Informes y estudios
Estudio sobre el impacto social y medio ambiental de las inversiones europeas en México y Europa en el sector Agua y Electricidad
Autores corporativos:
Heinrich Böll Stiftung (apoya)
Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (autoría; canal)
Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (autoría)

Autores personales:
Arellano, Georgina (Colaborador/a)
Arroyo Picard, Alberto (Colaborador/a)
Atilano, María (Colaborador/a)
Castañeda Bustamante, Norma (Autor/a)
Fisher, Axelle (Colaborador/a)
Karlshausen, Gerard (Colaborador/a)
Pérez Casas, Luis Guillermo (Colaborador/a)
Sandoval, Areli (Colaborador/a)
Van der Fleirt, Lydia (Autor/a)
Villamar, Alejandro (Colaborador/a)

   Descripción    Clasificación    Documento   
 Índice:
     Presentación.
     Primera parte: Agua.
          I. Europa.
               a) Inicios del modelo de privatización del agua en Europa.
               b) Posicionamientos de la UE frente a las inversiones.
               c) Modelo francés.
               d) Problemas vinculados con el modelo francés.
               e) Un ejemplo de resistencia: Grenoble.
          II México.
               a) La privatización de los servicios del agua municipales.
               b) Antecedentes: funcionamiento de SIMA
               c) Tarifas.
               d) Estructura de la planta laboral.
               e) Aguas de Saltillo de cara a la justicia estatal.
               f) Movimiento ciudadano.
               g) Incongruencias frente a las responsabilidades de derechos humanos.
     Segunda parte: Electricidad.
          I Marco normativo internacional de la electricidad.
          II Europa.
               a) Estudio de caso: una multinacional estatal.
               b) Competencia y licitación competitiva.
               c) Cuestiones laborales - libertad sindical.
               d) El precio de la electricidad.
               e)La calidad del servicio.
               f) La privatización en la empresa estatal.
               g) Posible consecuencias de la privatización de EDF.
          III México.
               a) Diagnóstico de la electricidad en México.
               b) Energía eólica en México.
               c) El caso de Tehuantepec: energía eólica y el corredor.
               Contratos de arrendamiento de la tierra.
               Caso Santo Domingo Ingenio.
               Movimientos de resistencia.
               g) Conclusiones sobre el caso.
               El sector energético en el marco del acuerdo global.
     Tercera parte: Conclusiones conjuntas.
     Epílogo.
          Foro internacional del agua.
          Hacia el derrrumbe del monopolio transnacional del agua.
          Pronunciamiento CIFCA-RMALC en el marco de las Jornadas en Defensa del Agua.
Presentación.
En Diciembre de 1997, México y la Unión Europea firmaron tres instrumentos jurídicos: el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, llamado Acuerdo Global ; el Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio y una Declaración Conjunta.

A diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), este tratado cuenta con una Cláusula Democrática contenida en el Título I "Naturaleza y Ámbito de aplicación del Acuerdo Global, que a la letra dice: " El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo."

Ante esto cualquiera diría que se dio un salto cualitativo hacia un nuevo tipo de relación, pero la realidad está mostrando que no es así. La Cláusula no conlleva los mecanismos jurídicos que la hagan operativa. Tampoco se definieron las normas de cooperación, ni del diálogo político.

En Abril del año 2000 México y Europa sellaron un pacto en materia de libre comercio Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM). En estos instrumentos, se señala como autoridad decisoria a un Consejo Conjunto, conformado por representantes de los poderes ejecutivos, quien complementará, profundizará y liberalizará las negociaciones inconclusas. De todo esto quedan excluidos los/as senadores/as mexicanos/as y los/as parlamentarios/as europeos y de igual manera, los pueblos, ciudadanos/as y organizaciones sociales y civiles.

El Acuerdo Global/TLCUEM en su forma actual para México, tiene todos los ingredientes para que en México se acentúe la inestabilidad del crecimiento económico, la vulnerabilidad financiera y cambiaria, la ampliación de las desigualdades regionales, sectoriales y productivas, la concentración de la riqueza y del ingreso, el deterioro del medio ambiente y de las condiciones de vida y trabajo de la población A nivel europeo, este Acuerdo afecta negativamente las normas sociales y medioambientales, participando de un sistema de relaciones internacionales que amenaza la calidad de vida de amplias capas de la población: privatización de servicios básicos, desmantelamiento de la seguridad social, desvío del presupuesto social hacia prioridades de seguridad y defensa, ataques a los derechos fundamentales de los/as ciudadanos/as, de los/as migrantes y refugiados/as, así como la privatización de la esfera política en manos de tecnocracias al servicio de los intereses de las empresas trasnacionales, sin participación ciudadana.

La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA) junto con decenas de organizaciones de ambas regiones han venido encabezando una lucha desde 1997, primeramente, porque se transparentaran las negociaciones, se reformularan los contenidos y se reconocieran las asimetrías entre la Unión Europea (UE) y México. Ya entrado vigor el Acuerdo, la lucha ha estado encaminada a la aplicación positiva de la Cláusula Democrática, al respeto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales. Asimismo las propuestas incursionan en la creación de un Comité Consultivo Mixto (CCM) que busca asegurar la participación de la sociedad civil europea y mexicana en el monitoreo, cumplimiento y evolución del Acuerdo Global; así como proponer criterios, estrategias e instrumentos que permitan construir mecanismos apropiados para asegurar dicha participación. A todo esto se suma la propuesta de un Observatorio Social que de cuenta de los impactos sociales y medioambientales que ocasionan las inversiones y las relaciones comerciales sobre el medio ambiente, el ejercicio de los derechos humanos integrales, civiles y políticos y haga las recomendaciones procedentes a través del CCM, a las autoridades europeas y mexicanas en un marco de transparencia y de diálogo constructivo.

Los esfuerzos de RMALC y CIFCA han transitado también por lograr, junto con una diversidad de organizaciones, la realización de dos Foros de Diálogo Social entre la sociedad civil mexicana y europea y los gobiernos de la UE y México, que apunten al establecimiento de un verdadero diálogo que favorezca la participación de la sociedad civil en la definición de un Acuerdo para el desarrollo sustentable, que parta del reconocimiento de las asimetrías, la regulación de la economía, evitando con ello que se deje actuar libremente a las fuerzas del mercado y se busque el fortalecimiento de los Estados Nacionales como garantes del respeto y promoción de los derechos humanos frente a las empresas transnacionales.

El Acuerdo está destinado a atraer grandes capitales de Europa a México. El gobierno mexicano ofrece: mano de obra barata, explotación de nuestros recursos naturales, incluyendo el petróleo y la UE insiste en que México liberalice la industria eléctrica, la educación, el agua y otros derechos públicos. (En México, campo de las finanzas, la banca y las comunicaciones están prácticamente es manos privadas transnacionales europeas).

En ese marco, RMALC y CIFCA desarrollan el Estudio del Impacto Social y Medioambiental de las Inversiones Europeas en México y en Europa, en los Sectores Hidráulico y Energético que hace parte del proceso de implementación del Observatorio Social y Medioambiental, con el propósito de ampliar el espacio de movilización y articulación de redes sociales en ambas regiones, en torno al eje del Acuerdo Global arriba citado. Esta experiencia es una de las bases para la construcción de la Red Birregional "Enlazando Alternativas" entre organizaciones europeas, de América Latina y El Caribe.

Con este Estudio se pretende:

  1. Abordar las consecuencias de la liberalización de los servicios básicos: agua y electricidad.

  2. Enlazar iniciativas y facilitar el acceso a instrumentos que promuevan la acción conjunta con organizaciones de base.

  3. Demostrar que a pesar de las diferencias históricas, económicas, sociales y culturales, el modelo global neoliberal, provoca consecuencias parecidas: en los/as trabajadores/as, los/as consumidores/as, las comunidades y el medio ambiente.

  4. Que el análisis sobre el marco legislativo y los estudios de caso sobre las empresas privadas en los sectores escogidos, se traduzcan en instrumentos útiles de divulgación y movilización para las organizaciones de la sociedad civil en México y Europa.

Como objetivos específicos se busca:

  1. Analizar el funcionamiento y los procesos de las empresas europeas que invierten en agua y electricidad.

  2. Evidenciar las implicaciones y los efectos sociales y del medio ambiente de la inversión privada europea en ambas regiones.

  3. Identificar los niveles de participación ciudadana y los movimientos de resistencia en el proceso de las luchas por la defensa del agua como un derecho humano fundamental y de la electricidad como un derecho público básico.

El Estudio muestra en la parte de Agua dos casos: el ejemplo de la resistencia en Grenoble, Francia y el de Agua de Saltillo en México.

En lo que se refiere a Electricidad se hace referencia a los impactos de la operación de Electricidad de Francia (EDF) y Gas de Francia (GDF). En el caso mexicano, el movimiento de resistencia frente a la energía eólica.

Entregamos este Estudio como un esfuerzo de RMALC y CIFCA, que con el importante apoyo de la Fundación Heinrich Böll vienen enlazando sus análisis, sus experiencias, sus luchas y sus esperanzas, por lograr construir modelos alternativos sustentados en los derechos humanos integrales y que generen nuevas relaciones equitativas, democráticas y sustentables.


Primera parte: Agua.
 
  I. Europa.
 
  a) Inicios del modelo de privatización del agua en Europa.
El modelo de privatización se extendió en la década de los ochentas. En 1988, el gobierno de Inglaterra de Margaret Tatcher transformó sus 10 sistemas de agua (RWAs) en negocios privados. Las RWAs fueron vendidas como una concesión de 25 años, creando 10 monopolios privados, al inicio las compañías no hicieron ninguna inversión en infraestructura aunque fueron beneficiados por el gobierno en: la eliminación de la deuda de las empresas, con altos subsidios dote verde de 2.6 billones de dólares y la exoneración de pago de impuestos entre otros más. El resultado fue que los usuarios padecieron el incremento de las tarifas en un 102% (46% en términos reales). Durante este tiempo, el número de personas a las que se cortó el agua incrementó en 200%.



  b) Posicionamientos de la UE frente a las inversiones.
La gestión del agua en la Unión Europa (UE) aún no cuenta con una política de gestión común, como consecuencia de la dificultad de consenso de los 25 miembros. Las preocupaciones de la UE obedecen, en gran medida, a consideraciones ambientales, incluido el principio de «quien contamina paga». En la actualidad, las medidas locales tienen una importancia decisiva en la evaluación y mejora de la situación del suministro de agua y corresponde a los Estados miembros y a las autoridades locales aplicar la mayor parte de las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente. Sin embargo, también se ha pedido que se establezca un organismo europeo para que las estrategias relativas al agua sean más eficaces y económicas.

La política de privatización de servicios está implícita en los mandatos y filosofías de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la Banca Multilateral, apoyados por los países de la Unión Europea que son los principales inversionistas sobre todo en cuanto al agua se refiere.

Frente a la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) la UE declaró "si se quiere restaurar el crecimiento económico es necesaria una liberalización mayor y no menor, y que esté mejor orientada. Deben diseñarse y ponerse en práctica políticas gubernamentales con las que el crecimiento dé lugar a un desarrollo sostenible". La liberalización tiene como lógica consecuencia la privatización y es justamente la falta de marcos institucionales y normativos existentes y la falta de mecanismos de monitoreo objetivos e independientes, que resultan en situaciones de abuso, aumento de tarifas, detrimento en la calidad de los servicios, despido de empleados (como lo demuestran más adelante los ejemplos de casos presentados en este estudio). A pesar de ello, señala la reglamentación como un compromiso de salvaguardia tanto de los intereses de los inversionistas como de los consumidores En principio tenemos que mencionar que la propia OMC establece en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios que se busca "alcanzar niveles más elevados de liberalización del comercio de servicios mediante la reducción o eliminación de los efectos desfavorables de las medidas en el comercio de servicios a fin de proporcionar un acceso efectivo a los mercados y con miras a promover los intereses de todos los participantes..." [2].

Como ya hemos mencionado, la Unión Europea promueve la liberalización del mercado Europeo e internacional - y a pesar de que se dice "ser neutral"- sus políticas de promoción de la liberalización, ejercen influencia y presión sobre empresas públicas para vender sus servicios, favoreciendo la privatización. El ex presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, ha definido el modelo social europeo como "aquel que combina Estado y Mercado, iniciativa privada y derechos colectivos, empresa y sindicato. En 2002, la Comisión dirigió un documento a un gran número de países en el mundo, solicitando la liberalización de los sectores públicos [3]".
NOTAS:
  1. ® Objetivo central del Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios de la OMC, http://www.wto.org .

  2. ® En los anexos encontrarán los Fragmentos de este documento confidencial y un importante intercambio de correos electrónicos se filtraron a la prensa.


  c) Modelo francés.
Alrededor de la mitad del siglo XIX, la nobleza francesa estableció dos empresas: la "Generales des Eaux" y la "Lyoinnaisse". En este entonces los mismos grupos también eran los principales banqueros del país. Gracias a la introducción de un sistema bancario combinado con la delegación de la gestión del servicio de agua a través de concesiones, las empresas se volvieron indispensables para el buen funcionamiento de los municipios. El sistema, desde aquel entonces, ha funcionado de la misma manera. Los municipios, por falta de recursos propios, desde siglos atrás, en vez de pedir prestado dinero del banco, lo recibieron de las empresas de agua. Para compensar la prestación, los municipios dieron concesiones de larga duración para servicios públicos. Las prestaciones no fueron restituidas por los municipios, sino cobradas a través de las tarifas pagadas por el consumidor. De esta manera, los municipios tenían acceso a dinero en efectivo para financiar obras públicas y campañas políticas [4].

A finales de los años 80, cuando el mercado francés del agua estaba saturándose, "la escuela francesa del agua" - una forma de cooperación entre los sectores públicos (responsabilidad y control) y privados (tecnología, administración y ganancia) - fue promovido con éxito en el mundo por las instituciones internacionales.

El modelo francés de delegación del servicio público: es un contrato administrativo firmado entre una entidad pública y un tercero (público o privado) elegido para la ejecución de un servicio público. El delegado (la autoridad pública) conserva los poderes de organización y de control del servicio público. El delegado garantiza el funcionamiento por su cuenta y riesgo, por el que recibe una remuneración procedente, principalmente, de los resultados de la explotación. Las etapas del procedimiento previsto por la ley Sapin y su decreto de aplicación núm. 93-471 de 24 de marzo de 1993 son las siguientes: presentación de un informe al consejo municipal, votación del consejo y, elección de la comisión de apertura de pliegos [5].

El modelo francés de gestión de servicios públicos: (agua, deshechos, saneamiento), combina la privatización de los servicios y la descentralización de la gestión. El punto crucial de los contratos entre el municipio y la empresa, es que el municipio es dueño de las facilidades, pero la gestión pasa a manos privadas, aprovechando de su conocimiento técnico pero también sometiéndose a su dinámica empresarial. Con frecuencia, sin embargo, los municipios no están en buena posición de negociación y no se logra un buen balance entre lo público y lo privado. Las empresas intentarán influenciar la concesión para hacer que el contrato sea más lucrativo. Oficialmente, el municipio fija el precio del agua, pero en realidad son las empresas privadas que hacen la propuesta para las tarifas. La gestión del servicio es local y no está centralizada a nivel nacional [6].

En teoría cada municipio tiene el poder y los mecanismos para controlar el servicio de agua, exigir mejor calidad y precio y hasta despedir a una empresa. Sin embargo, frecuentemente lo que falta es voluntad. Los consumidores suelen presentar sus quejas ante la empresa directamente, a menudo sin informar a las autoridades locales. Los municipios no están bien equipados para tratar quejas sobre la gestión de agua, y además, los consumidores a menudo no están al corriente del importante papel que teóricamente tienen en el control de la gestión del agua. Tampoco saben que el servicio, oficialmente, es público local [7].
NOTAS:
  1. ® Entrevista con Jean-Luc Touly, ex representante sindical de Véolia, trabajó durante 29 años en la empresa, fue despido y demandado por ésta.

  2. ® Existe desde 1964 una "Agencia del Agua" que tiene la forma de un establecimiento público administrativo dotado de la personalidad civil y de la autonomía financiera.

  3. ® La ausencia de un servicio público nacional tiene tres consecuencias:

    1. En cada municipio, el consumidor paga un precio diferente por el agua;
    2. En vista de que la calidad del servicio de agua es diferente en todas las regiones en Francia, la observación y el monitoreo de las directivas Europeas y leyes francesas sobre la calidad y la gestión del agua son complicados;
    3. Asimismo, se dificulta la investigación científica sobre la gestión, el mantenimiento y la infraestructura.

  4. ® En el mundo, el negocio del agua potable mueve entre 150 y 200 mil millones de dólares al año y está hegemonizado por siete compañías: Véolia (Vivendi/Generale des Eaux), Suez y Bouygues/Suez (Francia); RWE (Alemania); Thames Water (Gran Bretaña), y American Water Works y Bechtel (Estados Unidos).


  d) Problemas vinculados con el modelo francés.
En países con gobiernos débiles, la descentralización política/administrativa combinada con la privatización de los servicios públicos locales, es una receta para gestiones poco democráticas. Si en el caso de Francia, el modelo ha generado numerosos casos de corrupción y mal manejo, se puede esperar que las consecuencias para otros países en el mundo que se caractericen por menos control nacional y ciudadano y sistemas jurídicos débiles, sean nefastas tanto para los consumidores, los trabajadores, la salud publica, como también para el medio ambiente.

Corrupción.
Las compañías suelen distribuir contratos entre sus compañías subsidiarias, sin recurrir a convocatorias abiertas. Suez y Véolia tienen grandes subsidiarias en ingeniería del agua y son propietarios de importantes suministradoras de sustancias químicas y materiales. Vivendi (Genérale des Eaux) [8].

Transparencia.
En Febrero 2000, el órgano de comprobación de la región de París publicó un informe sobre las prácticas de Lyonnaise des Eaux y Vivendi de sobre-facturaciones y ganancias, irregularidades financieras, competiciones distorsionadas y autoridades locales complacientes. Un sistema de complicidad público-privado fue creado con la privatización de agua en París en 1985 y fue "caracterizado por una ausencia de transparencia financiera" que permitió a las dos empresas sacar provecho de inversiones nunca realizadas y cobrar un precio alto para el agua [9]. Los políticos involucrados habían hecho un acuerdo con las dos multinacionales para aumentar el precio del agua para compensar una baja de consumo.

Calidad del servicio.
Anterior a la firma de un contrato entre la empresa privada y el municipio tampoco suele hacer un "état de lieu" (inventario del estado de los bienes) de las condiciones de las redes e infraestructuras de agua. Las autoridades públicas no tienen los medios para controlar el trabajo de mantenimiento realizado por la empresa durante su gestión del servicio, y el monitoreo no está reglamentado al nivel nacional.

El precio del agua.
El debate sobre si los precios del agua han subido desproporcionadamente como consecuencia de las privatizaciones, continúa siendo un tema delicado en Francia, sobre todo en las grandes ciudades como París donde el metro cúbico de agua cuesta 2.35 euros frente a 3.45 euros en los alrededores de la metrópoli de París.

Represión por parte de los empresarios.
Cuando los medios, consumidores, sindicatos o grupos ambientales hacen referencia a prácticas de "corrupción en la facturación de servicios, de falta de competencia y competición, de la opacidad de los contratos" como respuesta, las empresas recurren a menudo con éxito, a acusar la fuente de difamación.
NOTAS:
  1. ® Por ejemplo, obtuvo una concesión de operación en Szeged (Hungría) en 1993 a través de su subsidiaria Szegedi Vizmu. Al mismo tiempo, se estableció una empresa de instalaciones (70% de propiedad de la Générale des Eaux), que recibió el contrato de mantenimiento y derecho exclusivo a todos los contratos de instalaciones firmados por Szegedi Vizmu.

  2. ® La inversión capital declarada por Vivendi en relación a la concesión parisina, era de Francos Franceses FF 90 millones en 1996 y de FF90m en 1997, pero los auditores de París estimaron que la empresa invirtió solo FF 58mm en 1996 y FF 69m en 1997.


  e) Un ejemplo de resistencia: Grenoble.
Grenoble es una ciudad del suroeste de Francia con una población de 150,000 habitantes, en 1984 empezó a promoverse por el alcalde Alain Carignon [10], una nueva política a favor de la participación privada en los servicios del gas, agua y electricidad. En esas fechas, el Sindicato de Municipalidades de la región de Grenoble (SIEPARG) se encargaba de la revisión del servicio de saneamiento y promovían la inversión de una planta de tratamiento de aguas llamada Aquapole. Finalmente en abril de 1985 SIEPAG traspasa la concesión del servicio de los servicios de saneamiento a la Société Dauphinoise dAssainissement (SDA), una sociedad integrada por Suez-Lyonnaise y Vivendi-Génerale des Eaux. El contrato de concesión con la SDA fue renegociado nueve veces entre 1985 y 1993.

Entre julio y noviembre de 1989 el Consejo Municipal de Grenoble decidió otorgar la concesión de los servicios de distribución del agua al operador privador Suez-Lyonnaise des Eaux, por 25 años y bajo la subsidiaria COGESE (Compagnie de Gestión des Eaux du Sud-Est) , presidido por Marc- Michel Merlin.

El otorgamiento de la concesión se dio a pesar de las fuertes oposiciones de las diferentes asociaciones como los ecologistas ADES (Association Démocratie Ecologie Solidarité) y de uniones sindicales como la CGT (Confédération Générale du Travail) y la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) [11].

Los habitantes y dirigentes ecologistas se cuestionaron sobre las verdaderas razones de la privatización del agua en Grenoble, al momento del otorgamiento de la concesión el agua- a cargo del municipio- era provisto de manera eficiente, de bajo costo y con buena calidad [12].

Ecologistas, junto con representantes del Consejo y la asociación de ciudadanos "Eau Secours" (Agua Socorro) emprendieron una oposición contra la decisión municipal, y llevaron el caso de privatización a la justicia.

En 1994 la sospecha de corrupción de los servidores públicos se hizo más evidente, dando como resultado a la iniciación de investigaciones por parte de la justicia francesa. Entre los casos de corrupción se menciona a Alain Carignon por intercambiar el derecho a la concesión del agua (a Suez-Lyonnaise) a cambio del financiamiento a su campaña electoral por un total de 19 millones de FF [13]. En 1995 la nueva fuerza política en el poder, los ecologistas, hacen del tema de la remunicipalización del agua de Grenoble y el castigo por corrupción de los servidores públicos, los temas centrales de su gobierno.

En Julio de 1996, Alain Carignon, el antiguo alcalde que condujo la privatización del agua, fue llevado a juicio y reconocido culpable por la Corte de Lyón (Cour dappel de Lyon) por "corrupción" y "abuso del bien social". También el ejecutivo superior de Lyonnaise des Eaux (ahora Suez), recibió una sentencia de prisión por haber dado sobornos para autorizar el contrato de la concesión de agua.

Como consecuencia de las reacciones se decide transformar la COGESE en una sociedad de economía mixta llamada: SEG (Société des Eaux de Grenoble) [14] y modificar la base de las tarifas del agua para suprimir las irregularidades cometidas. Inmediatamente después, la SEG subcontrato a la SGEA (Sociéte Grenobloise de lEau et de lAssainissement) para que esta se hiciera cargo de la explotación del servicio del agua durante 15 años. Extrañamente, la SGEA es al 100% una filial de la Lyonnaise [15].

La Lyonnaise proveía de servicios legales, asistencia técnica, servicios al consumidor, vehículos, equipo, información tecnológica y recursos de administración a la SGEA. Esta dinámica de trabajo protegía a SEG/SGEA con la garantía de ser compensadas por la municipalidad al término del contrato [16].

Otra de las irregularidades es la distribución del capital social de la SEG, en principio la COGESE disponía de un capital social de 5 488 164.62 euros, con aportes de 6.86 millones de euros de parte de Lyonnaise. En cambio, la SEG estuvo valorada en 2 180 020.95 de euros, presupuesto integrado con una aportación de 1 067143.12 euros por la municipalidad de Grenoble y el resto por la Lyonnaise des Eaux.

En 1997, después de ocho años el Consejo de Estado le da la razón a Raymond Avrillier y la privatización de agua de 1989 en Grenoble fue declarada ilegal. A pesar de lo sucedido, el alcalde en turno Annie Deschamps, en el 1998 abrió una nueva oferta para firma un contrato con Grenoble. El Consejo municipal de Grenoble por unanimidad de votos decide [17]:

  • La voluntad de terminar los contratos de 1989.
  • Estudiar las tres posibilidades para el 1999: la anulación pro decisión unilateral, la negociación amigable con la Lyonnaise o la demanda de anulación concedida el Tribunal Administrativo de la ciudad.

Precio del Agua en Grenoble.

El método de facturación utilizado por la COGESE era un método de facturación retroactiva. Este método permitía a la COGESE aumentar el precio del agua después de haber liberado los abonos de los habitantes de Grenoble, así mismo es una práctica que consiste en pagar el agua al precio en vigor del momento en que la factura es emitida. Y no al precio en vigor del momento en que el agua fue consumida por el usuario.

En principio los habitantes fueron invitados a activar una demanda de contabilización, con la finalidad de pagar dos facturas por año. Las tarifas cambiaban semestralmente o al ritmo del año civil y eran aplicadas el 1ro de enero y el 1ro de julio. Los consumidores entonces reciben sus facturas con tarifas sobre facturadas, fijadas por la COGESE, las cuales varían dependiendo el lote. La facturación de los lotes era arbitraria, dando ventajas a algunos y desventajas a otros [18].



La COGESE fijó las tarifas de agua y saneamiento al máximo de las cifras autorizadas por el contrato. Exigían varias irregularidades en las tarifas como: que estas eran 10 meses prematuras de la entrada en vigor del contrato y deberían ser revisadas por primera vez el primero de julio de 1989. La dinámica tarifaria fue tan bien ejercida que ya en 1994 el precio del metro cúbico del agua había aumentado el 16.34% [19]. Por consiguiente, de 1990 a 1999 el precio del agua aumentó al 51%, este aumento fue el 63% de 1990 a 1995. Bajando el 7% de 1995 a 1999.

Participación ciudadana.

En 1996 el Consejo Municipal de Grenoble, ordenó crear un Comité de usuarios del servicio público del agua y del saneamiento (Comité des Usagers de lEau et de lAssainissement de Grenoble) CUEAG. Este Comité debería esta constituido por representantes de las asociaciones de consumidores, de representantes de los artesanos, comerciantes e industriales, y demás organismos sociales [20]. El trabajo del Comité consistiría en dar seguimiento a enramaje de preguntas ligadas a las delegaciones de los servicios públicos del agua y el saneamiento y, sugerir las modificaciones necesarias para que establecer una relación entre los consumidores y la empresa privada. Para esto el Comité se reunía internamente cada dos meses y dos veces al año en conjunto con la Región [21]. Por primera vez se reconoce legalmente a los usuarios como "interlocutores" en todo lo concerniente al servicio del agua.

El Comité de Usuarios ha sido esencial para exigir la participación de la sociedad frente a lo toma de decisiones importantes y en la definición del reglamento del servicios del agua [22]. Gracias a su determinación en contra del principio de "Contrato factura", se logró que se analizara dicho principio.

Once años después de arrebatar por corrupción a la empresa privada el servicio del agua de Grenoble, en marzo 2000 se creó la Régie des eaux de Grenobles REG, la empresa privada se retiró y el Consejo Municipal de Grenoble se pronunció a favor del regreso del servicio del agua bajo un control público [23].

La gestión del agua de Grenoble hoy día, se caracteriza por una mayor transparencia de fijación de precios, de informes, de contratos, y del respeto a las normas de calidad e información a la población. Además, en comparación con la mayoría de los municipios franceses donde la gestión de agua es privada, el precio del agua en Grenoble es el más bajo de todas las ciudades de mas de 100.000 habitantes de Francia [24].

  • Porcentaje de agua: 35,42 %.
  • Porcentaje de saneamiento: 40,79 %.
  • Porcentaje de impuestos: 23,79 %.

El caso de Grenoble es un caso ejemplar. Se logró la condena de elementos corruptos de la empresa privada tanto como de la autoridad pública, la desprivatización del sector agua y el retorno a una gestión pública. Fue gracias a la alianza forjada entre grupos de ecologistas, consumidores, trabajadores y políticos, que no sólo logró denunciar un contrato público-privado corrupto, sino también llegar a una mejor gestión de agua.



NOTAS:
  1. ® A.Clarignon fue miembro prominente del "Rassemblement pour la Republique" RPR, partido político que fue presidido por el Jerome Monod, el posteriormente representante de la compañía Lyonnaise des Eaux.

  2. ® Hall David, Private to public lessons.

  3. ® Hall David, Private to public: Internacional lesson of water remunicipalisarion un Grenoble France.

  4. ® Francos Franceses.

  5. ® La SEG pertenecía el 51% al consejo y 49% a Suez-Lyonnaise; el consejo mandaba 7 directores y Suez 5, sin embargo Suez-Lyonnaise tenía el derecho al veto sobre la mayoría de las decisiones, sobre todo en: las políticas de inversión, la conclusión o modificación de los contratos con la municipalidad de Grenoble y la modificación del personal empleado.

  6. ® « Le feuilleton de leau de Grenoble 1989-2001: de la corruption à la remunicipalisation ».

  7. ® Hall David, Private to public: Internacional lesson of water remunicipalisarion un Grenoble France.

  8. ® Ídem.

  9. ® Los beneficiados: lote 02.6 quienes reciben la factura el junio y la demanda de conteo en Diciembre y el lote 4.1 recibe la demanda de cuenta en junio y la factura en diciembre.
    Los desfavorecidos: Los del lote 02.4 reciben la factura en abril y la demanda de cuenta el octubre y el lote 4.10 reciben la demanda de cuenta en abril y la factura en octubre.

  10. ® Facturation rétroctive. www.globalpilicy.irg/socecon/tncs/2003/0204frenchwater.htm .

  11. ® Ídem .

  12. ® http://eausecours.free.fr/dossier/comusag/index.html .

  13. ® Ibid.

  14. ® http://www.france-asso.com/ades/index.html .

  15. ® http://www.reg-grenoble.fr/


  II México.
 
  a) La privatización de los servicios del agua municipales.
En México las aguas se encuentran reguladas por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su fundamento es la distribución equitativa y conservación de los recursos hidráulicos, poniendo en manos de la Nación el dominio sobre ellas.

Más adelante, la Constitución faculta explícitamente al Congreso de la Unión para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal en el Artículo 73, Fracción XXX, asimismo, en este mismo Artículo pero en la Fracción XXIX-F faculta exclusivamente al Congreso de la Unión a expedir leyes tendientes a la regulación de la inversión extranjera, así como a la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiera el desarrollo Nacional.

El organismo responsable de la política hídrica del país es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos (SEMARNAT), este dispone de 8 organismos que retoman el tema del agua: la Comisión Nacional del Agua (CNA), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Instituto Nacional de Ecología (INE), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) [25]. Hay otros actores institucionales (gobiernos locales, Consejos de Cuenca, Asociaciones de Usuarios en distritos de riego)

Pese a la existencia de los operadores mencionados, éstos carecen de los recursos y los conocimientos para cumplir con la normatividades necesarias para ofrecer un servicio eficiente. Entonces la Comisión Nacional del Agua viene a ser una poderosa instancia que se adjudica para si la responsabilidad de modernización. Investigadores de los servicios públicos en México, afirman que la mayor parte de los 2,500 organismos de agua son pequeñas agencias improvisadas, cuyo personal es nombrado más por sus relaciones políticas que por su verdadera experiencia administrativa y técnica [26].

Conforme a los datos publicados por la Comisión Nacional del Agua en el 2000 [27] en América Latina 77 millones de personas carecen de acceso al agua: 51 millones en las áreas rurales y 26 millones en las áreas urbanas. En México 11 millones carecen de agua potable, aproximadamente 256 millones de personas continúan utilizando letrinas y fosas, además de 100 millones de personas sin servicio sanitario, siendo en México 24 millones de personas. En el 2004 se registraron 4 millones de casos de infecciones gastrointestinales producto del consumo del agua [28].
NOTAS:
  1. ® « Eau potable et deaux usées au Mexique » Embajada de France a México Misión Económica 2004.

  2. ® David Barkin, La gestión del Agua urbana en México; Universidad Autónoma Metropolitana.

  3. ® www.cna.gob.mx .

  4. ® Agua: fuente de vida, derecho humano y condicione para el desarrollo social y económico. www.laneta.apc.org .


  b) Antecedentes: funcionamiento de SIMA
El gobierno de Vicente Fox creó el Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA) impulsado por el presidente Vicente Fox, con el objetivo de promover la participación del sector privado mediante contratos de asociación gobierno-iniciativa privada. Cabe destacar que el PROMAGUA [29] opera así : "el estado y las autoridades firman un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS, organismo gubernamental), comprometiéndose ellos mismos a modificar el marco legal para asegurar la participación del sector privado. Además, ellos aumentan las tarifas de consumo de agua para incluir los costos de la operación, dirección y recuperación de la inversión. Cuando los requisitos son cumplidos, los créditos son puestos a disposición por el Fondo de Inversión e Infraestructura, por BANOBRAS y por los recursos de las rentas anuales de la Comisión Nacional del Agua (CNA)" [30].

Uno de los principales motivos por los que se decidió estudiar el proceso de semi-privatización [31] del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio de Saltillo, Coahuila, fue porque ha sido el primer caso en México en que se aplica el sistema de empresa mixta, es decir, el control / propiedad del recurso hídrico está en manos del Estado, pero la administración y ejecución de todo el proceso del servicio de agua potable y alcantarillado está en manos de un inversionista privado con 49% de las acciones, en este caso Aguas de Barcelona -en donde la controvertida transnacional Suez tiene acciones.

Antes de 1997 el Servicio de suministro de agua potable y alcantarillado era responsabilidad del gobierno del Estado de Coahuila, acorde con la política de descentralización promovida por la Comisión Nacional del Agua (CNA), el municipio de Saltillo asumió la responsabilidad del dicho servicio, para ello creó el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS).

Para el año 2000, la población estimada de Saltillo era de 587, 602 habitantes y el SIMAS contaba con padrón de 140 mil usuarios, se tenía una cobertura de agua del 94 por ciento y de alcantarillado del 92 por ciento. No obstante, en términos de facturación sólo se lograba el 42 por ciento, del cual el nivel de cobranza oportuna estaba en el orden del 72 por ciento lo que representaba una eficiencia global del 30 por ciento. Esta situación fue utilizada como uno de los principales argumentos para iniciar el proceso de privatización del servicio de agua y alcantarillado.

En concreto, la justificación para privatizar el sistema de agua potable era que Saltillo enfrentaba una crisis para abastecer de agua potable al total de la población y en la medida en que pasara el tiempo el sistema público sería ineficiente e inoperable.

Al principio, las autoridades municipales declararon que varias empresas estaban interesadas, de las cuales destacaban: Anglian Water, Lyonnaise des Eaux, Vivendi y Aguas de Barcelona. No obstante, a la convocatoria respondieron dos: Vivendi y Aguas de Barcelona, pero al final, ésta última fue la única que se presentó a concurso y ganó la licitación con un precio ligeramente más alto que el que se fijó como techo. Así fue como Aguas de Barcelona ganó la licitación por 25 años para administrar y operar el Sistema de Aguas de Saltillo pagando por ello $81,900,000.00 (Ochenta y un millones novecientos mil pesos) y entró en operaciones el 1ro de octubre de 2001.
NOTAS:
  1. ® Marco legal y adecuación de las tarifas que se establecen en el PROMAGUA:

    • se requiere someter la iniciativa de reformas al marco jurídico estatal y municipal que sean necesarias, a fin de que se otorgue seguridad jurídica a los inversionistas privados, autoridades y usuarios de que las acciones emprendidas puedan continuarse en el tiempo de manera sustentable independientemente de cambios políticos.
    • Las tarifas por los servicios de agua y saneamiento incluirán los costos de operación, administración, conservación, mantenimiento y mejoramiento así como los recursos necesarios para cubrir la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los sistemas requeridos para la prestación de servicios, la recuperación del valor actualizado de las inversiones del prestador de los servicios y el servicio de su deuda, tomando en cuenta explícitamente el efecto de las aportaciones estatales y federales en su caso.

  2. ® Idém.

  3. ® El concepto de semi-privatización, es el término que técnica y jurídico que se maneja en los documentos del SIMAS Saltillo, al argumentar que la mayoría de las acciones pertenecen al sector público (51 por ciento).


  c) Tarifas.
El Acta Constitutiva de Aguas de Saltillo establece en el artículo segundo apartado 10 la facultad de: "Revisar y establecer modificaciones a las tarifas de consumo de agua potable, alcantarillado mediante incrementos iguales al incremento mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco de México. Por incremento o decremento del INCP se entenderá el resultado de dividir el INCP del mes más reciente entre el INCP del mes inmediato anterior menos 1.

Sin embargo, se han registrado aumentos que no se justifican, por ejemplo el 1ro de mayo del 2002 hubo un incremento para los usuarios/as domésticos del 10 por ciento, el 1ro de diciembre del 5 por ciento para domésticos y comerciantes; en abril de 2003 hubo una condensación de rangos de 16 a 10, en donde se estableció el costo más alto del rango de la tarifa y en mayo y julio del 2003 se registró un aumento del 1 por ciento respectivamente. Todo ello, sin tener relación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor [32].
NOTAS:
  1. ® Con información del dictamen de la Cuenta Pública realizada a Aguas de Saltillo por la Contaduría Mayor de Hacienda.


  d) Estructura de la planta laboral.
En cuanto a las y los trabajadores del anterior sistema de aguas, el sindicato les informó someramente sobre el proceso de privatización, sin dar mayores detalles se les dijo que aumentarían sus salarios y mejorarían sus condiciones laborales, también se les aseguró que serían respetados sus derechos laborales.

Por su parte, en diversas declaraciones periodísticas, los nuevos dueños del sistema de aguas aseguraron que no habría despidos y se respetarían los derechos laborales de las y los trabajadores. No obstante, en el 2001 se tenía una plantilla laboral de 195 empleados sindicalizados, hoy sólo quedan 142 [33], el número de despidos ha sido de 53 trabajadores, que representan el 27% de los sindicalizados y cuyos despidos han sido injustificados [34].

En entrevista con algunos ex trabajadores, éstos comentaron que después de participar en una marcha en marzo del 2003, la empresa los acusó de sabotaje a más de 150 trabajadores, y a partir de entonces han iniciado los despidos injustificados y las liquidaciones por debajo de lo establecido en la legislación laboral; por ejemplo, a uno de ellos por trabajar 22 años de servicio le otorgaron solamente 50 mil pesos cuando le hubieran correspondido según el trabajador más de 250 mil pesos.

Salarios de funcionarios y trabajadores sindicalizados.

La cuestión de los salarios merece especial atención, pues hay una diferencia muy grande entre lo que gana un trabajador y lo que percibe un funcionario español de Aguas de Saltillo, si bien aquí no hay ninguna normatividad o ley que restrinja estás diferencias, vale la pena considerarlo por ética y sobre todo por el grave problema de la desigualdad en el país por la creciente concentración del ingreso.

Cargo o puestoAguas de Saltillo [35]SIMAS Piedras Negras [36]
Gerente116,247.00 (11,286 dls) 70,664.68
Peón3,383.00 (328 DLS)3,527.61


NOTAS:
  1. ® Infoaqua, diciembre 2005, No. 11, Aguas de Saltillo; www.aguasdesaltillo.com/index2.htm .

  2. ® Término que se usa para decir que los despidos fueron arbitrarios o llenos de irregularidades.

  3. ® http://www.aguasdesaltillo.com/index2.htm .

  4. ® Piedras Negras es un municipio de Coahuila similar a Saltillo, http://www.simaspiedrasnegras.gob.mx


  e) Aguas de Saltillo de cara a la justicia estatal.
En los puntos anteriores se abordaron algunas cuestiones que han sido motivo de inconformidades por parte de grupos de la población saltillense, y que ha obligado a la autoridad a realizar una auditoria sobre las operaciones de Aguas de Barcelona en Saltillo, la cual comprendió del cuarto trimestre de 2001 al cuarto trimestre de 2002; es interesante mencionar lo que dicen algunos puntos del dictamen [37]:

  1. Obras no reportadas al Consejo de Administración con un costo global de $1, 880,056.87 (Un millón ochocientos mil cincuenta y seis pesos con ochenta y siete centavos.

  2. Se detectó la adquisición de vehículos por un total de $10, 353,982.26 (Diez millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos ochenta y dos pesos) sin haber llevado a cabo el procedimiento establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado y lo relativo al Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio del 2002.

  3. De la revisión realizada a la empresa paramunicipal se detectó que los sueldos y prestaciones de los funcionarios de la empresa no se realizaron conforme al procedimiento que establece el Acta Constitutiva de la Sociedad, específicamente artículo Trigésimo Sexto inciso b [38].

  4. Se detectó que de acuerdo con el artículo Segundo de los Estatutos Sociales que se encuentran en el Acta Constitutiva, es objeto de la sociedad revisar y establecer modificaciones a las tarifas de agua potable, drenaje y alcantarillado mediante incrementos iguales al incremento mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Banco de México, habiendo existido un desfase en el cobro de esas tarifas en un monto superior al mencionado índice en las distintas tarifas que cobra la empresa paramunicipal.

Al respecto la propia Contaduría determinó que fincaría responsabilidades de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos por no reportar obras realizadas al Consejo de Administración, asimismo por aquellas que presentaron diferencias entre lo registrado y lo pagado. En cuanto al 15 por ciento que Agsal pretendía cobrar por concepto de cartera vencida, la Contaduría exigió la devolución del monto señalado con anterioridad al patrimonio de SIMAS Saltillo.

En cuanto a los salarios y prestaciones cobradas por los funcionarios de primer nivel, la Contaduría estimó que dichos ingresos son muy elevados, pues finalmente estos son funcionarios públicos y exhortó al Consejo a prestar mayor atención a fin de que no vuelva a pasar. No obstante, el Consejo de Administración decidió que los sueldos de los funcionarios no se tocarían pues estos funcionarios están fuera de su lugar de origen y requieren cubrir otros gastos [39].

En lo que concierne a las tarifas de agua potable y alcantarillado se mencionó que si bien el artículo Segundo punto 10 de los estatutos de la Sociedad establece la facultad de la empresa de modificar las tarifas de agua potable, drenaje y alcantarillado mediante incrementos iguales al incremento mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, de la revisión practicada a Agsal se detectó un desfase en el cobro de las tarifas, por lo que se ordenó una investigación y se determinó que todo incremento realizado al INPC deberá ser aplicado para que en lo sucesivo no se cobren los incrementos a las tarifas hasta en tanto se igualen ambos porcentajes. En ese sentido, la contraloría interna del municipio deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y sancionar a quien o quienes resulten responsables. Ante todas las irregularidades expuestas, finalmente reaccionó el cabildo del municipio al ordenar a Aguas de Saltillo disminuir las tarifas e incluso regresar a los usuarios los montos que les fueron cobrados indebidamente por Agsal.
NOTAS:
  1. ® Las irregularidades y recomendaciones surgen del Dictamen del 28 de junio de 2004 de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, signada por los diputados Karla Samperio, Jesús Mario Flores y Salomón Juan Marcos, www.congresocoahuila.gob.mx/modulos/info2004/dictamenes204/29jun2004.doc .

  2. ® Artículo 36, inciso B, del Acta Constitutiva de Aguas de Saltillo: Son atribuciones del Gerente general, nombrar y remover para los cargos previamente creados por el Consejo de Administración a los empleados de la sociedad y fijar las asignaciones correspondientes, dentro de los límites establecidos por el Consejo de Administración en el Presupuesto Anual de Egresos e Ingresos.

  3. ® Periódico Palabra de Saltillo, 27 de septiembre de 2004. Cabe mencionar que las trasnacionales manejan el concepto de expatriado para sus ejecutivos a fin de que ellos cuenten con el mismo nivel de vida que su país de origen.


  f) Movimiento ciudadano.
La Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) surge a la par de la creación de Aguas de Saltillo. AUAS representa a un grupo de ciudadanos organizados que mediante la presión constante y sustentada en el análisis que han hecho del desempeño de la empresa, ha logrado que las autoridades tanto municipales como de la empresa mixta sean constantemente monitoreadas y cuestionadas por los medios de comunicación.

  g) Incongruencias frente a las responsabilidades de derechos humanos.
Las irregularidades detectadas van desde los altos salarios de los principales funcionarios, obras no reportadas, violación a los derechos laborales y el cobro injustificado de las tarifas que revelan que Aguas de Saltillo va en contra de pactos y normatividades a las que esta empresa, vía Aguas de Barcelona (Agbar), se ha adherido.

De más está decir que su filial Aguas de Saltillo ha estado involucrada en una serie de abusos en contra de los derechos humanos, en especial aquellos que tienen que ver con las y los consumidores como el derecho a la información, a la consulta y a la participación, lo que demuestra poca sensibilidad y responsabilidad social, y actúa más como administrador de una mercancía que de un servicio público.

A la par de ello, Agsal ha incurrido en otras violaciones a derechos humanos al despedir injustificadamente y bajo amenazas a trabajadores que realizaron marchas en protesta por las medidas regresivas que implicaron la pérdida de derechos laborales; además, ha modificado el contrato colectivo de trabajo restando con ello garantías a los nuevos trabajadores. Algunos de ellos se quejaron del maltrato que se les ha dado, incluso de haber sido golpeados. Una vez más, Aguas de Barcelona no está cumpliendo el Pacto Mundial al que voluntariamente se suscribió, y que hace énfasis en respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, así como eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.


Segunda parte: Electricidad.
 
  I Marco normativo internacional de la electricidad.
Al empezar el tercer milenio, dos mil millones de individuos no tienen acceso a la energía en el planeta, mientras 20% de la población mundial consume el 80% de la energía producida en el mundo. Dejar que perduren estas desigualdades, sería un peligro real para nuestro planeta y la humanidad.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la electricidad "es indispensable para el funcionamiento y la eficiencia de la economía y el acceso a ella puede tener efectos en el crecimiento y la reducción de la pobreza" [40]. Así mismo, el Organismo Internacional de la Energía (OIE) ha comprobado la existencia de una relación pobreza-utilización de combustibles sólidos [41] para la producción de electricidad, observando que aproximadamente 2.400 millones de personas que utilizan este método para calentarse y para cocinar viven fundamentalmente en zonas donde una gran parte de la población gana menos de dos dólares al día [42].

La OIT respecto al uso de los servicios públicos como el agua, electricidad y gas considera que "La electricidad es esencial en la industria, el transporte y la vivienda, así como en otros muchos aspectos de la vida social moderna." Consecuentemente, el derecho a la electricidad se encuentra contemplado en los tratados internacionales de Derechos Humanos, háblese de Derecho al Desarrollo Humano al Desarrollo, Derechos culturales y Derecho de los pueblos a la Libre Determinación.
NOTAS:
  1. ® "Retos y oportunidades que se plantean a los servicios públicos" Informe de la OIT para el debate de la reunión tripartita 2003.

  2. ® Leña, carbón, restos de madera, residuos agrícolas, etc.

  3. ® OIE: Wold Energy Oulook 2002 pag. 16.


  II Europa.
Al igual que en el agua, Reino Unido fue pionero en la actividad eléctrica, al inicio de los ochenta, Inglaterra comenzó a desmantelar sus monopolios eléctricos y a privatizar la industria en su conjunto. Lo que hicieron entonces se ha convertido en un modelo para todo el mundo el "modelo inglés" se ha extendido desde Francia hasta China y, en su momento en Argentina y Chile.

En 1986, los países de la Unión Europea acordaron ratificar el Acta Única Europa para constituir el mercado único de bienes y servicios: la electricidad. Tras nueve años de negociaciones, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó el 19 de diciembre de 1996 una directiva, 96/92/EC [43], sobre el inicio de la liberalización del sector eléctrico, la directiva prevé la apertura gradual del mercado de la electricidad en un período de seis años y en tres etapas (1999 seria el 25%, en el 2000 el 28% y en el 2003 el 30%).

En realidad la liberalización del mercado de la electricidad se ha producido de forma mucho más rápida de lo previsto por la directiva del 96. De acuerdo con la Comisión Europea, la directiva supuso una apertura media de más del 50 por ciento del mercado a partir de 1999.

En comparación con otras «directivas de des-reglamentación» que se han introducido en otros sectores, una de las características más originales de esta directiva es el papel desempeñado por el concepto de servicio público.

Cabe señalar que los sindicatos europeos de la electricidad, organizados en la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (EPSU, rama europea de la Internacional de Servicios Públicos), se opusieron a las primeras propuestas de la Comisión Europea. Se consideró que las propuestas propugnaban una completa liberalización. Las protestas de los sindicatos se centraron en la falta de consideración por los efectos sobre el empleo y en los peligros para las estructuras nacionales establecidas, los servicios públicos y el medio ambiente. Asimismo, los sindicatos solicitaron el establecimiento de estructuras para que los empleadores y los sindicatos pudieran reunirse a nivel europeo.

Sin embargo el proceso de liberalización que se inició en 1996, ha tenido repercusiones sobre el empleo. La OIT en el 2003 [44] afirma que a partir de esa fecha y a causa de la nueva tecnología y otros factores se perdieron más de 250.000 empleos entre 1990 y 1998, según algunas estimaciones, las privatizaciones, fusiones y adquisiciones podrían representar en 2006 un recorte de un 25 por ciento adicional en el sector para el 2006.
NOTAS:
  1. ® http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/decision_fr.pdf .

  2. ® "Retos y oportunidades que se plantean a los servicios públicos" Informe de la OIT para el debate de la reunión tripartita 2003.


  a) Estudio de caso: una multinacional estatal.
La generación, transmisión y distribución de la electricidad en Francia es estatal. La empresa francesa de producción estatal Electricité de France ha internacionalizado con éxito sus actividades.

Una reciente iniciativa de ley para transformar en sociedades anónimas a las dos empresas públicas de energía, Electricité de France (EDF) y Gas de Francia (GDF), causó reacciones de trabajadores encabezadas por la Central General de Trabajadores (CGT). Redujeron la producción de electricidad en todo el país y provocaron cortes de energía selectivos en los domicilios de autoridades políticas. El gobierno francés argumenta que Francia necesita modificar la situación legal de las compañías de servicios públicos, especialmente EDF, con el propósito de responder a un mercado energético más abierto en la Unión Europea. El gobierno de Francia, tomando en cuenta las protestas, concedió en crear una comisión de expertos para evaluar las necesidades de financiamiento de EDF-GDF antes de abrir las paraestatales al capital privado, accediendo de este modo a una de las demandas de la CGT y dejando entrever la posibilidad de que, si a juicio de los expertos no se necesita el capital privado, las paraestatales conserven su estatuto [45].
NOTAS:
  1. ® http://techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7135


  b) Competencia y licitación competitiva.
La situación en el mundo eléctrico está cambiando como en el servicio público de agua. La internacionalización está en marcha y EDF "no puede perder la oportunidad" [46]. La mundialización del sector eléctrico ya es una realidad. Primera exportadora europea de electricidad, la EDF incrementó en 1996 su presencia en el extranjero de manera espectacular. Su expansión da prioridad a tres zonas: Europa, América Latina y Asia. Balance y perspectivas [47]. En los principales países industrializados las perspectivas de crecimiento para los productores de electricidad son más limitadas [48].

Al mismo tiempo, las compañías de electricidad de propiedad estatal se enfrentan a las presiones de privatización y liberalización. Aunque el servicio de la electricidad en Francia ha sido público y nacional a partir de la segunda guerra mundial, sin embargo la liberalización del mercado de electricidad en el país, y en Europa, ya es un hecho a partir del primero de Julio 2004, a pesar de la protesta masiva de grupos civiles y sindicatos y el buen funcionamiento del servicio. Durante años se resistió a las políticas privatizadoras impulsadas desde la Comisión Europea. El proceso de liberalización ahora se encuentra a medio camino. Conforme directivas europeas, Francia (1999) abrió un 30% de su mercado, permitiendo que grandes empresas comerciales pudiesen elegir proveedores de electricidad. Al 1 de julio de 2004, se otorgó a dos tercios de todos los consumidores europeos el derecho a elegir, al menos en teoría, en espera de que, en 2007, todo europeo tenga derecho a seleccionar a su proveedor de electricidad [49].
NOTAS:
  1. ® Según Dominique Ganiage, directora de estrategia, marketing y comunicación de EDF internacional).

  2. ® ibid.

  3. ® ibid.

  4. ® "Tambaleante la situación financiera de EdF, el Monitor Nuclear de Wise/ NIRS el 30 de julio de 2004 http://www.antenna.nl/wise/index.html


  c) Cuestiones laborales - libertad sindical.
En el transcurso de los años, a partir de 1946, la EDF en Francia ha establecido una buena trayectoria como empresa y ha ofrecido un buen servicio. (La nacionalización de la EDF estuvo a cargo de un ministro del Partido Comunista, hizo que la edad de jubilación de los empleados fuera fijada en 55 años y otorgó amplias garantías sociales a los consumidores) [50]. El problema está en que la empresa, no realizó una provisión en su balance para las obligaciones de jubilación acumuladas hasta la fecha. Un informe parlamentario francés puso esta cifra en 50 mil millones de euros.

Los 5 sindicatos están bien organizados y operan en libertad e independencia bajo condiciones apropiadas. En mayo de 2004 cerca de 80 mil empleados de las empresas Electricidad de Francia (EDF) y Gas de Francia (GDF) se pronunciaron en contra de los intentos del gobierno de privatizar el sector energético. La manifestación ocurrió en medio de una huelga organizada por las confederaciones sindicales Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y Confederación General del Trabajo (CGT), así como Fuerza Obrera (FO), acatada por más del 45 por ciento de los 150 mil obreros de esas dos compañías estatales [51], 50.000 manifestantes marcharon por las calles de París con pancartas con leyendas como "No a la privatización" y gritando consignas contra los planes del gobierno de privatizar las compañías energéticas EDF y GDF, así como por su intención de desprenderse de la participación estatal en compañías como Aeropuertos de París [52].

Acciones radicales comenzaron con la paralización de 250 trenes por falta de alimentación eléctrica, seguido del corte de energía en la delegación del Gobierno, en la Administración tributaria de Burdeos y en los domicilios de parlamentarios de derecha(s) que deberían debatir el proyecto de ley de privatización. "Asimismo, se tomaron medidas en centrales nucleares. El 14 de junio, los reactores de Saint Alban-Saint Maurice y otras centrales nucleares fueron desconectados de la red por empleados de izquierda de la Confederación General del Trabajo (CGT)" [53]. El Parlamento debatió, el 15 de junio un proyecto de ley para privatizar EdF y Gaz de Francia. La Asamblea Nacional (cámara baja) francesa adoptó la ley sobre reestructuración en su primera presentación el 29 de junio, mientras que el Senado (cámara alta) el 9 de julio de 2004 [54].

Francia necesita modificar la situación legal de la EDF para responder a un mercado energético más abierto en la Unión Europea. Pero, en vista de las protestas masivas, concedió en crear una comisión de expertos para evaluar las necesidades de financiamiento de EDF-GDF, antes de abrir las paraestatales al capital privado, accediendo de este modo a una de las demandas de la CGT y dejando entrever la posibilidad de que, si a juicio de los expertos no se necesita el capital privado, las paraestatales conserven su estatuto [55].
NOTAS:
  1. ® ibid.

  2. ® http://www.gramma.cubaweb.cu/2004/05/27/interna/articulo11.html .

  3. ® jueves 27 de Mayo 2004 IBLNews, agencies.

  4. ® Tambaleante la situación económica de la Edf , el monitor nuclear de WISE/NIRS el 30 de Julio de 2004.

  5. ® ibid.

  6. ® La Jornada 16 de junio de 2004.


  d) El precio de la electricidad.
En 2000 se abrió el mercado energético de las grandes empresas (consumen un tercio de la electricidad que se produce en Francia). Las empresas esperaban un abaratamiento de los precios gracias a la liberalización del mercado eléctrico, pero en realidad los costes están subiendo para los grandes consumidores, con lo cual resulta muy fácil convencer a los particulares de que privatizar va a implicar para ellos unas facturas más elevadas [56]. El año pasado el precio mayorista de la electricidad trepó un 30%. Incluso la SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia) protestó a fines de abril de 2004 contra el aumento del 50% de su factura desde que en el año 2000 fuera abierta la competencia. A pesar de la competencia, el precio de la electricidad no deja de aumentar [57].

El 1 de enero de 2007 se abrirá la competencia a los hogares. Hoy la EDF todavía logra ofrecer las tarifas más baratas de Europa. Una de las ventajas competitivas de la economía francesa ha sido un aprovisionamiento de energía abundante y a buen precio, gracias a la potencia y extensión de sus centrales nucleares, que proporcionan el 80% de la electricidad producida en el país [58]. Según la Comisión Europea, con la liberalización las tarifas de EDF podrían ser todavía más bajas.
NOTAS:
  1. ® El País 13/06/2004.

  2. ® http://www.eldiplo.org/ ErnestAntoine: Gran liquidación de la electricidad en Europa.

  3. ® El País 13/06/2004.


  e)La calidad del servicio.
La EDF goza de una buena imagen en Francia y es considerado como una de las mejores empresas en lo que se refiere a la organización de actividades sociales para sus asalariados (1% de sus ingresos anuales). Comparado con Véolia, por ejemplo, esta cuota representa un porcentaje 300% más elevado. Encuestas públicas atestiguan de un alto nivel de satisfacción con el servicio al consumidor (85%).

La EDF ha logrado ofrecer un servicio universal, no hay hogar en Francia que no puede tener acceso a la electricidad. Maneja un precio único y ofrece acceso igualitario al consumidor. Igualmente se puede decir que la calidad del servicio ha sido satisfactoria. A contrario de la situación en el sector de agua, donde, sobre todo las empresas privadas, gestionan el servicio, la EDF no solía cortar la electricidad cuando un hogar no pagaba las cuentas. Por ley, la empresa estaba obligada a investigar cada caso de falta de pago de facturas. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años, subió la cantidad de cortes.

Por motivos diferentes, como son la automatización del servicio, la creciente distancia entre la empresa y el cliente, la crisis económica, la creciente pobreza y consiguiente falta de pago de consumidores, en el año 2000 el EDF cortó alrededor de 500.000 hogares el servicio de electricidad. El grupo de base Droit à lénergie-SOS FUTURE, trabajó junto con la empresa para tomar contacto directo con las personas antes de cortar el servicio. Un año después, la cantidad de cortes había sido reducida a 150.000.

La EDF en Francia no ha estado en el centro de una serie de casos jurídicos relativos a acusaciones de corrupción, falta de transparencia, libertad de expresión y de derechos laborales como ha sido el caso de las empresas de agua.


  f) La privatización en la empresa estatal.
El gobierno francés ya no defiende el modelo EDF. Se está introduciendo el modelo del Reino Unido de la época de Margert Thatcher (una copia del modelo estadounidense de 1984). Sin embargo, el sector eléctrico inglés maneja precios superiores a un 25% a los de la EDF. El sindicato Prospect ha señalado una baja del 62% en el número de puestos de trabajo en la industria eléctrica británica desde la privatización de 1991.

EDF será ahora una empresa más que ya no podrá contar con las garantías estatales de deudas, garantías objetadas por autoridades de competencia europea por ser equivalentes a ayudas estatales ilegales. Estas garantías del estado han sido muy importantes. Las deudas netas del EDF ascienden a unos 24 mil millones de Euros. Un informe realizado en 2002 [59] por el diputado francés Yvelines Masdeu Arus calculó una baja del valor neto de EDF, entre 1998 y 2001, de más de 11 mil millones de euros. Se recaudarán fondos vendiendo el 30% de las acciones, aunque The Economist examinó las cifras financieras de EDF y llegó a la conclusión de que la empresa empleó prácticas contables cuestionables y corrió riesgos al extraer dinero de los fondos de desmantelamiento de centrales nucleares.

Paralelamente, gran parte de la capacidad de producción de EDF es nuclear y los costos principales incluyen el desmantelamiento de reactores, el reprocesamiento de combustible y el almacenamiento de desechos nucleares. Estos costos (futuros) están incluidos en el balance y los importes son enormes: EDF asumió un gran riesgo al no separar este dinero en un fondo externo específico, al destinar este dinero para financiar sus negocios y comprar todas las existencias de sus competidores, esperando que las inversiones tendrían un rendimiento suficiente para cubrir los costos futuros del tratamiento de desechos.

El diputado francés Masdeu Arus señaló que solamente 1,6 mil millones de euros de las provisiones nucleares totales fueron asignadas a un fondo exclusivo, mientras que el dinero restante consistió meramente en "una clasificación contable" [60].

Al mismo tiempo, hay que subrayar que los últimos 20 años, el Estado, como accionista único del monopolio legal, no ha realizado suficientes y necesarias inversiones en el sector eléctrico. La EDF ha servido al Estado como una banca de préstamos estaciones y ha sabido mantener un nivel importante de servicio y de ingresos.
NOTAS:
  1. ® La transparence sur les comptes dEDF : un pavé parlementaire dans la mare. 22/10/02 http://www.wise-paris.org/index_f.html?/francais/nosbreves/annee_2002/nosbreves021029b.html&/francais/frame/menu.html&/francais/frame/bandeau.html .

  2. ® Tambaleante la situación económica de la Edf , el monitor nuclear de WISE/NIRS el 30 de Julio de 2004


  g) Posible consecuencias de la privatización de EDF.
La privatización del sector eléctrico en Francia, podría generar una serie de consecuencias que pueden ser calificados como desventajosas:

  • En el sector eléctrico, como en el de agua, opera un grupo reducido de empresas. Como testimonian los países más abiertos como España y Alemania (la competencia se limita a algunos actores privados cada vez más grandes. Las medidas gubernamentales de privatización de la infraestructura pública tiene como objetivo seguir a las directivas europeas y promover la competencia abierta. Pero en la práctica, exactamente como se ha ilustrado en el caso de la privatización de agua, eso no sucede. Tal vez "el peor escenario para un país es la conversión de un monopolio natural o público a un monopolio privado, porque ante la ausencia de mecanismos regulatorios, los accionistas del monopolio tenderán a incrementar desmesuradamente sus utilidades... [61]".
  • Precios fluctuantes y tarifas más elevadas para los consumidores.
  • Falta de seguridad. Cómo se puede garantizar la seguridad de las centrales nucleares con las esperadas futuras reducciones de personal y recursos? En Mihama, Japón, por ejemplo, un accidente en una central nuclear privada era consecuencia directa de la negligencia en el control y mantenimiento. La empresa no había controlado la tubería desde hace 27 años. Las centrales nucleares del Reino Unido están en estado de quiebra y reciben apoyo significativo de la Comisión Europea.
  • Probables reducciones de personal y de recursos y para los asalariados y la amenaza de no poder seguir beneficiando de su régimen de jubilaciones jubilatorio especial.

La empresa nacional de electricidad (EDF) y las empresas más importantes privadas de agua (Véolia y Suez) tendrán los mismos accionistas. La EDF ya es el tercer accionista de la compañía Véolia y recientemente, EDF y Véolia crearon una nueva sociedad de calefacción urbana, bajo el nombre de DALKIA. La concurrencia de DALKIA sería la empresa privada de electricidad Electrabel/Tractebel que pertenece al grupo Suez. Se espera que, al igual que en el caso del agua, las empresas dividirán el mercado de la electricidad [62].
NOTAS:
  1. ® R. Steve Thomas, Universidad de Greenwich, Inglaterra.

  2. ® Entrevista con Jean Luc Touly.


  III México.
 
  a) Diagnóstico de la electricidad en México.
Contrario al discurso oficial de que el sector energético [63] no se privatiza, hemos visto en las últimas décadas como instituciones financieras internacionales (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) han manifestado su interés por invertir y apoyar programas de infraestructura energética, así como de reestructuración del sector, condicionando a México a abrir gradualmente el sector a las inversiones privadas. Asimismo, se han reformado artículos constitucionales y hechos reformas legislativas para establecer la participación de capitales privados en algunos sectores de producción energética.

Es difícil evaluar los impactos de este proceso en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), no se puede demostrar que se haya privado intencionalmente a algún grupo de población de energía eléctrica y la reestructuración laboral de la industria eléctrica ha sido paulatina y discreta lo que dificulta la identificación de violaciones a los derechos humanos en general o a los laborales en particular.

No obstante, existen varios focos rojos en el proceso de privatización silenciosa del sector eléctrico en México. Un ejemplo de ello se ubica en la zona del Istmo de Tehuantepec en donde hay proyecto de inversión privada en la generación de energía eólica, que ya está originando inconformidades por parte de las comunidades.
NOTAS:
  1. ® Esta parte fue retomada de la ponencia "El ajuste estructural: marco de la iniciativa presidencial para privatizar la industria eléctrica mexicana", Sandoval, Areli, 27 de septiembre de 1999, MIMEO.


  b) Energía eólica en México.
De acuerdo con la Secretaría de Energía (SENER), el acceso al servicio público de electricidad ha ido en constante aumento, sobre todo en las dos últimas décadas, por ejemplo, a finales del año 2000 se alcanzó el 94.7 por ciento de la población nacional conectada a la red eléctrica. No obstante, reconoce que se está dejando fuera a más de cinco millones de mexicanas/os, que en su mayoría habitan en comunidades rurales y aisladas, lo que podría incrementarse a 12 millones por el aumento poblacional [64].

Bajo la administración de Vicente Fox se delineó el Programa Sectorial de Energía (2000-2006), en el cual se reconoce que el desabasto de electricidad puede implicar que las comunidades que carecen de electricidad puedan verse afectadas en otros servicios como agua potable, mermando con ello su calidad de vida, y por ende, la plena realización de sus DESC.

Esto ha servido como argumento del gobierno para señalar que la actual infraestructura eléctrica con la que cuenta el país es insuficiente para cubrir las futuras necesidades de la población y que se carece de recursos suficientes por lo que el Estado debe recurrir a otros esquemas de financiamiento ya no solo públicos sino privados.

A partir de los 80 se inició la apertura gradual del sector eléctrico, en donde la banca internacional de desarrollo y el capital privado tuvieron, aunque limitada, una participación concreta en diversos proyectos de generación, transmisión y rehabilitación de plantas [65].

Esta estrategia se ha traducido en proyectos de financiamiento como el Programa de Transmisión y Distribución Eléctrica (ME-0006) del 4 de junio de 1996, estimado en 2 mil 630 millones de dólares (800 millones de financiamiento conjunto del BID y BM, y mil 830 millones de la contrapartida local de la Comisión Federal de Electricidad, CFE). El gobierno mexicano solicitó la colaboración del BID para financiar un programa en el sector eléctrico con el objetivo general de aumentar la eficiencia y sostenibilidad del sector, mediante el financiamiento de inversiones prioritarias en transmisión y distribución a la vez que proporcionar las bases para introducir competencia e inversión privada en los próximos años. Como antecedentes, el Programa reconoce la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de diciembre de 1992 para permitir la participación de la inversión privada en proyectos de autoabastecimiento, cogeneración y generación independiente, así como haber emprendido el proceso de reestructuración interna de la CFE. Para reforzar este proceso, uno de los componentes básicos del proyecto es la reestructuración institucional de la CFE por medio del apoyo a la implantación de Unidades Estratégicas de Negocio (UENs), para separar las diferentes áreas de gestión de generación, transmisión y distribución de electricidad, lo cual permitirá a CFE incrementar su eficiencia "con miras a la posible competencia que podría ser introducida en el sector".

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006 (PND) y el Programa Sectorial de Energía el gobierno mexicano habla de la necesidad de impulsar el desarrollo de la energía renovable y reducir con ello la dependencia al petróleo, así como disminuir el impacto ambiental que se produce con las otras formas de producción; sin embargo, la utilización de energía renovable apenas ocupa el 4 por ciento de la producción total [66].

NOTAS:
  1. ® Programa Sectorial de Energía 2000-2006, www.energia.gob.mx .

  2. ® Véase Programa Sectorial de Energía 2000-2006, www.energia.gob.mx .

  3. ® Idem.


  c) El caso de Tehuantepec: energía eólica y el corredor.
A raíz de las modificaciones a la LSPEE, las expectativas de la explotación de la energía eólica empezaron a crecer, sobre todo en aquellos lugares en donde las condiciones del viento eran favorables. Así que estados como Oaxaca, Baja California, Zacatecas e Hidalgo fueron visitados por inversionistas privados. De manera formal las autoridades dispusieron de lo necesario para determinar los corredores eólicos, llegando a la conclusión de que la región del Istmo era una de las zonas con mayores recursos eólicos no sólo a nivel nacional sino a escala mundial.

El Istmo de Tehuantepec se encuentra localizado en el estado de Oaxaca y es considerado como su segunda región más importante. La entidad federativa cuenta con una población de 3, 438, 765 de habitantes, de los cuales un millón cien mil son indígenas, es decir, más del 32 por ciento del total. Es considerado, junto con Veracruz, Chiapas y Guerrero, uno de los estados más pobres del país. Ocupa el lugar 31 de 32 estados en cuanto al Índice de Desarrollo Humano [67].

Fue en el Istmo en donde la CFE decidió instalar la primera Central Eoloeléctrica de 1,575 KW, justo en el Ejido La Venta. Las operaciones iniciaron en 1994, y está integrada por 6 aerogeneradores; los resultados según la propia CFE fueron exitosos [68], lo que generó mayores expectativas no sólo en los inversionistas sino también en los gobiernos estatal y federal, por lo que llegaron las primeras propuestas por parte de dos empresas con capital nacional y extranjero:

  • Electricidad del Suroeste S.A.de C.V.

  • Fuerza Eólica del Istmo.

Ambas solicitaron los permisos correspondientes a la CRE planeando que antes de 2000 estuvieran ya operando; no obstante, se toparon con dificultades para firmar los contratos y convenios de interconexión, transmisión y venta de excedentes, pues si bien las modificaciones a la LSPEE daban pauta para permitir la inversión privada en cogeneración y autoabastecimiento, no aplicaba "para las fuentes de energía renovable ya que, entre otros elementos, las reglas de compra-venta de excedentes de energía y energía faltante limitaban considerablemente la rentabilidad de cualquier proyecto eoloeléctrico para autoabastecimiento... es decir, para la modalidad de pequeña producción, las reglas de despacho dejaban sin oportunidad alguna a las fuentes de generación intermitente" [69].

A fin de quitar los vacíos legales que impedían facilitar a los inversionistas la creación de parque eólicos, se formó el Consejo Consultivo para el Fomento de las Energías Renovables en México (COFER), él cual presentó en 1999 un Modelo de Contrato de Interconexión, Porteo y Acreditación de Energía para Autoabastecimiento de Electricidad con una Central Eólica, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con este contrato se garantizó a los inversionistas la compra de cualquier excedente producido, es decir, la CFE quedó con la obligación de comprarlo y cuando requirieran de energía podrían abastecerse de ésta.

La demanda de estas y otras compañías va en el sentido de modificar la legislación actual para "facilitar el aprovechamiento de otras fuentes de energía renovables" ya que el problema fundamental "es que las fuentes de energía renovable no están descritas en forma explícita en la LSPEE" [70]. Asimismo demandan al Estado la exención de impuestos fiscales, inversión pública para promover proyectos y firmar contratos con ellos por un plazo mínimo de 20 años, y liberar a las empresas energéticas del estado de sobre-regulación y carga fiscal excesiva.

Asimismo, se cayó en la cuenta de que no sólo las lagunas legales impedían iniciar con la construcción de los parques eoloeléctricos, sino también la falta de redes de interconexión que permitieran transportar la energía producida; la propia Comisión Reguladora de Energía y la CFE reconocieron que la instalación de 2,000 MW eoloeléctricos podría demorarse más de una década.
NOTAS:
  1. ® Informe de Desarrollo Humano 2004, México, Programa Nacional de Naciones Unidas.

  2. ® Véase Programa Sectorial de Energía 2000-2006, www.energia.gob.mx .

  3. ® Ídem.

  4. ® ídem.


  Contratos de arrendamiento de la tierra.
El primer problema con que se toparon los inversionistas fue que los "individuos" de los ejidos no eran dueños de la tierra. Es justo aquí donde detectamos uno de los problemas que pueden trastocar la vida de las comunidades y violentar derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que anteriormente los terrenos en las localidades eran ejidales y pertenecían a la comunidad, pero hoy a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) se busca "dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derecho común, ambos, según sea el caso, así como de los títulos de solares a favor de los individuos, con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben o lo soliciten" [71]. La crítica que se ha hecho a este programa federal, es que el PROCEDE provoca enajenar la tierra, para ceder los derechos, la convierte en propiedad privada. Es decir, el patrimonio del ejidatario o comunero se sale del régimen de propiedad social.

Una vez que las comunidades ya cuentan con el PROCEDE los empresarios empiezan a negociar los contratos de arrendamiento. La forma de funcionar varía, es decir, no hay uniformidad de negociación, cada empresa es libre de ofrecer al ejidatario lo que considere conveniente mediante un contrato de renta entre el que posee la tierra y el que la quiere rentar (socio privado) y con una duración entre 20 o 25 años. Esto es para permitir a la empresa usar los terrenos en donde se instalarán los aerogeneradores a cambio de un pago por concepto de renta.

El contrato se divide en dos etapas, la primera consiste en asegurar la tierra por parte del inversionista y pagar un costo bajo aproximadamente de 125 pesos por hectárea y una vez que estén ya operando los aerogeneradores los propietarios recibirán el 1.5 por ciento de los ingresos que genere el parque por vender la energía producida, este porcentaje puede variar pero son los datos que arrojaron algunas entrevistas con ejidatarios de La Venta y San Ignacio. Este pago, como porcentaje de las ganancias, convierte a los campesinos en socios con riesgos compartidos lo que no deja de ser un riesgo importante.

En estos momentos ejidos como La Venta ya han iniciado negociaciones con los inversionistas y se han firmado algunos contratos, hay poca información sobre el monto que se les está dando a los ejidatarios, hay quienes dicen que los pagos mensuales son de $2.000.00; al respecto, tuvimos oportunidad de platicar con el presidente municipal de Juchitan, Alberto Reyna, quien comentó que no es así, sin embargo dijo desconocer de cuanto era el pago.


Lo que si se sabe con certeza es que ya son varias trasnacionales las que están firmando contratos de arrendamiento, el gobierno de Oaxaca en su Plan Estratégico menciona que son 14 empresas las que están en negociaciones para reservas territoriales:

  • Endesa.
  • Iberdrola.
  • EDF Energies Nouvelles.
  • General Electric.
  • Preneal.
  • Expansión Exterior.
  • Aeolus.
  • Eoliatec.
  • Soluciones en Energías renovables.
  • Vestas.
  • Cableados Industriales.
  • Gamesa Eólica.
  • Eólico Cruz Azul Clipper.
  • Fuerza Eólica del Istmo.

Varios comisarios ejidales han demandado a las autoridades locales y estatales asesoría para poder obtener un precio justo por la renta de las tierras pero ésta no ha llegado, enfrentándose a un proceso de negociación con inversionistas privados sin mayor idea de cómo negociar.
NOTAS:
  1. ® http://www.ran.gob.mx/archivos/PROCEDE/procede1.html


  Caso Santo Domingo Ingenio.
Para la realización de esta investigación se visitó Santo Domingo Ingenio, municipio que cuenta con 7,295 habitantes y que tiene un índice de marginación alto de -0.58. Aquí se pretende construir uno de varios proyectos por parte de la empresa de capital mixto (nacional-español) Eoliatec, la cual tiene más de 15 años de experiencia en el sector eléctrico y más de tres décadas en la administración de energéticos.

La empresa tiene un proyecto pequeño con una capacidad de 20 MW y está ofreciendo a los ejidatarios 125 pesos anuales por hectárea para garantizar la tierra, esto "se paga por adelantado", el segundo año se incrementará en un 20% es decir $150.00, este aumento se mantendrá durante los años en que dure la gestión de permisos y construcción del parque.

Una vez que los aerogeneradores estén funcionando los propietarios de los terrenos arrendados recibirán el 1.5 por ciento de los ingresos que genere el parque por vender la energía producida, el pago será repartido de forma trimestral y los terrenos en los que se levante un aerogenerador recibirán aparte un pago anual de $4000.00 y esto podría ir aumentando según se "incrementen los precios de la electricidad."

El Ingeniero Oscar Galindo, representante legal de Eoliatec comentó en entrevista que según sus cálculos, un ejidatario, una vez que estén operando los aerogeneradores, podría estar recibiendo anualmente aproximadamente 5 mil pesos por hectárea, por 5 hectáreas 25 mil pesos y por 100, 500 mil pesos; al respecto se le cuestionó si realmente hay algún ejidatario que cuente con 50 o 100 hectáreas y reconoció que no, que a lo mucho son propietarios de un capital de 15 hectáreas.

Asimismo, se acudió a una reunión que representantes de Eoliatec tuvieron con ejidatarios de esta comunidad, y verificamos la forma en como les presentan la idea del proyecto, dando datos de beneficios que ellos pueden obtener partiendo de la idea de que son grandes propietarios de hectáreas, pues les dan los cálculos de las ganancias por 100 hectáreas. También les dicen que no se sientan obligados por firmar algo que no quieren, que ellos pueden irse a otros estados del país a invertir, que si surgen inconformidades y exigencias ellos se retiran; todo esto constituye, al final de cuentas, amenazas veladas. La forma de exponer reflejaba que estaban haciendo un favor a la comunidad. Resultó lamentable la respuesta que dieron cuando un ejidatario preguntó ¿qué pasa si las hectáreas que yo tengo no entran en el parque eólico porque se encuentran fuera del perímetro? La respuesta fue: "pues tu no recibes ningún beneficio."

Posteriormente se participó en una reunión con algunos ejidatarios para conocer su sentir y sus expectativas, y comentaron, en su mayoría, que estaban deseosos de que se instalara un parque eólico y que "ya querían firmar contrato." El comisario ejidal Valdemar Gómez nos dijo que aún no se podía firmar algún contrato de arrendamiento de la tierra puesto que el PROCEDE no concluía en la localidad, agregó que era necesario conocer más sobre las experiencias que han tenido las comunidades de La Venta y saber si están en las mismas condiciones o no. Agregó que no sabían con seguridad si habría un impacto ambiental, a ellos lo que realmente les preocupa es que a los ejidatarios se les pague lo justo, también comentó es importante conocer antes el contrato que se va a negociar para que un abogado les explique si conviene o no firmar. Reconoció que hay gente de la comunidad que se está negando a entrar al PROCEDE precisamente porque sienten que les van a quitar sus tierras. También se solicitó a los representantes legales de la empresa una copia del contrato y ésta fue negada bajo el argumento de que era información reservada entre el ellos y el ejidatario.

La impresión que nos dejó visitar esta comunidad, es que no hay información adecuada, existe confusión, algunos aldeanos nos comentaban que ellos ni siquiera saben que es un aerogenerador ni menos lo que se pretende construir pero que si se trata de obtener dinero ellos firman, otros, los menos, fueron un poco más críticos pues algo habían "leído por ahí en un periódico" unas declaraciones de "un Carlos Beas", diciendo que esos proyectos no beneficiarían a los pobres.

Se platicó con el presidente municipal de Juchitan Alberto Reyna Figueroa, ya que en ese municipio se desarrolla el proyecto más grande de La Venta, básicamente para conocer su postura sobre el Corredor Eoloeléctrico, y reconoció ser promotor de éste, bajo el argumento de que con ello se traerá inversión a sus comunidades. Sobre la diferencia que puede existir entre los contratos de arrendamiento, el presidente municipal dijo que cada empresa tenía formas distintas de negociación y que "él no podía meterse." Sin embargo reconoció que no hubo una consulta a las comunidades, que este proyecto lo encabeza el gobierno federal y estatal y que es un hecho que se va a realizar.

Asimismo, señaló que han dado "a quien lo solicite información sobre el corredor, sobre todo a los comisarios ejidales que se han acercado" pero que tampoco llevan a cabo una "campaña de información para difundir el proyecto." Las inquietudes de los comisariados son precisamente sobre que tipo de contrato firmar. Sobre las empresas que están con permisos autorizados para construir corredores eólicos, agregó que han sido informados por la propia Secretaría de Energía y por parte del gobierno estatal de que hay empresas interesadas como Endesa, Gamesa, FENOSA, Iberdrola y Eoliatec y que de hecho son las que están visitando los municipios y comunidades cono Juchitan, San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio, San Mateo del Mar por donde pasará el corredor eoloeléctrico.

Para el Centro de Derechos Humanos Tepeyac existe un proceso de desinformación, rumores que sólo están causando expectativas por parte de los campesinos, y que ninguna autoridad se ha tomado la molestia de disipar las dudas. El Centro califica los contratos como leoninos ya que lo que se le ofrece a los ejidatarios es muy poco comparado con lo que las empresas tendrán de ganancia.

Hasta el momento, las organizaciones sociales que se han opuesto a este tipo de proyectos tampoco han establecido una estrategia para tratar de acercarse a las comunidades. Para Sofía Olhovich de la organización Gubiña XXI de Unión Hidalgo esto se debe en parte a la falta de recursos para poder implementar una campaña mucho más amplia que pueda llegar a todos los municipios que se verán afectados por estos corredores, sin embargo si se han tenido encuentros con otras organizaciones y comunidades que se oponen al proyecto. En entrevista para esta investigación comentó que en septiembre del 2005 más de treinta organizaciones, ejidatarios y comunidades indígenas de Oaxaca se reunieron para debatir sobre los posibles impactos del proyecto del corredor eólico, de ahí surgió un pronunciamiento en donde se destaca que el corredor eoloeléctrico traerá consigo movimiento de resistencia.


  Movimientos de resistencia.
Hay organizaciones en Oaxaca que se oponen rotundamente a la instalación del Corredor Eoloeléctrico: Unión de Comunidades Indígenas de la Zona norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Derechos Humanos Tepeyec y Gubiña XXI, A.C., que consideran que este proyecto hace parte del Plan Puebla Panamá (PPP) y que la única intención es convertir un recurso estratégico como la energía en una mercancía beneficiando con ello a las transnacionales, especialmente corporaciones españolas, y no a los pueblos del Istmo. Para estas organizaciones los impactos negativos son de carácter social y económico.

Para Sofía Olhovich (Gubiña XXI), el Corredor Eólico es un proyecto anticonstitucional pues es una forma de privatización de la industria eléctrica. En entrevista comentó que tienen conocimiento de que empresas como Iberdrola y Gamesa son las más interesadas en invertir y que hay además una serie de irregularidades en la autorización de permisos; nos mostró copia de algunos Manifiestos de Impacto Ambiental autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARMAT) a Fuerza Eólica del Istmo que demuestran que fueron elaborados al vapor y sobre la base de otros, es decir sólo le cambiaron el nombre de una compañía de Veracruz pero no tuvieron el cuidado de quitar algunos datos de dicha compañía; esto hace pensar que realmente las autoridades ambientales no tuvieron el debido interés en verificar si realmente hay o no un impacto ambiental en la construcción de un corredor eoloeléctrico.

Olhovich plantea que nunca se tomó en cuenta a las comunidades para la realización de este corredor eólico: "los ejidatarios sólo supieron de éste cuando las empresas empezaron a ofrecerles dinero", entonces algunos, motivados por las necesidades materiales, respondieron de inmediato sin analizar el fondo del asunto, otros sí se acercan a la organización o a sus comisariados ejidales para preguntar si firman los contratos o no. Al hablar sobre las desigualdades en los contratos, dice, "hemos corroborado que en la comunidad La Ventosa están pagando $1000 por hectárea al año mientras que en otras como Santo Domingo Ingenio el precio oscila entre 100 a 150 pesos por hectárea, asimismo en la primera se paga 8 000 pesos por torre instalada y en la otra sólo 4 000 pesos."


  g) Conclusiones sobre el caso.
La implementación del Corredor del Istmo de Tehuantepec se ha detenido por algunos factores sobre los cuales es conveniente poner atención:

  • Inexistencia de criterios sociales que prioricen uso y destino de las tierras, mientras privan criterios de carácter económico y de ejercicio del poder (nuevos y viejos cacicazgos).
  • Desinformación respecto a los efectos ambientales de este tipo de infraestructura, así como la falta de una visión amplía e integral del uso de la tierra.
  • Ante las deficiencias en los apoyos gubernamentales para trabajar la tierra para la producción de alimentos, agrícolas y pecuarios, las comunidades deben buscar alternativas para hacer rentable la propiedad física de la tierra y su conservación.
  • El proyecto implica abarcar 100 mil hectáreas afectando a los municipios mencionados del estado de Oaxaca.
  • La Falta de infraestructura de interconexión para poder transportar la energía para su exportación o venta posterior.

Si bien la rectoría está en manos aún de la nación, la privatización del sector avanza de manera silenciosa. El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), alerta sobre más de 30 proyectos con participación de capital transnacional en el sector energético en la mayoría de los estados del país; algunos de estos proyectos se han conectando entre si con la finalidad de establecer una conexión eléctrica, parte del proyecto del Plan Puebla Panamá [72].

Oaxaca es un estado en donde predomina la cultura indígena y legalmente a través de la Ley Estatal de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas está reconocida la autonomía de los pueblos indígenas, y el respeto al sistema de usos y costumbres de los distintos grupos étnicos de la entidad "La expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas como partes integrantes del Estado de Oaxaca, en consonancia con el orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización sociopolítica."

No sólo en Santo Domingo Ingenio sino en las demás comunidades en donde se llevará a cabo la construcción del Corredor Eoloeléctrico del Istmo se está pasando por alto el derecho a la libre determinación de los pueblos para decidir sobre su territorio, y el uso y disfrute de sus recursos naturales, como también está previsto en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) -ratificado por México desde 1981- y diversas disposiciones de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por México.

Resulta también preocupante, desde la perspectiva de derechos humanos, la implementación de programas gubernamentales como el PROCEDE que conduce a la individualización de la propiedad de la tierra y a la falta de seguridad jurídica: "A quien da seguridad y certeza jurídica no es al campesino sino al que va a comprar, al que le van a ceder o el que va a invertir. El PROCEDE es la pavimentación de la propiedad social hacia la propiedad privada, es decir a la privatización de la tierra ejidal o comunal" [73] Con ello, se está desconociendo parte esencial del Convenio 169 de la OIT referida a "la relación especial que tienen los pueblos indígenas con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera y, en particular, los aspectos colectivos de esa relación. Se reconoce el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, se deberá tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados en utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Los derechos de estos pueblos a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente, comprendiendo el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos" [74].

El concepto de naturaleza colectiva no es compatible con las leyes del mercado, pues este tiende a la individualización del ser humano, se agrega además que las mujeres también están siendo excluidas de estos proyectos cuando ellas son de los grupos más vulnerables que se afectan por los intereses transnacionales, el propio Artículo 49 de la Ley estatal mencionada establece que el Estado asume la obligación de propiciar la información, la capacitación, la difusión para que los pueblos y comunidades indígenas tomen medidas tendientes a lograr la participación plena de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural de los mismos.

Las transnacionales en este caso, en su mayoría de origen europeo, junto con el Estado mexicano están dividiendo a las comunidades al llevar a cabo negociaciones individuales para asegurar la tierra, ¿qué va a pasar con aquellos ejidatarios que no serán beneficiados económicamente por este tipo de proyectos? Esto puede provocar un crecimiento de la desigualdad al interior de las comunidades, dividir y enfrentar a las familias, y a la vez derivar en problemas de violencia, como ha sucedido en otras ocasiones en Oaxaca y otros estados con alta población indígena como Chiapas, ante medidas que benefician focalizadamente a algunas personas o familias, en vez de proyectos de desarrollo local y regional que incorporen medidas de atención universales complementarias a las focalizadas.

Hay comunidades como El Porvenir que se ha negado a aceptar el PROCEDE, como requisito para entrar al negocio eólico [75]. Asimismo, el gobierno no debería de aprovecharse de la pobreza extrema para implementar sus proyectos, sino atenderla con programas adecuados y diseñados con la participación de las comunidades.

Las comunidades del Istmo de Tehuantepec viven en condiciones materiales muy difíciles, Oaxaca es uno de los estados más pobres del país, con serios problemas de desigualdad, exclusión, marginación. Y de esto se aprovechan las empresas al momento de negociar, pues para muchos campesinos recibir alrededor de 15 mil pesos anuales es mucho más de lo que llegan a recibir con programas de gobierno cuando los hay, pero en realidad tampoco es la solución a su situación de pobreza.

Las empresas no son ajenas a las condiciones precarias que enfrentan día a día los ejidatarios de las comunidades, y sólo están a la espera de que el gobierno haga lo suyo presionando a que los campesinos entren al PROCEDE, y con ello poner en bandeja de plata las tierras a los inversionistas.

¿Pero quién vela por los intereses de las comunidades o del ejidatario que en muchas ocasiones no saben leer ni escribir? Las autoridades locales, estatales y federales se han desentendido de ello, no hay una asesoría jurídica ni un acompañamiento técnico a los ejidatarios, el Estado los deja a merced de los empresarios que al final de cuentas actúan con fines de lucro y no de generación de bienestar social. Es por eso que el papel social del Estado es fundamental y también debe cumplir con su obligación de proteger en materia de derechos humanos frente a actores no estatales.

El movimiento de resistencia en el ámbito de los corredores eólicos (las organizaciones sociales y algunas comunidades) empiezan a tomar conciencia de las trampas gubernamentales y transnacionales en cuanto a las negociaciones de contratos de arrendamiento territorial. Falta mucho por hacer, urge un trabajo de reflexión al interior de las comunidades y no es fácil, sobretodo cuando hay carencias económicas, y a la par se están enfrentando con un aparato empresarial poderoso que ofrece muy poco para las ganancias que se llevará, pero ese poco para los ejidatarios es significativo, partiendo de los parámetros de ingresos tan bajos e inconstantes con los que cuentan.
NOTAS:
  1. ® http://www.ciepac.org/analysis/cfe%20produc%20invercion.htm .

  2. ® http://www.jornada.unam.mx/2005/05/16/oja97-procede.html .

  3. ® Artículos 14 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual México ratificó, http://www.indigenas.oit.or.cr/intro169.htm .

  4. ® Véase Periódico La Jornada, sección política, 27 de noviembre de 2004.


  El sector energético en el marco del acuerdo global.
Para la Unión Europea (UE) hay sectores en los que les interesa invertir en México y que quedan inscritos dentro del Informe Estratégico 2002-2006 y en el Acuerdo Global: Agropecuario, energético, minero, pesquero, turismo y transportes; sin descuidar aspectos como el medioambiente y recursos naturales. Por otro lado, el propio Acuerdo reconoce "la importancia de armonizar el desarrollo económico y social preservando los derechos fundamentales de los grupos y regiones más vulnerables... propiciando un crecimiento que genere empleos y asegure mejores niveles de vida a la población menos favorecida" [76].

Asimismo dentro del Informe Estratégico para México de la UE se contempla apoyar a México "en la lucha contra las desigualdades, en particular, aquellas que sufren las poblaciones indígenas y con vistas a una dimensión de cooperación económica común que se beneficie de la zona de libre comercio creada en virtud del Acuerdo Global" [77].

En el sector energético la mayoría de las empresas que ya están invirtiendo en México son de origen europeo (Electricité de France, Iberdrola, Eoliatec, Endesa, Gamesa) el comportamiento de las mismas no ha sido el que se establece en el Acuerdo Global, en este caso se está pasando por alto y violentando muchas normatividades nacionales e internacionales, sin que la Unión Europea tome cartas en el asunto: su agenda en el sector energético está centrada en asegurar la competitividad económica y los territorios estratégicos para garantizar el combustible (sobre todo el petróleo) [78].

Hay un desfase en el discurso y la práctica en las relaciones entre la propia Unión Europea y sus inversionistas transnacionales; si se considera que uno de los ejes centrales de la UE en México es potenciar el desarrollo económico y social de las comunidades locales más pobres del país, en la practica se observa que los inversionistas europeos están explotando los recursos naturales de las comunidades del Istmo a un bajo costo, y violentando el derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, el Convenio 169 de OIT señala que "...Los gobiernos deberán asumir, con la participación de los pueblos interesados, la responsabilidad de desarrollar acciones para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad. Deberán adoptarse medidas especiales para salvaguardar las personas, las instituciones, sus bienes, su trabajo, su cultura y su medio ambiente. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculo o discriminación. No deberá utilizarse ninguna forma de fuerza o coacción que viole estos derechos y libertades" [79].

En el proyecto del Corredor Eólico ni el gobierno mexicano ni la Unión Europea están tomando en cuenta lo que se establece además en el convenio 169: "los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adopción de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente [80].

Al mismo tiempo, las empresas europeas están haciendo caso omiso de las Normas sobre las Responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, de la Organización de Naciones Unidas, en donde los Estados y las propias empresas transnacionales tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos consagrados en el derecho internacional y en la legislación nacional, incluidos los derechos e intereses de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables (art. 1 sobre obligaciones generales)

Finalmente, en el desarrollo de estas inversiones europeas, la Comisión de la UE no está vigilando que se garantice la protección al medio ambiente, la inclusión de la perspectiva de género en la toma de decisiones, y el respeto a la libre determinación de los pueblos de decidir sobre su desarrollo y sus recursos naturales.
NOTAS:
  1. ® Artículo 36 de Acuerdo Global.

  2. ® Ibid.

  3. ® http://www.unesa.es/informes_actualidad/revision_2006.htm .

  4. ® http://www.indigenas.oit.or.cr/intro169.htm .

  5. ® Ídem.


Tercera parte: Conclusiones conjuntas.
El estudio sobre los procesos de privatización de los servicios de agua y electricidad en Europa y, más precisamente en Francia, nos ha dejado lecciones relevantes tanto para Europa como para México, cuyo gobierno promueve políticas neoliberales de privatización, a tono con las exigencias de la globalización abanderadas por el BID, el BM, el FMI, la UE y las empresas privadas activas en los dos sectores, sobre todo las francesas. (COMPLETO)

Tanto la opinión pública europea como la mexicana, consideran que el acceso al agua es un asunto nacional/ público y derecho básico, no negociable. Hemos perdido el concepto del agua como Derecho humano y bien de la humanidad; para muchos el agua se volvió una mercancía, un servicio para el cual se puede pelear pero no un derecho fundamental. En este marco, es absolutamente necesario recalcar en primer lugar que la propiedad del agua debe ser pública, y que su gestión debería competir a instancias gubernamentales.

Aunque presentándose de manera algo diferente, el sector electricidad contempla los mismos cuestionamientos. Esencial en la industria, el transporte y la vivienda, así como en otros muchos aspectos de la vida social, la electricidad es considerada como un tema estratégico vinculado no solamente a una vida digna sino a la libre determinación de los pueblos. A pesar de esto, la tendencia a privatizar la producción como la distribución de energía gana terreno sin verdaderos beneficios para los pueblos.

Los modelos público/privado de gestión de agua y de electricidad, promovidos por estas mismas entidades (BID, BM, FMI, UE y trasnacionales) y adoptados por gobiernos de países en vía de desarrollo son modelos que tienen una serie de debilidades y peligros que deberían ser considerados ampliamente antes de su ciega aplicación.

A lo largo de este estudio hemos comprobado que los resultados de estas políticas son similares en Europa y México. Los afectados son los pueblos en todo el ciclo de la gestión del agua: desde el precios altos, calidad del recurso hidráulico limitada, baja capacidad de incidencia del ciudadano sobre la gestión del sistema, afectación de tierras, de mantos y cuencas acuíferas. La propiedad del agua y de la energía a pesar de que "quedan" en manos del Estado aunque la decisión en los hechos está en las grandes empresas transnacionales.

Evidentemente, es necesario aumentar la participación y control ciudadano. Aclaramos que no apoyamos el modelo público-privado, pero en cualquiera de los casos para que la gestión del agua y de la electricidad beneficien a la comunidad deben contar con el control de la ciudadanía. Dicho de otra manera: debe garantizarse el control estatal, reglamentación eficaz, respeto a las normas ambientales, prestación universal del servicio, entre otros.

El modelo público-privado impone los intereses privados por encima de la comunidad. Así mismo permite a las empresas diseñar políticas donde prevalezcan sus ventajas y limiten sus obligaciones. Este proceso de descentralización, promovido por el Banco Mundial favorece el debilitamiento de los poderes públicos, los cuales posteriormente deben enfrentar a nivel regional o local de manera aislada a las multinacionales. Esto se debe a:

  1. El desligamiento de la responsabilidad del Estado para asumir el poder de regulación frente a las empresas multinacionales, implica dejar de desarrollar su capacidad técnica y administrativa y significa además la pérdida de fuentes importantes de recursos naturales pero sobre todo la pérdida de soberanía.

  2. A la privatización progresiva de los servicios públicos.

  3. Al debilitamiento de los poderes regionales o locales. Estos ya no tiene la capacidad de controlar a las empresas privadas a quien concesionó por ejemplo, la gestión del agua. Más aún, a veces el poder publico llega a depender de aportes financieros de la empresa privada para cumplir sus obligaciones o bien, es el poder publico quien financia las actividades que "supuestamente" debería efectuar la empresa privada.

  4. La mezcla de intereses entre actores públicos y privados que favorecen la corrupción.

  5. Lo que claramente hace falta es la implementación de las directivas y normas nacionales, privadas e internacionales. El cumplimiento de la normatividad se tiene que dar a tres niveles: (Inter) gubernamental, privado y civil (el PNUD lo llama "la regulación civil"; Organizaciones que aplican políticas de presión y compromiso, participando en el monitoreo de las empresas. La sociedad civil juega un papel fundamental de vigilancia en este proceso, pero al final la regulación es responsabilidad de las autoridades públicas.

El modelo internacional de privatización de los servicios públicos, no es una buena opción para México ni para Europa a largo plazo. El sector eléctrico es un sector fuerte, con gran potencialidad. No existe razón de interés nacional que justifique la venta de la gestión y generación de la electricidad.

En ese marco, las organizaciones que defienden los derechos humanos, movimientos y organizaciones civiles y sociales que se organizan a favor de modelos de desarrollo sustentable y justos tienen un papel fundamental:

  1. Se subraya la necesidad de darle efectividad a la Cláusula Democrática del Acuerdo Global [81] y mecanismos concretos de aplicación y vigilancia de la misma, en donde realmente la UE "obligue" a sus inversionistas en países fuera de la UE a aplicar los mismos códigos de conducta que utilizan dentro [82]. Esto implica pedir una evaluación independiente del papel de las trasnacionales europeas de los sectores agua y electricidad y su impacto en los derechos humanos.
  2. Tanto en México como en Europa y en el resto de mundo se deben incrementar las campañas que defiendan el agua y la electricidad como bienes públicos, un derecho humano no negociable. Debemos rescatar o fortalecer la conciencia que el primer derecho de los pueblos es tener un acceso a estos bienes indispensables para llevar una vida digna. La preservación de una gestión responsable y un uso sustentable de estos recursos radican en primer lugar en la conciencia que debe tener la gente que son bienes públicos. En este campo, la educación juega también un papel fundamental, mucho más que aumentos de tarifas que resultan sobre todo penosos para las capas mas pobres de la población.
  3. Las campañas en favor del derecho al agua y a la energía no deben limitarse a que se reconozcan como derechos humanos fundamentales al mismo tiempo deben ser construidos de manera conjunta con las comunidades afectadas los mecanismos y herramientas para su defensa. Esto es todavía mas evidente en México donde los canales de información y de consulta son escasos y las consecuencias de las políticas de privatización más graves pero vale también para Europa. Por lo que en cada parte del mundo se deben organizar debates públicos con los movimientos, organizaciones y ciudadanía en general para discutir las formas de enfrentar las políticas de privatización con herramientas técnicas, jurídicas y políticas de movilización popular.
  4. Nuestro papel es exigir que la gestión del agua y de la energía sean públicas y que se incorpore a la sociedad civil organizada a dichas gestiones lo que implica exigir mayor transparencia para que los pueblos , comunidades y ciudadanía conozcan los deberes y poderes de cada actor sea público o privado.
  5. El Estado tiene la obligación para dar un servicio de calidad que garantice una vida digna, manteniendo un control público y ciudadano con inversiones responsables y servicios adecuados.
  6. Las alianzas y vínculos entre grupos organizados de las diversas regiones y países alrededor del tema del agua y la electricidad son una tarea prioritaria de todos y de todas. Por ser elementos de políticas que se imponen en todas las regiones, el agua y la energía ofrecen un tema que alimenta una conciencia colectiva de que "otro mundo es posible."
  7. La relación entre movimientos, organizaciones sociales y civiles, comunidades afectadas y los sindicatos mexicanos y europeos que operan en estos sectores es fundamental. No solamente porque se trata de solidarizarse con las luchas de los trabajadores afectados por las reestructuraciones que imponen las políticas neoliberales. Una gestión pública y responsable del agua y de la electricidad, con el debido control ciudadano, debe conllevar una política de creación de empleos justos y sustentables, sea en el sector público, sea en empresas privadas enmarcadas en políticas públicas fuertes. En este marco, es importante también apoyar la vinculación entre sindicatos europeos y mexicanos.
  8. No basta criticar ni proponer. Es fundamental valorizar las alternativas y luchas a favor de una gestión más democrática del agua. El papel de la prensa es aquí importante pero también compete a los movimientos y a las organizaciones involucradas en estas luchas publicar y difundir sus experiencias exitosas de gestión pública y ciudadana para ayudar a defender mejor sus intereses de cara a los intereses de las transnacionales.
  9. Las relaciones entre México y la Unión Europea pasan por la lucha de impulsar un Estatuto para el agua a nivel mundial que garantice una gestión pública, eficiente, equitativa, sustentable y democrática en estos sectores. Este Estatuto debería regir el conjunto de negociaciones internacionales que son hoy día campos de lucha para los movimientos que defienden y promueven los derechos humanos: el agua y la electricidad son temas que están en la mesa de las negociaciones sobre servicios tanto en la Organización Mundial de comercio como en negociaciones sub regionales y bilaterales. Este modelo globalizador neoliberal impulsan las políticas que afectan el desarrollo justo y sustentable de los pueblos y debilita el papel del Estado como ente regulador y promotor de los derechos humanos. En todas partes son las mismas políticas que amenazan. En todas partes son las mismas luchas que conviene fortalecer y articular.

NOTAS:
  1. ® En el componente comercial del Acuerdo se menciona la necesidad de entablar un diálogo sobre política reguladora para alinear a México con normas internacionales, que adopte reglamentaciones y procedimientos. Hay toda una gama de instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México que no se están respetando. Tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e incluso de una valiosa compilación de disposiciones de derechos humanos como son las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2004, de las que la empresa Aguas de Saltillo incumple sobre todo en materia de protección al consumidor:
    "F. Obligaciones en materia de protección al consumidor, 13. Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales actuarán en consonancia con las prácticas mercantiles, comerciales y publicitarias leales y adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad y calidad de los bienes y servicios que proporcionen..."

  2. ® Fueron adoptadas por la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en agosto de 2003: E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2 en www.unhchr.ch. Si bien reconocen el rol primordial de los Estados en la tarea de garantizar los derechos humanos, las Normas de la ONU identifican las principales responsabilidades de las empresas en ese aspecto (Artículo 1)


Epílogo.
 
  Foro internacional del agua.
Por Axelle Fisher (CIFCA/ Justice et Paix).

Nadie puede sobrevivir sin agua, siendo vital, este recurso debe ser accesible a todos. Pero las cifras actuales muestran que no es el caso. 1.5 mil millones de personas no tienen acceso al agua potable y cada día 5 mil 500 niños mueren debido al agua contaminada.

¿Cual es la causa de esta realidad? Algunos destacarán la escasez del recurso y el crecimiento de la población mundial. Otros, de los cuales nuestras redes, cuestionan el actual modelo de consumo y las políticas que lo impulsan.

Esta preocupación es mundial y hace parte de la agenda política global y frente a la difícil realidad actual, todos están de acuerdo en decir que se deben encontrar soluciones y emprender acciones.

Muchos dudan de la realización de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (el acceso al agua aparece en el objetivo No. 7). De hecho, la actualidad nos muestra que estamos todavía lejos para que los compromisos que asumieron los gobiernos en el año 2000 se vuelvan realidad: la declaración final del cuarto foro del agua, organizado en la ciudad de México por el Gobierno mexicano y el Consejo Mundial del Agua del 16 al 22 de Marzo 2006, no hace mención del derecho al agua como derecho humano, para los Estados reconocerlo significaría que no podrían convertir un derecho en una mercancía.

Lo que está en juego son las prioridades políticas y la voluntad de poner realmente adelante soluciones y acciones que impliquen al ciudadano. Si bien es cierto que en algunos talleres del cuarto foro mundial del agua se escuchó otra voz, de manera general se puede decir que el encuentro, por el modelo de gestión privada del agua que ha defendido y su mismo funcionamiento (el alto precio de inscripción al foro excluyó a muchas personas que hubieran podido aportar su experiencia en el ámbito) ha sido decepcionante.

Frente a esto, la sociedad civil se ha organizado para dar un verdadero espacio a propuestas alternativas. El mensaje de los participantes al Foro internacional en Defensa del agua (que tuvo lugar en la ciudad de México del 14 al 19 de marzo 2006), ha sido muy claro, la gestión privada en el sector del agua no es la solución. Muchos ejemplos presentados han mostrado el fracaso del sector privado en este ámbito. Tomando en cuenta la importancia de otras experiencias de gestión escuchadas (modelos de asociación pública-pública, gestión local...), otro modelo de gestión del agua tiene que ser impulsado.

El caso de la electricidad aunque diferente en unos aspectos, nos recuerda que la privatización de la energía conlleva también grandes amenazas sobre el control democrático que tanto en México como en Europa debemos exigir sobre recursos tan básicos y estratégicos para el desarrollo de nuestros países. Nada indica incluso que la apertura de los mercados de electricidad al sector privado ofrezca ventajas al consumidor tanto a nivel de calidad del servicio como de precios.


Una síntesis del estudio fue presentada en el marco del Foro Internacional en Defensa del Agua y del Tribunal Latinoamericano del Agua, instancia internacional, autónoma e independiente de justicia ambiental "que responde a la necesidad latinoamericana de contar con espacios que coadyuven a la solución de los conflictos ambientales, apelando a una construcción participativa, informada y democrática de la soberanía ambiental de los pueblos".

Este estudio tiene el objetivo de mostrar, a través del ejemplo del sector del agua y de la electricidad, el impacto social y medioambiental negativo que han tenido las inversiones Europeas en México y en Europa. Los diferentes casos concretos presentados, como los de Saltillo en México o de Grenoble en Francia, ponen de manifiesto que la toma de la gestión de los recursos naturales por el sector privado ha tenido efectos negativos no solamente en el Sur sino también en el Norte. La lógica del modelo único impulsado por los acuerdos comerciales debe ser revisada. Este documento pretende contribuir a la edificación de una gestión social y sostenible de los recursos naturales.


  Hacia el derrrumbe del monopolio transnacional del agua.
Por Alejandro Villamar (RMALC).

A reserva del análisis detallado de los resultados de las Jornadas del Foro Internacional en Defensa del Agua, de las organizaciones sociales, doy por un hecho que fueron las acciones más destacadas que deslegitimaron y desafiaron al Foro Mundial del Agua (FMA) de las trasnacionales.

Sin embargo, también hubo otros foros que apuntan, como Las Jornadas en Defensa del Agua, a la construcción de espacios de análisis, discusión, coordinación y agendas propias que empiezan a desmoronar el monopolio y la falsa legitimidad que se ha arrogado sobre el agua el poder neoliberal.

Si el 1er-FMA (Marruecos-1997) pasó desapercibido para la inmensa mayoría de las organizaciones civiles del mundo, y apenas en el 2do FMA (La Haya-2000) se empezaron a prender las luces rojas civiles y ya en el 3er FMA (Kyoto-2003) se inició una importante coordinación internacional, el IV FMA (México-2006) enfrentó el desafío multiplicado y creciente de actores sociales y políticos.

Reconocer la diversidad de actores convergentes en la lucha contra la política neoliberal y por la construcción de alternativas sociales, es plantearse no únicamente el recuento de lo pasado, sino prefigurar la agenda de alianzas que hay que tejer para fortalecer las alternativas sociales a todos los niveles.

En esta nota, nos gustaría compartir los resultados de otros foros; dos ejemplos que se realizaron en el marco del IV FMA y dos ejemplos fuera del IV FMA.

Uno adentro.

Como se sabe, los promotores del IV FMA organizaron diversos foros cuyo propósito político central era dar cobertura a su estrategia de legitimar sus directrices de política mercantil, y secundariamente dar cabida a organizaciones varias e individuos interesados en la problemática del agua. No obstante, en algunos de esos foros se inició o fortaleció la tendencia de construir sus resolutivos desde una lógica diferente a los del FMA.

Tal fue el caso del Encuentro Mundial de Parlamentarios del Agua, que por primera vez se realizó en el FMA. Convocado formalmente por las Comisiones de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y de Senadores de México y apoyado tanto por la Unión InterParlamentaria (UIP), como por la Comisión Nacional del Agua (CNA), el FMA se realizó del 18 al 21 de marzo en un hotel de la Ciudad de México.

El segundo evento fue el de Alcaldes y autoridades locales del mundo sobre el agua que desde el III FMA (2003) vienen participando y produciendo su propia declaración.

En el Encuentro Mundial de Parlamentarios del Agua, con participación mayoritaria de diputados de los estados; diputados y senadores latinoamericanos y del Caribe, se produjeron dos Declaraciones. Una muy breve Declaración México promovida por los parlamentarios priístas, españoles y franceses (conservadores) muy a tono con el IV FMA, y otra Declaración del Parlatino consensuada por parlamentarios de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela, cuyo contenido desafía abiertamente la lógica del FMA.

La Declaración del Parlamento Latinoamericano, construida a partir de propuestas surgidas desde varios parlamentos, coincide en varios puntos con la Declaración Conjunta de los Movimientos en Defensa del Agua (el acceso al agua como derecho humano, su gestión pública con enfoque participativo, democrático e integral y sacar al agua de los tratados de libre comercio y de la Organización Mundial de Comercio OMC-, entre otros), lo mismo que con la Resolución unánime del Parlamento Europeo (Bruselas-2006) y la Declaración de Parlamentarios del Foro Mundial Alternativo del Agua (Ginebra-2005) y otros.

De los puntos de la declaración del Parlatino destacan, al menos, cuatro puntos que se orientan a desafiar el monopolio y la falta de control democrático que el FMA ha tenido en el plano internacional:

  1. La iniciativa para crear una Agencia de las Naciones Unidas de Coordinación del Agua, con participación de las organizaciones sociales que supere la actual dispersión existente entre numerosas agencias internacionales. Recuérdese que, entre otros motivos, el vacío institucional e intergubernamental mundial de una agencia del agua le ha permitido enarbolar al FMA esa falsa legitimidad de convocante intergubernamental.

  2. El pronunciamiento de que la cooperación internacional (Banco Mundial, Bancos de Desarrollo Regional y cooperación bilateral) apoye las iniciativas de los países en desarrollo sin ningún tipo de condicionamientos políticos. Es bien sabido que este condicionamiento ha sido el mecanismo para abrir la participación de los capitales transnacionales y privados que promueven y dominan el FMA.

  3. El exhorto a los Estados miembros de la comunidad internacional, es decir a todos los gobiernos, a la ratificación y la observancia de las convenciones, convenios y protocolos internacionales de protección del ambiente, y desarrollo. Estos instrumentos internacionales significan poner los derechos e intereses generales por encima de los intereses privados de los inversionistas y especuladores, que en este IV FMA ha sido el tema que se negaron a introducir en su declaración, no obstante la presión social y de varios gobiernos latinoamericanos y de España.

  4. La creación del Consejo Permanente de Legisladores para dar seguimiento a los compromisos establecidos en la materia, coordinar acciones y promover la legislación necesaria para una gestión compartida de las políticas medioambientales y de prevención, con objeto de crear una verdadera política de gestión del agua. Dar continuidad a los Encuentros Mundiales de Legisladores del Agua. Hasta ahora, el FMA y sus expertos han sido, además de ideólogos de la privatización, los legisladores indirectos de este proceso. Que los parlamentarios y las instituciones parlamentarias internacionales retomen su papel de verdaderos representantes de los intereses sociales, y no únicamente de los grandes capitales, sería la contribución mínima y coherente derivada de sus responsabilidades formales.

Por su parte, la Declaración de Alcaldes y autoridades locales del mundo sobre el agua tiene raíces más antiguas que la de los parlamentarios, pues se basa abiertamente en muchos de los documentos multilaterales y regionales de derechos y compromisos, y por consiguiente coincide en muchos puntos con la Declaración de los Movimientos Sociales.

Los alcaldes y autoridades locales retoman literalmente el párrafo 15 del Protocolo de DESCA, y hacen una defensa explícita del manejo público, como de la importancia de la autonomía de los poderes locales en la protección y la gestión durable del agua, la organización de los servicios públicos equitativos y transparentes del agua potable y saneamiento.

Estas posiciones también van en dirección contraria al dictado de las transnacionales, y tomando en cuenta que son las instancias de poder gubernamental que los ciudadanos tenemos más a la mano, podemos influirlas, pedirles rendición de cuentas y en caso necesario, cambiarlas.

Dos afuera.

Fuera del IV FMA se organizó el Foro Internacional Los trabajadores Frente a la Privatización de los Servicios Públicos de Agua en la que participaron delegados de sindicatos del agua de México, Francia, Irlanda del Norte, Argentina, El Salvador, Uruguay, Perú y Jamaica, así como investigadores y activistas sociales.

En este foro internacional de trabajadores, realizado los días 17 y 18 de marzo, se analizaron con detalle y desde la óptica y los intereses laborales y sociales los procesos de privatización, las luchas de resistencia de los trabajadores y la construcción de una agenda internacional alternativa.

Los resolutivos de este foro son convergentes con los alcanzados por el Foro Internacional en Defensa del Agua. A partir del reconocimiento de que a) el acceso al agua debe ser un derecho humano universal, b) que el agua es fuente de vida y no debe estar sujeto a reglas que la transformen en mercancía y que c) los procesos privatizadores a nivel mundial, impulsados desde el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), han fracasado en su oferta de beneficios a los pueblos del mundo, porque su naturaleza de lucro no considera realmente servicios para la población en zonas sin agua.

Este foro ofrece otras aportaciones puntuales, como el que la defensa de la empresa pública en los servicios hídricos es fundamental para garantizar un acceso justo y equitativo a los pueblos del mundo.

Que la vinculación entre los trabajadores del sector agua y los habitantes de las ciudades y el campo es una garantía para enfrentar los procesos de privatización y desarrollar modelos sociales de gestión integral más democráticos. Y además se estableció el compromiso de luchar por revertir las áreas ya concesionadas a los particulares. Finalmente los participantes reafirmaron nuestro compromiso de seguir luchando, al lado de los pueblos, porque el agua sea para la vida y la salud y no para lucrar.

El Foro pudo convocar a sindicatos y trabajadores del agua y el resolutivo recoge planteamientos fundamentales. Sin embargo, la ausencia de muchos de los grandes sindicatos indica que todavía hay que trabajar mucho en este sector. Tal como lo comentóo en el Foro un notable sindicalista peruano: detener la privatización en su país fue una tarea muy difícil, incluso tuvimos que tocar puerta tras puerta en todas las casas, para convencer a los ciudadanos de que esta lucha incluía a todos y no solamente a los trabajadores del agua.

Por último, el 15 de marzo pasado se realizó el Foro Internacional Campesino en Defensa del Agua y por la Vida. Produjo una Declaración en Defensa de la Vida y del Agua, que contiene muchas convergencias con los pronunciamientos de otros foros civiles, y agrega algunas particularidades desde la posición de las organizaciones de productores rurales y de los indígenas.

Señalan que Para nosotros el agua pertenece a la tierra; según el Artículo 27 de la Constitución Mexicana, el agua pertenece a la nación, es decir a todos los mexicanos, por lo que no podemos permitir que nadie se apropie de ella y mucho menos que se privatice su acceso, para beneficio de unas cuantas empresas transnacionales o empresarios.

Resalta la posición y propuesta de: Por el derecho al agua como un derecho campesino, como factor fundamental para llevar a cabo la Soberanía Alimentaria. Por el respaldo a la agricultura orgánica y a la producción sustentable de alimentos. Porque el agua salga de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Y finalizan con: Reclamamos un uso sustentable de nuestros recursos, y nuestro derecho a disponer de la infraestructura necesaria para producir, por la democratización de los programas como Alianza para el Campo y políticas públicas más incluyentes. Rechazamos la actual Ley de Aguas Nacionales.

Estas propuestas son un avance en la toma de posición campesina frente a la política neoliberal sobre el agua. No obstante, parece evidente que a nivel internacional y regional las grandes organizaciones campesinas y de pequeños productores rurales todavía no han hecho suya la lucha contra la política neoliberal del agua.

No se puede olvidar que, por un lado, el sector agrícola es el mayor consumidor de agua, que históricamente los préstamos del Banco Mundial y otras instituciones financieras han sido mayores en irrigación que en abasto de agua potable (38 mil millones de dólares contra 30 mil) y en la pasada década estos se volvieron más condicionados; por el otro lado, si los procesos de privatización y las luchas de resistencia han sido más visibles en los sistemas de agua potable, hoy está en marcha una sigilosa estrategia mundial de privatización en los sistemas hidroagrícolas que pretende establecer sistemas especulativos de concentración privada en las fuentes de agua. En México un instrumento de esta estrategia recibe el nombre de Bancos de Agua (Artículo 37b de la Ley Nacional de Aguas) y amenaza a la agricultura familiar y a los pequeños agricultores.

Así, estos dos últimos foros son semillas de esperanza que habrá de ayudar a que germinen y crezcan. No cabe duda que una mayor participación de los sindicatos y las organizaciones campesinas, lo mismo que las indígenas, será factor determinante para potenciar a nivel local, regional y mundial la lucha contra el monopolio trasnacional sobre el agua y por la creación y ejecución de una política alternativa desde los intereses sociales y de la propia naturaleza. Sin ellos la lucha será más larga.

Finalmente, en nuestra Declaración Conjunta de los Movimientos Sociales (marzo 19 de 2006), entre otros, nos comprometimos: A continuar este proceso enriqueciéndolo con todos los aportes posibles en los próximos encuentros que nuestros movimientos tendrán en el mundo, bajo el lema de: El derecho al agua es posible: gestión pública participativa.

Recuperar las propuestas de otros aliados sociales, a la vez que aprender mútuamente, es un paso obligado para la verdadera gestión publica participativa.


  Pronunciamiento CIFCA-RMALC en el marco de las Jornadas en Defensa del Agua.
La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y la Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA) en el proceso de observación social del Acuerdo entre la Unión Europea y México, reiteramos que el agua no es una mercancía sino un derecho fundamental de los pueblos.

Tanto en América como en Europa y en todo el mundo, denunciamos:

  1. Que las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), la Organización Mundial del Comercio (OMC), los otros instrumentos del libre comercio y las empresas transnacionales, especialmente las europeas, empujan un modelo mixto de gestión del agua llamado público-privado que no responde a las necesidades de las mayorías ni favorece un manejo democrático de este bien común de la humanidad;

  2. Que los modelos de gestión del agua impulsados por las empresas privadas no logran en general abastecer agua barata y de calidad a las mayorías;

  3. Que estos modelos carecen de la menor transparencia, debilitan el papel de las instancias públicas y excluyen a la ciudadanía de la formulación de políticas que tocan tanto a su vida cotidiana como al futuro del planeta;

  4. Que en la medida que desaparece el tema del agua como derecho humano, crece la mercantilización, la cual conlleva un fenómeno de individualización que va en contra de la defensa colectiva de ese derecho.

Proponemos:

  • Que las organizaciones que manejan el tema del agua contribuyan a que la población y los movimientos civiles y sociales tengan la información que les permita defender su derecho al agua;

  • Que estas organizaciones luchen para que se abran espacios públicos donde la ciudadanía pueda participar en la definición de propuestas y políticas públicas que rijan todo el ciclo del agua;

  • Que en lugar de gastar dinero para abrir los mercados a las transnacionales del sector, las autoridades inviertan en experiencias públicas de gestión del agua, con participación ciudadana, y favorezcan intercambios entre estas experiencias para que puedan resistir de manera colectiva a las presiones de las transnacionales;

  • Un Estatuto para el Agua a nivel Mundial en el cual sea posible lo siguiente: a) Tomar en cuenta la globalidad del ciclo del agua, b) impedir la apropiación de la misma, c) garantizar la responsabilidad colectiva, d)asegurar la gestión y el control mediante una autoridad pública fundamentada en un poder político legítimo y regido por normas democráticas.

Ciudad de México, 14 a 22 de marzo 2006.


[email protected]