a las mujeres por su condición de género.

Incorporar el enfoque de género, significa que es un proyecto de transformación social que no solo atañe a las mujeres, sino a ambos géneros, para que teniendo ese enfoque, no importa si es un hombre o una mujer quién impulsa los cambios. No hemos sido capaces de hacer entender a los hombres, que la incorporación del enfoque es una tarea conjunta y que no se trata solo de beneficiar a las mujeres o programas y proyectos para ellas. Es en las políticas públicas y leyes, en los presupuestos, en las acciones y en las relaciones donde se traduce esta intencionalidad.

La discusión de género no es de mujeres, sino de hombres y mujeres para conversar y buscar estrategias para la equidad en las relaciones y el empoderamiento de ambos géneros. Esto incorporado en los espacios cotidianos, familiares, públicos. Ir creando discursos alternativos de lo que significa ser hombre o ser mujer, con conciencia para sí.


NOTAS:

  1. ®Ídem pág.104
  2. ®Ídem pág. 108
  3. ®La participación de las mujeres… Marc Bou, op. Cit.
  4. ®Mujeres como ciudadanas… op cit. Hay ejemplos relevantes en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala



  Bibliografía
Aguilar, Yolanda: "En Guatemala se están utilizando estrategias de limpieza social que hace años que no se usaban"; Pueblos Revista de Información y Debate,16 de mayo de 2006, en: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article398.

Allen Frías, Dennis; Evaluación de la Participación de las Mujeres en el Proceso Electoral Panameño;
2002, en: http://www.tribunal-electoral.gob.pa/publicaciones/publicaciones/lucha-mujer.html.

Barrera Bassols, Dalia y Alejandra Massolo (Compiladoras); El Municipio. Un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES/UNDP/GIMTRAP; México, 2003, 358 pp.

Bolaños Barquero, Arlette; Las Cuotas de Participación Política de la Mujer en Costa Rica; Revista de Derecho Electoral, Tribunal Superior de Elecciones, No. 1, Primer Semestre 2006, San José.

Boletín ONU, Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana, Centroamérica:
promoverán liderazgo femenino en política local; No. 06/045, 30 de mayo de 2006, en:
http://www.cinu.org.mx/prensa/comunicados/2006/06045INSTRAW.htm Bou, Marc; La participación de las mujeres en la política. El caso de América Latina; en http://www.iigov.org/dhial/?p=48_01.

Brosnan, Greg; Dar Voz a la Mujer en Guatemala; Consolidación de la Paz y el Desarrollo; 2002, 2 pp.

Clulow, Michael; Mujeres como Ciudadanas. Participación para ejercer los derechos de las mujeres en Centroamérica; Las Dignas/Tierra Brava/Las Mélidas/One World Action/Grupo Venancia/CEM –H; abril 2005, 16 pp.

Comunicado de prensa, Confirman nuevos indicadores desigualdad entre hombres y mujeres en todos los municipios del país: PNUD; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo / México, 14 de junio de 2006, 10 horas.

Cuota mínima de participación política: ¿Realidad o engaño?, Noticias, 28 de Noviembre de 2003, en:
http://www.inamu.go.cr/noticias/2003/noviembre/noticia-noviembre28.php Declaración de Panajachel; Encuentro de Mujeres Indígenas de Meso América, Panajachel, Sololá, Guatemala, 28 de Abril de 2006, Radio Internacional Feminista-FIRE.

Fernández Poncela, Anna M.; La Política, la Sociedad y las Mujeres; Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES/UAM – Xochimilco, México, 2003, 116 pp.

Gallardo Paz, Eliana; Liderazgo Político de las Mujeres en el Ámbito Local. Libro del o la Facilitadora, Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES/ Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer, México, 2006, 232 pp.

García Q., Ana Isabel y Gomáriz M., Enrique; Género y Ciudadanía en Centroamérica: Otra Mirada al Horizonte; en http://www.iigov.org/revista/?p=5_04.

Guatemala: Mujeres apuestan a mayor participación; Mujereshoy, 22 de septiembre de 2004, en:
http://www.mujereshoy.com/secciones/2415.shtml.

Herrera Vargas, Mariela; Ciudadanía Política de las Mujeres en Costa Rica; Programa Regional de Becas, CLACSO, 1999, en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/1999/herrera.pdf.

Herrera, Morena; La participación de las mujeres en los espacios de decisión a nivel local. Entre lo deseable y lo posible; 7 pp., en:
http://www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo_convenios/cedawguatemala.asp http://www.idea.int/publications/coutas_de_genero/upload/Cuotas_de_Genearo_FLACSO_IDE A_FINAL_2006_07_27.pdf http://www.idea.int/publications/wip/loader.cfm?url=/commonspot/security/getfile.cfm&PageID=
4438 http://www.laopinion.com/supp98/?rkey=00070307214025294611 http://www.un-instraw.org/es/images/stories/political_participation/mherrera.pdf.

Hurtado, Ricardo; Aumenta presencia femenina en la política panameña; Cimacnoticias.com, en:http://www.mujereshoy.com/secciones/239.shtml.

Informe Alternativo sobre la CEDAW al Tercero, Cuarto y Quinto Informes del Gobierno de Guatemala;

CLADEM - Comité Beijing Guatemala, Agosto 2002, en:
Informe sobre Desarrollo Humano 2005. La cooperación internacional ante una encrucijada ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Madrid/Barcelona/México, 2005, 418 pp.

Informe Sombra sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Guatemala; en:
http://www.nodo50.org/mujeresred/guatemala-ddhh.html La Participación Política Ciudadana de las Mujeres; Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU, boletín 8, 2006, 4 pp.

La Participación Política de las Mujeres; Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU, boletín 7, 2006, 4 pp.

La política, un asunto de mujeres; Tiempos del Mundo, 5 de Marzo de 2004, en:
http://www.fsa.ulaval.ca/rdip/cal/lectures/polit_actualites/politica_un_asunto_de_muje.htm.

Las mujeres en la toma de decisiones. Participación femenina en los poderes del Estado; Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, México, 2006, 15 pp.

Las mujeres y el voto, 17 de octubre. Aniversario del sufragio femenino en México; Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, 2ª ed., México, 2004, 23 pp.

Massolo, Alejandra; Participar es Llegar. Participación política de las mujeres en el ámbito local en América Latina; versión preeliminar, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer INSTRAW, Santo Domingo, 2006, 132 pp.

Memoria 2006 – 2007; Instituto Nacional de las Mujeres INAMU, Unidad de Planificación Institucional –INAMU, San José, 130 pp.

Memoria del Foro Mujeres y Política; Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, México, 2002, 126 pp.

Miselem, Nora y Teruel, Hogla; Mujeres construyendo ciudadanía; Serie Defendiendo Nuestros Derechos, Centro de Derechos de Mujeres/Ayuntamiento de Madrid, España/ACSUR – Las Segovias, Tegucigalpa, 2005, 26 pp.

Montenegro, Nineth; El desafío de la participación política de la mujer en Guatemala; Estudio de caso:
Guatemala, en:
Mujeres avanzan; La Opinión Digital, 8 de marzo de 2007, en:
Mujeres en la toma de decisiones, Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, en:
http://www.inmujeres.gob.mx/

Mujeres y Participación Política; Instituto Libertad, Año 10 Nº 228, 30 de noviembre de 2006, en:
http://www.institutolibertad.cl/p_228.htm Navas, María Candelaria; Elementos para Elevar la Participación Política de las Mujeres;

Encuentro Internacional de Mujeres, San Salvador, El Salvador; 22 de febrero de 2005, en:
http://www.socialism.com/espanol/candelaria.html Observatorio Mujeres y Participación Política; Boletín No. 4, primer semestre de 2003, Colombia, 15 pp.

Olivares Pérez, Alejandra; Mujeres en Puestos de elección Popular en Veracruz;

Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES/Universidad de Xalapa; México, 2006, 104 pp.

Participar es Llegar. Breves informes por país: Guatemala; Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer INSTRAW, Santo Domingo, 2006, 42 pp.

Piedra Guillén, Nancy; Promotoras de Cambios, Protagonistas de Luchas: cultura política de las mujeres en Costa Rica; en: http://www.ts.ucr.ac.cr/~historia/articulos/mujnanc.htm Primer Encuentro Nacional de Presidentas Municipales. Memoria; Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, México, 2003, 263 pp.

Ríos Tobar, Marcela; Cuotas de Género: democracia y representación;

Internacional IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Santiago, 2005, 55 pp., en:
Sexto Informe Periódico de México sobre el Cumplimiento de la CEDAW;

Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, 2006, México, 279 pp.

Tarrés Barraza, María Luisa; Análisis de la encuesta La naturaleza del compromiso cívico: capital social y cultura política en México desde una perspectiva de género; Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, México, 2006, 96 pp.

Sitios web:
http://sitl.diputados.gob.mx/album_comisionesLX/cuadro_genero.ASP.
http://www.senado.gob.mx/
http://www.asamblea.gob.pa http://www.congreso.gob.gt/gt/diputados.asp.
http://www.asamblea.gob.ni.
http://www.asamblea.gob.sv/alfabetico.htm.
http://www.asamblea.go.cr/diputado/dop_nom_fra.htm.
http://www.quotaproject.org.
http://www.inamu.go.cr/indicadores-de-genero/ejercicio-politico.php.


Participación política de las mujeres y el rol de las ONG en los países de la Región Andina
 
  Contenidos
  1. Introducción.
  2. Democracia, representación y participacion politica de la mujer.
  3. Estructuras de poder y voces de actores claves.
    - Organismos internacionales.
    - Los Estados de la Región Andina y sus políticas públicas.
    - Organismos no gubernamentales.
    - Iglesia Católica.
    - Organizaciones de mujeres.
  4. Partidos políticos.
    - Avances y limitaciones en la participacion política de la mujer en la Región Andina.
  5. Constataciones preliminares.
  6. Bibliografía.


Anexo 1. Instrumentos de recojo de información.
Anexo 2. Participación política de la mujer. Caso Bolivia.
Anexo 3. Participación política de la mujer. Caso Colombia.
Anexo 4. Participación política de la mujer. Caso Ecuador.


  Introducción
El acceso de las mujeres a los derechos democráticos no sólo trae consigo la posibilidad de elección de sus representantes, sino que tiende a modificar, o por lo menos cuestionar, las bases mismas del sistema democrático. Es aquí donde creemos que resulta el principal aporte del movimiento feminista, cuestionando la supuesta neutralidad de la teoría política.

Como todas las relaciones de poder, las de género, pueden ser analizadas desde los espacios de toma de decisiones: quién tiene acceso, quién decide qué y sobre qué temas, quién define la agenda a ser discutida, quién tiene influencia en la conversión de esos acuerdos en acciones, entre otros. Son muchos los actores que entran en juego fortaleciendo o resquebrajando estas estructuras de poder. Perder de vista a los actores intervinientes es algo que en este informe hemos pretendido evitar.

El objetivo del presente informe regional de la zona Andina –Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela– ha sido el de construir una visión integral de la participación política de las mujeres y el rol promotor de la sociedad civil en los países andinos de América Latina para una mayor presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, interrogando particularmente el sentido y efectividad de la labor que desarrollan las ONG, así como la pertinencia de sus posturas.

El análisis de la realidad de la región ha tenido como punto de partida la revisión cuidadosa de la información cualitativa y cuantitativa producida por diversas instituciones sobre los avances o retrocesos respecto a la participación política de las mujeres, principalmente en las dos últimas décadas del siglo XX, que nos permitió tener una visión general de lo que ocurre en nuestros países. Para ello elaboramos una matriz de análisis que sintetizaba las preguntas del estudio, variables, indicadores y fuentes de información. Asimismo, se elaboró una guía de entrevistas para informantes clave que las asociadas debían aplicar en sus respectivos entornos [53]. Este informe se alimenta también de los aportes brindados por las asociadas de ALOP de la región andina. Especial reconocimiento merecen las asociadas de Colombia que produjeron un documento bastante completo sobre las políticas públicas implementadas en ese país [54]. Asimismo, las asociadas de Bolivia que nos permitieron el acceso a documentos importantes y nos facilitaron el contacto con entrevistadas calificadas [55], lo que nos posibilitó complementar la información producida en la primera versión de este informe. Para el caso peruano también fue posible complementar la información secundaria obtenida con entrevistas a informantes calificadas que nos regalaron su valioso tiempo para culminar esta versión final del informe [56]. Venezuela también aportó con valiosa información complementaria. Finalmente, las asociadas de Ecuador que elaboraron un informe de país bastante completo [57].

Gracias a ello ha sido posible desarrollar un análisis de los elementos que entran en el juego político sosteniendo las desigualdades de género y los avances y limitaciones que nuestros países tienen para la reducción de estas brechas. Y es en este contexto que se destaca la labor de las ONG, en tanto agentes que construyen estrategias y propuestas orientadas a alcanzar equidad de género en nuestras sociedades.

Un agradecimiento especial merecen Molvina Zeballos, Presidenta de desco, y Eduardo Toche, historiador e investigador de desco, por el apoyo sostenido y sus comentarios y aportes valiosos al análisis de la información y redacción de este informe. Asimismo, a Valerie Baquerizo, joven antropóloga quien brindó asistencia permanente a la elaboración de este documento.
Se ha dividido el presente informe en tres secciones: (i) democracia, representación y participación política de la mujer, que da cuenta de los cuestionamientos desde el movimiento feminista al sistema democrático liberal; (ii) estructuras de poder y voces de actores claves, donde nos centramos en describir a los principales actores que inciden en las relaciones de poder entre varones y mujeres, potenciando o limitando el alcance de las agendas de las mujeres en las políticas públicas; y, (iii) avances y limitaciones en la participación política de la mujer en la región, donde damos cuenta de los principales retos que se plantean en estos países para lograr una sociedad equitativa, y donde se ve con mayor claridad la necesidad de asociar participación política y principales temas de la agenda política de la mujer, que debe ser negociada en los espacios de toma de decisiones. Finalmente, las consideraciones a ser tomadas en cuenta que resultan de este análisis se ubican en la parte final del documento, bajo el título de Constataciones Preliminares.


NOTAS:

  1. ®Ver Anexo 1. Instrumentos de recojo de información.
  2. ®Un extracto del mismo se encuentra en el Anexo 3. Participación Política de la Mujer: Caso Colombia. Ellas prepararon el Informe La participación política de las mujeres en Colombia. Dos décadas (1986-2006), documento elaborado por el Programa de Convivencia y Derechos Humanos de Corporación Región y coordinado por Luz Mery Arias Muñoz, teniendo como coautoras a Ana María Arteaga, Beatriz Quintero, Lucía Mercedes Ossa. Medellín, 2007.
  3. ®Se entrevistó a María del Carmen Quise, integrante de la Casa de la Mujer; Celima Torrico, Ministra de Justicia; María Rojas, Gerente General de la Asociación de Concejalas de Bolivia; Berta Acaratí, de la Consejalía Municipal de El Alto; Nélida Faldón, representante de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerio; Liliana Sánchez, del Centro Juana Azurduy; y, finalmente, Katia Uriona, responsable del Movimiento Mujeres presentes en la historia. Los entrevistadores fueron Ángela Luna y Raúl Ruiz. Ver Anexo 2. Participación política de la mujer: Caso Bolivia.
  4. ®Se entrevistó a: Virginia Vargas, feminista y fundadora de Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán; a Carmen Lora, representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP); y finalmente, a Susana Villarán, Comisionada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  5. ®5 Ver Anexo 4. Participación política de la mujer: Caso Ecuador.



  Democracia, representación y participacion politica de la mujer
La individualidad, siguiendo a Carol Pateman, no es una abstracción unitaria sino una expresión encarnada y sexualmente diferenciada de la unidad del género humano. La teoría feminista parte del reconocimiento de que los individuos son femeninos y masculinos y de acuerdo a esto la política no puede estar por encima del sexo. Esto implica desarrollar mecanismos representativos que reconozcan explícitamente la diferencia de género y la desigualdad de género, buscando garantizar una nueva proporcionalidad entre los sexos en los ámbitos donde se toman las decisiones políticas. Pero, además, reordenar la relación entre las esferas públicas y privadas.

Las reivindicaciones por derechos colectivos, a partir de nuevas identidades (género, edad, étnicas, entre otras) replantean nuestro concepto habitual de ciudadanía. Es entonces la ciudadanía la coexistencia de derechos individuales y colectivos (ciudadanías específicas y particulares agrupadas para reivindicar derechos colectivos) y un asunto público en tanto proceso en construcción, donde la negociación de intereses está presente.

Según el modelo de la democracia liberal, los límites del Estado se dan fundamentalmente con el control electoral, y a su vez, se establecen ciertas áreas –consideradas privadas- que están fuera de este control. Serán las feministas las que discutan esta división entre lo público y lo privado, en tanto se comprueba que las limitaciones que se plantean al Estado si bien garantizan las libertades individuales, también son una causa para reproducir las desigualdades, no sólo entre los géneros. Este modelo no asume las diferencias sustanciales que se producen por el dinero, educación, salud, cultura, entre otros, que favorecen a determinados grupos y excluyen a otros. Esta universalidad de la ciudadanía que nos garantiza el modelo democrático liberal nos libera de cualquier constreñimiento a nuestros asuntos privados.

Desde el modelo de una democracia participativa, en cambio, se desafía la distinción entre lo público y lo privado. Se sostiene la necesidad y el deseo de las personas de querer estar involucradas en cuestiones que afectan sus vidas. Sin embargo, los conflictos se presentan entre los niveles de participación y la garantía de que todos los grupos tengan igual oportunidad para que su voz sea escuchada. El tiempo se convierte en una limitación decisiva para las mujeres debido a la división del trabajo ordenada por el sexo. Aquí el aporte del feminismo a la democracia participativa está, como señala Phillips (1996), en esa aguda combinación de argumentos para querer que funcionen los niveles de participación y al mismo tiempo las razones por las cuales ello probablemente no funcionará.

Cuando el movimiento feminista planteó: “lo personal es político” convirtió en temas públicos prácticas consideradas privadas (violencia doméstica, división sexual del trabajo doméstico, entre otros) que develan relaciones de poder. Así, lo público y lo privado no pueden ser vistos como dos mundos separados: una serie de políticas públicas (vivienda, seguridad social, educación, etc.) impactan de manera determinante en el ámbito privado y modelan las relaciones que se establecen entre los que componen la familia y hogar; y de otro lado, las relaciones en el lugar de trabajo y en la política están moldeadas por las desigualdades del poder sexual. Entonces, la igualdad política entre mujeres y varones debe incluir cambios sustanciales en la esfera doméstica. Para Phillips lo esencial no es la difuminación de los límites del espacio público y privado, sino más bien evitar que cada una de ellas se asocie a la división entre varones y mujeres.

Una democracia puede exigir políticas sobre la igualdad antes que la igualdad de representación, pero son pocas las posibilidades de la primera sin la segunda. Una constatación, a nivel de representación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, es que se incrementa en los niveles donde el poder del cargo es menor: las cifras de la política local tienden a ser marginalmente más prometedoras; mientras que las mujeres figuran en la política nacional en una proporción entre el 2 y 10%. Hay tres preguntas sustanciales que plantea Phillips: ¿qué es lo que agrega la subrepresentación de las mujeres a la comprensión de la democracia? ¿cuáles son los problemas teóricos implícitos en la noción de representación? ¿cuáles son las oportunidades de elegir a las mujeres?.

Esta autora identifica tres argumentos de defensa de la mayor paridad en la política. El primero de ellos argumenta poco sobre lo que harían las mujeres si entraran en la política, mientras que los dos siguientes hablan de una situación de cambio:

  1. Noción de justicia básica, que radica en la impugnación de segregación sexual; cualquier sistema de representación que excluye consistentemente las voces de las mujeres, no sólo es injusto: no puede ser tomado siquiera como representación.
  2. Presencia de las mujeres enriquecen la vida política, brindan un conjunto diferente de valores, experiencias y pericia hacia una sociedad más cuidadosa y compasiva.
  3. Existencia de conflicto entre varones y mujeres, lo cual indica el poco sentido que tiene que las mujeres sean representadas por los varones.


Pero, ¿cuál es el interés de las mujeres? Y éste es uno de los debates de la teoría feminista. Es posible describir a las mujeres como un grupo cuyos intereses necesitan representación? Será Virginia Sapiro (1981) la que destaque la importancia no sólo del derecho de las mujeres a ser representadas como mujeres individuales (derecho al voto y a presentarse en elecciones), sino su representación como grupo.

Resulta también engañoso hablar de “las mujeres”. La opresión que sufren las mujeres es diferente. La universalidad sexual podría ser un fenómeno universal, pero eso no significa que las mujeres sean universalmente lo mismo. Chandra Mohanty (1987) remarcará las diferencias de poder, material e ideológico dentro y entre los grupos de mujeres, especialmente las del primer y tercer mundo. Aquí el feminismo de la diferencia hace su principal aporte.
Entonces, ¿cuánto sentido tiene hablar de un interés común objetivo o de “los” intereses de las mujeres?.

Y aquí es claro que como la segregación es un principio fundamental y ordenador de las sociedades con género, el interés mínimo común es el mejor acceso a todas las esferas. En esta constatación, cada mujer es una perspectiva de “mujeres”, lo que nos lleva a preguntarnos por cuál vía deberían conducirse nuestras representantes.

Yris Marin Young (1989) centra su interés en que los grupos oprimidos cuenten con un papel garantizado en la formación política y establece mecanismos para la representación. Esta representación de grupo implica mecanismos institucionales y recursos públicos que apoyen básicamente tres actividades:

  1. Autoorganización de los miembros del grupo para que adquieran un sentido de potenciamiento colectivo y una compresión reflexiva de su experiencia colectiva y de sus intereses en el contexto de la sociedad;
  2. Vocear el análisis del grupo de cómo las propuestas de política social les afectan y generar ellos mismos propuestas de organización política en contextos institucionalizados, donde los que toman las decisiones están obligados a mostrar que han adoptado esas perspectivas en consideración;
  3. Obtener poder de veto respecto de políticas específicas que afectan directamente a un grupo; por ejemplo, los derechos reproductivos a las mujeres, o el uso de las tierras de las reservaciones a los indígenas estadounidenses (1989:261-262).


Ahora bien, la noción de representación de un grupo implica un contexto en donde el grupo se reúne como tal, pero salta a la vista la principal objeción a ello: las reuniones no son representativas y es posible que sólo convoquen a una minoría de los que tienen derecho a asistir. Pero también es claro que las propuestas de organización política pueden ser generadas por una minoría sin que quede claro si los otros miembros del grupo están de acuerdo. Lo legítimo sería pedir que los que diseñan propuestas de política incorporen los intereses del conjunto.

Como señala Anne Phillips, podemos anticipar que más mujeres elegidas cambiarán el contexto y las prioridades de la política pública, pero no podemos asegurar que esto ocurra necesariamente así, ni tampoco partir del supuesto de que sus opciones obtendrán la aclamación general (1996:83).

La representación de las mujeres como mujeres potencialmente se desploma tanto en las dificultades para definir los intereses compartidos de las mujeres como en las dificultades para establecer mecanismos a través de los cuales esos intereses sean expresados. Se ha observado que las mujeres políticas suelen ser reacias a verse como representantes de las mujeres. La representación de las mujeres como mujeres no encaja dentro del marco de la democracia representativa, no es posible que en virtud de su sexo las mujeres pudieran presumir un mandato para hablar por todas nosotras.

Ahora bien, desde las realidades de nuestras sociedades, desde las relaciones de poder inscritas en ellas, en tanto países de la Región Andina podemos indicar que los cuestionamientos son mayores a esta universalidad de la ciudadanía que pretende garantizarnos el modelo democrático liberal.

El modelo liberal cuenta con una visión igualitaria y homogenizadora que no toma en cuenta identidades culturales y visiones político-organizativas distintas a la predominante. Como resultado de esto se tiene una ciudadanía incompleta asentada en la desigualdad económica, étnica, cultural y de género. Las demandas actuales están asociadas a la autodeterminación de los pueblos, respetando sus usos, costumbres, lenguas y cultura propia, siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos, y un territorio determinado, en el que sea posible el desarrollo cultural y económico de las comunidades.

Han sido las mujeres y los indígenas los que más recientemente demandan las transformaciones en nuestras débiles democracias latinoamericanas. Las primeras promoviendo los derechos individuales y los segundos los derechos colectivos; en ambos casos se ha avanzado en mucho la visibilización de los sujetos, pero como señala Salazar De La Torre (2006), ello ya no es suficiente y debemos preguntarnos por los “tópicos” emancipatorios que ahora deben desplegarse.

En el análisis de esta autora, tres categorías se encuentran íntimamente relacionadas y cualquier abordamiento serio no podría dejarlas de lado. Estas categorías son: género –construcción de carácter político, económico, social y cultural que tiene sustento en la diferencia del sexo y cuyo eje de discusión se centra en la división público-privada-, clase social –que permite establecer la forma en que se organiza la sociedad cuando el trabajo se convierte en mercancía a intercambiarse en las relaciones que trae consigo el capitalismo y cuyo eje de discusión es el trabajo manual e intelectual- y etnia –que mantiene una frontera sutil entre raza y cultura y cuyo eje de discusión es inherente al concepto de exclusión, apuntalada por relacionales coloniales y no coloniales-.

Si bien las mujeres y los indígenas (hombres y mujeres) han ganado en democracia, podemos precisar que ello sólo ha sido en el marco de la política. Como sostiene Salazar De La Torre, los sectores más beneficiados con estas medidas serían aquellos mejor asociados a la estabilidad y con mejores recursos ciudadanos respecto a los otros y otras [58]. Situaciones de este tipo llevan a preguntarnos si las políticas implementadas vienen favoreciendo la democratización de la sociedad o por el contrario, acentuando las desigualdades y opresión.

Pero la realidad de nuestra Región Andina también nos lleva a preguntarnos: ¿cuán limitante es promover la democratización de una sociedad cuando ésta se encuentra en permanente situación de violencia y conflicto armado, y qué elementos de nuestros sistemas democráticos son cuestionados desde una realidad en estos términos?.

La discriminación y violencia de la que son objeto las mujeres se ve profundizada y agravada en una situación de conflicto armado. Es más, de acuerdo a un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006), la violencia contra las mujeres es utilizada como estrategia de guerra por los actores del conflicto armado en su lucha por controlar territorios y comunidades. El objetivo es lesionar, aterrorizar y debilitar al enemigo para avanzar en el control de territorios y recursos económicos [59].

Una situación de este tipo demanda del Estado la promoción e implementación de políticas públicas [60] orientadas a erradicar patrones socioculturales discriminatorios por razón de sexo, raza, etnia y clase social, a fin de reducir el impacto que el conflicto armado produce en las mujeres, de manera específica, y en la sociedad en su conjunto. Esto cuestiona en último término, la eficiencia del sistema democrático expresado en sus diversos poderes, para garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos y ciudadanas.

En una situación de conflicto armado es posible ver el recrudecimiento de patrones socioculturales asentados en nuestras sociedades donde la violencia contra la mujer encuentra impunidad como respuesta y la desprotección de sus derechos. Otro informe de la CIDH (2007) nos indica que las mujeres víctimas de violencia en nuestros países no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a recursos judiciales cuando denuncian los hechos sufridos. El sistema de justicia es utilizado poco por las mujeres víctimas de violencia debido principalmente a su poca efectividad para resolver las demandas, lo cual genera una permanente desconfianza en las instancias judiciales para remediar los hechos producidos.

Los Estados, indica el informe, carecen de una visión y una política integral institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres. Sus sistemas de justicia cuentan con problemas estructurales que afectan el procesamiento de otras violaciones de los derechos humanos [61]. Esto sólo expresa que la violencia y la discriminación contra las mujeres es un hecho aceptado en nuestras sociedades y que encuentra como aliado al Estado, que no implementa medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad y no promueve la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su pleno acceso a la justicia.

Ahora bien, más vulnerables ante esta situación son las mujeres indígenas, cuyo acceso a la justicia implica, por un lado, el acceso a la justicia del Estado y, por otro, el reconocimiento y respeto del derecho indígena. Por ello, debe exigirse que los Estados instauren y apliquen un sistema judicial acorde con la diversidad cultural existente en nuestros países, así como mecanismos que permitan reconocer y promover efectivamente el derecho indígena, conforme a sus normas tradicionales, tomando como parámetro las normas internaciones sobre derechos humanos [62].

Nuevamente, este análisis sólo demuestra lo cuestionador y subversivo que resulta ser al modelo liberal la promoción de la incorporación de la voz y demandas de las mujeres e indígenas en nuestras débiles democracias.
Si bien el análisis hasta este momento está centrado en los cuestionamientos que las mujeres hacen al sistema político, es importante que no dejemos de lado la presencia de grupos o sectores que influyen en la formulación de las políticas públicas evitando los mecanismos formales establecidos para ello.

La concepción moderna del Estado, como figura jurídica, se fundamenta en su condición de ente abstracto que articula las diferentes particularidades que componen la sociedad en condiciones de igualdad frente a la ley. Si bien esta definición no considera las evidentes desigualdades que de facto se producen en las sociedades capitalistas, como principio regulativo crea las condiciones formales para que cualquier grupo marginado pueda intervenir políticamente o realizar alianzas con otros sectores para hacer valer sus derechos. Dentro de este paradigma democrático y republicano, el Estado en sí mismo debe carecer de una ideología particular. Son los sujetos, quienes de modo temporal, siempre contingente, lo dotan de contenidos específicos que posteriormente se traducen en políticas públicas dirigidas al conjunto de la población. Esta figura permite que cualquier grupo o sector de la sociedad se encuentre en condiciones de participar en la escena pública en tanto se ajuste a los mecanismos constitucionalmente establecidos para tal fin. La confesionalidad de un Estado contradice el principio de igualdad, propiciando discriminaciones que deben ser erradicadas. El Estado laico, por tanto, es una condición para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Tomando esto en cuenta es que intentamos en el siguiente acápite sintetizar las voces de los actores que inciden en la formulación de las políticas públicas y orientan las mismas, o no, hacia la reducción de las desigualdades entre los géneros en nuestros países.


NOTAS:

  1. ®En el Perú es posible constatar ello en los procesos de participación ciudadana, específicamente en el presupuesto participativo.
    Uno de los resultados no previstos viene siendo el fortalecimiento de las elites políticas locales, a través de un discurso técnico de los procesos, que los distancia de sus bases.
  2. ®Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. Octubre, 2006.
  3. ®Hablar de políticas públicas y género supone referirnos a la voluntad, decisión y acciones gubernamentales implementadas para promover en la sociedad una redistribución justa entre varones y mujeres, en términos de asignación de recursos, derechos individuales y colectivos; participación, posiciones de poder y no discriminación, entre otros.
  4. ®Ausencia de instancias de la administración de justicia en zonas rurales, pobres y marginadas; falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos; debilidad de los ministerios públicos así como las instancias policiales involucradas en la investigación de los delitos; y falta de unidades especiales de fiscales y de la policía con los conocimientos técnicos especiales requeridos para abordar temas de violencia. Además, la precariedad y falta de coordinación en los sistemas de información para obtener estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres, indispensables para examinar causas y tendencias de este fenómeno.
  5. ®10 Como bien ha sido señalado por Lorenzo Solíz, miembro del CIPCA – Bolivia, en los comentarios que nos hiciera al documento:
    “el reto hacia delante será resolver los puntos de tensión que surgen entre los derechos indígenas y los derechos humanos universales”.



  Estructuras de poder y voces de actores claves
Para efectos de este estudio hemos considerado seis actores clave cuyas voces fortalecen, o limitan, el desarrollo de la participación política de la mujer, ya sea generando o bloqueando mecanismos de inclusión de la agenda de la mujer en las políticas públicas de Latinoamérica: i) Organismos internacionales, promotores de reformas de los Estados en lo que al género se refiere; ii) Políticas públicas de los Estados de la Región Andina, que se traducen en los mecanismos construidos para atender esta problemática; iii) Organismos no gubernamentales (ONG), como instancias de la sociedad civil que juegan un papel central en la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer;
iv) Iglesia católica, cuyos representantes han jugado papeles centrales en la restricción de libertades individuales en la región; v) Organizaciones de mujeres, cuya presencia significativa en los años 80s marcó en mucho la agenda política en nuestros gobiernos; y, finalmente, vi) Partidos políticos, estructuras jerárquicas que en muchos casos impiden el desarrollo en su interior de las demandas de sus diversos grupos, aunque para efectos de esta primera entrega la información no se encuentra aún totalmente desarrollada.
Los roles asumidos, los intereses, las estrategias implementadas y el poder de decisión de cada uno de éstos se muestran diferenciados y guardan relación con el tipo de participación política que consideran deben tener las mujeres en los procesos democráticos de sus países, lo cual se expresa en las agendas de cada uno de estos actores.


  Organismos internacionales
Las mujeres hacían tanta bulla en tantos países que ni el Sistema de Naciones Unidas pudo obviarlas. Y entonces los derechos humanos (Viena, 1993), la salud sexual y reproductiva (El Cairo, 1994) y la condición de la mujer (Beijing, 1995) fueron discutidos buscando derechos mínimos para todas las mujeres en todo el planeta. Pero los planes de acción de esos eventos no eran vinculantes.

Maruja Barrig.
A propósito del 8 de marzo.
Notas personales sobre el feminismo y la nostalgia.

En 40 años, a nivel internacional, se han desplegado esfuerzos importantes para lograr la equidad entre los géneros. En todo este proceso de lucha se han articulado diversos actores y su principal motor han sido las propias mujeres, sus organizaciones y los organismos no gubernamentales. Los organismos de las Naciones Unidas han cumplido un rol muy importante tanto al legitimar las luchas de las mujeres organizadas, como al asesorar y acompañar los esfuerzos de los gobiernos.

El primer paso importante dado por los países miembros de las Naciones Unidas, para contribuir a la equidad entre los género fue dado en 1967, cuando se adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Uno siguiente fue la celebración de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer realizada en México dieciocho años después (1975), donde se empezó a construir una agenda internacional de las mujeres y de manera específica se plantea que la participación política de la mujer resulta ser clave para integrar a ésta al desarrollo. Uno posterior fue la Convención de Naciones Unidades sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979), donde se crea una normatividad internacional esencial para lograr la equidad.

En la primera Conferencia celebrada en México (1975), a partir de un diagnóstico que daba cuenta de la inequitativa presencia de las mujeres en puestos de liderazgo, se recomendó incluir entre los objetivos estratégicos la ampliación de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Como medidas correctivas se propuso: promover la información y el ejercicio de los derechos ciudadanos de las mujeres, garantizar el derecho al voto y la elegibilidad de las mujeres para cargos de responsabilidad pública, así como promover su amplia incorporación en todos los niveles de toma de decisiones.

En esta Conferencia se declaró el Decenio de Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz (1976-1985), con la expectativa de obtener avances sustantivos durante la década. Para ello, los diferentes organismos de las Naciones Unidas canalizaron recursos técnicos y materiales y crearon programas específicos orientados a contribuir a la incorporación de las mujeres al desarrollo.

En la Plataforma de Acción Mundial aprobada por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, en su punto G dedicado a la “mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones”, fundamentaron sus objetivos estratégicos y medidas argumentando que, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país.

Asimismo, señala que el logro de la igualdad de participación de las mujeres y los hombres en la adopción de decisiones permitirá un equilibrio que reflejará de manera más exacta la composición de la sociedad y que es necesario reforzar la democracia y promover su correcto funcionamiento. La participación equitativa en la vida política desempeñará un papel crucial en el adelanto de las mujeres.

Como diagnóstico plantea que, si bien la mayoría de los países enfrenta procesos de democratización, las mujeres suelen estar insuficientemente representadas en casi todos los niveles y poderes del Estado, en los puestos directivos sindicales, empresariales, gremiales y de los partidos políticos. Se señala que los obstáculos para la plena participación de las mujeres no sólo son efectos de la relación con las estructuras y mecanismos institucionales, sino también de los estereotipos y prácticas discriminatorias en los espacios públicos y privados. Asimismo, se hace especial mención al efecto disuasivo que tiene para las mujeres el enfrentar las responsabilidades en la familia y la crianza de los hijos conjuntamente con un trabajo, una carrera política o un liderazgo social.

Si bien en materia de participación y liderazgo la Plataforma de Acción se apoya en el concepto de igualdad de derechos, reconoce que las mujeres tienen distintas capacidades y recursos de acuerdo con las condiciones económicas, sociales y culturales en que viven. Estas diferencias se observan tanto en comparación con los hombres como entre las propias mujeres. Ello supone, desde la perspectiva del Estado, la necesidad de desarrollar políticas públicas específicas dirigidas a grupos de mujeres en situación de exclusión o marginación social por razones de edad, raza, discapacidad, etnia, pobreza, o de todos estos factores, además de políticas que beneficien a las mujeres en su conjunto, que busquen el equilibrio entre mujeres y hombres. En síntesis, la Plataforma busca la equidad, que es vista como igualdad y como atención a la diferencia.

A nivel regional, la sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (Mar del Plata, 1994), preparatoria de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, aprobó un Programa de Acción regional que sirvió como insumo para el documento que preparaban los gobiernos para Beijing. Este Programa comprometió como objetivos estratégicos:

  1. La promoción de acciones afirmativas que permitan y amplíen el acceso de las mujeres al ejercicio del poder en los ámbitos legislativo, judicial, ejecutivo, directivo y de planificación.

  2. La promoción de acciones tendientes a generar condiciones que permitan la participación y la representación política equitativa de las mujeres en los espacios formales e informales de la sociedad civil, en todos los procesos de adopción de decisiones y en el área de la planificación del desarrollo.


La ausencia de paridad y equilibrio en la representación femenina en la adopción de decisiones que se observa en nuestras sociedades, revela que existe una desigual distribución de poderes. Eso significa que el acceso no es suficiente por sí mismo y que debe acompañarse de un aumento de las capacidades de las mujeres así como de políticas estatales que incorporen este concepto de equilibrio entre los géneros, tanto en las políticas focalizadas como en las universales.

En 1997 la Conferencia Interparlamentaria Mundial examinó las cuotas para acceder a los cargos legislativos y estableció que éstas debían fijarse en torno al 30% [63]. Ese mismo año, en la Séptima Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, celebrada en Santiago de Chile, se firma el Consenso de Santiago donde, entre otros acuerdos, se propone la adopción de medidas de acción afirmativas.

Los organismos multilaterales también designaron recursos importantes en la región para el financiamiento de iniciativas dirigidas a la reducción de las brechas entre los géneros [64]. Se iniciaron procesos de levantamiento de información que destacaran la situación de la mujer, se fortalecieron las capacidades institucionales y del personal de las instituciones a fin de lograr transversalizar o incorporar en forma plena la problemática de género en sus proyectos y trabajos analíticos, lo que debía permitirles la definición de sus lineamientos de política [65].

Como veremos más adelante, estos organismos internacionales jugaron un papel central en la asesoría y el apoyo a los gobiernos para desarrollar políticas que contribuyan a la eliminación de las desigualdades entre los géneros. Como bien señala Barrig, estos acuerdos firmados no eran vinculantes y su implementación dependió en mucho de las voluntades políticas de los gobernantes. Aunque sí es importante destacar el ejercicio de la vigilancia y seguimiento a estos acuerdos por parte de las organizaciones de la sociedad civil, específicamente las ONG feministas.


NOTAS:

  1. ®A la base de esta cifra se encuentra la afirmación de que al aumentar la representación de un grupo minoritario en las instituciones públicas (partidos, congreso) a una cifra cercana al 30%, este grupo adquiere la capacidad de plantear agendas y establecer alianzas que los favorece. Además, es un porcentaje que no comporta discriminación contra los varones.
  2. ®Así, para el caso de Ecuador se viene desarrollando un programa de Asistencia Jurídica para las Mujeres Pobres que sufren violencia de género.
  3. ®Por ejemplo, el Banco Mundial define entre una de sus líneas de acción la reducción de las inequidades de género. Consideran que esas desigualdades entre los géneros siguen siendo un obstáculo para el pleno desarrollo de los países de la región y entre sus costos está el no aprovechar el potencial de la total incorporación de la mujer en la economía, la carga social y económica de la violencia contra la mujer y la pérdida de capital humano debido a la mortalidad materna y el embarazo adolescente que obliga a muchas muchachas a abandonar la escuela antes de tiempo.



  Los Estados de la Región Andina y sus políticas públicas.
En las dos últimas décadas del siglo XX se producen en nuestros países las denominadas reformas de primera y segunda generación. La primera genera una reforma estructural dirigida a construir una nueva economía basada en el libre mercado sin lograr el crecimiento y desarrollo esperado; por el contrario, los ingresos por el trabajo se vieron desvalorizados, los bienes públicos: educación, salud, vivienda, seguridad social iniciaron proceso de descentralización y la propiedad de los medios de producción estatales fueron redistribuidos a favor de privados. Esto sólo produjo en nuestros países el incremento de las brechas y las desigualdades en la sociedad.
La década de los noventas se caracteriza por la implementación de las denominadas reformas de segunda generación, orientadas a compensar el costo social, pero que en definitiva no logran impactar en el ingreso, empleo y producción, teniendo como resultado índices de pobreza elevados, como es el caso de Bolivia, o crisis política, como es el caso de Ecuador [66].

Ambas reformas agudizan las brechas de género, en el ámbito social y económico a nivel de salarios, empleos remunerados, inseguridad laboral e informalidad y aparece como nueva categoría de análisis de nuestra realidad el de la feminización de la pobreza.

En el ámbito político las reformas de segunda generación promueven una participación de la mujer más activa en sus diversos niveles (nacional y subnacional); sin embargo, los problemas de exclusión, concentración del poder, de la gestión, de la representación pública, de los ingresos y de los recursos siguen apareciendo como principales problemas que las políticas públicas debieran enfrentar.

Será en la década de los noventa cuando los gobiernos de la región constituyan instancias que dependan del poder ejecutivo y que tengan como objetivo, al menos formal, la promoción de políticas públicas orientadas a la reducción de las inequidades entre los géneros. En algunos casos estas instancias han dependido directamente de la Presidencia de la República y en otras se inscribieron dentro de ministerios o viceministerios: la ubicación de estas instancias en el aparato burocrático del Estado será una condicionante para los alcances o límites de las mismas respecto a acciones que eliminen las formas de discriminación contra la mujer y miden también las “voluntades políticas”comprometidas por los gobiernos para tal fin.

Las atribuciones, objetivos, modalidad de gestión, normativa, legitimidad institucional, dependencia, recursos financieros y humanos disponibles y el posicionamiento social de estos mecanismos varían de un país a otro. Asimismo, estos mecanismos han sufrido numerosas reestructuraciones y modificaciones en el tiempo, particularmente a partir de los cambios de gobierno y de las crisis económicas y políticas que han experimentado muchos de ellos.

Así, en Bolivia se crea la Dirección General de Asuntos de Género, instancia que dependerá directamente del Viceministerio de Asuntos de Género, Generaciones y de Familia [67] La misión de esta dirección es la de promover las condiciones y fortalecer las bases institucionales para el diseño y gestión de políticas nacionales orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el marco del desarrollo humano sostenible, así como para el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra la pobreza, considerando la diversidad étnica, cultural y regional. La responsabilidad de formulación de normas y políticas que generen condiciones para que los grupos poblacionales de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad y las familias desarrollen integralmente todas sus potencialidades, apoyando y supervisando la implementación e institucionalización de estas políticas en los ámbitos nacional departamental y local, es también una de sus funciones [68]. En 1997 se promulga el Decreto Supremo para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres bolivianas emitido por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

En el 2004 se promulga la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y de Pueblos Indígenas que incidirá en el sistema de representación permitiendo que organizaciones sociales y pueblos indígenas ingresen y participen del sistema de representación política. Con ésta se asegura la postulación de mujeres en alternancia y paridad en las listas de candidatos en procesos electorales, pero no se garantiza que las mujeres electas se mantengan a cargo durante todo el período de su gestión debido a las diversas presiones de las que son víctimas, tal como es indicado en algunas investigaciones [69].

En 1997, en Ecuador se crea el Consejo Nacional de la Mujer, que depende directamente de la Presidencia de la República [70]. Este consejo trabaja por la creación de políticas públicas a favor de las mujeres, apoya su gestión en la generación de convenios y acuerdos, principalmente con dos actores, con el Estado a través de sus gobiernos locales, centrales o seccionales para permitir la inserción del enfoque de género al interior de programas en curso, y con las organizaciones de mujeres cuya función veedora sirve para dar continuidad y fortalecer los planes y programas de promoción y protección de la participación social y política implementados con el Estado, el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la gobernabilidad democrática.

Esta instancia viene trabajando en alianzas institucionales con otras entidades del Estado y organizaciones sociales para garantizar el ejercicio de los derechos tanto de hombres como de las mujeres. Así, ha establecido un proceso de coordinación institucional para garantizar la inclusión de políticas específicas de género en la Agenda Social y en el proceso de descentralización [71].

A nivel del legislativo, desde 1998 viene funcionando la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia y viene impulsando proyectos de ley en beneficio de los derechos de las mujeres, la niñez, la juventud y la familia.

Además, se aprueba en 1995 la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, pero su Reglamento será expedido 9 años después (2004), y un Manual de Aplicación para los administradores de justicia [72]. La Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno, creada en agosto del 2002, es la que coordina el trabajo de 32 Comisarías de la Mujer y la Familia y tiene como objetivo promover y facilitar la ejecución de políticas, estrategias y mecanismos que tiendan a alcanzar igualdad de género y a disminuir la violencia intrafamiliar. Para fortalecer esta labor se han creado dos Mesas de Concertación (Mesa de Incidencia Política para la Prevención y Erradicación de la Violencia Sexual y la Mesa Nacional Técnica para la Prevención y Erradicación de la Violencia Sexual)[73].

Adicionalmente, en el 2004, el Presidente de la República, mediante un decreto creó una comisión gubernamental que tuviera por objetivo abordar el problema creciente de trata y explotación sexual de mujeres y niñas. Esta comisión debía elaborar el Plan Nacional para combatir el plagio de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual y laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, la pornografía infantil y la corrupción de menores. Dos años después se dispuso la elaboración del mismo.

De igual modo es aprobada la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, la formulación de Planes Estratégicos de Desarrollo Cantonal que integran lecturas de la realidad de las mujeres y el Programa de Apoyo a las Mujeres Rurales del Ecuador. La ley de Cuotas y la participación política de las Mujeres fue aprobada en 1997.

En Colombia [74] la Carta Constitucional de 1991 [75] abrió las posibilidades del desarrollo de una democracia participativa; así, se reglamentó procedimientos, se incorporaron nuevos actores sociales que tradicionalmente eran invisibilizados, uno de ellos: las mujeres. Respecto a éstas se diseñaron estrategias como búsqueda de la igualdad formal de las mujeres (igualdad de oportunidades), incorporación de acciones positivas para enfrentar problemas como la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y la participación política, entre otras, hasta la intención de transversalizar este tema a nivel sectorial e intersectorial. Asimismo, se ha diseñado e implementado políticas públicas dirigidas a las mujeres y la creación de instancias de género en distintos sectores y oficinas de carácter nacional y municipal. Con esto se pretende articular la agenda de los planes de igualdad de oportunidades impulsados por los mecanismos para el adelanto de la mujer con los planes nacionales de desarrollo, mediante acciones a nivel nacional, regional y local.

Esto también es resultado de la organización y participación de mujeres –fundamentalmente la Red Nacional Mujer y Constituyente [76]- que desde diversas iniciativas han formulado sus demandas al Estado y elevado sus críticas a la sociedad patriarcal.

Los temas centrales han sido la violencia contra las mujeres, tanto en su vida familiar como en su vida social, participación en el ámbito político y la despenalización del aborto. Sobre este último, por lo menos en tres casos específicos, ha sido uno de los avances más significativos por la reducción de muertes de las mujeres y el cambio cultural que se presenta al abrir en el debate público, considerado hasta hace muy poco de propiedad del Estado y de la iglesia [77].

La Ley de Cuotas [78] es considerada como acción positiva, expedida en desarrollo de la Constitución Política de Colombia de 1991 y se sustenta en el reconocimiento de la existencia de una discriminación, en la voluntad de superarla y en hacer realidad en la práctica la igualdad aceptando que la conquista formal de un derecho no es suficiente para que éste se realice. El movimiento de mujeres fue quien promovió y apoyó los diferentes procesos legislativos que se concretaron en esta ley. Después de ello algunos sectores del movimiento han presionado para que los partidos modifiquen sus estatutos y se “impongan voluntariamente” las cuotas.
Otra ley que trata de fortalecer la equidad de género y apoya directamente la ley de cuotas es la ley 823 de 2003, donde el Estado se encuentra comprometido con el establecimiento de condiciones para lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres.

En 1999 se crea la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, dependiendo directamente de la Presidencia de la República. El objetivo es estructurar la política nacional para las mujeres, transversalizar esta política en la Administración Pública y fortalecer la institucionalización de la política [79].

En términos de participación política se busca incrementar la participación de las mujeres en los partidos y movimientos políticos y en los cargos de elección popular. Igualmente en los cargos decisorios de la administración pública, haciendo para esto último, seguimiento a la aplicación de la Ley de cuotas y capacitación para su correcta aplicación.

El antecedente directo de esta Consejería es la creación de la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, así como a otros compromisos de orden internacional y como respuesta a solicitudes del movimiento social de mujeres de Colombia. En julio de 1995, mediante la Ley 188, se crea la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres. En diferentes ministerios y entidades descentralizadas se crean instancias encargadas de promover la aplicación de las políticas dirigidas a las mujeres, muchas de las cuales no funcionan en la actualidad.

En junio de 1999, el Decreto 1182 establece la transformación de la Dirección Nacional para la Equidad de las Mujeres en Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

En el 2003 (Decreto 519) se suprime, transforma y crea unas Consejerías y Programas Presidenciales.Determinan las funciones de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer: “Mujeres constructoras de paz y desarrollo”, política orientada a la paz, la equidad y la igualdad de oportunidades [80].

Las huellas de la guerra quedan grabadas en los cuerpos de las mujeres y éste es uno de los peores resultados del conflicto armado que vive Colombia. Es más la violencia sexual, ejercida por los diferentes actores armados, muchas veces es minimizado por ser considerado como un asunto privado o natural [81].

Las estrategias más desarrolladas para diseñar políticas contra la discriminación en Colombia, han sido:

La inclusión política no garantiza la representación, pero sin inclusión seguramente no se da la representación. La inclusión exige que las mujeres puedan acceder, tanto como los hombres, a cargos de poder; la representación exige que las mujeres en política y sus aliados aboguen por agendas de y para la mujer.

En 1996, en el Perú se crea el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano, que dependerá directamente de la Presidencia de la República. El 2002 este ministerio cambia su nominación y se llamará Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Social. Los planes nacionales elaborados con rectoría de este ministerio actúan como orientadores transversales para la equidad e inclusión, y son considerados en definitiva como estrategias nacionales. Dos planes aprobados resultan de vital importancia para la formulación de políticas: el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (PIO) 2006-2011 y el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer en 1993, que es el primer instrumento que se constituye frente a la violencia familiar (Ley 26260).

En Venezuela, en 1999, se constituye el Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) “Defensoría nacional de los Derechos de la Mujer” dependiendo del Ministerio de Salud y Desarrollo Social [82]. La creación de este Instituto deriva de una ley denominada ‘Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer”. También son aprobadas la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres y la Familia y el Plan Nacional de Prevención de la Violencia hacia la Mujer.

Este país firma la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) el 17 de julio de 1980 y lo ratifica el 2 de mayo de 1983. La sociedad civil elaboró recientemente el denominado Informe Sombra [83], que no es si no un informe alternativo, donde se indica que las recomendaciones dadas al actual gobierno no han sido tomadas en cuenta y que deben analizarse los alcances y consecuencias de la turbulencia política y el nivel de los enfrentamientos políticos vividos desde el año 2000 al presente.

En ese mismo informe se indica que la acción del gobierno de Hugo Chávez contra la discriminación ha sido puntual, dispersa e incoherente, como lo demuestra el hecho de que en ninguno de los Ministerios y demás organismos del Poder Ejecutivo se ha diseñado, sancionado o ejecutado ninguna política explícita integral o parcial en tal sentido. Es más, el informe señala como un problema muy grave el predominio de expresiones machistas en el discurso político del Presidente y de algunos de los líderes de su gobierno.

A fines del período presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1993, según el Informe Sombra, se promulgó la Ley de Igualdad de Oportunidades, la cual permaneció cinco años sin la sanción del Presidente Rafael Caldera. El gobierno de Chávez, antes de sancionarla, resolvió en el 2000, modificar la Ley mediante un Decreto Presidencial. La Ley en cuestión crea el INAMUJER y el Decreto elimina la representación de la sociedad civil organizada de mujeres de la Junta Directiva del Instituto, con lo cual dicho órgano está enteramente integrado por representantes del Estado.

El único país en la región que cuenta con ministerio y que tiene como objetivo la formulación de las políticas de género es Perú. En los demás casos, estas instancias se encuentran con menos posibilidades de transversalizar un enfoque de género en las políticas públicas. En el caso de Venezuela, como hemos visto, incluso se reduce las posibilidades de participación de las mujeres organizadas en los espacios de formulación de propuestas y orientaciones de las políticas públicas.

Es también importante destacar para el caso de Ecuador el trabajo con las organizaciones de mujeres para la vigilancia de la implementación de las políticas públicas. Es decir, que sean las propias beneficiarias de las políticas las que hagan seguimiento a los acuerdos adoptados e incidan en la mejora de los mismos. Esta labor de veeduría ciudadana, desde las mujeres y para las propias mujeres, es algo sobre lo que podría trabajarse a nivel de los demás países.


NOTAS:

  1. ®En los últimos diez años Ecuador ha tenido 8 Presidentes de la República y diversos cambios de representanstes y funcionarios en las diferentes funciones del Estado. La Constitución de 1998 consagra en el país el modelo liberal triunfando el interés privado por sobre los intereses públicos y nacionales. Actualmente el país se encuentra en el marco de un proceso de Asamblea Constituyente que en principio podría revertir esta situación, que permita configurar una nueva estructura política e institucional del Estado (Ver Anexo 4. Participación Política de la mujer: Caso Ecuador).
  2. ®http://www.cinterfor.org.uv/publics/spanish/regionl/ampro/cinterfor/temas/youth/cont/bol/ofi.org/index.htm
  3. ®En el presente año (2007), en la nueva Estructura Orgánica del Estado, el Viceministerio de los Asuntos de Género y Asuntos Generacionales dependen del Ministerio de Justicia. Ver: http://www.justicia.gov.bo
  4. ®BAROBERRY, Oscar; SOLIZ, Lorenzo; ROJAS, Juan Carlos. 2006.
  5. ®http://www.conamu.gov.ec
  6. ®El Consejo Nacional de la Mujer ha apoyado para que se estructuren mecanismos institucionales y legales para la igualdad de oportunidades en diferentes ministerios, 5 gobiernos provinciales y 19 municipios. Ver Anexo 4. Participación política de la mujer:
    Caso Ecuador.
  7. ®Actualmente se han diseñado y se vienen implementando programas de fortalecimiento de capacidades de los administradores de justicia: jueces, juezas y funcionarios de las Comisarías de la Mujer y la Familia y agentes de la policía.
  8. ®Ver Anexo 4. Participación política de la mujer: Caso Ecuador.
  9. ®Ver Anexo 3. Participación política de la mujer: Caso Colombia.
  10. ®Esta nueva carta magna define e incorpora derechos correspondientes a la mujer en términos de igualdad, participación en los niveles de decisión en la administración pública, igualdad de derechos y deberes de la pareja, igualdad de oportunidades, abolición de toda forma de discriminación de la mujer, protección especial en el embarazo, apoyo especial a las mujeres cabeza de familia o jefas de hogar, divorcio para matrimonios religiosos, entre otros.
  11. ®Esta Red, desde 1989 hasta 1991, marcó tendencias para unificar posiciones de las mujeres ante la Cámara y el Congreso, proceso que se constituye en un paradigma central para el avance de las mujeres.
  12. ®Es necesario recordar que el aborto aún sigue siendo ilegal y tipificado como delito; se requiere un debate hacia la despenalización total; es decir, hacia el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo.
  13. ®Esta ley está diseñada para ser cumplida por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo, tales como el Presidente del República, los diferentes ministros de despacho, directores de departamentos administrativos, superintendentes, directores, presidentes o gerentes de entidades descentralizadas, alcaldes, gobernadores y todos aquellos y aquellas que reciban delegación para estas funciones. La ley aún no aplica para entidades privadas y para aquellos cargos de elección pública y en los pertenecientes a la carrera administrativa, judicial u otras donde el ingreso, permanencia y ascenso se basan exclusivamente en el mérito. Se anota que en aquellos procesos que van por concurso de méritos y calificación de pruebas, es obligatoria la participación de hombres y mujeres en igual proporción, como integrantes de las autoridades encargadas de efectuar la calificación de las entrevistas, las pruebas sicológicas y aquellos mecanismos de evaluación que se fundan en criterios subjetivos.
  14. ®http://www.presidencia.gov.co/equidad/antecedentes.htm
  15. ®Esta política crea entre otros mecanismos el “Observatorio de Asuntos de Género - OAG” que busca reafirmar el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de la equidad de género en el país.
  16. ®Amnistía Internacional señala que la violencia sexual contra las mujeres consiste en la perpetuación de normas sociales que privan a las mujeres de autonomía, propicia la idea de que es posible apropiarse de sus cuerpos y controlar sus conductas.
  17. ®http://www.inamujer.gob.ve/inamujer.html
  18. ®Informe coordinado por la ONG “Foro por la Equidad de Género” donde participaron las siguientes organizaciones y personas:
    Centro de Investigación social, formación y estudios de la Mujer (CISFEM), Federación Venezolana de Abogadas (FEVA), Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa (AVESA), Asociación Venezolana de Planificación Familiar (PLAFAM), FUNDAMUJER, Círculos femeninos populares, Frente Nacional de Mujeres, Asociación de Hogares son violencia, entre otros.



  Organismos no gubernamentales.
La labor de las ONG en este proceso de desarrollo de políticas públicas orientadas a la reducción de las inequidades entre los géneros ha sido sustantiva, principalmente de aquellas denominadas feministas.
Estos grupos orientaron sus acciones a la incidencia en políticas públicas logrando resultados alentadores.

Las acciones desarrolladas no fueron sólo a nivel de incidencia, sino además, a nivel de promoción (trabajo directo con mujeres y sus organizaciones en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo local, planes de transferencias, representantes elegidas en los procesos eleccionarios, etc.), a nivel de estudios, diagnósticos, levantamiento de información y socialización de la misma (publicaciones [84], observatorios, sistemas de información, etc.) e incidencia en diversos niveles (gobierno, poder legislativo, organismos internacionales). En muchos de los países se estableció articulación de estos organismos con los espacios académicos [85].

Los procesos democratizadores de la región que promovieron la participación ciudadana en los espacios de toma de decisiones [86] posibilitaron la participación de las mujeres en ellos. Aunque para que se dé de manera fluida y permanente se hace necesario desarrollar acciones que promuevan esta participación. Y aquí nos encontramos como principal barrera las limitaciones que tienen las mujeres para participar en esos espacios, producto principalmente de las diversas labores que desarrollan.

En Ecuador ha sido importante el rol de algunas ONG feministas, principalmente las fundadas por mujeres con experiencia de participación política al interior de las organizaciones y partidos políticos de izquierda. Desde los años 80 las ONG fueron produciendo conocimiento alrededor de la implementación de experiencias piloto, desarrollo de metodologías y propuestas concretas que produjeron críticas importantes a las estrategias de desarrollo, hasta ese momento implementadas, que invisibilizaron a las mujeres en diferentes ámbitos. Así estas organizaciones no gubernamentales introdujeron al concepto de desarrollo el elemento de equidad de género. La labor de las ONG feministas ha permitido posicionar en la agenda social los derechos sexuales y reproductivos, sobre lo cual han recibido muchas resistencias de sectores que concentran poder ideológico sobre la sociedad en su conjunto: la iglesia, algunos partidos políticos y medios de comunicación.

En el caso del Perú se viene trabajando en el desarrollo de un enfoque de género en la inversión pública; los presupuestos sensibles al género ha sido una de las últimas políticas en las que se han encontrado tanto los organismos como UNIFEM, las ONG locales y la comunidad organizada de los territorios. Sin embargo, estas iniciativas tienen un mayor impacto en los espacios locales, reduciéndose sus posibilidades en niveles más agregados.

De otro lado, han sido las ONG en el Perú, específicamente el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, las que han llamado la atención sobre los problemas que enfrentan las mujeres rurales para obtener su documento de identidad. Esta ONG lanzó la campaña “Por los derechos ciudadanos de las mujeres rurales” en el 2003. La obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) por parte de las mujeres rurales presenta una serie de barreras en el país y pasa por factores económicos (alto costo), falta de información, carencia de partida de nacimiento, entre otros. Pero fundamentalmente, es por el machismo imperante en las zonas rurales, en las que prevalece la idea que las mujeres no necesitan documentarse porque son los hombres los que representan a la familia.

Así como ésta, se han desarrollado diversas líneas de trabajo desde las ONG que se plasman en acciones que van desde el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, urbanas y rurales, y de sus organizaciones -orientado a la promoción de una ciudadanía activa y liderazgo político de las mujeres, desarrollando sus habilidades para la negociación con los partidos y con las instancias del poder formal-, pasando por la promoción de la presencia de las mujeres en los espacios de tomas de decisiones políticas y en los cargos por elección popular, hasta brindar asesoría a la agenda legislativa aportando a mejorar la institucionalidad democrática, la descentralización, participación ciudadana, vigilancia y fiscalización de los poder públicos.

En Venezuela desde mediados de los 70 las mujeres desarrollaron formas alternativas de organización para su práctica política y social en un contexto de crisis de la democracia representativa donde el Estado era incapaz para garantizar derechos sociales fundamentales y los partidos políticos mostraban ineptitud para incorporar a nuevos actores organizados de la sociedad civil. Luego de la derrota de la dictadura de Pérez Jiménez las mujeres casi desaparecen del espectro político, quedando activas en los llamados burós o fracciones femeninas, desde las cuales realizan esfuerzos por ser reconocidas dentro de los partidos como militantes, llegando algunas a alcanzar cargos de representación nacional o regional, a través de los procesos electorales.

Las mujeres de los partidos políticos, en alianza con las mujeres de la sociedad civil organizadas por los intereses de género, impulsaron la creación de espacios institucionalizados en el Estado. Así, en el primer gobierno de Carlos A. Pérez se conforma la primera Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la República (COFEAPRE, 1974), sustituida por el Ministerio sin carrera para la Participación de la Mujer en el Desarrollo durante el Gobierno de Rafael Caldera (1979); la segunda COFEAPRE y luego el Ministerio de la Familia con la Dirección de Promoción de la Mujer en 1987; hasta la creación en 1992 del Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), el cual con la Ley de Igualdad de Oportunidades de 1999 se transformó en el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU).

A partir de 1985, las mujeres organizadas desde el feminismo y las militantes políticas constituyeron un modelo de alianzas que alcanzó importantes éxitos y que fue conocida como la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres (CONG )[87]. Esta instancia se convierte en el principal impulsor de las leyes y de la creación de las diferentes y sucesivas instancias gubernamentales para las mujeres. Después de más de veinte años de transcurridos desde su fundación, como lo indica Magally Huggins, puede decirse que la incorporación progresiva de muchas de las integrantes de esta coordinadora a las comisiones asesoras y de apoyo en las diferentes y sucesivas instancias gubernamentales, creadas para atender los requerimientos de las mujeres y dar cumplimiento a los mandatos internacionales asumidos por el Estado venezolano, fue restando autonomía a dicha coordinadora y disminuyendo progresivamente la presencia en sus reuniones y tareas de las mujeres de las organizaciones e individualidades que la constituyeron [88].

La pelea por los derechos sexuales y reproductivos son los que más polémica y división siempre traen, Venezuela no es una excepción de ello. El derecho al aborto es uno de ellos. Se ha logrado incorporar los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución, pero la reforma global del Código Penal del 2004 que incluía la reivindicación del aborto fue pospuesta en la Asamblea Nacional a favor de una reforma parcial.

De otro lado, las organizaciones de mujeres han logrado el visto bueno dado a la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia [89], como consecuencia de la aprobación en Venezuela de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (o Convención de Belém do Pará). La experiencia de las abogadas de la Federación Venezolana de Abogadas (FEVA) en la defensa y apoyo jurídico a las mujeres de sectores populares fue importante para la aprobación de esta ley.

Tal como indica el reciente Informe Sombra, desde hace más de 30 años, las universidades y algunas instituciones públicas han desarrollado una amplia y completa investigación que demuestra la existencia de patrones socioculturales y estereotipos discriminatorios y negativos para las mujeres en la sociedad venezolana, en el sistema educativo (currículo y textos) y en la programación de los medios de comunicación. En 1985, el entonces Ministerio de la Familia, elaboró un programa dirigido al combate de este tipo de estereotipos. Y en 1992, el Ministerio de Promoción de la Mujer y el de Educación iniciaron también un programa que apuntaba a la lucha concreta por la eliminación de los patrones discriminatorios y a favor de la igualdad de oportunidades. Según el informe en mención, estas iniciativas lejos de ser ampliadas y desarrolladas, desaparecieron a partir de 1999 y no han sido sustituidas por otras con fines similares.

Las organizaciones han desarrollado tareas de apoyo a las reivindicación de los derechos de las mujeres venezolanas. Los tipos de organizaciones son muy numerosas y van desde centro de estudios e investigaciones, casas de la mujer, centros de servicios alternativos, organizaciones de lucha por derechos cívicos y políticos, organizaciones de atención a la violencia doméstica, etc.

Sin embargo, como indica el Informe Sombra, existe una pretensión del gobierno de Hugo Chávez de ejercer control sobre las organizaciones civiles autónomas. Muchas de estas organizaciones han sido acusadas ante los tribunales de conspiración o de traición a la Patria y están siendo sometidas a procesos penales. Es más, el gobierno ha anunciado que introducirá en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para el control de todas las subvenciones a ONG, según la cual la cooperación técnica internacional o regional no podrá negociar libremente su apoyo técnico o financiero a las organizaciones de la sociedad civil sin el control del gobierno.



NOTAS:

  1. ® En el Perú, de acuerdo a información registrada por Henriquez (2003) hay una producción total de publicaciones que supera los trescientos títulos entre publicaciones de ONG y de la Universidad Católica. Una de las ONG feministas reconocida en el país, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, es la que mayor número de publicaciones ha editado (53). A nivel de las ONG los temas priorizados han sido política, desarrollo, derechos, violencia sexual y salud y sexualidad y el tema menos atendido, tanto por las ONG como por la Universidad Católica, ha sido el económico.
  2. ®Un ejemplo de ello es la Maestría de Género, Sexualidad y Políticas Públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, Perú) que se desarrolla en convenio con el Centro Flora Tristán, reconocida ONG feminista.
  3. ®En el Perú, como producto del regreso del país a los cauces democráticos, se convirtió en política pública la programación participativa del presupuesto público.
  4. ®Creada el 22 de marzo de 1985 bajo el impulso de la Cumbre Mundial de Nairobi, con la que concluía el Decenio de la Mujer decretado por las Naciones Unidas en México – 1975. Esta instancia logra la incorporación de las demandas de las mujeres en la Reforma de la Ley Orgánica de Trabajo, para lo cual organiza y desarrolla acciones de calle altamente publicitadas aunque no muy numerosas, como las tomas de las puertas del Congreso de la República, por ejemplo.
  5. ®Esta instancia se convirtió en el principal interlocutor del Estado y dependía económicamente de los subsidios o convenios que firmara con éste.
  6. ®Aprobada en 1998 y entra en vigencia en enero de 1999.



  Iglesia Católica
La única religión verdadera, las únicas ideas válidas, el único sexo con capacidad de gobernar, y cualquier otra forma de negar a los otros y a las otras, a sus culturas y convicciones, han sido los paradigmas y estereotipos usuales en la mayor parte de la historia de la humanidad.

Patricio Dobrée y Line Bareiro.
Estado Laico, base del pluralismo (2006).

Luego del ciclo dictatorial en América Latina –entre los años 60 y 70-, la posterior democratización trajo consigo el reconocimiento del pluralismo político, de las libertades fundamentales, de la igualdad de las mujeres, de los Estado aconfesionales. Pero las luchas de sectores democráticos, principalmente de las organizaciones feministas y de los grupos gay lésbicos por los derechos sexuales y reproductivos, mostraron que la injerencia de las iglesias católicas nacionales y del Vaticano seguía tipificando los pecados como delitos.

Con la “Declaración sobre la libertad religiosa” del Concilio Vaticano II, se produjo un pronunciamiento oficial sobre la separación entre la iglesia y el Estado. Hasta ese momento, desde la conversión del Emperador Constantino hace más de 17 siglos, se consideró que las leyes civiles deberían adecuarse a las enseñanzas morales enmarcadas dentro del dogma cristiano.

La vulneración del principio de laicidad se presenta cuando el Estado y las iglesias, a través de sus funcionarios públicos y representantes, confunden el derecho y las políticas públicas, con la moral y la religión como sus bases, en particular en el campo de la familia, el matrimonio, la sexualidad y la reproducción.

La frase “lo personal es político” adquiere mayor dimensión cuando de derechos sexuales se trata. El derecho de las personas para decidir autónomamente sobre sus cuerpos y sus vidas. La conversión de los derechos reproductivos en derecho humano se debe a la acción política de las organizaciones feministas y del movimiento amplio de mujeres. Como resultado de esto se logró que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dispusiese que los Estados miembros eliminaran la discriminación de la mujer en la esfera de la atención médica y se lograra el acceso a servicios de este tipo, incluyendo los referidos a la planificación familiar [90].

Y ha sido sobre estos puntos donde mayores resistencias se han presentado por parte de la iglesia católica. En Brasil, Panamá, Chile, El Salvador y Nicaragua se opusieron a la ratificación de este Protocolo Facultativo bajo el argumento de que abría las puertas al aborto, el lesbianismo y la prostitución [91]. El uso de anticonceptivos, la despenalización y legalización del aborto, el divorcio, el reconocimiento del matrimonio homosexual, entre otros, han sido los temas de tensión. La iglesia católica enseña que no se debe permitir nada que bloquee la transmisión natural de la vida y por tanto condena los métodos anticonceptivos como la píldora o los preservativos, sólo aprueba las prácticas naturales de planificación familiar [92].

Los derechos sexuales tienen como bien protegido la libertad sexual; es decir, la decisión autónoma sobre qué relación sexual se quiere, con quién y cuándo tenerla. La iglesia católica considera que no debe haber libertad sexual y que solamente debe haber relaciones sexuales en el matrimonio y con fines reproductivos y no de placer.

De esta manera, las luchas de sectores democráticos, principalmente de las organizaciones feministas y de los grupos gay lésbicos por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, se centran en la consecución de un Estado Laico, convirtiéndose en una de las recientes batallas emprendidas por el movimiento feminista [93]. Si en el pasado algunos prelados fueron amigos naturales de las dictaduras castrenses, bajo el pontificado de Juan Pablo II se esforzaron por apoyar movimientos denominados “en favor de la vida” que a su vez obstaculizaron cualquier avance en materia de salud sexual y reproductiva.

En los países de la Región Andina: Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela las relaciones de los Estados con el Vaticano se rigen mediante un concordato, donde se establecen estatus privilegiados para el clero católico, aún cuando las constituciones políticas de estos países reconocen la libertad de culto. En varios de estos países los Estados han reconocido los vicariatos castrenses [94] donde la población de las fuerzas armadas y policía nacional, incluyendo a los familiares de éstos, son atendidos pastoralmente por el clero católico [95]. La posición de la iglesia católica es reacia a aceptar como posible aquello que no considera como norma según sus criterios.

La iglesia católica no ha firmado prácticamente ninguno de los tratados internacionales concernientes a la discriminación contra la mujer, la convención contra la tortura, ni la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ni la Convención por los Derechos del Niño y sin embargo, ostenta el título de observador permanente ante las Naciones Unidas.

Las recientes campañas por la defensa y ampliación de los derechos sexuales y reproductivos desarrolladas en estos países han traído consigo la respuesta confrontacional de la iglesia católica. La influencia de la jerarquía católica cuenta con apoyo en los gobiernos, en medios de comunicación, políticos y líderes de opinión y muchas mujeres que ingresan a la política tienden a hacer suya estas propuestas conservadoras.

En Bolivia, en 1996 se produjo un gran debate en torno a la despenalización del aborto, las posiciones doctrinarias de varias iglesias evangélicas y cristianas coincidieron con la jerarquía católica en contra de esta propuesta. Es más, la Comisión Episcopal de Doctrina y Fe del episcopado boliviano en Cochabamba, por medio del arzobispo emérito declara el 25 de marzo como Día del Niño o Niña por Nacer.

Marketing Diagnosis y el Comité Coordinador de la Campaña 28 de septiembre realizaron una encuesta nacional [96] entre 1836 personas (mitad varones, mitad mujeres) en catorce ciudades de Bolivia, con preguntas específicas, que arrojó los siguientes resultados: 68% de personas estaban a favor del aborto legal cuando la vida de la mujer corre peligro; el 68% cuando la mujer tiene SIDA, el 56% en caso de incesto, el 53% en caso de violación y el 45% en caso de malformación fetal.

Según esta encuesta, el 42% de los católicos, el 34% de los evangélicos y el 54% de los que no practican ninguna religión discrepan de la posición de la jerarquía católica sobre el aborto. Empero, las posiciones doctrinarias de varias iglesias evangélicas y cristianas e incluso de otras filiaciones coinciden total o parcialmente con la jerarquía católica, como se evidenció en declaraciones de sus ministros de culto.

Así como se tuvieron políticos que respaldaron la posición de la iglesia católica, también se contó con personas influyentes y cercanas a las causas progresistas. Gonzáles Ruiz (2005) registra las afirmaciones que hiciera en una rueda de prensa en 1997 el ex Presidente boliviano, Carlos Mesa Gisbert, cuya reproducción en este espacio nos parece sumamente importante:

El primer desafío del Estado boliviano es dejar de ser rehén de la presión religiosa, lo que no quiere decir no respetar profundamente las condiciones de análisis que las iglesias tienen en nuestro país. Yo entiendo perfectamente la posición de la iglesia católica que es coherente con su visión del mundo, con su visión de la espiritualidad, lo mismos de las iglesias de otras denominaciones también vinculadas al cristianismo. No critico el punto de vista de la iglesia y estimo que quien es un practicante de la religión deberá dar una respuesta ética a este desafío. Pero se trata de un elemento vinculado a la conciencia de cada uno. No puede el Estado Boliviano no tener la capacidad de responder al desafío de salud pública que se plantea, sólo porque la iglesia católica o las otras iglesias lo están presionando para que se siga en una posición que es peligrosa para la salud pública en este país. Hay que preguntar, además: ¿se está respetando lo que dice el Código Penal sobre los abortos producidos en circunstancias que no tienen duda (a partir de la violación, el incesto, el rapto, etc.)? me da la impresión que ni siquiera en esos casos la mujer tiene la capacidad de contar con un respaldo de salud seguro. Si no somos capaces de que se cumpla lo que la ley permite en casos extremos de práctica de aborto, ¿seremos capaces de encarar de una manera responsable, seria y coherente el problema de fondo?.

Rueda de prensa sobre el aborto –
Comité Coordinador de la Campaña 28 de septiembre.
Bolivia, 3 de octubre de 1997.

En el 2006 se presentó la ley de salud sexual y reproductiva que significó un nuevo espacio de debate; sin embargo, la despenalización del aborto, tema que genera preocupación por los altos niveles de mortalidad en las mujeres, no fue recogida. En los espacios de debate sale a la luz la doble moral, el prejuicio, los tabúes que colocan a la mujer como objeto sexual.

La jerarquía de la iglesia católica presenta muchas resistencias a la promoción de la participación política de las mujeres y en específico al goce de sus derechos sexuales y reproductivos. Esta institución es una organización dotada de poder y con un fuerte grupo de aliados en puestos estratégicos que incorporan sus propuestas en la Asamblea Constituyente.

En Ecuador la lucha más cercana por los derechos sexuales fue el de la despenalización de la homosexualidad, lograda en 1997. Se conformó un grupo dinámico de activistas denominado “Triángulo Andino”, organización que se dedicó a la defensa de los derechos de las minorías sexuales. Otra organización que asumió la misma causa fue la Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador, red de los diversos grupos de DD.HH., entre los que figuraba la Agrupación “Coccinelle”, la primera organización transgénero de este país.
La iglesia católica y grupos fundamentalistas, especialmente PROVIDA, han realizado campañas de comunicación utilizando los medios de masas, acciones de lobby y cabildeo para obstruir la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Salud, que presenta adelantos en la salud pública e incluye preceptos de respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres desde un enfoque de salud integral, e indica la necesidad de educación sobre la sexualidad. Producto de la presión de estos grupos se ha tenido como resultado lo siguiente:

  • 23/05/06. El Tribunal Constitucional del Ecuador en alianza con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana resuelve: La pastilla de emergencia (PAE) o pastilla del día después (PDD) NO podrá ser vendida en el Ecuador por atentar contra la vida de los niños no nacidos.

  • 01/06/06. El Presidente de la República, según decreto de presidencia No. 1441, declaró fecha oficial del Día del Niño por Nacer el 25 de marzo, en el que adicionalmente orienta a que:

    Ministerios de Educación y Cultura y Bienestar Social en el ámbito de su competencia implementarán las acciones necesarias en planteles educacionales, instituciones de asistencia social y benéfica, que promuevan y promocionen programas y festejos en honor de los niños no nacidos y de la vida.
  • En el período legislativo pasado, con el apoyo de partidos en el Congreso, se logró “congelar” la discusión de una propuesta de Ley para despenalizar el aborto en casos de embarazo forzado por violación o cualquier tipo de abuso.


Hacia fines del 2006 se aprueba la nueva Ley Orgánica de Salud, y serán cuatro artículos de la misma los que generen protestas por sectores vinculados a la iglesia católica y grupos fundamentalistas, aquellos referidos al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos [97], aduciendo que ello sólo permitía el ingreso ilegal a nuestro país de las transnacionales del aborto, la promiscuidad juvenil y el uso indiscriminado de anticonceptivos a partir de los doce años de edad.

En Venezuela la despenalización del adulterio y el aborto generó una fuerte oposición de la iglesia católica. En el 2005, alrededor de 70 organizaciones defensoras de derechos de las mujeres de Venezuela solicitaron a la Asamblea Nacional que despenalicen el adulterio y el aborto en la reforma del Código Penal. La Conferencia Episcopal Venezolana se manifestó en contra de la legalización del aborto por razones religiosas, éticas y jurídicas. “La despenalización del aborto provocado significaría el abandono de un valor ético fundamental en todo ordenamiento jurídico y en toda convivencia social”, indicaron.

En Colombia la campaña por la exigencia al derecho al aborto, tuvo como lema: el sexo, cuando yo lo quiera; el embarazo, cuando yo lo decida. Activistas de esta posición presentaron una demanda cuestionando la constitucionalidad de la prohibición del aborto. Se estima que en este país se realizan más de 400 mil abortos al año, la mayoría en pésimas condiciones sanitarias. La iglesia católica opuso una fuerte resistencia y presentaron una apelación ante la Corte Constitucional por parte del Centro Pastoral Familiar de la iglesia católica.

En el Perú uno de los miembros más representativos del Opus Dei [98], el Cardenal Juan Luis Cipriani [99] opinó en su programa de radio de emisión semanal que la familia es donde se encuentra el primer recurso humano y es por eso que los Estados no deben dividirla en temas como el divorcio ante un notario o la píldora del día siguiente; sino mas bien cuidarla y protegerla. La píldora del día siguiente fue una de los temas que despertó las iras santas de este prelado, aún cuando la opinión pública está a favor del uso de los métodos anticonceptivos (86%)[100].

En el 2003, el ministro de Salud de ese entonces, Fernando Carbone, aprobó nuevas regulaciones que exigen a las mujeres registrar sus embarazos desde el momento de la concepción y emitió una propuesta de reformas legales para reemplazar la actual Ley General de Salud limitando los derechos reproductivos de diversas formas, incluyendo el otorgamiento de derechos legales a los óvulos fertilizados, desde el momento de la concepción. En este período se produjo una injerencia poderosa en políticas y programas por parte de los sectores fundamentalistas de la iglesia católica y otras organizaciones y movimientos conservadores.

Monseñor Juan José Larrañeta, secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, indicó en una entrevista que la iglesia católica ha hecho méritos desde los inicios de la República para obtener, por parte del Estado, un trato preferencial en aspectos educativos, beneficios tributarios y privilegios en la esfera pública, los cuales datan de un Concordato firmado entre el Vaticano y el último gobierno militar en el año 1980 [101].

El balance realizado por organizaciones de la sociedad civil en el Perú, a diez años de la Conferencia de Población y Desarrollo (1993), daba cuenta que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se veía limitado en el caso de las mujeres, adolescentes y niñas, especialmente cuando no se aceptaba la perspectiva transversal de género y de derechos humanos en las políticas y los programas a los que las conferencias de El Cairo y Beijing comprometían, igualando equidad de género con igualdad de oportunidades. Las acciones de monitoreo a los acuerdos de esta conferencia se han visto restringidas por la denominada Ley de la Mordaza, impuesta por el gobierno norteamericano. El contexto nacional e internacional de políticas neoliberales y puritanas refuerzan la discriminación por género. Sumado a ello, se encuentra que los temas morales respecto de la sexualidad han sido asumidos por las iglesias, difundiéndose mensajes adversos a asuntos de género y salud reproductiva.



NOTAS:

  1. ®Artículo 12, inciso 1.
  2. ®No prosperó ello en Brasil y Panamá; sin embargo, se logró la no ratificación de los instrumentos en Chile, El Salvador y Nicaragua.
  3. ®A propósito de la votación de los políticos que en Ciudad de México votaron a favor de legalizar el aborto, el Papa Benedicto XVI indicó que no deberían recibir el sacramento de la comunión.
  4. ®La separación iglesia-Estado es un concepto legal por el cual las instituciones del Estado y el gobierno nacional se mantienen al margen de instituciones religiosas.
  5. ®Capellanes y prelados militares, con atribuciones dentro de las fuerzas armadas, reconocidas por los gobiernos respectivos (concordatos o convenios con el Vaticano).
  6. ®En Bolivia el vicariato castrense fue erigido en 1961, como resultado del Primer Acuerdo de Servicio Religioso del 29/11/1958, entre el Papa Juan Pablo II y el presidente Hernán Siles Suazo. En el Perú se hizo el 10/11/1999, teniendo como presidente a Alberto Fujimori. Aquí el Ministerio de Defensa apoya económicamente al obispo militar y a los policías se les obliga a asistir a misa o rezar el rosario. En Ecuador el vicariato castrense fue creado el 03/08/1978 y en Colombia el 13/10/1949. En Venezuela la presencia del clero fue instituida como capellanía en 1946.
  7. ®Información publicada en La Razón, 31 de diciembre de 1996.
  8. ®El Art. 24. Los programas de planificación familiar garantizarán el derecho de decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos y el acceso a métodos anticonceptivos. Art. 28. El Ministerio de Educación elaborará políticas y programas educativos, de implementación obligatoria en los establecimientos de educación, tendientes a la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva, la prevención de embarazos en adolescentes. Art. 30. Los servicios de salud no podrán negarse a interrumpir un embarazo en los casos previstos por el Código Penal. Art. 32. La atención de las violencias y de sus consecuencias se realizará con enfoque integral e incluirá la rehabilitación de la persona agresora. Los servicios de salud tienen la obligación de atender los casos de violencia intrafamiliar y sexual y denunciar a los organismos competentes, así como suministrar anticonceptivos de emergencia.
  9. ®Obra de Dios. El analista Merike Blofiel de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill estudió el impacto del Opus Dei en Chile, sostiene que se trata de una sociedad semisecreta con un ideario que ha encontrado eco muy favorable en las élites conservadoras de América Latina, especialmente cuando las campanas de la iglesia llaman a combatir el aborto, la educación sexual y la legalización del divorcio. Presidentes –Uribe en Colombia, Noboa en Ecuador-, ministros, empresarios millonarios de varios países de América Latina están ligados al Opus Dei por lazos de colaboración, simpatía o por militancia activa.
  10. ®Es miembro numerario de la Obra y opositor de los grupos de derechos humanos, su frase: los derechos humanos son una cojudez, pasó a la historia de la infamia en el Perú.
  11. ®V Encuesta anual sobre la situación de la mujer. Lima Metropolitana y Callao. Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima. Febrero, 2007.
  12. ®www.ideeleradio.org.pe.
    http://www.ideeleradio.org.pe/look/portal/printf.tpl?IdLanguage=13&IdPublication=7&NrIssue=35&NrSection=71&NrArticle=13443.
    Informe especial: El Perú: ¿Un Estado Laico? Por Carlos Yancul. Transmitido el 23 de enero del 2007 a las 8:00.
  13. ®La Coordinadora de la Mujer, la Articulación de las Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI), el Foro Político Nacional de Mujeres, la Plataforma de la Mujer y 10 Equipos Técnicos Departamentales, en el marco del proyecto “Mujeres y Asamblea Constituyente”, implementaron más de 400 talleres y encuentros a lo largo del país (en los 9 departamentos y en la ciudad de El Alto), más de 150 municipios urbanos y rurales, y 12 organizaciones matrices, donde alrededor de 20,000 mujeres representando a más de mil organizaciones de mujeres y mixtas.
  14. ®Se reivindica de manera particular los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para decidir sobre el número de hijas e hijos que quieran tener; su espaciamiento y a ejercer autonomía y libertad sobre su propio cuerpo.


  Organizaciones de mujeres
La población que se vio más afectada por las medidas adoptadas por nuestros gobiernos e influidos por los lineamientos del Consenso de Washington, fue la de los sectores de menores recursos económicos.

Estas poblaciones, principalmente las mujeres, se organizaron para acceder a programas de complementariedad económica, salud, entre otros. Estas organizaciones son instituciones de participación que surgen por las necesidades que tienen los pobladores especialmente los grupos más vulnerables, madres, niños y ancianos. Las organizaciones de base tienen sus orígenes en el agudo problema de la pobreza y la marginación urbana, donde su lucha se centra en la subsistencia de las familias. Es así, que empieza la politización de lo cotidiano, obteniendo nuevos roles protagónicos y espacios de representación. En el caso peruano se pueden resaltar antecedentes asociados al ámbito sindical y a movilizaciones por la vivienda y la subsistencia. La acción política de las mujeres no se ha desarrollado en buena medida dentro de los partidos políticos.

Las madres de estas organizaciones populares son grupos de acción cívica y política donde las mujeres tuvieron un fuerte protagonismo. Una de las características de esas luchas es la vinculación con la defensa a la vida y cuidado de aspectos reproductivos de la familia (Del Águila: 2004).

Actualmente Bolivia se encuentra en el proceso de la Asamblea Constituyente, el mismo que nace de la movilización de diferentes expresiones de los movimientos sociales, donde la participación de las mujeres ha estado presente desde sus inicios [102] y ha hecho llegar sus propuestas hacia dicha asamblea.

Estas mujeres definen que la nueva carta magna debe contener los siguientes principios:

  1. Equidad y de Acción Positiva. El objetivo es reducir las brechas que impiden el ejercicio y goce de los derechos de las mujeres y en función de ello, plantear la redistribución del poder, el acceso a la toma de decisiones y los beneficios del desarrollo contemplando realidades étnicas, sociales, culturales y de género: sólo así será posible obtener reales condiciones de igualdad entre varones y mujeres. Por tanto, debe implementarse el principio de equidad y un tratamiento jurídico diferenciado a través de medidas de acción positiva, no sólo entre géneros, sino también entre regiones y sectores poblacionales de la sociedad.

  2. De igualdad y no Discriminación. El Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al ejercicio y goce de los derechos humanos, debe prohibir y sancionar la discriminación directa o indirecta contra las mujeres. El principio de igualdad jurídica para varones y mujeres sin importar la raza, el sexo, el estado civil, el género, el origen étnico, la orientación sexual, la edad, la religión, la cultura, la lengua, el color, la nacionalidad, la condición social, por discapacidad, por embarazo, entre otros.

  3. Reconocimiento de los derechos específicos. La consagración de derechos para las mujeres está dada por el reconocimiento de la diferencia dentro del paradigma que acepta como universal la existencia de dos sexos que tienen necesidades biológicas y culturales diferenciadas. Por ello, se habla de derechos específicos de las mujeres y debe ser obligación del Estado boliviano informar sobre los mismos y garantizar su cumplimiento. Al respecto, debe ser una alta función del Estado el garantizar, debido a los altos índices nacionales, la no violencia familiar o doméstica y/o laboral y que ello deba estar inscrito en la nueva Constitución. Asimismo, es necesario se reconozcan derechos y se brinden garantías legales que refieran a las diferencias sexuales entre varones y mujeres, principalmente los vinculados a los derechos sexuales y reproductivos [103].

  4. Democratización y reconocimiento del valor del trabajo doméstico. La reproducción humana como bien social significa un “alto costo” transferido a las mujeres, como parte de un sistema de género, patriarcal y excluyente. La subordinación femenina permanece anclada en el ámbito privado, legitimada por una jerarquización y valoración de lo masculino, así como por relaciones de poder que se consolidan en la esfera pública y privada. La democratización del trabajo doméstico es una necesidad que debe ser abordada por el Estado promoviendo la participación de los hombres en las responsabilidades al interior del hogar. El Estado debe reconocer y visibilizar el trabajo reproductivo y/o doméstico no remunerado que realizan las mujeres en la esfera privada asignándole un valor reconocido por la economía y la sociedad en su conjunto.
  5. Homologación de derechos. Se plantea elevar a la categoría de Derechos Constitucionales todos los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado boliviano, en los que se protege el goce y ejercicio de los derechos humamos.
  6. Lenguaje no sexista. La redacción de la nueva constitución debe tener un lenguaje no sexista, visibilizando tanto a varones como a mujeres, a fin de que no se emplee de manera reiterada y exclusiva términos y vocablos masculinos como inclusivos de las mujeres, ya que refuerza prácticas discriminatorias y legitima relaciones de poder al destacar el protagonismo de los hombres e invisibilizar, ignorar y descalificar la práctica y la presencia de las mujeres en la sociedad.


Para este colectivo es claro que reconocer a las mujeres como sujetos de derechos supone un “ajuste gradual del principio de universalidad y de igualdad a las diferencias humanas que se constituyen en discriminación”. Ello significará un cambio en la visión patriarcal y de subordinación en las relaciones entre varones y mujeres superando el sesgo masculino con que históricamente se han concebido y ejercido los derechos humanos en nuestras sociedades.

Aunque no es un efecto directo de la Ley de Cuotas o de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, muchas organizaciones de la sociedad civil, especialmente campesinas e indígenas, están tomando en cuenta la participación de la mujer en sus estatutos, aunque sea en porcentajes mínimos.

En Ecuador las luchas llevadas por el movimiento sindical y los partidos de izquierda han sido la base para lograr avances y profundidad en las conquistas de las mujeres [104], pero será desde la década de los 70 que la problemática femenina deje de ser patrimonio de los grupos de izquierda y sindicales, cuando los gobiernos irrumpen con el apoyo, ayuda y promoción de la mujer de diversos sectores sociales.

En cuanto a la reivindicación de participación política activa de las mujeres, un papel central lo ha tenido la Coordinadora Política de Mujeres, que incide en el Estado para que se estructure una institucionalidad encargada de la rectoría de las políticas relacionadas con las mujeres lográndose la constitución del Consejo Nacional de Mujeres.

En la década de los 90 cristaliza un proceso cuya gestación se había dado años atrás: la irrupción del movimiento indígena y del movimiento de mujeres, movimientos que han tenido un rol preponderante en la generación de condiciones favorables para el ejercicio de la política desde estos sectores que antes estuvieron excluidos, cuyas demandas específicas obtuvieron reconocimiento formal en el proceso de la Asamblea Constituyente de 1998.

Los temas de agenda han sido varios: violencia contra la mujer (se logró la aprobación en 1995 de la Ley contra la violencia a la mujer y la familia), participación por la lucha igualitaria en las elecciones (se logra la vigencia de la Ley de Cuotas de carácter progresivo hasta alcanzar la paridad), los derechos sexuales y reproductivos, plan de igualdad de oportunidades, entre otras.

En Colombia la condición de mujer cabeza de familia es una cara nueva de la feminización de la pobreza [105]. Poco o nada se ha hecho para el mejoramiento de la calidad de vida de la situación de estas mujeres, aún realizándose iniciativas de incidencia política y de resistencia a esta situación en Colombia a cargo de diferentes organizaciones de mujeres [106]. La política de Justicia y Paz presenta muchas falencias en todas las etapas del desplazamiento que afectan particularmente a las mujeres [107]. Frente a ello se vienen adelantando esfuerzos para que en esta política de Justicia y Paz queden incorporadas las necesidades y acciones positivas de las mujeres, incorporando los estándares del género contenidos en el Estatuto de Roma, haciendo visible el efecto desproporcionado del desplazamiento en la vida de las mujeres e incidiendo en la definición de las políticas de carácter nacional y local. Las organizaciones de mujeres han planteado debate y exigencias respecto a la situación general del desplazamiento y su tratamiento por parte de las políticas públicas.

A nivel de la presencia de las mujeres en puestos dirigenciales ésta tiende a ser bastante reducida, como se indica en el siguiente cuadro:

En el Perú, las poblaciones con menores recursos económicos constituyeron diversos tipos de organizaciones. Las organizaciones populares de mujeres surgieron asociadas a programas asistenciales implementados por los gobiernos y apoyadas por organizaciones no gubernamentales desde la década de los cincuenta, se pueden resaltar antecedentes asociados al ámbito sindical y a movilizaciones por la vivienda y la subsistencia.

Las mujeres formaron principalmente los denominados Clubes de Madres [108], Comités de Vaso de Leche [109], Comedores Populares [110], Wawa Wasi[111] y otras como Juntas vecinales, asilos, albergues, etc.

Las organizaciones populares de mujeres tienen como objetivo responder a las necesidades que su condición de menor acceso a recursos económicos plantea a los miembros de su familia.

Según la Encuesta Nacional de Municipalidades e Infraestructura Socio-económica distrital desarrollada en 1997, en el Departamento de Lima existían en ese año alrededor de 21,317 organizaciones sociales.

De éstas, el 98,8% son dirigidas por mujeres (Club de madres, comedores populares, vaso de leche y wawa wasi), teniendo como beneficiarios a cerca de 2 millones de personas (1,764,558) entre ancianos/as, niños/as, jóvenes y adultos/as. Este número se incrementa en 28,2% respecto a 1994. Esto se debe a que los pobladores de bajos recursos se agrupan para participar en las diversas actividades orientadas a la atención de necesidades básicas de la población.
De este total de organizaciones dirigidas por mujeres, el Vaso de Leche significa el 67,9%; le siguen los comedores (13,5%), los clubes (13,0%) y los Wawa Wasi (5,6%).

La constitución de estas organizaciones de mujeres evidenció la capacidad organizativa de las mujeres de menores recursos para resolver situaciones en las que se veían afectadas, entrando en diálogo directo con el Estado y sus representantes, cuestionando y solicitando la ampliación de programas sociales que atendieran las necesidades básicas de estas poblaciones. Mientras por un lado, el movimiento de pobladores –compuesto principalmente por varones adultos–, cuyo protagonismo se da en la construcción de nuestras ciudades (ocupación de terrenos para la vivienda) y en la posibilidad de sindicalización, perdían capacidad para articular sus demandas hacia el Estado, las organizaciones populares de mujeres empezaron a adquirir un protagonismo sustantivo, cuestión vinculada a la incidencia de la repercusiones negativas de las políticas económicas liberales en el bienestar social.

Si bien en estas organizaciones se daba la posibilidad de construcción de nuevos liderazgos femeninos, no ocurrirá de igual modo en las organizaciones tradicionales (sindicatos, gremios, etc.), donde las mujeres aún mantienen niveles bajos de representación.

Al respecto, un caso ilustrativo es el principal gremio de trabajadores en el Perú: Confederación General de Trabajadores en el Perú (CGTP). De los 40 miembros que tienen a su cargo diversas secretarías, el 12,5% están ocupadas por mujeres: sólo 5 mujeres tienen bajo su responsabilidad las secretarías de esta central: economía y finanzas (1), de la mujer trabajadora (1), micro y pequeña empresa (1), asuntos agrarios (1). En los demás casos todos son varones.

Es decir, la posibilidad de participación y representación política de las mujeres en las instancias de la sociedad civil aún dista mucho de ser paritaria, quedando pendiente la sensibilización e influencia en estos espacios.
De otro lado, tal como ha quedado demostrado, las mujeres se organizan y movilizan esencialmente para procurarse y procurar a su familia de medios de subsistencia. En ese sentido, pueden subrayarse dos cuestiones que resultan fundamentales para la movilización democratizadora de las mujeres en el área andina.

Primero, la pobreza agrega demandas pero imposibilita la generación de intereses; así, las relaciones que entablan con el Estado y los otros actores sociales no promueven la negociación para el consenso.

Segundo, las dificultades para generar intereses de género limitan de manera importante su potencial movilización en este sentido, teniendo como resultado que, muchas veces, las reivindicaciones logradas aparezcan como gracias concedidas por el Estado.

En Venezuela, los Círculos Femeninos Populares (CFP) es una de la instituciones que más ha incorporado el pensamiento feminista y su consecuente enfoque de género, en el trabajo de organizar a las mujeres en los sectores populares. Los Círculos surgieron en 1974 fundado por mujeres de los barrios caraqueños con el apoyo de mujeres de orientación católica. Esta organización, según Huggins, ha mantenido su independencia como instancia organizativa autónoma, que genera su propia manera de trabajar y que se basa en la práctica de las mujeres de los sectores populares, aún cuando tenga apoyo de mujeres de clase media y/o feministas y haya participado en proyectos de origen gubernamental.

Los CFP también participaron activamente junto a mujeres de todas las tendencias políticas, religiosas, feministas o no, en el proceso de Reforma del Código Civil y de la Ley Orgánica del Trabajo, realizando tareas en los barrios, explicando por qué esas leyes debían ser reformadas en beneficio de las mujeres y evolucionando junto con aquellas de la clase media que les servían de apoyo, en una conciencia feminista cada vez mayor, manteniendo siempre su autonomía como organización de mujeres.

Para 1995, de acuerdo con Huggins, los CFP sufrieron las consecuencias del deterioro creciente de las condiciones de vida en los barrios de Caracas y las ciudades más importantes. Desde entonces muchas mujeres volvieron a la provincia de donde habían partido hacia Caracas, llevándose su experiencia organizativa y generando un crecimiento de los CFP en el interior del país. En el año 2004 se reunieron en un congreso para conmemorar los 30 años de los CFP, y con aproximadamente 300 delegadas de todo el país revisaron los logros y se propusieron nuevas metas y procedimientos para alcanzarlos a corto y mediano plazo.

Con el actual gobierno, después del intento nada exitoso de crear los Círculos Bolivarianos Femeninos, el INAMU creó los llamados Puntos de Encuentro a fin de “relacionar a la base de mujeres” con el Estado. Esta tarea se realiza a través de la Dirección de Regiones y Participación Comunitaria, responsable al mismo tiempo de fortalecer y promover la organización de mujeres.


NOTAS:

  1. ®La Coordinadora de la Mujer, la Articulación de las Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI), el Foro Político Nacional de Mujeres, la Plataforma de la Mujer y 10 Equipos Técnicos Departamentales, en el marco del proyecto “Mujeres y Asamblea Constituyente”, implementaron más de 400 talleres y encuentros a lo largo del país (en los 9 departamentos y en la ciudad de El Alto), más de 150 municipios urbanos y rurales, y 12 organizaciones matrices, donde alrededor de 20,000 mujeres representando a más de mil organizaciones de mujeres y mixtas.
  2. ®Se reivindica de manera particular los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para decidir sobre el número de hijas e hijos que quieran tener; su espaciamiento y a ejercer autonomía y libertad sobre su propio cuerpo.
  3. ®Ver Anexo 4. Participación política de la mujer: Caso Ecuador.
  4. ®Son discriminadas, sufren mayor proporción de violencia física, sexual y psicológica que los hombres, asumen las labores reproductivas no remuneradas dentro de su familia y, en circunstancias de crisis, las de la comunidad; obtienen ingresos económicos inferiores a los de los hombres bien sea porque son vinculadas a trabajos subvalorados o porque no les pagan igual que a ellos en el mismo trabajo.
  5. ®Se cuenta con la Red Nacional de Mujeres, la iniciativa de Mujeres por la Paz, el Observatorio de Derechos de las Mujeres, la Liga de las Mujeres Desplazadas, la Mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado, la Ruta Pacífica de las mujeres, La Organización Femenina Popular, Mujeres Pacíficas, La Red Departamental de mujeres del Chocó, La Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR) y ANMUSIC, entre otras.
  6. ®No existe una política de atención relacionado con el derecho a la integridad física, psicológica y moral en especial frente a la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y de prevención frente a la violencia y la explotación sexual, ni una política para mujeres con jefatura femenina o con integrantes más vulnerables.
  7. ®Son organizaciones sociales que agrupan a las madres de determinados sectores del distrito con la finalidad de realizar actividades productivas o de servicios, por lo general, son talleres ocupacionales, o participan en la preparación de desayunos, almuerzos, paseos, etc.
  8. ®Son organizaciones de carácter permanente que asumen un conjunto de acciones en el campo social, administrativo y técnico, con la finalidad de proporcionar desayuno a los niños, madres gestantes y lactantes y personas de la tercera edad.
  9. ®Son organizaciones orientadas a beneficiar a la población, prioritariamente al grupo materno – infantil, por ser el grupo más vulnerable.
  10. ®Este programa se inicia en 1994 y brinda atención integral a los niños de madres que laboran diariamente.



  Avances y limitaciones en la participación política
El Banco Mundial, organismo internacional que influye en la adopción de políticas en los países de la región, utiliza varios argumentos para la producción de cambios en los asuntos de nuestra gobernabilidad. Desde los referidos al traspaso del poder, recursos y responsabilidades a unidades subnacionales de gobierno, a través de la descentralización, desconcentración y delegación de funciones públicas; pasando por los de apoyo a la descentralización -el aumento de la eficiencia en la gestión del desarrollo-, hasta los efectos positivos que podrían tener en la gobernanza las buenas prácticas, y la participación de las ciudadanías locales, así como estrategias exitosas para el desarrollo.

Como se indica en el Informe de Colombia[112] al asociarse la descentralización a una mayor decisión en las esferas locales, se entiende inmediatamente beneficiosa para las mujeres, pues permite, al menos en teoría, que puedan tener mayor acceso a los espacios de decisión local. Pero la realidad es más compleja. El gobierno local es el nivel más cercano a los hombres y mujeres que habitan en un territorio, pero las relaciones, estructuras y procesos del gobierno local pueden limitar tanto el espacio para la participación de las mujeres como el potencial de las políticas para abordar temas de género. Los intereses que entran en competencia por el poder y los recursos en el ámbito del gobierno local obran de tal forma que excluyen a las mujeres.

Las principales brechas para alcanzar esta esfera del desarrollo, tienen que ver con los obstáculos que tienen las mujeres para hacer el tránsito de su ciudadanía social a su ciudadanía política ya que generalmente el liderazgo que ellas ejercen está ligado a actividades de la vida comunitaria en redes de apoyo para mantener la calidad de vida de la niñez, la tercera edad y personas en estado de mayor vulnerabilidad.

En las últimas décadas las mujeres de la región progresivamente han ido dejando el espacio doméstico e incorporándose al mercado laboral y espacios públicos diversos. Sin embargo, esta inserción resulta de manera desigual y subordinada y no se encuentra lo suficientemente reflejada en los esferas del poder (CEPAL: 1999).

Medir la participación y liderazgo de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, nos permite dar cuenta de los cambios en la sociedad que tradicionalmente ha relegado a las mujeres a la esfera privada, dejando la esfera pública para el actuar de los varones.

En la esfera pública es posible distinguir diferentes espacios y niveles de decisión. Las cifras muestran que proporcionalmente son los hombres los que acceden a las posiciones de mayor jerarquía, mientras que para las mujeres tanto el acceso como la permanencia son precarios. Una participación equitativa supone la inserción creciente de mujeres en los espacios públicos, desde la perspectiva de la igualdad de derechos políticos y sociales.

La presencia de mujeres en aquellos espacios y eventos públicos fundamentales en la vida social y política de los países constituye un indicador clave que nos habla de procesos sociales de cambio y de la aplicación de medidas de promoción de participación femenina.

En los países de la región, medidas de discriminación positiva, como la Ley de Cuotas, se dan a fines de la década de los noventas, como se describe en el siguiente cuadro:

La representación de las mujeres en el poder legislativo ha permitido la discusión y aprobación de leyes que abordan sus necesidades. La proporción de mujeres ocupando puestos en el parlamento nacional en los países de la región se ha visto incrementada en los últimos años, estando cercano al 20%. Sin embargo, en el caso de las parlamentarias colombianas aún mantienen una representación cercana al 10%, como se muestra en el siguiente cuadro:

En el parlamento también se constituyeron comisiones para la formulación de políticas que beneficiaran a las mujeres, como se indica en el siguiente cuadro:

En Bolivia se incrementa ligeramente el número de mujeres diputadas sea como titulares (19%) o suplentes (22%), lo mismo ocurre a nivel de las candidaturas.

La incorporación de mujeres en el poder ejecutivo en ministerios o secretarías de Estado empezó en Cuba. La mayoría de los ministerios ocupados en estos años iniciales se relacionan con el área social.

Ninguna mujer fue designada en economía, finanzas, defensa o relaciones exteriores. Con esto se da cuenta de una extensión del rol femenino desde el ámbito privado hacia el ámbito público.

La primera mujer que asumió el cargo de ministra en la región andina fue colombiana (1954) y fue responsable del Ministerio de Comunicaciones; situaciones posteriores se dieron en los otros países,como se indica en el siguiente cuadro:

A nivel de los cargos públicos de alto nivel, podemos indicar que en los últimos años se ha dado un incremento en el número de mujeres asumiendo cargos de alto nivel. En la región, Ecuador es el país que mayor porcentaje de mujeres asumen los cargos de ministras, secretarías o equivalentes1, mientras que Venezuela es el país que se queda en la zaga a este nivel, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Las contradicciones entre los discursos políticos y la implementación de políticas que realmente promuevan la igualdad de oportunidades para varones y mujeres es una constante en nuestros países.

El caso de Bolivia es muy ilustrativo al respecto, pues el actual gobierno del Presidente Evo Morales es bastante proclive a promover la igualdad de oportunidades sobre la participación política de varones y mujeres. En efecto, cuatro de sus ministros son mujeres; sin embargo, el Viceministerio de la Mujer ha sido disminuido a nivel de Jefatura, reduciendo el personal en esta instancia (3 a 4 personas) y por ende, las posibilidades del desarrollo de acciones de impacto a partir de los fines de esta instancia.

En la mayoría de los países de la Región se han impulsado importantes reformas municipales que han incluido la democratización de los gobiernos locales. Ello ha significado que estas instancias subnacionales sean elegidas por votación popular y cuenten con más recursos y capacidad de gestión en sus territorios. Los municipios constituyen la cara más cercana del Estado ante la ciudadanía. Perú y Venezuela serán los países de la Región cuyo número de alcaldesas desciende entre uno y otro período electoral, mientras que los demás países incrementan el número de estas representantes, como se expresa en el siguiente cuadro:

En Bolivia, desde hace 20 años (1987-2007) se cuenta con representación municipal. Sin embargo, en términos de porcentajes, las mujeres alcaldesas aún no llegan a significar el 10% de un total de 314 gobiernos municipales (91,4% son alcaldes y 8,5% alcaldesas).

Son varios los factores que inciden en la vigencia de la menor participación de las mujeres bolivianas: (i)construcciones culturales androcentristas, (ii) sistemas de representación y de poder que han tenido tradición masculina, más arraigadas en el área rural y en ciudades intermedias, (iii) mayores exigencias para la participación de las mujeres, entre otras. Las investigaciones desarrolladas dan cuenta que las mujeres concejalas tienen mayor nivel educativo, mejor dominio del castellano y se encuentran en su ciclo de vida de adultas, con hijos mayores, o son jefas de hogar.

La Ley de Cuotas de Participación establece la inclusión de un 30% mínimo de mujeres en las listas electorales de los partidos políticos. Posteriormente, la Ley de Asociaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas introdujo como norma la inclusión del 50% de candidatas.

En Ecuador al expedirse la Ley de Cuotas se establece como base mínima la inclusión del 20% de mujeres en la lista en las listas de candidaturas para elecciones populares. En cada elección este porcentaje se incrementaría en 5% hasta llegar a la paridad. Sin embargo, en las elecciones de los años 2002, 2004 y 2006 debido a una mala gestión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se cumplió con la Ley. En el primer caso el TSE expide un Reglamento que en su artículo 40, dejaba a la libre interpretación la reforma y aplicaba la ley anterior. Las organizaciones de mujeres plantearon un juicio político al Presidente del TSE sin resultado favorable, pero la demanda de inconstitucionalidad si fue acogida por el Tribunal Constitucional. En el 2004, en general se eleva la participación de candidaturas femeninas, a pesar de que el TSE emite una disposición contraria a la aplicación de la alternatividad y secuencia prevista en la Ley de Cuotas y no aplica amonestación alguna a los partidos y movimientos políticos que la incumplieron. Y en el 2006 el TSE resuelve dejar en libertad a los partidos y movimientos políticos para establecer la alternabilidad y secuencia entre hombres y mujeres en la conformación de las listas pluripersonales, contrariando la Ley Orgánica de Elecciones.

Se ha considerado que para las elecciones de asambleístas del 2007 se ha anunciado que corresponde la paridad en las candidaturas entre hombres y mujeres (50% cada uno) e igualmente se ha considerado la alternatividad y secuencia. Sin embargo, aún no se tiene la información del TSE para corroborar que, en esta oportunidad, sí se cumplirá con la Ley de Cuotas y con el carácter de alternatividad y secuencia.

En Colombia las características de la participación de las mujeres en los espacios de representación serían los siguientes:
  • Al acceder en menor número a espacios más cercanos a la comunidad, como lo son las Juntas Administradoras Locales o las Juntas de Acción Comunal, han ejercido en menor proporción el derecho a la representación ciudadana.
  • La representación de las organizaciones de mujeres en instancias de participación es baja porque su número, como condición para hacer posible el ejercicio esa condición, es mínimo.
  • Si bien no se puede decir que los intereses de las mujeres no hayan sido representados en espacios institucionales como los Concejos, casi todas las esferas a nivel nacional adolecen de agendas políticas lideradas por hombres y/o mujeres que posicionen los intereses y demandas específicas de género de manera programática, y que vayan más allá de proyectos específicos y coyunturales.
  • Al observar la participación en el ámbito comunitario se observa que es bajo el porcentaje de mujeres que participan en procesos e instancias para posicionar las demandas de género.


En el Perú es recién en 1987 cuando dos mujeres serán nombradas ministras, asignándoles a éstas las carteras de Educación y Salud. Doce años después se incrementa en uno los ministerios dirigidos por una mujer (Justicia, Mujer y Desarrollo Humano y Presidencia del Consejo de Ministros). Para 1998 se contaba con 22% de viceministerios dirigidos por mujeres frente un 78% dirigido por varones.

En los espacios subnacionales, en las elecciones municipales para el período 2003-2006 resultaron electas 2,685 regidoras a nivel nacional (26% del total de las regidurías), frente a un total de 7,535 varones. En ese mismo período 49 mujeres fueron elegidas alcaldesas (3% de total de alcaldías distritales existentes).

En el 2002, a nivel de los gobiernos regionales resultaron electas 3 presidentas de un total de 25 presidentes regionales y 4 vicepresidentas de un total de 25 y 50 consejeras regionales (22%) de un total de 228. El Congreso de la República, para el período del 2001-2006, tuvo una fuerte presencia masculina (82%).

El proceso electoral en el Perú incorpora el 30% de mujeres en las listas al Parlamento Nacional y al Parlamento Andino. Según Diana Miloslavich (2006), para el periodo electoral 2007-2011, ello se cumple en la ciudad capital, pero no al interior del país. Sólo tres partidos presentaron altos números de candidatas mujeres: se logra un total de 960 mujeres, que representaron el 33% de las candidaturas.

Pero quizá estos resultados sean los esperados. Lo inesperado ha sido que las reglas de juego fueran modificadas en pleno proceso por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), perjudicando con sus medidas a las mujeres. Inicialmente el JNE dispuso que se aplicaba la cuota a las candidaturas titulares y suplentes por separado, con el cambio de reglas no se distingue titulares de suplentes. Ya en el 2001 el JNE interpretó en contra de las cuotas en las listas de algunos departamentos del país (La Libertad, Ica y Callao), lo cual motivó una demanda formulada por la ONG Manuela Ramos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que falló en contra del Estado Peruano.

Una de las razones por las que se da una menor participación y representación política de las mujeres, específicamente en el caso boliviano, está vinculado al acoso político, especialmente en el nivel municipal, que van desde presiones de diverso tipo hasta actos de violencia infringidos a las mujeres que ocupan cargos públicos. Las sanciones aún se hacen esperar, impidiendo con ello el ejercicio de la representación en igualdad de condiciones que los hombres.

Otra de las causas se encuentra asociada al tiempo disponible y con la pertenencia de clase de las mujeres que intentan llegar al espacio público. Las mujeres en situación de precariedad económica son las que menos acceden a estos espacios, lo cual está asociado con la adquisición de recursos culturales para desenvolverse en niveles de liderazgo (información, capacitación, niveles de instrucción, lenguaje y expresión, entre otros). Además, la posibilidad de que al tentar el espacio público tenga ello consecuencias en su vida y trabajo doméstico, cuya conciliación depende de apoyos en los lazos primarios y redes sociales que funciona en los espacios locales; conciliación que resulta más complicada en los espacios rurales. Además, el ciclo de la representación es corto pues generalmente se vincula con la edad y el estado civil: jóvenes y solteras.


NOTAS:

  1. ®Ver Anexo 3. Participación política de las mujeres: Caso Colombia.



  Constataciones preliminares
Aunque los resultados de este proceso no sean definitorios en lo que respecta a reducir las desigualdades de género, se perciben avances. Una forma de registrarlos, además de la información expuesta, es la que emiten las y los ciudadanos en encuestas de opinión pública sobre la discriminación contra las mujeres. Una encuesta del Perú ilustra estas opiniones.

Muestra un elemento importante en las preferencias electorales, favorables a la elección de mujeres en cargo de alta responsabilidad. Así, según los datos de la Universidad de Lima, el año 2002 el 82% de los encuestados afirma que votaría por una mujer para presidente, en tanto que en el 2007 y según la misma fuente, este porcentaje sube a 93,5%. En estos años las resistencias han disminuido y entre los jóvenes el porcentaje llega al 96%.

En esta encuesta se registra la reducción en la percepción de las personas sobre la existencia o no de la discriminación contra la mujer, considerándose haber logrado mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esta misma población identifica que el movimiento feminista ha influido para que se den esos cambios que benefician a las mujeres en el Perú (73%).

También logran identificar como problemas principales de la mujer: violencia familiar (30%), falta de educación (17%), embarazos no deseados (15%), acoso sexual (14%), desempleo (12%), aborto (6%) y poca participación en política (3%).

Sobre este último punto podemos indicar que se percibe que en la política, las mujeres tienen iguales oportunidades que los hombres (68%), y que votarían por una mujer presidente (94%). Asimismo que los problemas que enfrentan las mujeres que incursionan en la política son: falta de autoridad (32%), porque es tema de hombres (14%), falta de educación (13%), de recursos económicos (13%) y de interés (12%).

La legitimidad de la presencia de la mujer en la política es resultado de un proceso de cambios. También es cierto que la presencia de mujeres en cargos políticos no asegura el tratamiento de los problemas vinculados con la equidad de género. Pero también es cierto que estos avances en la percepción de las y los ciudadanos están relacionados con lo producido hasta este momento por los diversos actores, especialmente el movimiento feminista y las organizaciones no gubernamentales.

Si bien se producen incrementos significativos en el número de mujeres ocupando puestos de representación política, éstos aún se bordean menos del 20%. Lo cual confirma el hecho que la igualdad formal no genera derechos iguales y que es necesario que se impongan acciones que obliguen a su cumplimiento, más allá de las normas; y que es el Estado quien debe garantizarlo.

Queda en esta sección presentar algunas de las constataciones preliminares que al momento de la elaboración del informe ha sido posible llegar. Las principales constataciones quedan definidas del siguiente modo:

  1. El contenido de las agendas de las mujeres. Como se indicara, el principal aporte del movimiento feminista al sistema democrático es el cuestionamiento a su supuesta neutralidad. La principal lección aprendida en este proceso es que la política no puede estar por encima del sexo de las personas. Siendo así, la pregunta es cómo desarrollar mecanismos representativos que tomen en cuenta las diferencias y la desigualdad de género -lo cual no está garantizado con la mayor proporcionalidad entre varones y mujeres en los espacios de toma de decisiones-?. Sin embargo, esta proporcionalidad es un primer paso, y sólo un primer paso, para que los temas de agenda de las mujeres tengan espacio en los ámbitos de decisión. Por tanto, no se trata sólo de promover que las mujeres participen de estos espacios, sino más bien que incidan para que los temas de agenda de las mujeres puedan y deban ser discutidas y defendidas en los espacios de poder.

  2. Representación individual y como grupo. Siguiendo a Sapiro, podemos decir que las mujeres no sólo necesitan ser representadas como individuos (es decir que derecho a votar, a elegir y ser elegidas), sino que también necesitan ser representadas como grupo. Y es sobre esta última condición que se ha avanzado poco en la región. La presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones está analizado en función del número de mujeres que logran acceder a estos espacios, antes que en las agendas contenidas en estas representaciones y menos aún en las estructuras partidarias. Es aquí donde debe retomarse el concepto de equidad, vista como igualdad y como atención a la diferencia: las demandas específicas de las mujeres indígenas, de las afrodescendientes, de las de origen urbano populares, de las mujeres rurales, entre otras. Es decir, de aquellas identidades cruzadas por condicionantes culturales, raciales, económicos, sociales -entre otros-, que nos demandan debate, pero fundamentalmente el facilitar la formulación de estas demandas y su incidencia en una nueva forma de hacer y producir colectivamente la política.

  3. Pasos complementarios a la participación política de la mujer. Continuando con el análisis anterior y en la línea descrita por Young, es importante mantener tres líneas de acción para lograr una participación política de la mujer que contribuya a lograr la equidad entre los géneros en nuestras sociedades. Ellas son: autoorganización del grupo; vocería en el análisis del grupo; y obtención de poder de veto de las políticas públicas. La presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones cambia definitivamente el contexto, e incide en la percepción de la ciudadanía, como lo muestra la encuesta de opinión en el Perú, pero la transformación de nuestras sociedades requiere de espacios políticos donde se discutan las ideas propuestas por diversos grupos, incluidas las mujeres.

  4. Enfoque de derechos en la formulación de las políticas públicas. Los gobiernos de la región coinciden en la construcción de instancias gubernamentales para promover el desarrollo de la mujer y la inclusión de éstas en los espacios de toma de decisiones. Los resultados no siempre han sido los esperados; sin detenernos en ellos, es importante destacar el esfuerzo del gobierno ecuatoriano por considerar a las beneficiarias directas de estas políticas a partir del seguimiento que hagan a los acuerdos adoptados: una veeduría ciudadana desde y para las propias mujeres. Planteada así la formulación de las políticas públicas, estarían respondiendo mejor a las necesidades de sus ciudadanos/as.

  5. Las resistencias y el menor ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Incluir en este informe la presencia de la iglesia católica reduciendo las posibilidades del ejercicio de ciudadanía las mujeres, ha tenido por objetivo hacer visible el peso y/o la influencia que ciertos sectores conservadores tienen en nuestras sociedades respecto a la formulación de políticas públicas, intervención que vulnera los cauces democráticamente establecidos. No perder de vista esta situación contribuye a demarcar de mejor forma el terreno en el que las demandas de las mujeres entran en juego y las principales resistencias que se encuentran para el desarrollo de las mismas. Como se indica en el texto, los cuestionamientos que se plantean al sistema democrático desde la posición del movimiento feminista pasa incluso por el develamiento de los poderes que actúan en el terreno político limitando el ejercicio de nuestros derechos, para este caso, nuestros derechos sexuales.

  6. Los límites que encuentra la participación política de las mujeres. Si bien los procesos de participación ciudadana han producido en determinados espacios resultados esperanzadores sobre la democratización de nuestros Estados, es claro que la principal barrera para lograr una mayor y mejor participación de las mujeres en estos espacios son las múltiples actividades que las mujeres deben desarrollar. Se confirman con ello los límites que tiene la democracia participativa y la actual inserción de las mujeres a los espacios públicos. Los resultados de iniciativas de este tipo han sido mejor desarrolladas y han alcanzado mejores resultados en los espacios locales, en relación a los niveles regional o nacional.

  7. Identificación y difusión de las lecciones aprendidas. Las acciones de las ONG han estado dirigidas a actores ubicados en distintos niveles: organismos internacionales, representantes de los gobiernos en el poder ejecutivo, congresistas, funcionarios/as del poder judicial, representantes de gobiernos subnacionales, espacios académicos, organizaciones de mujeres y mujeres elegidas por elección popular. En estos últimos años pocos han sido los espacios donde la labor de las ONG, principalmente feministas no se han dejado escuchar. Además de un balance de esta información, se requiere sistematizar estas experiencias para alimentar los procesos que se dan en otros espacios, y que podrían ayudar a reproducir los resultados obtenidos y evitar los fracasos que desalentaron muchas de las iniciativas impulsadas.

  8. Introducir modificaciones relevantes en los sistemas electorales que permitan la ruptura del monopolio de la participación electoral por parte de los partidos políticos y la habilitación a las agrupaciones ciudadanas. Esta medida deberá obligatoriamente respetar la alternancia y paridad de género (mujer-hombre, titular-suplente o viceversa) del primer hasta el último lugar.


Adicionalmente, y como producto de los dos espacios de discusión de este texto con las asociadas de ALOP, surgieron algunas propuestas de temas que podrían ser desarrollados en los siguientes informes, los mismos que describimos a continuación:

  1. Evaluación del sistema de cuotas vinculado a los sistemas electorales en la Región Andina, se trata de dar cuenta del sistema de cuotas como mecanismo de afirmación positiva que contribuye o no a la promoción de la participación de la mujer en los espacios de toma de decisiones, pero identificando los cuellos de botella que los sistemas electorales producen en nuestros países, que son finalmente las condicionantes últimas que las mujeres deben enfrentar.
  2. Analizar los nuevos liderazgos femeninos que vienen surgiendo en nuestros países en organizaciones de otro tipo no siempre vinculadas a las organizaciones tradicionales femeninas, tal es el caso del movimiento cocalero en el Perú, donde las mujeres adoptan roles activos y presentan propuestas de acción. Se debe prestar atención en este punto a la articulación existente de este surgimiento de nuevos liderazgos con los avances producidos por el movimiento de mujeres.

  3. Avanzar en el desarrollo de estudios comparativos que den cuenta del nexo existente entre inequidad de género con la inequidad social y económica, principalmente en este contexto neoliberal y de manera específica, por ejemplo, en el marco de la firma de los tratados de libre comercio que viene discutiéndose en nuestros países, lo cual nos permitirá ahondar en los efectos de la feminización de la pobreza. Para lo cual debe hacerse énfasis en las variables que de alguna manera inciden de manera positiva o negativa a la participación de las mujeres: clase, religión, cultural, territorial, entre otras, dada la variedad sociocultural en y entre nuestros países.


  Bibliografía
BARRIG, Maruja. A propósito del 8 de marzo. Notas personales sobre le feminismo y la nostalgia. PUCP.Lima, 2007.

BAZOBERRY, Oscar; SOLIZ, Lorenzo; ROJAS, Juan Carlos. Vivencias y miradas sobre la participación popular. Cuadernos de investigación No. 65. CIPCA – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Bolivia, 2006.

CEPAL. COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (NACIONES UNIDAS).
Participación, liderazgo y equidad de género en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 1999.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas. Washington, 2007.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia. Washington, 2006.

DADOR, Ma. Jennie. Construyendo la equidad de género: propuestas políticas. Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Lima, 2006.

DEL AGUILA, Alicia. Mujeres en los partidos políticos del Perú. Situación y mecanismos para su promoción. Asociación Civil Transparencia. Lima, 2004.
DEMUS. Informe regional de derechos humanos de las mujeres y justicia de género 2001-2004.

Septiembre, 2005. En web en: http://www.humanas.cl/documentos/libro-resumenes3.pdf DOBREE, Patricio; BAREIRO, Line. Estado Laico, base del pluralismo. Articulación feminista MARCOSUR. En: www.choike.org/documentos/punico/bareiro.pdf FORO POR LA EQUIDAD DE GENEROS. Informe Sombra sobre Venezuela. Venezuela, 2005. Con la cooperación de PNUD, UNFPA y Banco Mundial.

GONZÁLES RUIZ, Edgar. Cruces y sombras. Perfiles del conservadurismo en América Latina. Junio, 2005.

GRUPO DE OPINIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA. V Encuesta Anual sobre la Situación de la Mujer en Lima Metropolitana y Callao. Lima, 2007.

HENRÍQUEZ, Narda. Mujeres y género: discurso público, cambios y resistencias. PUCP. 2007.

Iglesia y las leyes en América Latina (La). Disponible en:
http://www.redvoltaire.net/article821.html Género en la Región Andina, aproximaciones y desafíos en torno a la investigación. Documento elaborado para el IV Encuentro de Centros y Programas de Estudios de la Mujer y Género en América Latina. México, 2003. Versión en web en:
http://www.pucp.edu.pe/departamento/ciencias_sociales/docs/cuaderno_narda_h.pdf HUGGINS, Magally. Venezuela: 20 años de ciudadanía en femenino. En: Venezuela Visión Plural. Una Mirada desde el género. Tomo I. Bid& Co Editor Cendes. UCV. Colección Intramuros. Serie Académica. Editorial Latina. Caracas, Octubre. 2005.
MILOSLAVICH TUPAC, Diana. La cuota de género en las elecciones. En www.flora.org.pe. 2006.

MOVIMIENTO DE MUJERES PRESENTES EN LA HISTORIA En Voz Alta. Nº 2. Bolivia, 2007.
www.mujeresconstituyentes.org.

NACIONES UNIDAS. Seguimiento y marcha de la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Informe del Secretario General. Ginebra, Julio, 2006.

PHILLIPS, Annie. Engendering Democracy. Publicado por Basil Blackwell Ltd. 1991. Traducción al español por Isabel Vericat. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1996.

PROYECTO MUJERES Y ASAMBLEA CONSTITUYENTE. De la protesta al mandato: una propuesta en construcción. Coordinadora de la Mujer, Foro Político Nacional de Mujeres. Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI). Plataforma de la Mujer. La Paz, 2006.

REYES, Gerardo. La red del Opus Dei en América Latina. Publicado en El Nuevo Herald el 11 de noviembre del 2002.

SALAZAR DE LA TORRE, Cecilia. Entramados. Crítica y reflexión feminista. Documento de trabajo 1. En busca de nuevas preguntas para la emancipación. Coordinadora de la Mujer. La Paz, 2006.

SAPIRO, Virginia. ¿Cuándo son los intereses interesantes? Oxford, 1998.

VALDÉS, Teresa; GOMÁRIZ, Enrique (Coordinadores). Mujeres en cifras. Perú. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Mujer; FLACSO, UNICEF. 1994.


  ANEXOS
 
  ANEXO 1. Instrumentos de recojo de información







  Guía de entrevistas.
  1. Identificación del origen de propuestas que fomentan la participación política de la mujer.
    1.1. ¿Cuáles han sido los ejes temáticos priorizados en la promoción de la participación política de la mujer en el país?
    1.2. ¿Cuáles son los grupos o redes que mayor presión han desplegado para que se promueva la participación de las mujeres? Internacional y/o nacional.
    1.3. ¿Cuál ha sido el nivel de implementación de estos ejes priorizados por el Estado a nivel nacional, regional y/o local?
    1.4. ¿Cuáles son los ejes priorizados que no pudieron ser implementados? ¿Por qué?
    1.5. ¿Identifica grupos o redes que se resisten a la ampliación de la participación política de las mujeres? ¿Cuáles han sido las respuestas dadas a estos grupos o redes?.
  2. Calidad de la participación política de las mujeres.
    2.1. ¿Qué tipo de espacios de participación política de las mujeres se viene promoviendo desde el Estado?.
    2.2. ¿Cuáles son los principales mecanismos impulsados por el Estado?
    2.3. ¿En qué tipo de espacios de participación política se consolida la presencia y representación de las mujeres?.
    2.4. ¿Quiénes conforman estos espacios?.
    2.5. ¿Quiénes han resultado beneficiados/as de la apertura de estos espacios?.
    2.6. ¿Dónde se presentan las mayores posibilidades para el desarrollo de estos espacios?.
    2.7. ¿Cuentan con sistema de información que permita medir el avance y limitaciones de los espacios promovidos?.
  3. Calidad de la agenda de participación política de las mujeres.
    3.1. ¿Qué temas de agenda vienen siendo impulsados desde el movimiento de mujeres?
    3.2. ¿Cuál es la capacidad de influencia del movimiento feminista en la formulación de las políticas públicas?.
    3.3. ¿Qué temas de agenda de este movimiento no han sido incorporadas como políticas públicas? ¿Por qué?.
    3.4. ¿Cuáles han sido los mecanismos promovidos desde el Estado para la promoción de la participación política de las mujeres?.
    3.5. ¿Cuál ha sido su nivel de aceptación.?.
    3.6. ¿Quiénes son los/as que más acceden a éstos?.
    3.7. ¿Considera que la inclusión de los temas de agenda de las mujeres contribuye al desarrollo de la democracia en el país? ¿por qué?.
    3.8. ¿Se ha incrementado el nivel de participación política de la mujer en los últimos años a nivel de espacios sociales, económicos y/o políticos?.
    3.9. ¿Considera que los medios de comunicación contribuyen a la difusión de los temas de agenda de las mujeres?.
  4. Políticas públicas exitosas donde se promueve la participación política de las mujeres.
    4.1. ¿En los últimos años, el marco del proceso de descentralización, qué mecanismos de participación ciudadana han sido promovidos desde el Estado? Los espacios locales, regionales asumen o son proclives a asumir agendas de género?
    4.2. Describa el mecanismo: objetivos, estrategias, metodología, etc.
    4.3. ¿Qué resultados se han alcanzado hasta este momento?
    4.4. ¿Se contempló la promoción específica de participación de las mujeres?
    4.5. ¿Cuál ha sido el nivel de participación de las mujeres en este espacio?
    4.6. ¿Considera que este espacio ha resultado significativo para la representación de las demandas de las mujeres? ¿Por qué?
    4.7. ¿De qué manera se benefician las mujeres con esta experiencia?: ampliación de derechos, equidad de oportunidades, entre otras.
    4.8. ¿Cuál considera es el principal aspecto a resaltar de este proceso?
  5. Sobre su institución.
    5.1. ¿Qué objetivos de género son parte de sus planes estratégicos?
    5.2. ¿Cuáles son los alcances de éstos?
    5.3. ¿Su institución conforma redes o alianzas donde el eje temático principal sea una agenda de género? ¿Cuál es el nivel de incidencia de estas redes?
    5.4. ¿Qué experiencias exitosas de participación política de las mujeres han sido promovidas por su institución? Describa los objetivos, beneficiarios/as, estrategias, resultados, alcances y limitaciones de las mismas.
    5.5. ¿Qué aspectos particulares pueden ser resaltados?


  ANEXO 2. Participación política de la mujer: Caso Bolivia
[113]En las dos últimas décadas se producen en nuestros países las denominadas reformas de primera y segunda generación. La primera, para el caso boliviano, en 1985, genera una reforma estructural dirigida a construir una nueva economía basada en el libre mercado sin lograr el crecimiento y desarrollo esperado [114]. Después de ocho años de iniciado ello y no habiéndose reducido las brechas y desigualdades en la sociedad, llegan las reformas de segunda generación (1993), dirigidas a compensar el costo social –que impacta a los más pobres y más vulnerables (mujeres, niños y ancianos)-; si bien se mejoran los índices de salud y de educación [115], no se logra tener impacto en el ingreso, empleo y la producción, produciendo que los índices de pobreza sean los más elevados de la región.

Ambas reformas agudizan las brechas de género, en el ámbito social y económico a nivel de salarios, empleos remunerados, inseguridad laboral, informalidad, entre otros. Mientras que en el ámbito político las reformas de segunda generación promueven una participación de la mujer más activa a nivel nacional y municipal [116], aunque se presentan problemas de exclusión, concentración del poder, de la gestión, de la representación política pública, de los ingresos y de los recursos.

El contexto internacional favorable para la promoción de los derechos de las mujeres como derechos humanos –El Cairo, Beijing, entre otras- incide también en las políticas que el Estado boliviano adopta en esos años. Así, acciones afirmativas y de discriminación positiva abren posibilidades para desmonopolizar los partidos políticos que derivan en la participación y visualización de mujeres indígenas en un 8% de las listas de concejalías, un 22% de agrupaciones ciudadanas y un 69% de participación en partidos políticos. Si bien se producen incrementos significativos, como se señala en el siguiente cuadro, solamente existe una participación del 19% de mujeres como concejalas y alcaldesas, el resto son varones (81%). Ello confirma el hecho de que la igualdad formal no genera derechos iguales, ya que deben imponerse más allá de la norma acciones que obliguen a su cumplimiento y es el Estado el que debiera garantizar ello.


PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER. Período 2004-2009.
Crecimiento de 248 concejalas titulares a 337.
Crecimiento de 1184 concejalas suplentes a 1289.

Una de las razones por las que se da una menor participación y representación política de las mujeres, específicamente en el caso boliviano, está vinculado al acoso político, especialmente en el nivel municipal [117], ejercido por varones que pertenecen a los mismos partidos de las concejalas acosadas, de varones y mujeres de otros partidos de representación sindical y de organizaciones sociales y comunales, campesinas e indígenas. Debe hacerse notar que hasta la fecha no se han impulsado mecanismos de sanción que permitan el ejercicio de la representación en igualdad de condiciones que los hombres.

Otra de las causas está asociada al tiempo disponible y con la clase social de las mujeres que intentan llegar al espacio público. Así, las mujeres en contexto de precariedad económica son las que menos acceden a estos espacios, ello tiene que ver con la adquisición de recursos culturales para desenvolverse en niveles de liderazgo (información, capacitación, niveles de instrucción, lenguaje y expresión, etc.); la posibilidad de que al tentar el espacio público tenga consecuencias en su vida y trabajo doméstico, cuya conciliación depende de apoyos en los lazos primarios y redes sociales que funciona en los espacios locales; conciliación que resulta más complicada en los espacios rurales.
Además, el ciclo de la representación es corto pues generalmente se vincula con la edad y el estado civil: jóvenes y solteras.

Actualmente Bolivia se encuentra en el proceso de la Asamblea Constituyente, el mismo que nace de la movilización de diferentes expresiones de los movimientos sociales y la participación de las mujeres en ello ha estado desde sus inicios y han formulado y hecho llegar sus propuestas hacia la Asamblea Constituyente a partir de las diferentes voces y realidades que conforman los colectivos de mujeres [118].

Son seis (6) los principios definimos en este esfuerzo colectivo:
  • Equidad y de Acción Positiva. El objetivo es reducir las brechas que impiden el ejercicio y goce de los derechos de las mujeres y en función de ello, se debe plantear la redistribución del poder, el acceso a la toma de decisiones y los beneficios del desarrollo contemplando realidades étnicas,sociales, culturales y de género, sólo así será posible obtener verdaderas condiciones igualitarias entre varones y mujeres. Por tanto, debe implementarse el principio de equidad y un tratamiento jurídico diferenciado a través de medidas de acción positiva, no sólo entre géneros, sino también entre regiones y sectores poblacionales de la sociedad.
  • De igualdad y no Discriminación. El Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al ejercicio y goce de los derechos humanos, debe prohibir y sancionar la discriminación directa o indirecta contra las mujeres. El principio de igualdad jurídica para varones y mujeres sin importar la raza, el sexo, el estado civil, el género, el origen étnico, la orientación sexual, la edad, la religión, la cultura, la lengua, el color, la nacionalidad, la condición social, por discapacidad, por embarazo, entre otros.
  • Reconocimiento de los derechos específicos. La consagración de derechos para las mujeres está dada por el reconocimiento de la diferencia dentro del paradigma que acepta como universal la existencia de dos sexos que tienen necesidades biológicas y culturales diferenciadas. Por ello, se habla de derechos específicos de las mujeres y debe ser obligación del Estado boliviano informar sobre los mismos y garantizar su cumplimiento. Al respecto, debe ser una alta función del Estado el garantizar, debido a los altos índices nacionales, la no violencia familiar o doméstica y/o laboral y que ello deba estar inscrito en la nueva Constitución. Asimismo, es necesario se reconozcan derechos y se brinden garantías legales que refieran a las diferencias sexuales entre varones y mujeres, principalmente los vinculados a los derechos sexuales y reproductivos [119].
  • Democratización y reconocimiento del valor del trabajo doméstico. La reproducción humana, como bien social, significa un “alto costo” transferido a las mujeres, como parte de un sistema de género, patriarcal y excluyente. La subordinación femenina permanece anclada en el ámbito privado, legitimada por una jerarquización y valoración de lo masculino, así como por relaciones de poder que se consolidan en la esfera pública y privada. La democratización del trabajo doméstico es una necesidad que debe ser abordada por el Estado promoviendo la participación de los hombres en las responsabilidades al interior del hogar. El Estado debe reconocer y visibilizar el trabajo reproductivo y/o doméstico no remunerado que realizan las mujeres en la esfera privada asignándole un valor reconocido por la economía y la sociedad en su conjunto.
  • Homologación de derechos. Se plantea elevar a la categoría de Derechos Constitucionales todos los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado boliviano, en los que se protege el goce y ejercicio de los derechos humamos.
  • Lenguaje no sexista. La redacción de la nueva constitución debe tener un lenguaje no sexista, visibilizando tanto a varones como a mujeres, a fin de que no se emplee de manera reiterada y exclusiva términos y vocablos masculinos como inclusivos de las mujeres, ya que refuerza prácticas discriminatorias y legitima relaciones de poder al destacar el protagonismo de los hombres e invisibilizar, ignorar y descalificar la práctica y la presencia de las mujeres en la sociedad.


Para estas mujeres organizadas el actual Estado boliviano tiene como características el ser:
  • Colonial. Donde la exclusión ha sido naturalizada teniendo como supuesto que unas etnias y culturas son superiores en sí mismas a otros considerando a los “diferentes” como sujetos inhabilitados para formar parte del orden social. Entonces, el Estado fue construido sobre criterios de homogeneidad social, sin crear formas democráticas más inclusivas y legítimas, que reconozcan la integración social y la diversidad cultural, étnica y de género. Es así que ahora los indígenas ii. Patriarcal. El Estado se construyó sobre el supuesto de la superioridad natural del hombre sobre la mujer estableciendo una división en el orden social e institucional, restringiendo el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, excluyéndolas de la construcción de los pactos sociales y reforzando su situación de discriminación en lo económico, social y político.
  • Capitalista. Desde el cual se ha establecido modos de producción, propiedad privada y tenencia de la tierra basados en la explotación, provocando diferencias muy amplias entre ricos y pobres.
  • Centralista. Como forma de gobierno que da lugar al desarrollo desigual de las regiones, los municipios y las comunidades, sin criterios de redistribución y equidad, expresado también en la ausencia del Estado en gran parte del territorio nacional.
  • Confesional. Se solicita separar el poder político de las doctrinas religiosas, las mismas que han limitado el libre accionar del Estado en relación a la implementación de políticas públicas acordes a los intereses de las mujeres y otros actores sociales originarios/as, campesinos/as y mujeres en general reivindican la igualdad y la diferencia como principios básicos de la norma constitucional.


Es claro que el reconocer a las mujeres como sujetos de derechos supone un “ajuste gradual del principio de universalidad y de igualdad a las diferencias humanas que se constituyen en discriminación”.

Ello significará un cambio en la visión patriarcal y de subordinación en las relaciones entre varones y mujeres superando el sesgo masculino con que históricamente se han concebido y ejercido los derechos humanos en nuestras sociedades.

Entre los derechos individuales que se reclaman estén inscritos en la nueva constitución se tienen:

Derecho a una vida digna;
A una vida libre de violencia física, sexual y psicológica en los ámbitos privado y público:
  • Al ejercicio de una autonomía y libertad de las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo, su reproducción, el número de hijos e hijas y su frecuencia;
  • La diferencia y respeto a la diversidad étnica de género, generacional y sexual;
  • Protección de la maternidad segura;
  • Dotación, titularidad y sucesión de la tierra en igualdad de condiciones que los varones;
  • Trabajo, sin ningún tipo de discriminación, a ganar igual salario por trabajo de igual valor, al reconocimiento y remuneración del trabajo doméstico familiar;
  • Acceso a la vivienda y a servicios fundamentales como la salud, educación, seguridad social, saneamiento básico y otros;
  • Dotación, acceso y titularidad de los bienes y medios de producción, y el acceso a créditos y tecnología en igualdad de condiciones que los hombres;
  • Identidad, asegurando el acceso gratuito y de todas las personas a los documentos de identidad;
  • A acceder al ejercicio de cargos públicos en los poderes del Estado, bajo el principio de paridad y alternancia para mujeres y hombres;
  • Emitir libremente sus ideas y opiniones en su propio idioma, por cualquier medio de difusión siempre y cuando no atenten contra la integridad física, intelectual, cultural, étnica y/o genérica de las personas;
  • Acceder a información pública que garantice la transparencia e integridad de la gestión gubernamental, la aplicación de las políticas públicas y la conducta de los servicios públicos.


Además, la visión igualitaria y homogenizadora del Estado liberal no tuvo en cuenta la existencia de identidades culturales y visiones político-organizativas distintas a la predominante. Esto dio como resultado la existencia de una ciudadanía incompleta asentada en la desigualdad económica y la exclusión étnica, cultural y genérica. Entonces, frente a un pacto social que no es legítimo en tanto grandes sectores de la población no se reconocen, estas mujeres plantean la existencia y reconocimiento de los derechos colectivos, los mismos que son:

  • Autodeterminación de los pueblos, respetando sus usos, costumbres, lenguas y cultura propia de cada pueblo, siempre y cuando no se vulneren los derechos humanos, comprendidos en la Constitución Política del Estado;
  • A un territorio determinado en el que los pueblos se desarrollen cultural y económicamente.


Las diversas organizaciones de mujeres elevan sus demandas específicas, así tenemos, según se publica en la Revista En Voz Alta, lo siguiente:

  • Organización nacional de activistas por la emancipación de la mujer en situación de prostitución (ONAEM). Prohibición de la explotación sexual y la violencia; derecho a la confidencialidad de sus documentos e historias clínicas; derecho a la privacidad en el registro de nuestra actividad (no foto); derecho a la libertad de organización; protección y respeto a nuestras compañeras por los medios de comunicación, que muchas veces violan nuestros derechos a la privacidad; derecho a la salud integral; acceso y no discriminación a una caja mortuoria; acceso a la seguridad social sin discriminación.
  • Federación nacional de trabajadoras de hogar. Derecho a la tierra en igualdad de condiciones, garantizando la documentación jurídica de tenencia de la tierra; derecho a un trabajo digno de las trabajadoras de hogar; derecho a igual salario por igual trabajo; el Estado debe reconocer y garantizar el derecho a la no violencia; derecho a trato digno.
  • Organización indígena Chiquitana. Derecho al respeto de la integridad física, psíquica y moral; matrimonio, familia y maternidad están bajo protección del Estado; matrimonio descansa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges; uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre personas con capacidad legal para contraer enlace, producen efectos similares a las del matrimonio en las relaciones personales y patrimoniales de las convivientes y en lo que respecta a los hijos nacidos de ellas; todos los hijos, sin distinción de origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores; el Estado privilegia la atención a las mujeres mediante políticas públicas, planes y programas y normativas, por constituir uno de los sectores más afectados por la pobreza y la discriminación; se garantiza la vigencia plena de los mecanismos de participación y representación política paritaria, de acceso a la tierra rural y urbana, al crédito, a la salud especialmente con mujeres de edad reproductiva y a la educación sobre todo en lo que hace al analfabetismo funcional y la educación técnica para la producción.

  • Campaña 28 de septiembre: derechos sexuales y reproductivos, referidos al derecho a tomar decisiones sobre la reproducción y la sexualidad de manera libre ya autónoma, el derecho a una vida sexual placentera independiente de la reproducción; derecho a una identidad sexual y genérica, garantizando vivir y expresar libremente la imagen que cada ser humano asuma en función de sus sentimientos, necesidades y expectativas; derecho a la integridad, se propone proteger a la persona en su derecho considerando que la violencia, especialmente la violencia sexual, causa daño y afecta a la persona en múltiples dimensiones, vulnerando su libertad, autonomía y dignidad; derecho a la libertad y seguridad personales, siendo que la violencia vulnera los derechos humanos de las personas se pretende eliminar la violencia de todo tipo, sexual, psíquica o física, tortura, trata de personas o tratos inhumanos, etc.; derecho a una vida sin violencia; derecho a una salud integral; derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, a la maternidad elegida, libre y voluntaria, al placer y al erotismo; derecho a la libre opción y orientación sexual, garantizándose la libre expresión de las diversas formas de vivir la sexualidad sin sufrir discriminación para ella.



NOTAS:

  1. ®Documento elaborado en base revisión de fuentes secundarias y entrevistas a María del Carmen Quise, Casa de la Mujer, Coordinadora de la Plataforma; Celima Torrico, Ministra de Justicia; María Rojas, Gerente General de Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL); Berta Acarati, Consejalía Municipal del Alto; Nélida Faldón, representante de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerio; Liliana Sánchez, ONG Centro Juana Azurduy; Katia Uriona, Coordinadora de la Mujer –
    Responsable del Movimiento de Mujeres presentes en la Historia.
  2. ®Como efectos de estas políticas se tuvo la privatización del bien común o de la reproducción mediante la des-socialización del trabajo y del riesgo social, la desvalorización de los ingresos por trabajo, cuya consecuencia fue la tendencia a la remercantilización y descentralización de los bienes públicos (educación, salud, vivienda, seguridad social) y la redistribución de la propiedad de los medios de producción estatales y de acumulación (y empleo) a favor de privados.
  3. ®Ley de Reforma Educativa N 1565, promulgada el 20 de abril de 1994, plantea que la educación boliviana es “promotora de la justicia, solidaridad y la equidad social”. Esta ley plantea “generar la equidad de género en el ambiente educativo, estimulando una mayor participación activa de la mujer en la sociedad” (art. 2. Párr. 8).
  4. ®Ley de Participación Popular N 1551, promulgada el 20 de abril de 1994, reconoce en varios de sus textos la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres con vistas a los niveles de representación establecidos. Al extenderse las competencias de los municipios se determina que éstos deben “promover y fomentar políticas que incorporen necesidades de las mujeres” (art. 14.
    Inc. n).
  5. ®Para el período 2002-2005: Chuquisaca presenta 18 casos de violencia; La Paz, 50 casos; Oruro, 8 casos; Potosí, 10 casos;
    Cochabamba, 11 casos; Tarija, 3 casos; Santa Cruz, 8 casos; Beni, 9 casos. Este tipo de acoso se presenta más en occidente que en oriente, probablemente debido al menor índice en las denuncias antes que al menor número en la realización de hechos de violencia. En este período fueron denunciados 117 casos, de los cuales 33% representan denuncias por presiones de diferente índole, 20% por actos de violencia, 19% por impedimento del ejercicio, 8% por congelamiento de cuentas municipales, 7% por discriminación, 6% por difamación y calumnia, 2% por alternabilidad ilegal de la concejalía, entre otros.
  6. ®La Coordinadora de la Mujer, la Articulación de las Mujeres por la Equidad y la Igualdad (AMUPEI), el Foro Político Nacional de Mujeres, la Plataforma de la Mujer y 10 Equipos Técnicos Departamentales, en el marco del proyecto “Mujeres y Asamblea Constituyente”, implementaron más de 400 talleres y encuentros a lo largo del país (en los 9 departamentos y en la ciudad de El Alto), más de 150 municipios urbanos y rurales, y 12 organizaciones matrices, donde alrededor de 20,000 mujeres representando a m{as de mil organizaciones de mujeres y mixtas.
  7. ®Se reivindica de manera particular los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para decidir sobre el número de hijas e hijos que quieran tener; su espaciamiento y a ejercer autonomía y libertad sobre su propio cuerpo.



  Participación en cargos públicos.
PODER LEGISLATIVO En Bolivia, el poder legislativo está integrado por 157 representantes nacionales (27 en la Cámara de senadores y 130 en la Cámara de diputados); menos de la cuarta parte de éstos (24%) son mujeres, cifra que no corresponde a la cuota determinada de acuerdo a Ley [120].

Sin embargo, debe hacerse notar de un ligero incremento de la participación de las mujeres en estas instancias. Las diferencias sustanciales no se presentan entre los departamentos [121], sino más bien en niveles de poder distintos. La participación de las mujeres como diputadas es mayor con el 19% en titulares y 22% como suplentes. Este cambio positivo también se registra a nivel de las candidaturas; así, las senadoras candidatas pasan de 17 a 27 y las diputadas candidatas pasan de 152 a 261, aunque como se verifica con esto, la acción pública sigue siendo ratificada por la presencia masculina.



PODER EJECUTIVO.
La presencia de mujeres en los cargos jerárquicos siempre es menor, Bolivia no es la excepción: para el 2004, sólo había una (1) Ministra de un total de quince (15) y seis (6) Viceministros de un universo de 44.

Además, en el Gabinete Ministerial, de tres (3) Delegados Presidenciales, una es mujer, la Delegada Anticorrupción.

El discurso político del actual gobierno de Evo Morales es bastante proclive a promover la igualdad de oportunidades de participación política de varones y mujeres. Cuenta con cuatro (4) ministras en su gabinete; sin embargo, el Viceministerio de la Mujer ha sido disminuido a jefatura, reduciendo el número de personal en esta instancia (3 a 4 personas). Decisiones de este tipo hacen posible ver las contradicciones entre los discursos y la implementación de políticas que realmente promuevan la igualdad de oportunidades para varones y mujeres.

Dominio masculino también resulta ser la representación diplomática: ellos significan el 80% del total del personal diplomático, la quinta parte son mujeres.

PODER PREFECTURAL El o la prefecto es directamente nombrado/a por el Presidente de la República, en función del bloque de alianzas o partidos políticos en el Gobierno. Han sido pocas las mujeres que han podido acceder en razón a que uno de los requisitos indispensables era la pertenencia y la carrera de un partido político.

Las prefecturas están estructuradas, en orden de jerarquía por: el Consejo departamental, el o la prefecto/a, Subprefecto/a y Corregidores. Si bien estos cargos no son electos, sí expresan un indicador más de la participación política: de 9 prefectos, sólo una (1) era mujer (Departamento de Potosí).
Los miembros del Consejo departamental son elegidos por los y las Concejales/as Municipales, menos del 10% son mujeres de un total de 151 Consejeros/as (141 varones y 10 mujeres). Las labores de este consejo son de consulta, control y fiscalización a la autoridad ejecutiva de la prefectura.

PODER MUNICIPAL.
Desde hace 20 años (1987-2007) Bolivia cuenta con representación municipal, gobiernos municipales [122], estos espacios son los que se ubican como uno de los más importantes para la participación política de las mujeres [123]. Sin embargo, en términos de porcentajes, las mujeres alcaldesas aún no llegan a significar el 10% de un total de 314 gobiernos municipales (91.4% son alcaldes y 8.5% alcaldesas)[124]. Alcanza un porcentaje mayor en el caso del cargo de Presidentes/as de Consejo, cerca del 20% (257 son varones, 82%, y 57 mujeres, 18%).

Son varios los factores que inciden en la vigencia de la menor participación de las mujeres: (i)construcciones culturales androcentristas, (ii) sistemas de representación y de poder que han tenido tradición masculina, más arraigadas en el área rural y en ciudades intermedias, (iii) mayores exigencias para la participación de las mujeres, entre otras. Las investigaciones desarrolladas dan cuenta de que las mujeres concejalas tienen mayor nivel educativo, mejor dominio del castellano y se encuentran en su ciclo de vida de adultas, con hijos mayores, o jefas de hogar. Así, influye en la participación de la mujer el ciclo de vida, el estado conyugal, grado de instrucción e idioma.

En conclusión, podemos señalar que en los tres poderes del total sólo el 10% correspondería a las mujeres; en los municipios, las mujeres alcanzarían a un 15% de los puestos de concejales como titulares y el 69% como suplentes.

PARTIDOS POLITICOS.
No se cuenta con información cuantificada, de la participación en partidos políticos; sin embargo, es visible la mayor presencia de mujeres en cargos de niveles directivos, aún siendo este menor que en el caso de los varones. Si bien se produce el incremento y ningún partido niega formalmente la participación política de las mujeres, ello no significa que el sistema político boliviano deje de ser excluyente, sexista y limitante para la ampliación de la participación femenina. Dos restricciones en los partidos políticos son claros: “inversión monetaria” y dedicación exclusiva que difícilmente pueden ser atendidos por las mujeres [125].

IDENTIFICACION PERSONAL Y REGISTRO DE NACIMIENTO.
La ausencia de identificación personal y de registro de nacimiento, principalmente en las zonas rurales, actúan como una limitante para la participación política de las mujeres. Desde el Viceministerio de la Mujer en coordinación con organismos nacionales de identificación y el Viceministerio de Asuntos Indígenas se han desarrollado campañas y programas de documentación; sin embargo, aún ello se mantiene como un problema [126].

LEY DE CUOTAS PARA LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES.
La Ley de Cuota se aplica únicamente a los cargos de elección y a segmentos específicos de la administración pública. Ésta dispone que el 30% de las listas de candidatos plurinominales, deben estar integradas por mujeres y en total alcancen al 30%. El Código Electoral señala que en la lista de candidatos/as a senadores de cada cuatro candidatos por lo menos uno debe ser mujer y en cuanto a diputados/as de cada tres candidatos por lo menos uno debe ser mujer.

En el marco de las reformas a la Constitución Política del Estado y a la legislación boliviana se han creado instrumentos como la Iniciativa Legislativa Boliviana y la Ley de Agrupaciones ciudadanas y Pueblos Indígenas, promulgada el 6 de julio de 2004 que tiene el objetivo de regular la participación de estos organismos en la postulación de candidatos a elecciones generales y municipales. Esta ley reconoce a las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas como entidades con capacidad de intervenir en la gestión pública a través de los cargos electos en tanto su condición de personas jurídicas de derecho público reconocidas por el Estado. En el art. 8 de la mencionada Ley dispone, con carácter de obligatoriedad, una cuota de candidatas femeninas no menor al 50%. Esta disposición establece una cuota mayor que la determinada para los partidos políticos que se mantiene en el 30%.

El fenómeno que se enfrenta, es la dificultad que tienen de cumplir con este requisito del 50% de cuota femenina porque supuestamente: “No existen mujeres que tengan interés de participar como candidatas a las elecciones municipales del 5 de diciembre” [127]. Por otro lado, la poca participación de las mujeres se debería al acoso político del que fueron víctimas. Otra explicación sería que la participación de las mujeres fue utilizada como “relleno” para cumplir con la cuota y que después de acceder como partidos se ejerció una presión, manifestada en agresión física y verbal porque se negaron a renunciar para que se pueda habilitar al suplente, hombre [128].

Las nuevas disposiciones electorales han introducido modificaciones relevantes e inéditas en el sistema electoral como la ruptura del monopolio de participación electoral por parte de los partidos políticos y la habilitación a las agrupaciones ciudadanas. Esta medida deberá obligatoriamente respetar la alternancia y paridad de género (en zeta: mujer-hombre, titular-suplente o viceversa) del primer hasta el último lugar.

VIOLENCIA FAMILIAR.
La Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica es bastante conciliatoria, pero significa un avance al romper el silencio de lo privado, pero falta mucho para dejar de sólo destapar el problema hacia la solución del mismo.

DESPENALIZACION DEL ABORTO.
En el 2006 se presentó la ley de salud sexual y reproductiva que significó un espacio de debate; sin embargo, la despenalización del aborto, tema que genera preocupación por los niveles altos de mortalidad en las mujeres, no fue recogida. En los espacios de debate sale a la luz la doble moral, el prejuicio, los tabúes que colocan a la mujer como objeto sexual. En estos espacios de debate es fuerte la presencia e influencia de la jerarquía de la iglesia católica. Las mujeres bolivianas aún mantienen el temor de ser apaleadas por temas de moral y buenas costumbres. Sin embargo, puede decirse que es posible hablar de cambios a largo plazo: por ejemplo, en los colegios ya se habla de sexualidad, existe mayor conciencia sobre el aborto, donde las mujeres son conscientes que no se trata de una culpa individual y pueden entender sus problemas sin ayuda de la fe.

Campaña del 28 de septiembre, a través de este tipo de campañas se espera sensibilizar a la opinión pública, ligada a la aprobación de la ley de derechos sexuales y reproductivos que contaba con 8 artículos base, pero que obtuvo respuestas reaccionarias y fundamentalistas impidiendo su promulgación.

IGLESIA CATÓLICA.
La jerarquía de la Iglesia Católica presenta muchas resistencias a la promoción de la participación política de las mujeres y en específico al goce de sus derechos sexuales y reproductivos. La iglesia es una organización dotada de poder y con un fuerte grupo de aliados en puestos estratégicos que incorporan sus propuestas en la Asamblea Constituyente.

MEDIOS DE COMUNICACION.
Los temas de género son poco tratados por los medios masivos de comunicación. Se busca el show de la violencia, se hacen pocas entrevistas a mujeres políticas, los analistas son siempre varones. Los medios de comunicación tienden a “invisibilizar” el proceso de cambio social propiciado, no toman en cuenta las propuestas de los movimientos de mujeres en el país que vienen produciendo transformaciones en la sociedad boliviana.

SISTEMAS DE INFORMACION.
Se carecen de estadísticas centralizadas y actualizadas y de sistemas integrados que aborden directamente temas relacionados al género.


NOTAS:

  1. ®La ley N° 1984 del Código Electoral, promulgada el 25 de junio de 1999, en su art.112 dispone que de cada cuatro candidatos a senadores titulares y suplentes, por lo menos una representante deberá ser mujer. Su antecedente es la reforma al régimen electoral (Ley 1779 o Ley de cuotas que modificó la Ley Electoral de 1991 y la Ley 1704, de 2 de agosto de 1996, referida al art. 60 de la CPE) al establecer un porcentaje mínimo de participación de la mujer en cargos de representación política.
  2. ®Cada departamento postula a una candidata o en su caso como límite máximo a dos, como es el caso de senadoras por Oruro.
  3. ®El Gobierno Municipal está constituido por el Alcalde Municipal y el Consejo Municipal. También se cuenta con la figura de Agentes Municipales que tienen intervención en los cantones bajo dependencia del Alcalde. Además, se cuentan con los Comités de Vigilancia conformados por representantes de la sociedad civil a través de las Organizaciones Territoriales de Base.
  4. ®Respaldado por la Ley de Descentralización, la Ley de Participación Popular y la Ley de Municipalidades. Esta última y la Ley Electoral determinan el 30% de cuotas para la participación de las mujeres en este ámbito.
  5. ®Debe hacerse notar que en 1999 las alcaldesas fueron 21, incrementándose la cifra en 6 puestos para cuando se realiza este informe, lo cual demuestra el lento crecimiento de la participación femenina. Este incremento también se encuentra asociado a la influencia ejercida por las organizaciones de mujeres, ONG y algunos programas públicos.
  6. ®Una de las formas de modificar este sistema es la modificación con la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y de Pueblos Indígenas, promulgada el 06 de julio del 2004, lo cual incidirá en el sistema de representación permitiendo que organizaciones sociales y pueblos indígenas ingresen y participen del sistema de representación política.
  7. ®Para 1992, el 53,6% de la población no contaba con carné de identidad, donde el 62,4% correspondía a la población rural y el 66,3% de mujeres y el 58,6% de hombres. Recientes informes indican que el 46% de la población no cuenta con carné de identidad, de este total el 49% son mujeres y el 42% hombres y la mayor presencia de indocumentados se ubican el área urbana, 50%.
  8. ®Desde el Viceministerio de la Mujer se propuso llegar a una representación del 30% en el Parlamento; 40% Concejalas; 20% en mecanismos de control social como los Comités de Vigilancia; y 20% en la estructura de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
  9. ®El caso histórico de avasallamiento, constituye el comprobado fraude de Maragua. La nómina de candidatos fue modificada alternando los nombres de candidatos hombres a nombres femeninos, haciéndolos aparecer como candidatas. Este caso después del juicio concluyó sin responsables ni sanciones.



  ANEXO 3. Participación política de la mujer: Caso Colombia
[129] Colombia es escenario de un conflicto armado que se ha prolongado por más de cuatro décadas. La Carta Constitucional de 1991 abrió las posibilidades del desarrollo de una democracia participativa; así, se reglamentó procedimientos, se incorporaron nuevos actores sociales que tradicionalmente eran invisibilizados, uno de ellos: las mujeres. Respecto a éstas se diseñaron estrategias como: búsqueda de la igualdad formal de las mujeres (igualdad de oportunidades), incorporación de acciones positivas para enfrentar problemas como la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y la participación política, entre otras, hasta la intención de transversalizar este tema a nivel sectorial e intersectorial. Asimismo, se ha diseñado e implementado políticas públicas dirigidas a las mujeres y la creación de instancias de género en distintos sectores y oficinas de carácter nacional y municipal. Con esto se pretende articular la agenda de los planes de igualdad de oportunidades impulsados por los mecanismos para el adelanto de la mujer con los planes nacionales de desarrollo, mediante acciones a nivel nacional, regional y local.

Pese a estos intentos las brechas aún se mantienen y una ciudadanía plena aún no es alcanzada por las mujeres colombianas. Aún prevalece la desigualdad en el acceso al poder entre los varones y las mujeres ahondando las limitaciones que para el desarrollo de la democracia y el bienestar social implica esta exclusión.


NOTAS:

  1. ®1 Documento elaborado en base al Informe “La participación política de las mujeres en Colombia. Dos décadas (1986-2006)” elaborado por Corporación Región. Programa de Convivencia y Derechos Humanos. Coordinado por Luz Mery Arias Muñoz. Coautoras: Ana María Arteaga, Beatriz Quintero, Lucía Mercedes Ossa. Medellín, 2007.



  Balance de la legislación colombiana a favor de las mujeres
La mujer colombiana adquiere su derecho al voto a mediados del siglo XX (1954) y hacia fines de ese mismo siglo, la nueva Constitución colombiana define e incorpora derechos correspondientes a la mujer en términos de igualdad, participación en los niveles de decisión en la administración pública, igualdad de derechos y deberes de la pareja, igualdad de oportunidades, abolición de toda forma de discriminación de la mujer, protección especial en el embarazo, apoyo especial a las mujeres cabeza de familia o jefas de hogar, divorcio para matrimonios religiosos, entre otros. Esto es resultado de la organización y participación de mujeres –fundamentalmente la Red Nacional Mujer y Constituyente[130]- que desde diversas iniciativas han formulado sus demandas al Estado y criticado la sociedad patriarcal.

Este reconocimiento jurídico de las mujeres en Colombia ha sido significativamente impulsada por el Movimiento Social de Mujeres a nivel Internacional, que influencia la ratificación de la mayoría de las convenciones con las que se ha comprometido el país [131].

La influencia de los tratados internacionales de Derechos Humanos y los ligados a los derechos de las mujeres ha sido significativa en la construcción del marco normativo colombiano. Es más, se da una tendencia creciente en el conocimiento, apropiación y uso de estos mecanismos con el propósito de afianzar leyes a favor de las mujeres y presionar hacia la inconstitucionalidad de otras que van en detrimento de su integridad, tal es el caso de la ley que penaliza el aborto en Colombia.

La violencia contra las mujeres, tanto en su vida familiar como en su vida social, sigue siendo el tema más controvertido. Las leyes dadas aún son restrictivas para garantizar la integridad física y moral de las mujeres, contribuiría a ello el seguir las recomendaciones de la Plataforma de Acción de Beijing y los organismos de la ONU (salud pública, derechos sexuales y reproductivos, costos económicos de la violencia de género y el desarrollo, modelos de conductas sociales y culturales que guarden la idea de inferioridad o superioridad de uno de los sexos).

La despenalización del aborto, por lo menos en tres casos específicos, ha sido uno de los avances más significativos en Colombia por la reducción de muertes de las mujeres y el cambio cultural que se presenta al abrir en el debate público en un tema considerado hasta hace muy poco, de propiedad del Estado y de la iglesia. Es necesario recordar que el aborto aún sigue siendo ilegal y tipificado como delito, se requiere un debate hacia la despenalización total, es decir, hacia el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo.

Las mujeres colombianas siguen enfrentando el bajo reconocimiento social y cultural en el ámbito político, la Ley de cuotas sigue sin ser reconocida por los partidos políticos. Es necesaria la difusión y promoción de esta ley, hacer seguimiento a su aplicación, promover el acceso de las mujeres a estos cargos, promover las medidas afirmativas dentro de los partidos y los movimientos políticos para incrementar la participación de las mujeres en los niveles decisorios, entre ellos, los relacionados con el presupuesto participativo.

Colombia ha avanzado en una legislación a favor del cumplimiento de los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres. Esta legislación se centra en:

Contra la Violencia Intrafamiliar. A partir de la Conferencia de Viena (1993), la violencia contra la mujer en Colombia –cuya incidencia es alta en el país- se elevó a la categoría de Derechos Humanos, como resultado se obtuvo la protección de los demás miembros de la familia a través de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Sin embargo, al incorporar la violencia de las mujeres con la Violencia intrafamiliar, ha descentrado y diluido el sujeto mujer entre otras violencias y se ha dejado de lado abordar la violencia por razones de género y la erradicación de sus causas. Además, se traslada –a partir de la modificación en la Ley 575 de 2000- la responsabilidad judicial a la administrativa para la asistencia y protección a la víctima, lo cual va en detrimento de la protección y restauración de las víctimas [132]. Adicionalmente, la Ley 882 de 2004 (“ley de los ojos morados”) quebranta aún más el delito de Violencia Intrafamiliar, al restar la agresión sexual como una de sus manifestaciones más comunes y sorprende que un comportamiento como el acoso sexual aún no sea tipificado como delito. Así, la violencia en el ámbito familiar, sigue siendo considerada como un problema que se resuelve en el ámbito privado.

  1. Apoyo especial a la mujer cabeza de familia. Este marco legislativo no es uno pensado para conseguir la igualdad; así, en las mujeres en situación de desplazamiento en Colombia, cerca del 50% no han lograr asegurar sus derechos mínimos y mucho menos generar estrategias para transformar su situación. Muy por el contrario, siguen asumiendo más roles, con menos ingresos.

  2. Protección dentro del matrimonio.

  3. Protección laboral de las mujeres. La Corte Constitucional reconoce en 1992 el trabajo doméstico en el hogar como valorable en dinero. Este marco legislativo sobre protección laboral sigue siendo insuficiente para responder a las demandas de las mujeres colombianas, es más este marco legal, construido en los 90s, ha desprotegido a las mujeres. Así, sigue pendiente la atención a problemas como: acoso sexual en los lugares de trabajo, el trabajo de las niñas, incentivos fiscales para el tratamiento de igualdad salarial, mejoramiento en la seguridad social, mejoramiento en las condiciones de trabajo, derecho a un trabajo digno, eliminación de las barreras culturales, promoción de la capacidad empresarial y acceso a la propiedad.

  4. Protección a la libertad y el pudor sexual. Colombia ha legislado y se acogió a las convenciones internacionales relacionadas con la Trata de personas. La Ley 800 presenta una definición más cercaba a la realidad del fenómeno y reconoce la existencia de la prostitución tanto voluntaria y como forzada; sin embargo, aún deja que los Estados parte se ocupen de la prostitución en las leyes domésticas. La Ley 985 de 2005 provee de medidas y normas para la atención y protección de las víctimas, tanto a nivel nacional como trasnacional, estableciendo un tipo penal en el cual se elimina el consentimiento como motivo para que el tratante no sea procesado y aumenta las penas para quien comete este delito. Sin embargo, es preciso articular aún más los esfuerzos del Estado para aportar una información más adecuada acorde a la magnitud del problema.

  5. Igualdad de oportunidades y participación política. El reconocimiento social y jurídico de la participación política de las mujeres en Colombia tiene muchos obstáculos; sin embargo y pese a la existencia de la Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas, ha sido necesario que la Corte Constitucional la declarara como exequible a través de la sentencia que emitiera en la que define como necesario remover los obstáculos presentes que impiden la participación de la mujer con medidas que produzcan un doble efecto: uno inmediato, consistente en paliar la sub-representación, y otro a más largo plazo, que incida en la transformación de la mentalidad, incompatible con los propósitos trazados por una constitución igualitaria y democrática.

  6. Mujer rural y desarrollo.

  7. Salud sexual y reproductiva. Este marco legal es uno de los mayores logros legislativos de Colombia. El aborto en Colombia está castigado penalmente con penas entre uno y tres años de prisión y se encuentra incluido en los delitos contra la vida y la integridad personal después del genocidio o el homicidio. Incluso en los casos más extremos, sería castigado si el embarazo se interrumpe por una violación. Esta ley fue liberalizada a partir de las acciones de mujeres feministas y organizaciones en todo el país; así, implementaron la Campaña “Por la despenalización del aborto en Colombia” en el marco de la Campaña por una Convención Interamericana por los derechos sexuales y reproductivos, que h tenido como propósito garantizar y fortalecer los derechos humanos de todas las personas desde su nacimiento e institucionalizar un discurso de derechos [133].

  8. Decretos a favor de la creación de políticas para las mujeres colombianas. Se ha dado un paso importante al fortalecer la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer que tiene entre sus propósitos, puesta en marcha la Política Afirmativa “Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo”, que se articula a través de los diferentes programas y estrategias con las políticas de Reactivación Social y Seguridad Democrática. Se firmó un “Pacto para la Inclusión Efectiva de la Mujer en la Política”, que asigna a los partidos las tareas de fortalecer a sus candidatas a través de formación política; el diseño de estrategias económicas para la financiación de campañas de mujeres; así como de estrategias comunicativas para visualizar a las candidatas y ampliar sus oportunidades en los procesos electorales. En las recientes elecciones nacionales algunos sectores del movimiento de mujeres han presionado para que los partidos modifiquen sus estatutos y se “impongan voluntariamente” cuotas de mujeres en ellos. Una reciente campaña, “Más Mujeres Más Política” que se realiza en el país, busca alcanzar la democracia paritaria, mejorando la participación política de la mujer en los cargos de elección popular, de Consejos y Alcaldías para el período 2008-2012. De otro lado, la creación de forma permanente del Observatorio de Asuntos de Género para el seguimiento al cumplimiento de normas nacionales e internacionales vigentes, políticas públicas, planes, programas, proyectos y presupuestos de forma diferenciada por sexo.




NOTAS:

  1. ®Esta Red desde 1989 hasta 1991 marcó tendencias para unificar posiciones de las mujeres ante Cámara y Congreso, proceso que se constituye en un paradigma central para el avance de las mujeres.
  2. ®Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Civiles, y de los Derechos Políticos de la Mujer mediante la Ley 8 de 1959, Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW mediante la Ley 51 de 1981, el disfrute de sus derechos civiles, políticos, económicos y culturales, la Convención Internacional de los derechos de los niños y niñas, aprobada por la Ley 12 de 1991, la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo del Cairo 1994, la Conferencia Mundial de Beijing de 1995, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer –
    Convención de Belém Do Pará-, aprobada por la Ley 284 de 1995, Convecino de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de mujeres y niños por medio de la Ley 800 de 2003 y el Estatuto de Roma ratificado por Colombia mediante Fallo de la Corte Constitucional Sentencia C578 de 2002, mediante la cual Colombia acepta la jurisdicción de la Corte Penal Internacional que contiene importantes avances en materia de género y por último la resolución del Fondo de Naciones Unidas, en la que se declara la violencia contra la mujer como una prioridad de salud pública, vigente desde 1999.
  3. ®Las Comisarías de Familia no son garantía para las víctimas, como tampoco lo son las disposiciones que surgen del actual Código Penal que las deja desprotegidas contribuyendo a su vulnerabilidad frente al agresor.
  4. ®La demanda de inconstitucionalidad a la legislación sobre el aborto existente en Colombia, fue liderada por la abogada Mónica Roa quien interpuso ante la Corte Constitucional el 14 de abril de 2005 la despenalización del aborto en tres casos específicos, fundamentándose en argumentos de Derechos Humanos Internacionales: cuando la vida de la mujer o su salud está en peligro, cuando el embarazo es resultado de una violación y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.



  Mujeres en situación de desplazamisnto y tratamiento jurídico a su situación
Las huellas de la guerra quedan grabadas en los cuerpos de las mujeres y ello es uno de los peores resultados del conflicto armado que vive Colombia. Sumado a ello se encuentra la invisibilización de las que son objeto y la vulneración de sus derechos humanos y el minimizar el hecho por ser considerado como un asunto privado o natural. La violencia sexual es una de las mayores violencias que se ejercen en su contra [134] los diferentes actores armados.

La condición de mujer cabeza de familia es una cara nueva de la feminización de la pobreza; son discriminadas, sufren mayor proporción de violencia física, sexual y psicológica que los hombres, asumen las labores reproductivas no remuneradas dentro de su familia y, en circunstancias de crisis, las de la comunidad; obtienen ingresos económicos inferiores a los de los hombres bien sea porque son vinculadas a trabajos subvalorados o porque no les pagan igual que a ellos en el mismo trabajo. Poco o nada se ha hecho para el mejoramiento de la calidad de vida de la situación de estas mujeres, aún realizándose iniciativas de incidencia política y de resistencia a esta situación en Colombia a cargo de diferentes organizaciones de mujeres [135]. La política de Justicia y Paz presenta muchas falencias en todas las etapas del desplazamiento que afectan particularmente a las mujeres. No existe una política de atención relacionada con el derecho a la integridad física, psicológica y moral en especial frente a la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos y de prevención frente a la violencia y la explotación sexual, ni una política para mujeres con jefatura femenina o con integrantes más vulnerables.

Frente a ello se vienen adelantando esfuerzos para que en esta política de Justicia y Paz queden incorporadas las necesidades y acciones positivas de las mujeres, incorporando los estándares del género contenidos en el Estatuto de Roma, haciendo visible el efecto desproporcionado del desplazamiento en la vida de las mujeres e incidiendo en la definición de las políticas de carácter nacional y local. Las organizaciones de mujeres han planteado debate y exigencia respecto a la situación general del desplazamiento y su tratamiento por parte de las políticas públicas.

Balance de la Ley de Cuotas.
Los argumentos esgrimidos a nivel regional para la producción de cambios en los asuntos de gobernabilidad -traspaso del poder, recursos y responsabilidades a unidades subnacionales de gobierno a través de la descentralización y desconcentración y delegación de funciones públicas- y de apoyo a la descentralización pasaron por ideas como el aumento en la eficiencia en la gestión del desarrollo, hasta por los efectos positivos que podría tener en la gobernanza, las buenas prácticas y la participación de las ciudadanías locales y como una estrategia exitosa para el desarrollo (Banco Mundial, 1999).

La descentralización al asociarse con una mayor decisión en las esferas locales se liga inmediatamente como beneficiosa para las mujeres, al permitir, al menos en teoría, que puedan tener mayor acceso a los espacios de decisión local. Pero la realidad no es tan simple. El gobierno local es el nivel más cercano a los hombres y mujeres que habitan en un territorio, pero las relaciones, estructuras y procesos del gobierno local pueden limitar tanto el espacio para la participación de las mujeres como el potencial de las políticas para abordar temas de género.

Los intereses que entran en competencia por el poder y los recursos en el ámbito del gobierno local obran de tal forma que excluyen a las mujeres. Cuando el impulso para la descentralización es la eficiencia en lugar de la equidad, los intereses de género tienen menos probabilidades de tomarse en cuenta (Beall). Las normas y reformas legislativas promovidas desde los Estados no necesariamente se han traducido en reales beneficios para la justicia de género (igualdad de resultados).

Las principales brechas para alcanzar esta esfera del desarrollo, tienen que ver con los obstáculos que tienen las mujeres para hacer el tránsito de su ciudadanía social a su ciudadanía política ya que generalmente el liderazgo que ellas ejercen está ligado a actividades de la vida comunitaria en redes de apoyo para mantener la calidad de vida de la niñez, la tercera edad y personas en estado de mayor vulnerabilidad.

La Ley de Cuotas [136] es una considerada como de acción positiva, expedida en desarrollo de la Constitución Política de Colombia de 1991 y se sustenta en el reconocimiento de la existencia de una discriminación, en la voluntad de superarla y en hacer realidad en la práctica la igualdad aceptando que la conquista formal de un derecho no es suficiente para que éste se realice. El movimiento de mujeres fue quien promovió y apoyó los diferentes procesos legislativos que se concretaron en esta ley. Después de ello algunos sectores del movimiento han presionado para que los partidos modifiquen sus estatutos y se “impongan voluntariamente” las cuotas.

Con su rango de ley estatutaria busca crear mecanismos para que las autoridades públicas, siguiendo las normas constitucionales, le den a las mujeres la adecuada y efectiva participación a que tienen derecho en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público.

El 30% proviene de las recomendaciones hechas por la Conferencia Mundial para el examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, donde se entiende que una vez alcanzado este porcentaje podrá considerarse superada la discriminación laboral contra la mujer y abiertos los espacios para que pueda lograr por sí misma una participación mayor. Además, es un porcentaje que no comporta discriminación contra los hombres.

Otra ley que trata de fortalecer la equidad de género y apoya directamente la ley de cuotas es la ley 823 de 2003, donde el Estado se encuentra comprometido con el establecimiento de condiciones para lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres.

Aunque la ley de cuotas no obliga a los partidos políticos, en octubre de 2005, se firmó “el Pacto para la inclusión efectiva de la mujer en la política” por la cual éstos se comprometían a formar y fortalecer sus candidatas en política; a diseñar estrategias económicas para la financiación de campañas de mujeres y a desarrollar campañas que hagan visibles a las mujeres y amplíen su participación en todos los procesos electorales. A pesar de ello, los partidos desarrollaron esfuerzos para atraer a las mujeres votantes y no para promocionar a las mujeres en puestos claves dentro de la organización de los partidos o para proponer a las mujeres candidatas. Lo que se obtiene como resultado de ello es que en los cargos de elección popular el porcentaje de mujeres que acceden a dichos cargos se encuentra estancado y no se ha superado el 12% en la última década.

La elección de las mujeres tiende a ser menor; es decir, a pesar de que las mujeres se presentan a las elecciones ellas no resultan elegidas.

Es en las regiones en donde se empiezan a consolidar muy lentamente espacios con mayor posibilidad para elección de mujeres, por ser el más cercano a sus intereses y donde obtienen la mayor votación.
Cargos directivos en el sector público.

Luego de la vigencia de 6 años de la ley de cuotas, alrededor de 35 entidades públicas incumplieron durante el 2005 con el mandato legal que garantiza la participación efectiva de la mujer en la vida económica, profesional y social del país.

De los 32 departamentos, 11 incumplen la ley de cuotas, así como las Alcaldías de Medellín, Cali, Leticia, Yopal, Rioacha, Valledupar, Montería y San José del Guaviare.

Las estadísticas sugieren que las barreras para la participación política de las mujeres en Colombia no están en el proceso electoral en sí, si no en los mecanismos de nominación y de reclutamiento de los partidos políticos y en la educación patriarcal impartida.

Las características de la participación de las mujeres en los espacios de representación serían los siguientes:
  • Al acceder en menor número a espacios más cercanos a la comunidad, como lo son las Juntas administradoras locales o las juntas de acción comunal, han ejercido en menor proporción el derecho a la representación de la ciudadanía.
  • La representación de las organizaciones de mujeres en instancias de participación es baja porque el número de estas donde es posible ejercer esa condición es mínimo.
  • Si bien no se puede decir que los intereses de las mujeres no hayan sido representados en espacios institucionales como los Concejos, sí se adolecen casi todas las esferas a nivel nacional de agendas políticas lideradas por hombres y/o mujeres que posicionen los intereses y demandas específicas de género de manera programática y que vayan más allá de proyectos específicos y coyunturales.
  • Al observar la participación en el ámbito comunitario se observa que es bajo el porcentaje de mujeres que participan en procesos e instancias para posicionar las demandas de género.


La ley de cuotas no aplica, entre otras razones, por desconocimiento de los funcionarios y funcionarias por no reconocer su importancia como instrumento de equidad. Lo cual demanda por la divulgación y promoción de la ley y de realizar un seguimiento serio, completo y periódico a su aplicación.

A pesar de la alta participación de las mujeres como electoras o en las bases de los partidos políticos, su postulación y elección para cargos públicos y su presencia en la dirección de los partidos es mínima. Es necesario, por tanto, promover, por una parte, el acceso de la mujer a dichos cargos para ampliar su participación en la toma de decisiones del Estado; y, por otra, impulsar una reforma de los estatutos de los partidos y movimientos políticos, que garantice más espacios de participación de las mujeres. Si bien es cierto que la participación de las mujeres ha sido débil en los espacios formales de la política, también lo es que ha sido creciente en los espacios no convencionales.


NOTAS:

  1. ®Amnistía Internacional señala que la violencia sexual contra las mujeres consiste en la perpetuación de normas sociales que privan a las mujeres de autonomía, propicia la idea de que es posible apropiarse de sus cuerpos y controlar sus conductas.
  2. ®Se cuenta con la Red Nacional de Mujeres, la iniciativa de Mujeres por la Paz, el Observatorio de Derechos de las Mujeres, la Liga de las Mujeres Desplazadas, la Mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado, la Ruta Pacífica de las mujeres, La Organización Femenina Popular, Mujeres Pacíficas, La Red Departamental de mujeres del Chocó, La Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR) y ANMUSIC, entre otras.
  3. ®Esta ley está diseñada para ser cumplida por parte de los nominadores de los cargos de libre nombramiento y remoción del nivel directivo, tales como el Presidente del República, los diferentes ministros de despacho, directores de departamentos administrativos, superintendentes, directores, presidentes o gerentes de entidades descentralizadas, alcaldes, gobernadores y todos aquellos y aquellas que reciban delegación para estas funciones. La ley aún no aplica para entidades privadas y para aquellos cargos de elección pública y en los pertenecientes a la carrera administrativa, judicial u otras donde el ingreso, permanencia y ascenso se basan exclusivamente en el mérito. Se anota que en aquellos procesos que van por concurso de méritos y calificación de pruebas, es obligatoria la participación de hombres y mujeres en igual proporción, como integrantes de las autoridades encargadas de efectuar la calificación de las entrevistas, las pruebas sicológicas y aquellos mecanismos de evaluación que se fundan en criterios subjetivos.



  Políticas públicas y las luchas de las mujeres
Las estrategias más desarrolladas para diseñar políticas en la búsqueda de la eliminación de la discriminación han sido:

La inclusión política no garantiza la representación, pero sin inclusión seguramente no se da la representación. La inclusión exige que las mujeres puedan acceder, tanto como los hombres, a cargos de poder, la representación exige que las mujeres en política y sus aliados aboguen por agendas de y para la mujer.

Los principales nudos en el proceso de definición de las políticas públicas son:
  • La polarización de la sociedad colombiana que en los últimos períodos presidenciales se ha agudizado; los conflictos y la dificultad de diálogo entre los movimientos sociales y en especial el movimiento de mujeres y el gobierno afectan los procesos de participación, veeduría y control ciudadano.
  • En la definición de políticas públicas las mujeres son sujetos en cuanto a superación de la pobreza, es necesario que las políticas públicas se comprometan con los procesos de ampliación y profundización de la ciudadanía de las mujeres. Se debe buscar la eliminación de la pobreza no solo desde un punto de vista de aumento de ingresos, sino desde un punto de vista de apropiación de los derechos.


  ANEXO 4. Participación política de la mujer: Caso Ecuador
NOTAS DE CONTEXTO[137].
Es una evidencia de agotamiento del modelo económico liberal el que en 10 años se haya contado con 8 Presidentes de la República y cambios varios en representantes y funcionarios del Estado. Los últimos gobiernos han tendido a representar intereses privados antes que de las grandes mayorías del país, con la puesta en vigencia de la Constituyente de 1998 se consagró el modelo neoliberal.

Sin embargo, en este período no es posible dejar de lado la presencia y resistencia de movimientos sociales (indígena, mujeres y la organización espontánea de la población) que, tomando como estrategia de lucha la movilización han logrado frenar varias políticas neoliberales y hasta deponer a varios presidentes (como es el caso de las privatizaciones, o la firma del TLC y la caída de Bucaram, Mahauad y Gutiérrez).

El gobierno del Presidente Correa a iniciado una convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, la que permitirá configurar una nueva estructura política e institucional del Estado que recupere su rol de garantizar la soberanía, la economía, recuperar de manos de los grupos económicos y de las transnacionales, el usufructo de los recursos naturales para beneficio del país entero.

ECUADOR Y LA SUSCRIPCION DE ACUERDOS INTERNACIONALES ENCAMINADOS A ELIMINAR LAS DESIGUALDADES ENTRE VARONES Y MUJERES.
Ecuador es signatario de una serie de acuerdos internacionales relacionados con la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Entre los principales tenemos:
  • La Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), suscrita el 17 de julio de 1980 y ratificada el 19 de octubre de 1981.
    Declaración del Milenio, donde se fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a ser alcanzados hasta el año 2015. Suscrita por 188 países, entre estos, Ecuador, en Septiembre del 2000.
  • Los Convenios Internacionales 100, 102 y 111 de la OIT, la CEDAW (Art. 11), el PIDESC (Arts. 6, 7 y 10) configuran el marco jurídico internacional que compromete al país a eliminar la discriminación de género en materia laboral y garantizar las condiciones de seguridad social de manera equitativa. [138]
  • Anteriormente había suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 16 de diciembre de 1966, que entra en vigor en marzo de 1976
  • El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito el 6 de diciembre de 1966, que entra en vigor el 3 de enero de 1976.
  • Programa de Acción de El Cairo (1994) que hace referencia los derechos sexuales y reproductivos. Declaración de Viena (1993)
  • Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, Belém do Pará (1994).


El Artículo 163 de la Constitución establece que “Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía”, con lo cual se incorporan al sistema de justicia constitucional, los tratados y convenios internacionales que Ecuador ha suscrito y publicado en el Registro Oficial”.

Es el Ministerio de Relaciones Exteriores, la entidad pública que tiene la responsabilidad de responder a estos compromisos adquiridos por el Estado Ecuatoriano ante la Comunidad Internacional. Sin embargo, internamente es el Consejo Nacional de la Mujer, CONAMU[139], la institución gubernamental que está comprometida tanto con el Estado, como con la sociedad a proponer y establecer los mecanismos específicos para cumplir con estos compromisos relacionados con la igualdad de género y hacer su monitoreo, seguimiento y evaluación.

En función de la obligatoriedad del Estado Ecuatoriano para cumplir con estos convenios internacionales, se han creado algunas instancias e instrumentos para dar cuenta del cumplimiento de estos acuerdos.
Entre las más importantes están:

  • El Gobierno de Palacio declara como Política de Estado el cumplimiento de los objetivos y metas del milenio y crea para ello la Secretaría Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM), cuyo rol principal es la coordinación de esfuerzos entre los ministerios y demás instituciones del Estado con responsabilidades en el cumplimiento de las metas y objetivos del milenio, con el fin de articular políticas públicas y definir una agenda que permita enfrentar los compromisos adquiridos por el país, así como monitorear y evaluar la ejecución de las políticas encaminadas al cumplimiento de los ODM a nivel nacional. Sin embargo, con el nuevo Gobierno y un nuevo posicionamiento de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, la existencia de la SODEM al igual que el Consejo de Modernización del Estado, CONAM, están siendo revisados y se habla de una fusión en la SENPLADES.
  • En razón de lo anotado, haremos referencia al Sexto y Séptimo informes Oficiales Consolidados del Ecuador para la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW, período 1998 – 2006 (fechado diciembre de 2006) que minuciosamente incluye los avances, limitaciones y retrocesos producidos en Ecuador para eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres y, se hará referencia especial a la política de Estado creada para acortar la brecha de desigualdades en el ejercicio de derechos de hombres y mujeres: el Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas para el período 2005 – 2009.


Estos informes estuvieron bajo la responsabilidad del Grupo de Trabajo de los Derechos de las Mujeres [140] creado al interior de la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos del Ecuador.

Este documento, luego de presentar información estadística desagregada por sexo, edad y etnia sobre la situación de las mujeres en el país, pasa a establecer las acciones que el Estado Ecuatoriano ha tomado para incorporar los compromisos adquiridos con la CEDAW, haciendo referencia particular a la gestión del Consejo Nacional de Mujeres – CONAMU, entidad legalmente creada como rectora de las políticas de promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en el Ecuador. Adicionalmente se incluye información sobre las medidas adoptadas por la institucionalidad del sector público al respecto.


NOTAS:

  1. ®Documento elaborado en base al Informe presentado por CESA – Ecuador “Participación política de la mujer y rol de las ONG”.
    Agosto, 2007.
  2. ®En esta misma dirección, se han suscrito en los últimos años varios acuerdos nacionales e internacionales, así como se han promulgado varios instrumentos legales.
  3. ®Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, creado en 1997, es la institución encargada de la rectoría de políticas públicas con enfoque de género para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Está dirigido por un directorio integrado por 3 representantes de las organizaciones nacionales de mujeres y 3 representantes del Estado. Con el fortalecimiento de la Comisión Permanente de la Mujer, Niñez y Juventud del Congreso Nacional, la Dirección Adjunta de la Mujer y la Niñez en la Defensoría del Pueblo, la Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno y las Comisiones u Oficinas de la Mujer, Género y Equidad en entidades sectoriales y de los gobiernos locales, se complementó la institucionalidad pública de genero de manera efectiva.
  4. ®Dicho Grupo está integrado por instituciones públicas entre las que se encuentran varias Secretarías de Estado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Comisión de la Mujer y la Familia del Congreso Nacional, el CODENPE, CONADES, CONAMU, INEC, la Dirección Nacional de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, entre otras, así como por organizaciones sociales:

    La Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, la Coordinadora Política Juvenil, la Asociación de Consejeras Provinciales del Ecuador - ACOPE, la Asociación de Municipalidades del Ecuador - AME, Fundaciones como el CEPAM, CEIME, Equidad, el Foro Nacional de la Mujer, el CLADEM - Capítulo Ecuador, el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador – CONCOPE. La responsabilidad de levantar la información que sistematizó el Grupo de Trabajo estuvo a cargo de la Dra. Elizabeth García y la versión final del informe fue de Cecilia Valdivieso Vega, del CONAMU.



  Institucionalidad para la incorporacion de las politicas de genero.
En 1997 se creó mediante Decreto Ejecutivo No. 764 el Consejo Nacional de Mujeres, como la entidad rectora de las políticas públicas con enfoque de género para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Durante los últimos tres años, este perfil institucional se ha fortalecido de manera importante y ha ganado posicionamiento a nivel nacional.

Así, viene trabajado en alianzas institucionales con otras entidades del Estado y organizaciones sociales a fin de ganar fuerza para garantizar los derechos de hombres y mujeres de los diferentes sectores sociales y en diferentes aspectos. Ha establecido un proceso de coordinación interinstitucional para garantizar la inclusión de políticas específicas de género en la Agenda Social y en el proceso de descentralización.

Otra entidad pública que está trabajando concretamente en la defensa de los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes es la Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección de la Mujer, quien conoce y tramita quejas y pedidos de estos grupos y los pone a consideración de los Defensores Adjunto primero y/o Segundo para su resolución. Conjuntamente con otras instituciones estatales y de la sociedad trabaja en el impulso de procesos y construcción de políticas de niñez, adolescencia y de género, vigila procesos en la Función Judicial, los Juzgados de la Niñez y las instituciones públicas y privadas. Otras acciones que desarrolla son: mediar en conflictos, asesorar a la población, realizar un trabajo social y psicológico con las víctimas de violencia contra la mujer.

A nivel del Congreso, desde 1998 se crea la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia cuya misión es legislar y fiscalizar en beneficio de los derechos de las mujeres, la niñez, la juventud y la familia.

Cumpliendo con su función, ha impulsado proyectos de ley relacionados con este rol. La Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno coordina el trabajo de 32 Comisarías de la Mujer y la Familia. Tiene como objetivo promover y facilitar la ejecución de políticas, estrategias y mecanismos que tiendan a alcanzar igualdad de género y a disminuir la violencia intrafamiliar.

Otras entidades públicas con responsabilidades de incorporación de la igualdad de género son la Oficina de Defensa de los Derechos de las Mujeres de la Policía Nacional y la Unidad para la Equidad de Género y Jóvenes del Ministerio de Trabajo. Finalmente el Ministerio Público ha creado unidades técnicas especializadas en violencia intrafamiliar y delitos sexuales, encaminadas a investigar y enjuiciar delitos sexuales.

Participación política de las mujeres
En 1996 se aprobó la Ley de Amparo Laboral que obligaba a incorporar el 20% como porcentaje mínimo para la incorporación de mujeres en la administración de justicia, sin embargo, en algunas judicaturas no se cumplen todavía con estos mínimos.

En el 2000, se expide la Ley de Cuotas, a fin de garantizar la participación de mujeres en elecciones públicas, con la que se introducen reformas a la Ley de Elecciones, estableciendo la obligatoriedad de incluir porcentajes mínimos de mujeres en listas pluripersonales en forma alternada y secuencial.
Inicialmente estableció como base mínima la inclusión del 20% de mujeres en las listas de candidaturas para elecciones populares. En cada elección, se incrementaría un 5% de mujeres en cada proceso electoral, hasta llegar a la paridad.

En las elecciones de los años 2002, 2004 y 2006 por una mala gestión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se cumplió con la Ley. En el primer caso, el TSE expide un Reglamento que en su artículo 40, dejaba a la libre interpretación la reforma y aplicaba la ley anterior. Las organizaciones de mujeres plantearon un juicio político al Presidente del TSE sin resultado favorable, pero la demanda de inconstitucionalidad sí fue acogida por el Tribunal Constitucional.

En el 2004, en general se eleva la participación de candidaturas femeninas, a pesar de que el TSE emite una disposición contraria a la aplicación de la alternatividad y secuencia prevista en la Ley de Cuotas y se hizo de “la vista gorda” ante el incumplimiento de la Ley (no se amonestó a los partidos y movimientos políticos que la incumplieron).

En el 2006, así mismo, el TSE el 5 de julio resolvió dejar en libertad a los partidos y movimientos políticos para establecer la alternabilidad y secuencia entre hombres y mujeres en la conformación de las listas pluripersonales, contrariando la Ley Orgánica de Elecciones. El CONAMU con el apoyo de las organizaciones de mujeres, solicitó rectificación al Tribunal y planteó una propuesta de Reglamento General a la Ley de Elecciones, donde se plantea que para cumplir con la alternatividad y secuencia, las listas pluripersonales deben conformarse con la ubicación intercalada de un hombre y una mujer, o viceversa, desde el encabezamiento de la lista, hasta el cumplimiento de la cuota. A la exigencia de respetar la Ley de Cuotas se sumaron otras organizaciones y movimientos: Participación Ciudadana, Asamblea de Mujeres de Quito, Foro de la Mujer, Movimiento político Red Ética y Democracia.

El 9 de agosto, el Tribunal Constitucional ordenó al TSE acatar la resolución del pleno (noviembre 2002) en la que se ordena cumplir estrictamente la Ley de Cuotas y le dio un plazo de 72 horas para su acatamiento.

Concluidas las inscripciones de candidaturas, las organizaciones de mujeres solicitaron al Tribunal Electoral de Pichincha las listas de candidatos/as para revisar el cumplimiento de la alternatividad y secuencia. Se constató que la norma no fue respetada, sin embargo se constató también que hubo una mayor cantidad de candidaturas femeninas en varias listas que en anteriores procesos y que lograron el apoyo popular en las últimas elecciones.

Para las elecciones de asambleístas del 2007, se ha anunciado que corresponde la paridad en las candidaturas entre hombres y mujeres (50%/50%), igualmente considerando la alternatividad y secuencia. Sin embargo, aún no se tiene la información del TSE para corroborar que, en esta oportunidad, si se cumplirá con la Ley de Cuotas y con el carácter de alternatividad y secuencia.

Balance de las acciones de incidencia de las principales ONG para la promoción de la promoción y participación política de la mujer.
En la parte precedente, se describen los principales logros en términos legales e institucionales logrados por las mujeres por la igualdad de derechos. Así mismo, se explicitan los logros a nivel de representatividad en los espacios públicos, especialmente en la actualidad.

No cabe duda que en estas conquistas, las organizaciones de mujeres procedentes de diferentes sectores y el movimiento de mujeres en general, han tenido un papel fundamental. Sin embargo, en la configuración de este proceso, el rol de algunas ONG feministas, las primeras, fundadas por mujeres con una experiencia de participación política al interior de las organizaciones y partidos políticos de izquierda, ha sido importante.

Desde los años 80, ONG de mujeres abrieron el campo para el desarrollo de proyectos con mujeres. En este proceso se fueron desarrollando experiencias, metodologías y propuestas concretas así como la crítica a las estrategias de desarrollo que ignoraron a las mujeres en distintos ámbitos. Las ONG contribuyeron a formar una nueva concepción del desarrollo, introduciendo el elemento de equidad de género. Doris Solís y Jacinta Zea (documento sin fecha)
Desde los años 90, la presencia de otras ONG en el desarrollo de proyectos que tienen a las mujeres como “beneficiarias” ha proliferado en tanto son entidades portadoras de conocimiento e información de determinadas “orientaciones” de organismos internacionales como las Naciones Unidas, el FMI, el BM, etc., las mismas que gestionan recursos financieros de la cooperación internacional orientados al tema.

Varias entrevistadas señalan que las logros más sobresalientes de las ONG en este proceso están por el lado de la autoestima y autovaloración de las mujeres.
Efectivamente, se han generado procesos de crecimiento personal, se han mejorado sus capacidades para la gestión comunitaria y desarrollo organizativo y, a través de los proyectos de desarrollo, en algunos casos, se han logrado elevar las condiciones de vida de las mujeres populares. También se han hecho méritos por convertir el tema de la violencia intrafamiliar, tradicionalmente de orden privado, a un tema de orden público y político. Esto sin duda, ha contribuido directa o indirectamente a movilizar a las organizaciones de mujeres en función de agendas que van desde demandas cotidianas (contra la violencia, contra la subida de los precios de productos y servicios básicos, etc.) hasta propuestas de más largo aliento como la igualdad de oportunidades, la no discriminación de ninguna índole por su condición de mujeres, etc.

Como ya se describió en este documento, una buena parte de las ONG feministas o que trabajan el tema, están vinculados a espacios colectivos que discuten propuestas de Ley y las estrategias y mecanismos para institucionalizar el enfoque de género en los distintos ámbitos y, su influencia no puede dejar de considerarse como importante.

Uno de los temas en los que las ONG feministas han aportado con mayor intensidad, es posicionar en la agenda social el tema de los derechos sexuales y reproductivos, aún cuando es un tema que ha generado muchas resistencias de determinados sectores que aún concentran gran poder ideológico sobre la sociedad en su conjunto: la Iglesia, algunos partidos políticos y los medios de comunicación.

Igualmente se aprecia como un aporte al conocimiento de la situación y posición de la mujer en el Ecuador, los distintos procesos investigativos en los que se han comprometido las ONG así como el trabajo de sistematización de experiencias del trabajo con mujeres en diferentes sectores y diferentes temáticas.
Sin embargo, hay también críticas al rol desempeñado por las ONG en torno a las luchas feministas, que es importante tomar en cuenta, para fortalecer el debate al respecto.

Breilh [141] habla del desarrollo de una cultura “neofuncionalista”, “fuerte aun en núcleos autodefinidos como progresistas, y que se sustenta en algunos presupuestos –conservadores- que apenas pueden esconderse tras de cierta terminología progresistoide que busca enmascararlos: a) el giro del enfoque y la crítica social desde el eje estructural productivo, al eje de consumo como base para construir las demandas de la política; b) la aceptación del posibilismo – léase cálculo político ajeno al compromiso -como principio de estrategia política, ligado a la idea de que el cambio puede construirse desde un reformismo por sectores y como resultado de una cosmética social, pero dentro de las reglas del capitalismo; b) la aplicación del principio de la acción comunicativa de Habermas y de la correspondiente estrategia dialógica al conflicto de clases – las clases no se confrontan, las clases cooperan entre sí-; y, c) una lectura conservadora y divisionista de categorías de la diversidad como lo étnico, el género, lo generacional, etc.” [142], [143]Coincidiendo de alguna manera con este planteamiento, pero refiriéndose al tema concreto de la participación política de la mujer, una de nuestras entrevistadas, que precisamente trabaja en una ONG señala que:
“La participación política de las mujeres, entendida como la participación en los medios de intervención pública ligados a los aparatos de gobierno, ha sido una reivindicación apuntalada en los últimos años desde los espacios (claustros?) institucionalizados del Género, ya en el espacio de la ‘sociedad civil’ como en los lugares que el Estado les ha asignado. Esto ha sido una consecuencia obvia al no existir un movimiento de mujeres que lleve adelante una lucha política que promueva intereses y dispute ejercicio de poder en el marco de las contiendas de clase y etnia, fórmula tan cara en las propuestas de las mujeres, pero que sólo quedaron en eso: fórmula.

Ahora bien, la difusión de los discursos del género en las instituciones del Estado, que han respondido a las estrategias elaboradas por instancias mundiales y agencias internacionales (NNUU, Banco Mundial, etc.), han creado condiciones para que las mujeres exijan cumplimiento de ciertas normas acordadas en la esfera de la legislación. Una legislación que ha acogido propuestas muy variada: desde la ley contra la violencia a la mujer y a la familia, la ley de maternidad gratuita, ley de amparo laboral, hasta la [Ley de cuotas], ley última que ha sido susceptible de implementación, mientras que las otras han quedado en el papel, ya que su implementación es contraria al modelo neoliberal del Estado ecuatoriano.

Además, en este proceso, han quedado fuera temas de profunda importancia para la modificación de la organización simbólica del patriarcado, como es la potestad de las mujeres en el manejo de su cuerpo, con la despenalización del aborto; asunto en el que la Iglesia ha tenido una papel fundamental en las negociaciones y presiones a diversos niveles de la sociedad, y papel nada desdeñable de los medios de comunicación. El manejo de este tema ha puesto en evidencia la dislocación entre ‘la política’ y ‘lo político’, territorio último donde la conflictividad aparece atravesada por los antagonismos, pero que en ejercicio de la política el tema en mención aparece sin sujeto social que lo impulse. En este territorio se afinca también el tema de la clase que alude a los aspectos de la organización económica, y la etnia.

Planteamientos también críticos lo han realizado otras mujeres feministas del país: “la perspectiva de género llega de las manos de las agencias de cooperación y a través de los planes de desarrollo causando desplazamientos teóricos y metodológicos en el proceso de consolidación del movimiento de mujeres” (Rodas, 2002:6); o lo que se denomina ‘la profesionalización de la causa feminista y pérdida de legitimidad del legado feminista’ ó “la progresiva instrumentalización de la perspectiva de género y su despolitización” (Herrera, 2001)[144].

Influencia de la Iglesia Católica en la formulación de las políticas públicas.
Coincidimos con el planteamiento realizado por muchos analistas, hombres y mujeres ecuatorianos y de otras de las latitudes de que la influencia de la Iglesia Católica tradicional y otros grupos fundamentalistas, pone en cuestión y amenaza el carácter laico de nuestros Estados.
En Ecuador y casi toda América Latina, la mayor evidencia al respecto es cuando se trata de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, debatidos y reconocidos en varios eventos, Conferencias y Convenciones internacionales, suscritas y ratificadas por nuestros Estados, donde la Iglesia y sus aliados manifiestan:
  • Oposición dogmática e inescrupulosa en torno a este tipo de derechos humanos, al punto de poner en riesgo su vigencia.
  • Imposición de criterios de carácter religioso y manipulación al interior de instancias políticas (Congreso Nacional, Tribunal Constitucional, Ejecutivo) para lograr adhesiones en torno a sus posiciones.
  • Interferencia en instancias publicas establecidas legal y constitucionalmente, para soslayar la vigencia de políticas públicas al respecto.

En Ecuador, la Iglesia católica y otros grupos fundamentalistas, especialmente, PRO VIDA, han realizado verdaderas campañas a través de los medios de comunicación así como labores de lobby y cabildeo con los tomadores de decisiones, a fin de que sus decisiones se inclinen hacia sus visiones.
Pusieron serios obstáculos para la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Salud, cuyo texto plasma verdaderos adelantos en la salud pública e incluye preceptos de respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres desde un enfoque de salud integral y que señala la necesidad de educación sobre la sexualidad. Así por ejemplo, la presión realizada por estos sectores logra que:
  • El 23 de mayo de 2006, el Tribunal Constitucional del Ecuador[145], en alianza con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana resuelve: “La pastilla de emergencia (PAE) o pastilla del día después (PDD)
    no podrá ser vendida en el Ecuador por atentar contra la vida de los niños no nacidos”.
  • El 1 de junio de 2006, el Presidente Palacio, según decreto presidencia No. 1441, declaró fecha oficial del Día del Niño por Nacer el 25 de marzo, en el que adicionalmente orienta a que los “Ministerios de Educación y Cultura y Bienestar Social en el ámbito de su competencia implementarán las acciones necesarias en planteles educacionales, instituciones de asistencia social y benéfica, que promuevan y promocionen programas y festejos en honor de los niños no nacidos y de la vida”.
  • Con la complicidad de algunos partidos políticos en el Congreso, el período pasado, se congeló el tratamiento de una propuesta de Ley para despenalizar el aborto en casos de embarazo forzado, por violación o cualquier tipo de abuso.


A finales del 2006 se aprobó la nueva Ley Orgánica de Salud. Los siguientes artículos que son los que levantaron una serie de protestas por parte de algunos sectores vinculados a la Iglesia Católica y los grupos fundamentalistas:
Artículo 24 Los programas de planificación familiar garantizarán el derecho de decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos y el acceso a métodos anticonceptivos.

Artículo 28 El Ministerio de Educación elaborará políticas y programas educativos, de implementación obligatoria en los establecimientos de educación, tendientes a la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva, la prevención de embarazos en adolescentes.

Artículo 30 Los servicios de salud no podrán negarse a interrumpir un embarazo en los casos previstos por el Código Penal.

Artículo 32 La atención de las violencias y de sus consecuencias se realizará con enfoque integral e incluirá la rehabilitación de la persona agresora. Los servicios de salud tienen la obligación de atender los casos de violencia intrafamiliar y sexual y denunciar a los organismos competentes, así como suministrar anticonceptivos de emergencia.

Ante esta situación, las principales organizaciones de mujeres del país y de varias provincias, junto al CONAMU, emitieron un Comunicado (1 de diciembre/2006) desvirtuando aquellas aseveraciones que la Iglesia y los grupos fundamentalistas realizaban con relación a que la Ley “atenta a la Vida y a la norma Constitucional en sus artículos 24, 28 y 30 y se permite ‘el ingreso legal a nuestro país de las transnacionales del aborto, la promiscuidad juvenil y el uso indiscriminado de anticonceptivos a partir de los doce años de edad’”.
El comunicado en el que se desvirtúan todas y cada una de las tergiversaciones que estos sectores realizan con relación al alcance de la ley entre otras cosas señala que, “las políticas públicas son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, no pueden ser discrecionales ni condicionadas.

Los padres y madres que tiene la patria potestad de sus hijos/as tienen el derecho a escoger qué educación quieren para ellos/as, pueden optar por la educación pública (que en el Ecuador es laica) o la privada, que puede ser laica o religiosa, y dentro de la opción religiosa, podrán decidir por la católica, evangélica y otra que represente a cualquier otro credo que existe en nuestro país y en el mundo. La Ley Orgánica de Salud no limita este derecho”
Sin embargo, estos sectores no han dejado de ejercer presión para impedir el cumplimiento de la ley y coartar los derechos humanos incorporados en la misma.

  • En marzo del presente año la Iglesia y los Grupos Pro-vida y Pro-Familia organizaron un Congreso Nacional por la Vida y la Familia, donde el tema fundamental fue la oposición a los derechos sexuales y reproductivos que fueron incorporados en la nueva Ley Orgánica de Salud.
  • Existen varias agrupaciones que participarán en la elección para asambleístas que, respondiendo a los intereses de estos grupos, son portadoras de planteamientos en contra de las conquistas de las mujeres, de la igualdad de género y por supuesto de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, convirtiéndoles en sus planteamientos públicos fundamentales.



NOTAS:

  1. ®Jaime Breilh es un médico ecuatoriano, docente universitario, investigador. Actualmente es el Director del Departamento de Salud de la Universidad Andina “Simón Bolívar”, es Director del Sistema de Investigación sobre la problemática agraria en el Ecuador, es miembro del Centro de Asesoría en Salud, CEAS, etc.
  2. ®BREILH, Jaime (2004): Ponencia presentada en evento organizado por el lanzamiento de la Revista “Renovación”. Quito.
  3. ®Es importante aclarar que en esta cita aunque no se hace mención específica a las ONG ni a ningún otro sector específico, cuando se habla “núcleos autodefinidos como progresistas” de manera implícita se incluye a varias de éstas, porque en su trayectoria han adoptado acríticamente discursos y posicionamientos de esta índole, que generalmente provienen de los organismos internacionales y de las agencias de financiamiento. Alex Zapatta, buscando aclarar esta afirmación señala que “Evidentemente, Breilh no está cuestionando el ascenso de importancia en las Ciencias Sociales y en la Política de categorías como lo étnico, el género, lo generacional, sino la perspectiva fragmentada y unilateral de esas categorías que, en ciertos momentos, parece volverse dominante, desconectando artificialmente las relaciones de género, por ejemplo, con el conjunto de las relaciones sociales de producción”.
  4. ®Citadas en: Cruz Zúñiga, Pilar. 2006. “Mujeres ecuatorianas: Panoramas de sus situaciones y perspectivas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI”. En Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Año 8, Nº 16.
  5. ®Organismo que se encontraba vacante y que fue integrado por una sorpresiva alianza entre el Partido Social Cristiano y los partidos populistas de derecha.



  Organizaciones de mujeres
En el marco de la lucha más general llevada a cabo en este período en Ecuador, especialmente el movimiento sindical y los partidos de izquierda, son los primeros en patrocinar las reivindicaciones de las mujeres por la igualdad de derechos. En 1967 se promulgó la igualdad jurídica absoluta entre ambos sexos, válida para la mujer que ha contraído matrimonio y adquiere derechos independientemente del marido.

Desde los años 70 la problemática femenina dejó de ser patrimonio de los grupos de izquierda y sindicales, cuando a pretexto de alivianar la pobreza, la derecha del país irrumpe en el apoyo, ayuda y promoción de la mujer de diversos sectores sociales. Es en esta década que se integran algunas organizaciones de mujeres procedentes de los sectores populares y es visible la creciente lucha y participación femenina en las dinámicas reivindicativas y políticas de la época por el retorno a la democracia y en contra de las medidas económicas, mismas que condujeron a una grave crisis económica, donde fue visibilizado el importante rol de las mujeres en las estrategias de sobrevivencia de las familias.

“la participación política de las mujeres no es un hecho reciente, pero no ha sido visibilizada suficientemente. Desde los años 60, sin embargo, las mujeres empiezan a pensar en espacios propios de organización a través de la conformación de organizaciones de mujeres [que constituirán la base sobre la que se levantará el movimiento de mujeres] …se empiezan a vertebrar dos tendencias: la una que reúne a las mujeres intelectuales, quienes ya tuvieron una trayectoria al interior de los partidos políticos y que más adelante conformarán la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas y otras organizaciones como el Foro de las Mujeres, Mujeres por la Democracia y que representa la búsqueda de las mujeres de participación en sus propios espacios organizativos. La otra es la expresión de las mujeres provenientes de sectores populares orientadas a responder a situaciones más cotidianas, más locales. Estas expresiones están bastante vinculadas a determinados sectores de ONG a partir de los años 80 y van ganando fuerza y constituyéndose en movimiento de mujeres populares… las primeras han sido quienes han estado con mayor claridad en la palestra política, pues son ellas las que han ejercido mayor presión al estar vinculadas a corrientes feministas y progresistas … no se puede negar la influencia del Movimiento Feminista Internacional y dentro de este a las varias tendencias existentes: las más radicales, las articuladas a la socialdemocracia y hasta las que responden a tendencias de la derecha política”.

En cuanto a la reivindicación de participación política activa de las mujeres, un papel central lo ha tenido la Coordinadora Política de Mujeres, quien “ha incidido fuertemente para que el Estado estructure una institucionalidad encargada de la rectoría de las políticas relacionadas con las Mujeres… se cuenta hora con el Consejo Nacional de Mujeres…” (Moya, julio 2007)

Los años 90 verán cristalizar procesos que venían gestándose desde años atrás: la irrupción del movimiento indígena y del movimiento de mujeres, movimientos que han tenido un rol preponderante en la generación de condiciones favorables para el ejercicio de la política desde estos sectores que antes estuvieron excluidos, cuyas demandas específicas obtuvieron su reconocimiento formal en el proceso de la Asamblea Constituyente de 1998.

En cuanto a las agendas que han impulsado las mujeres intelectuales y sus organizaciones están: “el tema de la violencia contra la mujer fue un tema prioritario, lográndose la aprobación (1995) de la Ley en contra de la violencia a la mujer y la familia… Más adelante un tema sustancial ha sido la lucha por una participación igualitaria en las elecciones, que logra la puesta en vigencia de la Ley de Cuotas cuya formulación tiene un carácter progresivo y finalmente para las próximas elecciones (Septiembre 2007) exige la paridad, incluidos los criterios de secuencia y alternatividad … otro hito importante de la lucha de las mujeres y de otros sectores es la inclusión en la Constitución de 1998 de algunos derechos como los derechos colectivos, los derechos sexuales y reproductivos. Desde las mujeres populares, aunque aprecian el tema de la representatividad política (especialmente de cara a sus barrios y/o comunidades, los temas priorizados tiene que ver con la lucha cotidiana por enfrentar los efectos de la crisis económica. Aquí es importante resaltar que desde los años 80 y 90 la participación de las mujeres indígenas cobró bastante relevancia y esa es otra lucha” (Moya, julio 2007).

Con relación a la inclusión de las agendas de las mujeres en la agenda social y su contribución al desarrollo de la democracia en el país, Moya señala:
“… el Plan de Igualdad de Oportunidades es el que recoge por eje temático no sólo las reivindicaciones sino las propuestas de participación de las mujeres, en cuanto a lograr una participación política de las mujeres y propuestas que recojan esa mirada de equidad en busca de igualdad de oportunidades. El contar con esta agenda ha motivado que en lo local se vayan también estructurando agendas de mujeres en varias zonas del país (Cuenca, Quito). Los gobiernos locales no pueden constituir sus planes de desarrollo sin tener en cuenta la mirada y los intereses y ello ha sido resultado de una lucha larga y continua de las mismas mujeres porque se consideren sus propias opiniones.
Con todos los procesos que se han repasado, a pesar de las múltiples limitaciones se puede hablar de que hay una participación más activa de las mujeres y que desde este sector se está pensando en cómo construir una democracia cada vez más participativa. Pero, no podemos ser ingenuas en pensar que sólo con los instrumentos ya señalados va a ser suficiente …hay una discusión permanente en el sentido de que no basta con la legislación, no basta con tener una agenda a la que nos adscribamos, necesitamos también entre las mujeres estos espacios de participación real”. (Moya, julio 2007)

Con relación a los puntos de las agendas que no han logrado ser implementados, Miryam Moya señala que “a pesar de tener un conjunto de leyes bastante progresistas en relación con América Latina, aún no existen los mecanismos, reglamentos ni presupuestos que garanticen su operatividad y la exigibilidad de cumplimiento de estas leyes. De ahí que se hable de que apenas se ha hecho la mitad del camino. A pesar de que existen organizaciones de mujeres que están realizando incidencia en las políticas públicas aún no hay una base social fuerte, organizada y deliberante de mujeres que se consideren sujetos de derecho en todos los ámbitos y, al no existir esta base social organizada nos quedamos en el enunciado, en el discurso y que, si se mira a la par la situación que las mujeres estamos viviendo, vemos que seguimos siendo objeto de discriminación, de subordinación y violencia institucional, social y hasta violencia en nuestras propias casas. Todavía hace falta caminar hacia un real ejercicio de ciudadanía”
Por su parte, Javier Ponce señala “también ha habido mucho prejuicio en los movimientos de mujeres con respecto a insertarse en partidos políticos; más bien, han preferido mantenerse como movimientos sociales y de ahí, es que no haya una gran inserción de las organizaciones de mujeres en los partidos políticos. A momentos me da la sensación de las organizaciones de mujeres se han mantenido muy enrocadas, muy encerradas dentro del marco de ciertas reivindicaciones de género, pero no se han abierto a alianzas con otros sectores, por ejemplo, la participación de mujeres junto al movimiento indígena es mínima… en general a otros movimientos sociales; es decir, una tendencia a enrocarse en reivindicaciones de género y eso, evidentemente, impide tener alianzas más amplias que apoyen sus tesis. Me parece también que ha habido dogmatismos en el movimiento de mujeres. No se han metido en temas que están cercanos tanto a hombres como a mujeres, pero particularmente a mujeres, como por ejemplo, los problemas del consumidor, no hay un asumir la defensa del consumidor, son más bien posiciones de carácter discursivo, de carácter retórico y pocas organizaciones han incursionado en programas de intervención directa en la situación de la mujer ”.


  Situación actual de las organizaciones de mujeres y el movimiento de mujeres
Las organizaciones de mujeres y el movimiento de mujeres han tenido sus momentos de auge y sus momentos de debilidad. De auge, sobre todo en los años 90, hasta el reconocimiento de derechos específicos de las mujeres en la Constitución del 98. De debilidad, desde fines de los 90, período en el que los discursos de las liderezas del movimiento de mujeres y de las feministas han estado poco presentes en los escenarios públicos. Si lo han hecho, han sido puntuales, aún cuando aborden temas clave, como es el caso de los derechos sexuales y reproductivos. Recogemos a continuación lo que al respecto se ha planteado en las entrevistas realizadas:
“Actualmente el movimiento feminista está débil. Su influencia es puntual, por ejemplo en el tema de la alternatividad en las candidaturas, la ley de cuotas etc., después de la Asamblea Constituyente de 1998 las demandas y reivindicaciones quedaron confinadas a aspectos puntuales, sin una perspectiva global”. (Flores, julio 2007).

La efervescencia del movimiento de mujeres “yo creo que ha bajado mucho, porque además, esa efervescencia estuvo muy animada y mantenida por las ONG de Mujeres y, las ONG de Mujeres están en crisis: hay debilidades de financiamiento, hay fatiga, hay agotamiento de esos sectores. … creo que si no hay una renovación de los cuadros de esas ONG, hay fatiga… creo que han perdido ‘actualidad’ en términos de financiamiento y de apoyo internacional de la cooperación al tema de género. Me parece que, al mismo tiempo, los cambios en la legislación han abierto espacios políticos para las mujeres, entonces se han integrado, en términos generales, a los movimientos políticos al margen de demandas específicas de género, pero creo que, sobre todo, problema de fatiga y de falta de renovación de esas ONG” (Ponce, julio 2007).


  BIBLIOGRAFÍA
BREILH, Jaime y ZAPATTA, Alex.
2006 “Ciencia Emancipadora, Pensamiento Crítico e Interculturalidad”. En Revista Espacios No. 13, Octubre 2006. Pág. 79 - 91.

CONAMU 2004 Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas (elaborado por Adriana Reyes y Rocío Rosero, en base a diversos documentos trabajados con anterioridad y a procesos de consultas a diversas organizaciones sociales de mujeres, liderezas sociales y políticas y a mujeres que son autoridades locales). Quito.

2005 Mujeres y Hombres del Ecuador en cifras II, Quito, Pág. 46.

CRUZ ZÚÑIGA, Pilar.

2006 “Mujeres ecuatorianas: Panoramas de sus situaciones y perspectivas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI”. En Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Año 8, Nº 16.

GRUPO DE TRABAJO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES de la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos del Ecuador.

2006 Sexto y Séptimo Informes Oficiales Consolidados del Ecuador para la Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer – CEDAW. Período 1998 – 2006. Levantamiento y procesamiento información: Elizabeth García. Redacción Final: Cecilia Valdivieso Vega.

SOLÍS, Doris y ZEA Jacinta.
s/año Mujeres y política en el Ecuador: una relación de conquistas y rupturas. Documento fotocopiado sin referencias.

VILLAGÓMEZ, Gayne 2006 Los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Ecuador ponen sobre el tapete la vigencia o no del estado laico. Quito.


  Entrevistas realizadas.
  • Miryam Moya, Directora del Programa Nacional “Ecuador Adolescente”, con sede en Quito.
  • Florencia Campana, Fundación Heifer – Ecuador.
  • Judith Flores, Instituto de Estudios Ecuatorianos.
  • Javier Ponce, Editorialista del Diario El Universo, vinculado al Comité Ecuménico de Proyectos.
    Actualmente designado como Secretario Particular del Presidente Rafael Correa.


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