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Ecuador: Explotación minera y conflictos con las comunidades
Autores corporativos:
Agencia Latinoamericana de Información (canal)

Autores personales:
Moore, Jennifer (Autor/a)

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Fecha:
9 de Julio de 2007
Entradilla:
La posición del gobierno respecto a la explotación minera sorprende y preocupa a las comunidades afectadas. Las protestas de estas últimas fueron reprimidas por la policía, de igual manera las nuevas declaraciones de los funcionarios contradicen las demandas de las mismas.
Introducción/Descripción:
La posición del gobierno ecuatoriano respecto a la explotación minera a gran escala en el Ecuador ha sorprendido y preocupado a los sectores afectados. Los bloqueos de carreteras organizados por la “Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía” la semana pasada enfrentaron una fuerte represión policial [1], de igual manera las nuevas declaraciones del gobierno están en contradicción con las demandas de las comunidades.

Si bien Ecuador ha sido un país productor de petróleo durante 40 años [2], nunca ha sido un productor minero importante. Sin embargo, las reformas legales que favorecen a la inversión privada y los estudios que revelan la riqueza de los depósitos minerales en los Andes ecuatorianos y en el sur de la región amazónica [3] han hecho que el país sea muy atractivo para los inversionistas extranjeras y en particular para los intereses canadienses [4]. Hasta la fecha, se han entregado más de 4.000 concesiones de explotación minera, cubriendo aproximadamente [5] el 20% del territorio, incluyendo muchas áreas, cultural y biológicamente diversas [6]. Toda vez, los proyectos actuales aún no inician la producción.

Las miles de personas que respondieron a la convocatoria de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía están convencidas de que existen mejores alternativas para el futuro de sus comunidades y del país. En vista de que las comunidades afectadas ya están sufriendo los efectos de la división social [7], y conociendo del deterioro de la salud y el medio ambiente registrado en otros países [8], aspiran a que el Ecuador se eche para atrás y sea declarado "un país libre de la explotación minera a gran escala".

La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía.

La Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía se fundó el 26 de enero de 2007, congregando a comunidades de varias provincias del Ecuador, así como a organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, asociaciones urbanas y a grupos de estudiantes. Lina Solano de la Coordinador Nacional dice que "los impactos sociales y ambientales de la minería a gran escala son muy significativos como para justificar que esta sea una importante fuente de ingresos para el país”. De la experiencia ecuatoriana como productor de petróleo ella deduce que: “nosotros ya sabemos en donde serán gastadas las ganancias" refiriéndose a que una porción mínima beneficiará a las comunidades locales.

Para alcanzar tales beneficios, el gobierno debe plantear la reforma de la Ley de Minería, que establece el pago de una mínima patente de conservación por hectárea y el 0% de regalías [9]. En una reciente entrevista con Reuters, el Subsecretario de Minería, Jorge Jurado, indicó que el gobierno presentará un proyecto de reformas al Congreso en el transcurso de este mes, que, entre otros cambios, reintroducirá las regalías. El gobierno también ha dicho que creará un Ministerio de Minas (independiente del de Energía) y una empresa estatal de explotación minera [10].

Sin embargo, la Coordinadora Nacional exige que el gobierno suspenda los proyectos actuales e imponga una moratoria a las nuevas concesiones. Después de realizar investigaciones, también quiere anular las concesiones actuales, basándose en la Constitución del Ecuador, que garantiza el derecho de las comunidades a una consulta previa, justa e informada [11]. El Presidente y el Ministro de Energía y Minas anterior, Alberto Acosta, señalaron previamente que las demandas de las comunidades son justas y que la mayoría de concesiones actuales son inconstitucionales por esta misma razón.

El levantamiento nacional enfrenta la represión.

Mientras los proyectos mineros se alistan a empezar la fase de explotación, la Coordinadora Nacional ha estado buscando la ayuda urgente del gobierno. Sin embargo, ante la falta de respuestas oportunas, declaró un paro nacional indefinido el 5 de junio. Las manifestaciones de la semana pasada obtuvieron una respuesta contundente, mas no la que anhelaban.

Los cierres de carreteras iniciados el día martes 26 bloquearon las más importantes arterias que rodean a Cuenca, capital de la provincia sureña del Azuay. Otras carreteras principales también fueron cerradas en las provincias de Morona Santiago y de Zamora Chinchipe, al sur de la Amazonía; también se realizaron manifestaciones en la provincia de Chimborazo.

El miércoles 27, el Presidente ordenó a la policía terminar con los bloqueos [12] e indicó que la "eliminación de las concesiones de explotación minera es inconcebible" dado los costos que implicaría para el Estado [13], negándose a dialogar con los manifestantes. La orden de emplear la fuerza policial dio lugar a una brutal represión contra los manifestantes en Azuay.

Centenares de policías emplearon cantidades abrumadoras de gases lacrimógenos y se movilizaron vehículos anti-motines para poner fin violentamente a los bloqueos, en los que participaban gente de todas las edades. Decenas de personas fueron detenidas, y varios manifestantes fueron heridos, al igual que algunos oficiales de policía. En Molleturo, los manifestantes reportaron la llegada de más de 400 soldados y de 150 oficiales de policía que despejaron las carreteras el viernes en la noche.

"Estamos increíblemente sorprendidos," dice Lina, "porque no pensamos que un gobierno comprometido con la defensa de nuestro país y de nuestra soberanía podría permitir eso”.

Cabe anotar que varias comunidades de las provincias de Imbabura, de Pichincha, de Bolívar y de Cotopaxi, en ocasiones anteriores, ya han participado en manifestaciones similares. Por su parte, las organizaciones indígenas más importantes del Ecuador, la CONAIE y la ECUARUNARI, la semana pasada, emitieron declaraciones públicas en solidaridad con la lucha de los afectados por los proyectos mineros [14].

Gobierno en conflicto con los intereses de la comunidad.

El cambio de posición del gobierno genera preocupación. Lina Solano señala que el planteamiento del gobierno de que “la minería tiene que ser la fuente de subsistencia del país, luego de que el petróleo se agote, nos parece terrible, porque es tratar de negociar con nuestra vida, con la vida de miles de familias campesinas sobre todo, que van a estar afectadas por estos proyectos mineros".

El Subsecretario de Minería anunció la semana pasada que se conformará una Comisión de Alto Nivel para elaborar un informe en el plazo de 30 días referente al proyecto Quimsacocha. Éste es una gran iniciativa minera liderada por la empresa canadiense IAMGOLD, en la zona de Tarqui, donde hay una fuerte oposición.

Esto también es un "paso hacia atrás," según Lina. “Justamente el 26 de marzo cuando conversamos con el Presidente, él inmediatamente dio luz verde al entonces Ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, para que inicie lo que serían las auditorias exhaustivas de los proyectos"; pero el hecho de que se conforme la comisión no significa que se va a suspender el proyecto.

Reflexionando sobre los últimos cinco meses, Lina considera que la Coordinadora Nacional ha logrado generar una discusión nacional sobre el tema. Sin embargo, dice, que “si los otros sectores organizados y el resto de la población de Ecuador no reacciona frente a lo que está pasando lamentablemente no vamos a poder hacer frente” a este problema.
NOTAS:
  1. ® El Mercurio – jueves 28 de junio de 2007.

  2. ® Alberto Acosta, ibid.

  3. ® Acción Ecológica, “Conflictos y Resistencia Frente a la Actividad Minera,” http://www.accionecologica.org/webae/images/2005/mineria/documentos/intro.pdf .

  4. ® James O’Rourke, “Ecuador, Number One in Potential for Pipeline Ounces of Gold,” Madison Avenue Research, 11 Apr 07; http://madisonaveresearch.com/ecuadorgold.htm .

  5. ® El Comercio – martes 5 de junio de 2007.

  6. ® Acción Ecológica, ibid.

  7. ® Eduardo Tamayo G., “Ecuador: Trasnacionales mineras a la ofensiva,” ALAI, 15-dec-06; http://alainet.org/active/15025&lang=es .

  8. ® See: Luis Vittor, “Cerro de Pasco y la expansión minera, un conflicto infinito,” ALAI, 07-jun-06; http://www.alainet.org/active/17965 & Luis Vittor, “Conflictos mineros en los Andes,” ALAI, 19-apr-07; http://www.alainet.org/active/17001%E2%8C%A9=es .

  9. ® Acción Ecológica, ibid.

  10. ® Alonso Soto, “Ecuador plans to send Congress broad mining reforms,” Reuters, Jun 22-07; http://www.reuters.com/article/bondsNews/idUSN2245561420070622 .

  11. ® Constitución Politica de la Republica del Ecuador, (aprobada el 5 de junio de 1998, por la Asamblea Nacional Constituyente), “Capítulo 5: De los derechos colectivos,”http://www.ecuanex.apc.org/constitucion/titulo03c.html#5 .

  12. ® El Mercurio – jueves 28 de junio de 2007.

  13. ® Movimiento para la Salud de los Pueblos-Latinoamérica, Boletin de Prensa, “Paro por la Defensa de la Vida y la Soberania: No a las Transnacionales Mineras,” 28-jun-07.

  14. ® CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), Boletín de Prensa, Quito, 29-jun-07; http://www.conaie.org/es/ge_comunicados/co20072906awa.html & ECUARUNARI (Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichua del Ecuador), “Llamamos al Gobierno de Rafael Correa a no ser cómplice de las empresas mineras,” Quito, 28-jun-07; http://www.ecuarunari.org/es/noticias/no_20070628.html .
Publicado en:
Gloobalhoy nº9
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