Informes y estudios
Discriminación por orientación sexual en Perú: Situación de las lesbianas, trans, gays y bisexuales en Perú
Autores corporativos:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (autoría)
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (autoría)
Movimiento Homosexual de Lima (autoría)
WOMANKIND Worldwide (canal)

Autores personales:
Baluarte, David (Autor/a)
Cedamanos, Gina (Autor/a)
Cedano, María Ysabel (Autor/a)
Galvis, María Clara (Autor/a)
Llaja, Jeannette (Autor/a)
Zanabria, Luisa (Autor/a)

   Descripción    Clasificación    Documento   
 Índice:
     I. Algunos conceptos preliminares.
     II. Marco internacional de protección de derechos humanos.
     III. Marco nacional de protección de derechos humanos.
          A. Marco constitucional peruano: la Constitución de 1993.
          B. Normas y decisiones judiciales que reconocen la prohibición de la discriminación por orientación sexual.
               1. Código procesal constitucional.
               2. Sentecias del Tribunal Constitucional.
          C. Acciones del Estado que marcan un retroceso en el reconocimiento de la prohibición de la discriminación por orientación sexual.
               1. La reforma constitucional de 2002.
               2. La resolución sobre derechos humanos y orientación sexual que iba a ser discutida en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
               3. Decision del INDECOPI.
               4. Plan Nacional de Derechos Humanos.
     IV. Situación de las personas lesbianas, gays y trans.
     V. Peticiones.
I. Algunos conceptos preliminares.
Hablar de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales parecería teóricamente inútil si es que se considera que, en tanto personas, gozan de todos los derechos reconocidos explícita e implícitamente a los seres humanos. Sin embargo, a diferencia de aquellas que siempre han calzado con el prototipo de "sujeto de derechos", las personas históricamente marginadas necesitan ser nombradas para recordarle a la sociedad su inclusión en el sistema de protección existente. Ello es necesario pues sus reivindicaciones van a la vanguardia de los cambios sociales reales, y si es que no se especifican quedan a merced de interpretaciones que restringen sus derechos [1].

En el presente documento nos referiremos a un grupo de personas: las lesbianas, los gays, bisexuales, transexuales y transgénero, a quienes la vivencia de su sexualidad los diferencia del resto de personas, y es ese aspecto de su vida el que exige una respuesta específica del derecho.

Esta respuesta se hizo eminente en el año 1973, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) decidió eliminar la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de los trastornos mentales (DSM) y más aún en el año 1990, año en que la Organización Mundial de la Salud reconoció que la "orientación sexual no heterosexual" no era una "enfermedad mental, ni un desorden emocional, que no es una preferencia sexual concientemente elegida, que no puede ser modificada voluntariamente o bajo presión de ninguna especie, por el individuo, ni por la educación, ni por la familia o por la sociedad" [2]. Esta diferencia es importante pues coloca los requerimientos de esta población en un nivel diferente al de verdaderas desviaciones sexuales como podrían ser la zoofilia, la pedofilia, etc., conductas que no sólo no reciben el reconocimiento del derecho sino que muchas veces son penalizadas. En ese sentido, las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo son legítimas y no son una desviación.

Por "sexo" nos referimos a la distinción sexual entre varones y mujeres. A pesar de que la expresión "orientación sexual" inmediatamente trae a la mente los derechos de los gays, no hay nada en dicha expresión que exija que esto sea así. La orientación sexual es uno de los cuatro componentes de la sexualidad. La orientación sexual está presente en cada uno de nosotros. Se caracteriza por una permanente atracción emocional, romántica, sexual o afectiva hacia individuos de un género en particular. Existen tres tipos de orientaciones sexuales reconocidas: 1) heterosexual, atracción hacia individuos del género opuesto; 2) homosexual (lesbianas y gays), atracción hacia individuos del mismo género; y, 3) bisexual, atracción hacia miembros de cualquier género. Las personas con orientación homosexual son llamados gays (hombres o mujeres) o lesbianas (sólo mujeres).

Los otros tres componentes de la sexualidad son: 1) el sexo biológico, 2) la identidad de género (la percepción sociológica de ser masculino o femenino), y, 3) el rol sexual social (adherencia a normas culturales para comportamientos femeninos o masculinos).

A partir de las investigaciones realizadas por Alfred Kinsey, en las décadas del 40 y 50 [3], se calcula que entre el 10 y el 15% de la población es lesbiana o gay.

La comprensión de lo que realmente significa la "orientación sexual" requiere de una lucha contra los discursos que la han deformado históricamente. A este tipo de discurso se suman, en la actualidad, posiciones biologicistas que pretenden calificar de "ideología" al "enfoque de género" ("ideología" podría ser el feminismo más no el "enfoque de género" que es una categoría de estudio en las ciencias sociales) y afirmar que la conducta de las personas, su manera de vestir, caminar, en fin, su manera de comportarse les es dada por herencia biológica y no por aprendizaje social. Estas posiciones reduccionistas de la complejidad humana no distinguen entre los componentes biológico y social de la persona y niegan este último.

Esta difícil comprensión ha hecho que la condición de no ser heterosexual haya planteado un desafío, en cualquier régimen legal, a los planteamientos de igualdad, no-discriminación y respeto de las libertades establecidas en los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos.

La sola discusión de temas concernientes a la sexualidad y a su protección jurídica deja al descubierto una serie de vacíos legales o silencios de parte del legislador que ponen en evidencia el tabú cultural existente sobre el tema y su consideración como "intrascendente", no "importante", ni "oportuno".

Por otro lado, la "identidad de género", se refiere al conjunto de conductas, valores y estereotipos masculinos y femeninos. Generalmente, el ser humano no se plantea el problema de saber cuál es su identidad de género, pues es común que no haya dicotomía entre ésta y su cuerpo morfo-anatómico; sin embargo, ello no sucede con todas las personas. Las teorías políticas y sociológicas contemporáneas están comenzando a hablar de "géneros", es decir, se pluraliza el concepto para incluir otros: el travestismo, la transgeneridad, la transexualidad.

La identidad de género se vive de distintas maneras según los individuos; así, hay que diferenciar:
  • Los y las travestíes que tienen conciencia de pertenecer a su género y sexo biológico pero, sienten la necesidad de vestirse con la ropa del sexo opuesto.
  • Los y las "transgenderistas" que viven su identidad de género en la variedad. Algunos y algunas asumen el género opuesto a aquél con el que fueron socializados.
  • Los y las transexuales que ponen de conformidad su sexo anatómico y su morfología con su identidad de género. No cambian su identidad profunda, rectifican únicamente su apariencia física.

Todas estas categorías y conceptualizaciones están sometidas a continuos debates. Los grupos "trans" (travestis, transexuales y transgénero), diferencian claramente la orientación sexual de la llamada "identidad de género", y denuncian que ello no se hace visible en los pocos avances jurídicos alcanzados.

La realidad de las lesbianas, gays, bisexuales y trans ha sido jurídicamente contenida en el concepto de discriminación por orientación sexual; sin embargo, no debe hacerse invisible la reivindicación que realizan las y los trans del concepto de identidad de género.
NOTAS:
  1. ® Llaja, Jeannette. La discriminación por orientación sexual en el ordenamiento jurídico peruano. DEMUS. Gaceta DEMUS. Discriminación por Orientación Sexual. No hay igualdad sin visibilidad. Segunda Edición, 2005.

  2. ® Cava Goicochea, Fiorella. Identidad, Cultura y Sociedad. Un grito desde el silencio. Lima: Impresión Arius S.R.L, 2004. Pág. 83 y 84.

  3. ® A.C. Kinsey (et al.). Sexual Behavior in the Human Male (Philadelphia, PA: W.B. Saunders, 1948) y A.C. Kinsey (et al.), Sexual Behavior in the Human Female (Philadelphia, PA: W.B. Saunders, 1953).


II. Marco internacional de protección de derechos humanos.
La prohibición de la discriminación es un criterio reconocido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 2 señala que "todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna".

Asimismo, el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese tratado internacional, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Por su parte, el artículo 24 de este tratado establece que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que tienen derecho, sin discriminación, a igual protección ante la ley.

Respecto al reconocimiento de la prohibición de la discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que "la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad" [4]. En virtud de este principio, está prohibida toda diferenciación si es ilegítima, es decir si conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas.

Todas las personas tienen el derecho a no ser discriminadas, ni privadas del ejercicio de ningún derecho fundamental por razones vinculadas con criterios moralmente irrelevantes por ser inmodificables y por no estar relacionados con los principios de justicia y dignidad que deben regir las relaciones entre personas.

En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es importante recordar el caso de Marta Lucía Álvarez Giraldo [5], a quien el sistema penitenciario del Estado colombiano le impedía, por su orientación sexual, tener acceso a la visita íntima de su pareja lesbiana. Se trata de una petición que fue declarada admisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando que se analizaría la violación de su derecho a la privacidad.

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos hasta el momento no se ha pronunciado sobre la discriminación que sufren miles de gays, lesbianas y trans, a pesar de que la discriminación por orientación sexual encuadra en la discriminación por "sexo" y aquella motivada por "cualquier otra índole" reconocida por varios tratados internacionales, entre los que se encuentra el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al pronunciarse sobre estos temas, la Comisión, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, debería seguir el criterio de la jurisprudencia internacional de derechos humanos, la que a través del análisis de textos normativos equivalentes, ha incluido la discriminación en razón de la orientación sexual bajo ambos conceptos.

Sobre el tema de discriminación por orientación sexual se han pronunciado fundamentalmente el sistema universal de protección de derechos humanos y el sistema europeo de derechos humanos.

En el caso del sistema universal, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el término "discriminación", tal como se emplea en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, debe entenderse como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas [6].

Desarrollando este concepto y aplicándolo a casos concretos, el Comité de Derechos Humanos ha considerado que la discriminación por orientación sexual se encuentra incluida en la discriminación por razón de sexo. Ello fue claramente establecido en el caso Toonen vs. Australia, donde expresamente señaló que en "el párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 26, [se] incluye la inclinación sexual" [7].

En el caso Young vs. Australia [8], el Comité de Derechos Humanos ratificó que la obligación de no discriminar establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se hace extensiva a la orientación sexual, incluso en el caso de una legislación de pensiones que hacía diferencias entre las parejas homosexuales y las heterosexuales.

En el sistema universal se ha reconocido que este tipo de discriminación tiene repercusiones en la vida privada de las personas, lo cual viola el artículo 17 del Pacto. En el caso Nicholas Toonen contra Australia el Comité de Derechos Humanos, en su comunicación No 488/1992, estableció que "es indiscutible que la actividad sexual consensual llevada a cabo en privado entre adultos queda incluida en el concepto de "vida privada".

El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General No 16 [9], ha señalado que "A juicio del Comité, este derecho debe estar garantizado respecto de todas esas injerencias y ataques, provengan de las autoridades estatales o de personas físicas o jurídicas. Las obligaciones impuestas por este artículo exigen que el Estado adopte medidas legislativas y de otra índole para hacer efectivas la prohibición de esas injerencias y ataques y la protección de este derecho".

Por su lado, el sistema europeo de protección de derechos humanos, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resolvió que la discriminación por orientación sexual se encuentra contemplada en la prohibición de la discriminación "por cualquier otra condición social" reconocida en el Convenio Europeo. Un caso relevante es el caso Joo Manuel Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal, en el que expresamente se señaló que la "orientación sexual del demandante, [es una] noción que se contempla, sin duda, en el artículo 14 del Convenio. El Tribunal recuerda a este respecto que la lista que encierra dicho artículo tiene un carácter indicativo y no limitativo, como atestigua el adverbio "especialmente" [10].

En el caso Karner vs. Austria [11], el Tribunal Europeo estableció que era discriminatorio que la Corte Suprema de Austria negara a un hombre homosexual continuar ocupando el domicilio de su compañero fallecido; y en el caso L y V vs. Austria [12], así como en el caso S.L. vs. Austria [13], se determinó que el trato diferenciado en las edades de consenso entre las relaciones heterosexuales y homosexuales también era discriminatorio.

Al igual que en el caso del sistema universal, en el sistema europeo existe la mención expresa de que la discriminación puede aparejar una injerencia arbitraria en la vida privada de las personas. En el caso Dudgeon contra el Reino Unido [14] el Tribunal Europeo estableció que "la sexualidad de la persona se concibe como uno de los aspectos más íntimos del individuo, y consecuentemente, deben existir serias razones que justifiquen las injerencias por parte de los poderes públicos".

Sobre el derecho a la privacidad el Tribunal Europeo ha considerado que la penalización de prácticas homosexuales constituye una injerencia injustificada en la vida privada de las personas, y que constituye una limitación desproporcionada, en un estado democrático, para alcanzar la garantía de los estándares morales existentes [15].

Por otro lado, en el caso Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal, el Tribunal Europeo [16] estableció que la decisión judicial sobre el derecho a la custodia de los hijos basada exclusivamente en la orientación sexual del padre, es una injerencia en la vida privada, que además es discriminatoria: "la sentencia en cuestión [...] debe considerarse una injerencia del derecho del demandante al respeto de su vida familiar, de forma que la situación de enjuiciamiento depende del artículo 8. En efecto, de la jurisprudencia de los órganos del Convenio se desprende que dicha disposición se aplica a las sentencias de atribución de la custodia de un niño a uno de los padres tras el divorcio o separación" (párrafo 22). En este caso el tribunal portugués había hecho una diferencia de trato entre el demandante y la madre de su hija, basada en la orientación sexual del demandante, lo que constituye una distinción que no podía tolerarse según el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Para ello relacionó el artículo 8 (que protege a las personas contra la injerencia en su vida familiar y privada) y el artículo 14 (no discriminación) de este tratado internacional.

Es importante señalar que en el sistema europeo de protección de derechos humanos, el Tribunal Europeo, en el año 2002, se pronunció en el caso Goodwin vs. Reino Unido [17] y el caso I. vs. Reino Unido [18] respecto de los derechos de las personas transexuales. El Tribunal estableció que la legislación inglesa que seguía reconociéndoles como varones, pese a que habían pasado por un proceso quirúrgico de reasignación de sexo, constituía una violación artículo 8 (derecho respetar por vida privada y de familia) de la Convención Europea sobre Derechos Humanos; por otro lado señaló que la referencia al hombre y la mujer del artículo 12 no evidencia que actualmente el sexo deba ser determinado según criterios puramente biológicos, por lo que el margen de apreciación de los Estados no justifica que los transexuales se vean privados, de raíz, del derecho a casarse.

Asimismo, en el caso Van Kuck vs. Alemania [19], el Tribunal estableció que la negación de una compañía de seguros, de reembolsar el costo de la cirugía de reasignación de sexo a una mujer transexual, era violatorio del artículo 8 (derecho a la vida privada) y el artículo 6 (derecho al debido proceso).

Como se puede observar, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pese a no haberse pronunciado específicamente sobre el tema, cuenta con los insumos, para que a través del análisis de textos normativos equivalentes a los del sistema universal y europeo, no sólo reconozca expresamente la prohibición de la discriminación en razón de la orientación sexual, sino que vincule este principio con otros derechos, entre los que se encuentra la defensa ante cualquier injerencia arbitraria en la privacidad.
NOTAS:
  1. ® Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 4/84, del 19 de enero de 1984. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización.

  2. ® Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Marta Lucía Álvarez Giraldo vs. Colombia. Caso 11.656. Informe 71/99. 4 de mayo de 1999.

  3. ® Comité de Derechos Humanos. Observación General No 18. No discriminación. 10 de noviembre de 1989.

  4. ® Comité de Derechos Humanos. Toonen vs. Australia. Comunicación No 488/1992. 4 de abril de 1994.

  5. ® Comité de Derechos Humanos. Young vs. Australia. Comunicación No 941/2000. 18 de setiembre de 2003 CCPR.

  6. ® Comité de Derechos Humanos. Observación General N° 16. Derecho al respeto a la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia, y protección de la honra y la reputación. 8 de abril de 1988.

  7. ® Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Salgueiro Silva Mouta vs. Portugal. 21 de diciembre de 1999.

  8. ® Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Karner vs. Austria. 24 de julio de 2003.

  9. ® Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ly V vs. Austria. 04 de abril de 2003.

  10. ® Tribunal Europeo de Derechos Humanos. S.L vs. Austria. 04 de abril de 2003.

  11. ® Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dudgeon vs. United Kingdom. 23 de setiembre de 1981.

  12. ® Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dudgeon vs. Reino Unido. 22 de octubre de 1981; Norris vs. Irlanda. 26 de octubre de 1980; Modinos vs.Chipre. 22 de abril de 1993; Comité de Derechos Humanos. Toone vs. Australia. 22 de abril de 1993.

  13. ® Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Salgueiro Silva Mouta vs. Portugal. 21 de diciembre de 1999.

  14. ® Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Goodwin vs. Reino Unido. 11 de julio de 2002.

  15. ® Tribunal Europeo de Derechos Humanos. I. vs. Reino Unido. 11 de julio de 2002.

  16. ® Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Van Kück vs. Alemania, de 12 de junio de 2003.


III. Marco nacional de protección de derechos humanos.
En el Perú es incipiente el reconocimiento de que la "discriminación por orientación sexual" es un fenómeno social que necesita ser regulado. Por ello, en el presente acápite se presentará una visión panorámica sobre los principales aspectos jurídicos vinculados con el tema de discriminación por orientación sexual.

  A. Marco constitucional peruano: la Constitución de 1993.
Actualmente la Constitución Peruana señala, en su artículo 2 numeral 2, que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

El desarrollo doctrinario y jurisprudencial de este derecho y del principio de no discriminación permite interpretar la norma constitucional integralmente, incorporando dentro de su contenido las acciones positivas que buscan la igualdad real entre las personas.

Al igual que en la elaboración de constituciones anteriores, en la redacción de este artículo se hizo invisible la problemática de las lesbianas, los gays y los trans. El diario de debates del Congreso Constituyente da cuenta de que en ningún momento se vio la posibilidad de registrar la discriminación por orientación sexual.

Sin embargo, la interpretación de este artículo, en concordancia con otros de su mismo nivel, reconoce expresamente la prohibición de la discriminación por orientación sexual.

Así, teniendo en cuenta la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución que señala que: "Las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú".

Así como lo señalado por el Tribunal Constitucional respecto a que dicha disposición implica: "una adhesión a la interpretación que, de los mismos (de los tratados sobre derechos humanos), hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano" [20].

De acuerdo a lo señalado, en el Perú, una interpretación sistemática de la Constitución evidencia la obligación de respetar los estándares internacionales en materia de discriminación por orientación sexual (estándar establecido por el Comité de Derechos Humanos). Una interpretación integral del artículo 2 inciso 2 de la Constitución evidenciaría que esta norma reconoce que la discriminación por orientación sexual es una forma de discriminación por sexo. En ese sentido, la prohibición de la discriminación por orientación sexual está proscrita por la norma constitucional.
NOTAS:
  1. ® Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia del Exp. 217-02-HC/TC. Publicada el 20/09/2002. http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/0217-2002-HC.html (citado el 15 de junio de 2005).


  B. Normas y decisiones judiciales que reconocen la prohibición de la discriminación por orientación sexual.
 
  1. Código procesal constitucional.
El 6 de mayo de 2004 el Congreso de la República aprobó el Código Procesal Constitucional (Ley 28237) con 72 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. El mismo fue promulgado el 29 de mayo por el Presidente de la República y el 31 de mayo fue publicado en el diario oficial El Peruano.

Esta ley tuvo como origen un anteproyecto elaborado por un grupo de profesores de derecho que tuvieron la iniciativa de discutir y formular una propuesta de Código Procesal Constitucional, el que luego de varias discusiones internas y públicas fue asumido por un grupo parlamentario multipartidario a fines de 2003 [21].

El artículo 37 del mencionado Código señala:

Artículo 37.- Derechos protegidos:
El amparo procede en defensa de los siguientes derechos:
1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole.
2) (...)

Esta norma es importante, pues establece expresamente que el proceso de amparo, garantía constitucional reconocida en la Carta Magna para proteger a las personas de la vulneración o amenaza de los derechos reconocidos en la constitución [22], puede ser utilizado en el caso de discriminación por orientación sexual.
NOTAS:
  1. ® ABAD, Samuel y otros. Código Procesal Constitucional. Lima: Palestra. 2004. Pág. 23.


  2. ® Artículo 200 numeral 2 de la Constitución Política del Perú.


  2. Sentecias del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional Peruano ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el derecho a la igualdad y no discriminación en varias oportunidades. Sin embargo, es reciente la jurisprudencia vinculada al tema de "discriminación por orientación sexual".

La primera sentencia referida a este tema se emitió el 9 de junio de 2004, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueblo contra varias normas, entre las que se encontraba el artículo 269 del Código de Justicia Militar (DL 23214). Esta norma señalaba:

Artículo 269°. El militar que practicare actos deshonestos o contra natura con persona del mismo sexo, dentro o fuera del lugar militar, será reprimido con expulsión de los Institutos Armados si fuese Oficial y con prisión si fuese individuo de tropa.
Si se ejerciere violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción para perpetrar el delito, será reprimido, además, si fuese oficial, con pena de prisión, aplicándose la pena de expulsión como accesoria. En los individuos de tropa se tendrá en circunstancia como atenuante.

Frente a ello, el Tribunal Constitucional señaló, entre otras razones, que:

es inconstitucional, por afectar el principio de igualdad, que sólo se haya previsto como una conducta antijurídica (...) la práctica de un acto deshonesto contra una persona del mismo sexo, y no, por el contrario, con igual razón, la práctica deshonesta contra una persona de sexo diferente. Si lo antijurídico es la práctica de una conducta deshonesta, no existe razón objetiva ni base razonable, para que se sancione sólo las efectuadas entre personas del mismo sexo [23].
Con esta decisión, el Tribunal Constitucional se pronunció por primera vez sobre la discriminación por orientación sexual. Si bien no hizo un desarrollo conceptual, determinó que la orientación sexual no es una razón objetiva, ni razonable para hacer diferencias.

Resulta sugerente recordar que el Poder Ejecutivo, al contestar la demanda, justificó la discriminación señalando que "la homosexualidad es la expresión de una escala de valores que no resulta adecuada a las exigencias de la vida militar". Este pretexto suele ser utilizado en múltiples ámbitos para consolidar un "deber ser" ajeno a los derechos humanos. En el caso concreto, respondía a una lógica machista y discriminatoria que buscaba consolidar una de las instituciones más masculinizadas de la sociedad peruana: las fuerzas armadas.

Meses después de la sentencia referida al Código de Justicia Militar, el 24 de noviembre de 2004, el Tribunal Constitucional del Perú se pronunció nuevamente sobre el tema. Esta vez resolvió, en recurso extraordinario, la acción de amparo interpuesta por José Antonio Álvarez Rojas contra el Ministerio del Interior, entidad que lo había sancionado y luego pasado al retiro por haber cometido "supuestamente" actos contra el decoro, la obediencia y el espíritu policial. El señor José Álvarez se había casado con un transexual (señora Keli Micheli Rojas Minchola) y se le cuestionaba no haber solicitado autorización a sus superiores para casarse, así como mantener esta relación a pesar de haber debido notar que se trataba de una persona que se había realizado una cirugía en sus órganos genitales para "modificar" su sexo original. El Tribunal consideró que es inconstitucional que el recurrente haya sido sancionado por sus supuestas relaciones "sospechosas" con un transexual.

En la sentencia, el Tribunal Constitucional reconoció que el derecho al libre desarrollo de la persona comprende el poder de decidir libremente con quién contraer matrimonio, y que para ser restringido debe respetarse el principio de legalidad. Asimismo, estableció que el respeto a la dignidad de la persona implica que nadie sea sancionado ni discriminado en razón de su preferencia sexual. Ello se evidencia cuando señala: "El carácter digno de la persona, en su sentido ontológico, no se pierde por [...] por ser homosexual o transexual o, en términos generales, porque se haya decidido por un modo de ser que no sea de aceptación de la mayoría."

Aseveró adicionalmente el Tribunal, que el ámbito de la orientación sexual es un espacio en el que el Estado no puede intervenir:

Como lo ha sostenido la Corte Suprema Norteamericana, "Estos asuntos, relativos a las más íntimas y personales decisiones que una persona puede hacer en su vida, decisiones centrales para la autonomía y dignidad personal, son esenciales para la libertad [...] La creencia sobre estos asuntos o la definición de los atributos de la personalidad no pueden ser formados bajo la compulsión del Estado" [Planned Parenthood of Southeastern v. Casey, 505 US 833 (1992)].

Pero si no pueden ser formados bajo la compulsión del Estado, tampoco pueden considerarse ilícitos desde el punto de vista del derecho, a no ser que con su ejercicio se afecten bienes jurídicos. Forman parte de aquello que el derecho no puede regular.

Y, finalmente, evidenció que ninguna concepción moral o sexual, aunque sea compartida o considerada por una mayoría como normal, puede ser calificada como la única válida [24].

Asimismo, considerando ilegítima la opción y determinada preferencia sexual de una persona [...] el Estado, de modo subrepticio, está imponiendo como jurídicamente obligatorio lo que él, autoritariamente, o una mayoría, juzga como moralmente bueno.

En tales casos, el asunto es, [ ...] si el Estado puede declarar ilegal la elección de una persona, conforme a sus propios criterios, sobre qué es lo bueno o lo moralmente aceptable para él.

Evidentemente, en un Estado constitucional de derecho, que se sustenta en una comunidad de hombres libres y racionales, las relaciones entre moral y derecho no se resuelven en el ámbito de los deberes, sino de las facultades. Como lo afirma Gustavo Radbruch, "el derecho sirve a la moral no por los deberes jurídicos que ordena, sino por los derechos que garantiza; está vuelto hacia la moral por el lado de los derechos y no por el lado de los deberes. Garantiza derechos a los individuos, para que puedan cumplir mejor sus deberes morales. (...)"

Como se evidencia, el Tribunal Constitucional no restringe su análisis sólo al derecho a no ser discriminado, sino que establece que la "inclinación sexual" es parte de un espacio en el cual el Estado no debe intervenir: el de la intimidad de las personas. Asimismo, ratifica que los derechos humanos de las personas no tienen porque ser sometidos a un "deber ser" de la mayoría, lo que implica una noción de "moral" acorde con las libertades de las personas, en las que se les aseguran sus derechos.
NOTAS:
  1. ® TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia en la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra artículos del DL N° 23201, Ley Orgánica de Justicia Militar, del DL N° 23214, Código de Justicia Militar y de la Ley N° 27860 (Exp. No 0023-2003-ai/tc). http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/0023-2003-AI.html> (citado el 02/05/2005).

  2. ® EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Libre opción sexual, sanción y discriminación. Actualizado el 10 de febrero de 2005. http://www.justiciaviva.org.pe/notibak/2005/02feb/10/nota16.htm (Citado el 30 de mayo de 2005).


  C. Acciones del Estado que marcan un retroceso en el reconocimiento de la prohibición de la discriminación por orientación sexual.
En el Perú, pese a que históricamente la vivencia de la comunidad LTGB ha sido invisible, existen bases jurídicas para que el Estado y la sociedad no solo reconozcan sus derechos humanos, sino que los desarrollen conforme a sus necesidades concretas. Sin embargo, los prejuicios existentes contra las lesbianas, gays y trans han determinado que el Estado Peruano no haya tomado la decisión política que le corresponde para revertir esta realidad, sino que, por el contrario, haya actuado en forma contraria a este lineamiento.

  1. La reforma constitucional de 2002.
Entre los años 2001 y 2002 el Estado peruano dio inicio a un proceso de reforma a la Carta de 1993, innecesario y cuestionado por su origen y acento autoritario [25]. Este proceso se inició con el trabajo de una Comisión de Estudios de Bases de la Reforma Constitucional y luego fue definida con el proyecto de reforma total a cargo del Congreso de la República, el que fue habilitado mediante Ley 27600. Actualmente esta discusión está paralizada.

En este proceso de reforma, el 3 de junio de 2002 se aprobó el art. 2 inciso 2 de la siguiente manera: "Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Está prohibida toda forma de discriminación que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona. El Estado y la sociedad promueve las condiciones y medidas positivas para que, real y efectivamente, nadie sea discriminado" (84 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones) [26].

Como se evidencia, lejos de reconocer las especificidades de la discriminación, los legisladores optaron por una fórmula general que aparentemente las incluye pero a la vez las hace invisibles.

Para la comunidad LTGB este proceso de reforma constitucional es histórico, ya que pese a no haber sido reconocidos, su presencia fue evidente en la discusión cotidiana del tema. La exigencia de ser visibles o el rechazo que provocaba esta posibilidad fue un dilema que trascendió las paredes del Congreso para instalarse en los medios de comunicación y en la sociedad en general.

El anteproyecto de la Ley de Reforma Constitucional fue elaborado por la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales del Congreso, la cual, en su propuesta, hacía mención expresa de algunos grupos discriminados y guardaba silencio sobre la discriminación por orientación sexual. Sobre las discusiones en esta comisión, Silvia Loli señala:

"Otro hito del debate [...] discriminación derivada de la orientación sexual, que generó mucha resistencia a pesar que nuestro país y en muchas partes del mundo, se discrimina a las personas por su orientación sexual. Un argumento esgrimido por los opositores a esta propuesta es que su inclusión podría promover socialmente una orientación sexual distinta" [27].
El análisis de lo discutido en el Pleno del Congreso, instancia que finalmente aprueba la versión final de la reforma constitucional, no evidencia la existencia o no de estereotipos contra las minorías sexuales, aunque ello no quiere decir que éstas no existan.
NOTAS:
  1. ® Abad, Samuel Reforma Constitucional y Derechos de las mujeres: Avances y Retrocesos. En: IDEA. Mujer y Reforma Constitucional Lima, Talleres Gráficos de Litografía Artística, 2002, pág.13.

  2. ® Congreso de la República. Texto Completo del Proyecto de Constitución Política del Perú. <http://www.cajpe.org.pe/InformacionporPaises05.htm (citado el 14 de junio de 2005).

  3. ® Loli, Silvia. Síntesis y Comentarios. Pág. 88. En Mujer y Reforma Constitucional. Lima, Internacional IDEA, 2002.


  2. La resolución sobre derechos humanos y orientación sexual que iba a ser discutida en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En julio de 2004, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas iba a discutir la aprobación o no de la "Resolución sobre Derechos Humanos y Orientación Sexual" presentada por el Estado Brasileño con el apoyo de algunos países de la Unión Europea, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Si bien el Estado Brasileño finalmente decidió mantener su propuesta en la Comisión de Naciones Unidas bajo consulta y solicitarle posponer su consideración [28], resulta interesante evidenciar la posición de los parlamentarios peruanos ante la posibilidad de apoyar esta Resolución.

La propuesta de Resolución señala:

los derechos humanos y libertades fundamentales son derecho de nacimiento de todos los seres humanos, que la naturaleza universal de esos derechos va más allá de todo cuestionamiento y que la orientación sexual no debe de ninguna manera invocarse para impedir el disfrute de tales derechos y libertades.
Llama a los Estados a promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, cualquiera sea su orientación sexual [29].

En la medida en que la Constitución no establece claramente la prohibición de la discriminación por "orientación sexual", la Comisión de Constitución del Congreso decidió no apoyarla por considerarla inconstitucional.

La congresista Fabiola Morales fue promotora de la moción aprobada en forma unánime por la Comisión de Salud del Congreso de la República, para que la Cancillería peruana vote en contra de esta resolución. En la sesión de dicha comisión la congresista argumentó lo siguiente:

"Se pretende introducir a los arrendamientos jurídicos un concepto respecto del cual no hay una definición unánime y consensuada y que puede comprender incluso a las tendencias sexuales como pedofilia y demás desviaciones penadas por nuestro ordenamiento jurídico. Que la representación diplomática que nos representa ante Naciones Unidas vote en contra a la mencionada resolución sobre derechos humanos y orientación sexual que como hemos dicho está en contra de nuestra Constitución" [30].
La opinión de la congresista no es vinculante, sin embargo, da cuenta de la mentalidad que rodea a nuestros legisladores. El Estado Peruano decidió no apoyar la propuesta presentada por el Estado Brasileño.
NOTAS:
  1. ® <http://www.choike.org/nuevo/informes/1669.html> (actualizada al 29 de marzo de 2004). Citado el 30 de mayo de 2005.

  2. ® ESTADO BRASILEÑO. Propuesta de Resolución sobre "Derechos Humanos y Orientación Sexual". <http://www.convencion.org.uy/ menu4-482.htm> (actualizada al 17/04/2003). Citada el 30 de mayo de 2005.

  3. ® MANUELA RAMOS. El Cuarto Femenino No 20 (actualizado a julio de 2004). http://www.manuela.org.pe/doc-vigilancia/ CuartoFemenino20.doc (citado el 14 de junio de 2005).


  3. Decision del INDECOPI.
En el Perú, son muy pocos los casos de discriminación por orientación sexual que llegan a denunciarse. Uno de esos pocos es el de un gay que denunció ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - haber sido reprimido por el personal de una tienda de supermercados de Lima debido a que tuvo actitudes "cariñosas" con su pareja.

Aproximadamente al año de la denuncia, la Comisión de Protección al Consumidor declaró INFUNDADA la denuncia presentada; señaló que no se había demostrado que "bajo las mismas circunstancias y con ocasión de las mismas conductas haya un trato desigual sin una justificación objetiva ni razonable en contra del denunciante", y que resultaba razonable exigir a las parejas en general una conducta moderada ante la presencia de menores en base al principio del interés superior del niño, motivo por el cual, las acciones adoptadas por los denunciados habían sido totalmente legítimas.

El contenido de la resolución muestra que la Comisión de Protección al Consumidor acogió la opinión de un conocido psiquiatra peruano que reivindica la idea de que los gays y lesbianas son enfermos mentales, y que los niños se ven claramente afectados en su desarrollo psicosexual al observar gestos de afecto entre parejas del mismo sexo; asimismo, adoptó la argumentación de profesionales psiquiatras vinculados a la iglesia católica española. La Comisión señaló que ante la duda sobre un posible daño a los niños es preferible protegerlos.


En este caso, el interés superior del niño, que sin duda es un principio que debe ser tenido en cuenta por las autoridades públicas de un Estado, es utilizado como una excusa para legitimar situaciones discriminatorias contra las personas de diferente orientación sexual. El Estado Peruano, debería utilizar este principio adecuadamente y conforme a la normatividad, doctrina y jurisprudencia supranacional. Por demás, en el caso que comentamos ni siquiera había niños en el espacio en el que se encontraba la pareja de gays, ya que este caso ocurrió un martes a las 10 de la noche aproximadamente (los niños peruanos no suelen salir a esa hora un día laborable). Además, aún cuando efectivamente hubiera habido presencia de niños esa noche, no se hizo un análisis, en el caso concreto, sino que se hizo una aseveración general, que a la larga tiene como resultado legitimar situaciones de discriminación por orientación sexual, usando como pretexto la defensa del interés superior del niño.

Esta resolución constituye un claro retroceso en el reconocimiento jurídico de las lesbianas, gays y trans, que va a contracorriente de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional. Esta resolución ha sido apelada (22 de setiembre del 2005). Actualmente el caso se encuentra en la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

La Defensoría del Pueblo ha presentado un Amicus Curiae en favor del denunciante; en él afirma que no se debe contraponer, a priori, el interés superior del niño con el derecho a expresar la orientación sexual. La Defensoría le recuerda al Tribunal que este principio no puede ser ajeno al contexto en el que se desenvuelve, es decir en un Estado plural y democrático como el peruano.


  4. Plan Nacional de Derechos Humanos.
El 11 de diciembre de 2005 se emitió el Decreto Supremo 017-2005-JUS por el que se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010. El Perú es un país diverso donde históricamente, ha imperado la discriminación y exclusión de las personas: en razón de raza; por diferencias socioeconómicas; por el idioma; por lugar de origen. La discriminación de género se da en cada una de estas otras formas de discriminación, en forma transversal, agravándolas. La homosexualidad fue y es ampliamente criticada y satanizada. En el caso de las mujeres, se llegó al extremo de hacer nvisible su existencia. La impunidad y discriminación siguen afectando la capacidad de miles de peruanas/os de ejercer sus derechos plenamente. Tanto las autoridades como la sociedad tienen la responsabilidad de actuar para que Perú se convierta en un país donde la igualdad de oportunidades sea una realidad para todas las personas. Por eso, es una prioridad construir una cultura democrática basada en el respeto a la dignidad y derechos de todas las personas, especialmente los más excluidos: mujeres, indígenas y campesinos. Así surge la urgencia en elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos, que obligue a las autoridades a revisar periódicamente sus leyes para garantizar que no favorecen la discriminación por motivo de raza, orientación sexual y etnia y para mejorar su eficacia en la eliminación de dicha discriminación.

El Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia del Estado encargada de la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, es el organismo multisectorial creado por el Poder Ejecutivo y encargado de promover y coordinar la vigencia de los derechos humanos, así como de asesorar al Gobierno en este campo. Está conformado por trece entidades:

  • Nueve entidades pertenecen al sector público; tienen la calidad de miembros plenos: Ministerio de Justicia (quien lo preside), Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Poder Judicial y Ministerio Público.
  • Cuatro entidades tienen la calidad de miembros con derecho a voz pero no a voto: Defensoría del Pueblo, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Conferencia Episcopal Peruana, Concilio Nacional Evangélico.

La elaboración del Plan [31] implicó un largo proceso de consulta ciudadana promovido por el Consejo Nacional de Derechos Humanos en el que participaron más de tres mil representantes de organizaciones sociales de base y de la sociedad civil. De acuerdo con lo establecido en el mismo Plan, entre abril y julio del año 2005 se llevaron a cabo 18 audiencias públicas en diferentes ciudades del país con el propósito de recoger la opinión de la población respecto a la temática de derechos humanos [32].

Desde su proyecto, este plan incorporaba las necesidades de protección y promoción de derechos en el país, especialmente de las poblaciones más vulnerables: afectadas por la violencia política, por las diferencias de género, los pueblos indígenas y afroperuanos, las personas con discapacidad, la niñez y adolescencia, los adultos mayores, las personas por su orientación sexual, los migrantes y las personas que viven con VIH / SIDA.

El Plan Nacional, en su versión consensuada en forma pública, participativa y democrática, consignó un objetivo estratégico para garantizar los derechos de las personas con diferente orientación sexual a través de 19 acciones afirmativas, publicado en la propia página Web del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

En la última fase de la elaboración del plan y fundamentalmente por la presión de la Iglesia Católica, representada por la Conferencia Episcopal Peruana, así como del Ministerio de Defensa, se disminuyeron a su mínima expresión las acciones consensuadas en el proceso de consulta ciudadana.

Si bien el Plan Nacional de Derechos Humanos constituye un hito histórico para peruanas y peruanos, el tratamiento otorgado a la comunidad LTGB resulta cuestionable al materializar un gran atropello y retroceso al reconocimiento de los derechos de las personas no heterosexuales. Como se observará, el Plan es discriminatorio pues excluye a las lesbianas, gays y trans de un sistema que debería garantizar sus derechos humanos, lo que a su vez conduce a anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los mismos.

Para entender este proceso es importante comparar la primera versión del objetivo 6 del Plan Nacional de Derechos Humanos, el que nace producto del consenso y participación de la sociedad civil, con el objetivo 6 que finalmente se aprobó y publicó.

Hasta el 15 de noviembre del año 2005, el Plan Nacional de Derechos Humanos, en lo referente a la comunidad LTGB reconocía lo siguiente:

Objetivo Específico 6: Garantizar los Derechos de las Personas con Diferente Orientación Sexual.

Resultado 1: Se fortalece el marco de protección y promoción de los derechos de las personas con diferente orientación sexual.

Actividades para asegurar el logro del R1:

  • A1. Integrar en el proyecto de reforma constitucional los derechos de las personas con diferente orientación sexual.
  • A2. Promover la aprobación de una ley de no discriminación por orientación sexual que garantice el pleno ejercicio de los DD.HH. de las personas con diferente orientación sexual. Al mismo tiempo se derogan y modifican aquellas normas legales en las que persiste la discriminación por orientación sexual;
  • A3. Promover la no observancia de normas de carácter consuetudinario que generan discriminación de las personas con diferente orientación sexual.
  • A4. Incluir en el plan nacional de restitución de la identidad el derecho de las personas, travestis, transexuales y transgéneros al reconocimiento de su derecho a la identidad en los documentos nacionales de identidad.
  • A5. Modificar la legislación existente en materia de VIH/SIDA para que se incorpore el acceso universal gratuito y de calidad al tratamiento y atención de salud en servicios integrales, erradicando la discriminación y estigmatización.
  • A6. Establecer medidas para reconocer los DD.HH. de las personas viviendo con VIH/SIDA, erradicando la estigmatización y discriminación en los servicios públicos y privados, medios de comunicación, campo laboral y ámbitos recreativos y deportivos.
  • A7. Lograr el reconocimiento legal y social de los distintos tipos de familia, incluyendo aquellos conformados por personas del mismo sexo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de sus integrantes.
  • A8. Promover la creación de normas administrativas que sancionen los mensajes discriminatorios y denigrantes en los medios de comunicación masiva contra las personas con diferente orientación sexual.

Resultado 2: Se implementan mecanismos de protección y promoción de los DD.HH. de las personas con diferente orientación sexual.
Actividades para asegurar el logro del Resultado 2:

  • A1. Promover contenidos curriculares que incluyan el conocimiento y respeto de los derechos de las personas con diferente orientación sexual en los centros educativos de todos los niveles públicos y privados.
  • A2. Implementar mecanismos para prevenir y erradicar toda forma de violencia contra los niños y niñas con diferente orientación sexual en los centros educativos públicos y privados de todos los niveles.
  • A3. Promover la creación de escuelas para padres en las que se brinde información, orientación, capacitación y soporte para el reconocimiento y respeto de las personas con diferente orientación sexual.
  • A4. Promover la creación de una Adjuntía para la defensa de las personas con diferente orientación sexual en la Defensoría del Pueblo.
  • A5. Promover a nivel de los gobiernos locales y regionales planes y programas especialmente dirigidos a la promoción y reconocimiento de derechos de las personas con diferente orientación sexual.
  • A6. Promover programas de capacitación en DD.HH. dirigidos a operadores de salud para brindar a las personas con orientación sexual diferente servicios de atención con calidad y calidez acorde a sus realidades.
  • A7. Promover programas de capacitación en DD.HH. para prevenir la violencia contra las personas de diferente orientación sexual en las escuelas de formación de funcionarios y encargados de velar por el orden público (policía, serenazgo, rondas vecinales, etcétera).

Resultado 3 Se promueve el reconocimiento y visibilización pública de la población de las personas con diferente orientación sexual.
Actividades para asegurar el logro del Resultado 3:

  • A1. Promover programas de capacitación dirigidos a comunicadores a fin brindar información y mensajes que respeten los DD.HH. de las personas con orientación sexual diferente.
  • A2. Realizar campañas de información masiva que promuevan el econocimiento de los derechos de las personas con diferente orientación sexual.
  • A3. Promover imágenes positivas y desestigmatizadas de las personas con diferente orientación sexual en los medios de comunicación masiva a nivel nacional, regional y local.
  • A4. Instituir el día nacional de lucha contra los crímenes de odio hacia las personas con diferente orientación sexual.


A partir del 15 de noviembre, el proyecto del plan empieza a desdibujarse bajo la presión primero de la Iglesia Católica y luego del Ministerio de Defensa.

La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Peruana (y luego del Congreso Pro Vida Regional llevado a cabo en el Perú) empezó una estrategia de presión para restringir lo reconocido a las personas LTGB. El argumento que se utilizó fue que un Plan es una política pública y no es la forma de proponer nuevos conceptos jurídicos, pues para eso existen otros mecanismos constitucionalmente ya establecidos, idea totalmente errónea bajo el ordenamiento jurídico peruano, que desde el año 2004 reconoce expresamente la prohibición de la discriminación por orientación sexual.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa desarrolló una estrategia de presión política para hacer desaparecer del Plan cualquier alusión a la prohibición de la discriminación por orientación sexual.

El producto de estas acciones determinó que el Plan fuera aprobado con el siguiente contenido:

Objetivo Específico No 6 "Fomentar acciones para promover una cultura social de respeto a las diferencias, que evite el trato denigrante o violento por motivos de índole / orientación sexual, en el marco de la Constitución y la Ley"

Resultado 1 Se implementan acciones para promover una cultura de respeto a las diferencias que evite el trato denigrante o violento por motivos de orientación / índole sexual, en el marco de la Constitución y la Ley Actividades para asegurar el logro del Resultado 1:

  • A1. Evaluar la normatividad vigente y emitir las recomendaciones necesarias para sancionar las practicas denigrantes o violentas contra personas por motivos de orientación / índole sexual.
  • A2. Promover normas para sancionar los mensajes denigrantes que se difundan a través de medios de comunicación contra las personas por razones de orientación / índole sexual.
  • A3. Fomentar acciones que incluyan la promoción de la tolerancia y el respeto de los derechos de las personas con diferente orientación / índole sexual.
  • A4. Implementar programas de capacitación en DD.HH. dirigidos a operadores de salud a fin de que brinden servicios de atención con calidad y que se respeten los derechos de las personas con diferente orientación / índole sexual.

Esta protección no se extiende al reconocimiento del derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizar uniones de hecho y adoptar menores, por no ser acorde con el marco jurídico vigente.

Lo dispuesto en relación a este Objetivo Estratégico, no afecta lo establecido en los Reglamentos de las Instituciones Castrenses, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las Leyes de la República.


Pese al avance que ha significado el Plan Nacional de Derechos Humanos en la sociedad peruana, el acápite aprobado para las personas no heterosexuales es abiertamente discriminatorio, lo que termina deslegitimando el objetivo dedicado a esta población.

En el Plan, en ningún momento se reconoce la existencia de la discriminación por orientación sexual, por lo tanto se desconoce la necesidad de realizar acciones en contra de este fenómeno. Ello se da, pese a que a nivel legislativo (Código Procesal Constitucional) dicha situación está evidentemente proscrita en el ordenamiento jurídico peruano.

El Estado Peruano, para el caso de lesbianas, gays y trans no se propone un resultado concreto como "garantizar derechos" (a diferencia de los otros grupos en situación de vulnerabilidad), sólo busca fomentar acciones que inciden en la cultura para que así se evite un trato denigrante y violento. A esta población no se le reconoce ningún derecho salvo el no ser violentados, ni siquiera se espera que la discriminación que sufren disminuya o desaparezca.

Resulta deliberadamente malicioso el lenguaje utilizado por el Plan Nacional de Derechos Humanos, el que usa conjunta y por lo tanto indistintamente las palabras "orientación sexual" e "índole sexual". Con ello, se hace invisible la realidad específica de las lesbianas, gays y trans al confundirla con otro tipo de experiencias vinculadas a la sexualidad humana, sean legítimas o no. El Plan, al igual que muchos sectores de la sociedad civil conservadora, trata como iguales a la homosexualidad (que es una conducta normal de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud) con la pedofilia, que no sólo es una enfermedad sino también un delito en el Perú [33].

Sin embargo, es al final de las actividades destinadas a "proteger" a los gays, lesbianas y trans, donde se hace evidente la intromisión de la iglesia católica y de las fuerzas castrenses en la elaboración del Plan, así como su trato claramente discriminatorio.

En primer lugar se señala: "Esta protección no se extiende al reconocimiento del derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, legalizar uniones de hecho y adoptar menores, por no ser acorde con el marco jurídico vigente". Esta afirmación innecesaria en un Plan Nacional de Derechos Humanos, evidencia la necesidad de un sector de la población de restringir los derechos vinculados a la familia que también tienen las lesbianas, gays y trans. El silencio jurídico existente en el Perú no significa una determinación sobre su constitucionalidad o no a nivel interno, o su legitimidad a nivel supranacional.

En segundo lugar señalan: "Lo dispuesto en relación a este Objetivo Estratégico, no afecta lo establecido en los Reglamentos de las Instituciones Castrenses, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las Leyes de la República."

Esta afirmación es más grave aún, pues nos indicaría que en el espacio militar son legítimas las prácticas denigrantes o violentas, así como los mensajes denigrantes contra las lesbianas, gays y trans. Asimismo, el ámbito castrense se eximiría de promocionar la tolerancia y el respeto de los derechos de las personas con diferente orientación sexual, pese a que ellos son uno de los grupos más violadores de los derechos humanos de las lesbianas, gays y trans.

El Estado Peruano, a través de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 1 y 2) se ha comprometido a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicción, sin discriminación de ninguna naturaleza, y a adoptar, en su caso, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades [34]. Este compromiso comprende la obligación de no dictar medidas cuando ellas conduzcan a violar esos derechos y libertades [35]. Sobre este particular, es obvio, pero importante señalar que las lesbianas, gays y trans son personas.

Con el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Estado Peruano ha emitido una norma que viola derechos ya reconocidos, pues está legitimando la violación del derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral y el derecho a que a toda persona se le respete su honra y así como que se le reconozca su dignidad (todos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos) en las instituciones castrenses. Todo ello independientemente de ser un Plan tolerante con la discriminación por orientación sexual en todos los ámbitos y espacios, pues tiene como propuesta implícita que primero cambie la cultura social para luego conceder derechos en igualdad de condiciones.

El Plan Nacional de Derechos Humanos, como herramienta útil de conducción política para el Estado y la sociedad civil, ha sido esperado por millones de personas discriminadas por diferentes razones, incluso por las lesbianas, los gays y trans. Sin embargo, para este último grupo no solo ha significado un retroceso en el compromiso del Estado Peruano de hacer vigentes sus derechos, sino la legitimación de una situación existente, pero no legal.
NOTAS:
  1. ® El equipo central para la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos está integrado por representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) y el Instituto de Democracia y DD.HH. de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).

  2. ® Las audiencias fueron en Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Cusco, Huacho, Huancayo, Huaraz, Ica, Iquitos, Lima Cono Este, Lima Cono Oeste, Lima Cono Sur, Lima Metropolitana, Piura, Puno, Tarapoto y Tingo María.

  3. ® Es tan burdo el manejo conceptual que las palabras orientación sexual/índole sexual son las únicas que en todo el documento aparecen en cursivas.

  4. ® Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva 14/94 del 9 de diciembre de 1994. Responsabilidad Internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos) Párrafo 32.

  5. ® Ibid. Párrafo 36.


IV. Situación de las personas lesbianas, gays y trans.
El Perú es un país diverso donde históricamente ha imperado la discriminación y exclusión de las personas. La sociedad peruana es ampliamente patriarcal y heterosexista, se le ha otorgado el poder y control a los hombres y se ha determinado la heterosexualidad como la única forma de vivir la sexualidad de las personas [36].

Durante la época incaica ésta se basaba en diferencias de castas y de clases sociales dentro de éstas. Con la conquista y colonia, la discriminación estuvo basada en diferencias raciales, de creencias religiosas y de origen. Con la República, esta situación de discriminación no sólo se mantuvo sino que las diferencias se hicieron más profundas y complicadas; el mestizaje que se produjo en el Perú, no fue acompañado de políticas incluyentes. Las diferencias en razón de raza se hicieron más complejas; se agravaron las diferencias socioeconómicas; se incrementó la exclusión en base al idioma; y, debido al proceso de centralización que se profundiza en el siglo XX, se agrandan las diferencias entre Lima y el resto de ciudades y entre la Costa y la Sierra y Selva.

Uno de los elementos importantes en esta discriminación es la fuerte presencia de la iglesia católica, tanto en la sociedad como en el estado, así como de sectores muy conservadores de la clase política. Por otro lado, el patriarcado ha controlado y normado la sexualidad de las personas, afectando principalmente a las mujeres, y dentro de ellas a las lesbianas, debido a que la sexualidad y los estilos de vida lésbicos van en contra de las concepciones heterosexistas que sustentan la subordinación de las mujeres a los varones. Esta afectación ha llegado a hacer invisible su existencia.

Las personas lesbianas, gays y trans ven cotidianamente restringidos sus derechos humanos, situación que se reproduce en una sociedad y en un Estado que legitima estereotipos y desatiende sus necesidades concretas, colocándolos finalmente en un estado de vulnerabilidad. La situación de las lesbianas se ve agravada porque su existencia se hace invisible. Esta situación facilita las prácticas discriminatorias e institucionaliza la impunidad frente a las mismas.

En el Perú, la situación de los derechos humanos de los LTGB resulta preocupante y adquiere visos de dramatismo por los distintos niveles de violencia que se ejercen sobre estas personas a nivel familiar, barrial, educacional o laboral y, porque esta violencia es invisible en los medios de comunicación y en la opinión pública. Si bien es cierto que en el Perú el no ser heterosexual no está penalizado, la violencia contra las personas no heterosexuales está culturalmente permitida y la ley no prevé mecanismos para proteger a las y los homosexuales de esta violenta discriminación.

Durante los años de mayor violencia política en el Perú (1983-1992) la población homosexual y, particularmente, los travestis fueron objeto de la agresión y violencia más cruel. La presencia de los homosexuales en el espacio público resultaba para las organizaciones terroristas la evidencia más clara de la descomposición del sistema social y, por lo tanto, resultaba indicio del inevitable fin del capitalismo y del triunfo de la revolución. La intolerancia hacia la población LTGB fue en aumento. Se hicieron explícitas las amenazas a varios representantes de instituciones que trabajaban a favor de la defensa de los derechos de estas poblaciones, hasta que en el año de 1989 se produjo el asesinato de 12 travestis en la Selva peruana. Una organización terrorista decía así luchar por su revolución.

En los gobiernos de Fujimori (1990-2001), la situación de las personas LTGB no cambió mucho. Entre las primeras medidas del régimen dictatorial se decretó la expulsión de 115 diplomáticos de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, aduciendo que muchos de los expulsados eran "homosexuales que utilizaban los recursos del estado para fines extra-diplomáticos". Más adelante, la homosexualidad se convirtió nuevamente en un argumento del régimen, para enfrentar a la oposición política, así como reiteradas campañas contra los líderes de opinión televisiva quienes eran sujetos de escarnio en los periódicos amarillistas, por ser homosexuales, cada vez que se "salían de la línea" de información gobiernista.

Las iglesias y, en especial la iglesia católica, siempre ha considerado como única práctica sexual válida y normal, la heterosexual (dentro del matrimonio) y han venido exhortando e incitando a sus feligreses a cometer actos discriminatorios y crímenes de odio contra las personas LTGB. La Iglesia ha intervenido en las políticas del Estado para que no se aprueben leyes a favor de los derechos sexuales y ha incitado a las autoridades públicas a no obedecer las leyes que los Estados puedan aprobar a favor de los derechos de las personas LTGB.

Por su parte la familia ha venido violando derechos civiles básicos, arrogándose potestades de castigo incompatibles con la autonomía sexual de las personas LTGB consagrada constitucional y supra legalmente, coartándose el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como el derecho a la libertad física, y el derecho de las y los jóvenes homosexuales a tomar decisiones libres y responsables sobre la propia vida sexual. La familia tradicional viene ejerciendo relaciones de poder abusivas sobre las lesbianas, gays y trans, valiéndose de su poder jerárquico tradicional, y de las desventajas sociales, y hasta jurídicas, que experimentan estas mujeres en razón de la edad, dependencia, sexo y orientación sexual.

El papel de los medios de comunicación también ha sido nefasto, ya que ha contribuido a la violencia contra las personas LTGB, con el tratamiento lesbofóbico, homofóbico y transfóbico de noticias y programas sobre el tema.

En las últimas décadas, ha habido algunos avances sobretodo en el aspecto cultural y social, que no han sido registrados. Por lo menos, se ha logrado discutir en los medios acerca del homosexualismo, lesbianismo, sus propuestas; aunque, aún persisten los ataques de la iglesia y de los sectores más conservadores de la sociedad. Sin embargo, una encuesta realizada en el año 2005, sobre Exclusión y Discriminación [37], daba cuenta que los homosexuales son considerados por los encuestados como uno de los grupos que tienen mayores limitaciones para hacer valer sus derechos en nuestro país. En general, existe una marcada condena a las relaciones sexuales homosexuales, ya sea entre hombres homosexuales o entre mujeres lesbianas. El 75% de la población considera que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están mal, la mitad no estaría dispuesta a ser amigo de un gay, lesbiana o trans.

La mayoría de las respuestas de gran parte de los entrevistados dan cuenta de actitudes desfavorables hacia los derechos de las lesbianas y homosexuales, así como de ciertos prejuicios en contra de dichas personas. En las preguntas acerca de permitir a los homosexuales ser profesores o ingresar a las fuerzas armadas o policiales, las opiniones de los entrevistados los dividen en dos grupos de casi igual tamaño: los que están de acuerdo y los que no lo están. Por otro lado, a pesar de ser una minoría, todavía nos preocupa que un 30% de los entrevistados considere a la homosexualidad como una enfermedad mental.

Los análisis realizados a los datos de la encuesta, nos indican que son dimensiones claramente diferenciadas de las actitudes de la población respecto a la homosexualidad y los homosexuales o lesbianas.

En términos de los prejuicios hacia la homosexualidad la situación no es del todo buena, las personas que van abandonando los prejuicios superan a aquellas que los mantienen. Existe un gran porcentaje de personas con opiniones mixtas que nos sugiere que podríamos estar en un proceso de transición hacia actitudes de mayor tolerancia frente a las personas homosexuales y lesbianas.

En contraste con esto último, de acuerdo con los datos de la encuesta, la sociedad peruana no está dispuesta a otorgar a las personas homosexuales o lesbianas derechos en el ámbito de las uniones de tipo conyugal o en la formación de familias. Los niveles de rechazo a ese tipo de derechos son bastante elevados, incluso entre las personas que se califican como "tolerantes" en la escala de nivel de prejuicio.

Existe una tendencia a encontrar actitudes más favorables a la igualdad de derechos de los homosexuales en grupos que tienen bajos niveles de prejuicios; cerca de un cuarto de los entrevistados con menos prejuicios son partidarios de otorgarle a las parejas homosexuales los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales. Sin embargo, aún entre los "tolerantes", hay un 43.6% de entrevistados con actitudes contrarias a una igualdad de derechos en el ámbito conyugal y familiar.

Los grupos de personas más favorables a la igualdad de derechos o menos prejuiciosas son los jóvenes, habitantes de zonas urbanas, con mayores niveles de educación, poco religiosos o con opiniones favorables a cambios en la iglesia católica para adaptarse a las transformaciones sociales contemporáneas.

Más allá de la opinión de la población peruana, la discriminación se traduce en ciudadanía y derechos recortados, en relación con sus derechos a la salud, educación, trabajo, seguridad social, propiedad, derechos patrimoniales. En este último caso se puede mencionar el no reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo y los derechos que de ellas se derivan como alimentos, gananciales, herencia, seguridad social y posibilidades de adopción, entre otros.

Esta animadversión se vio ejemplificada en el día de San Valentín del año pasado, cuando el serenazgo del distrito de Miraflores impidió la presencia de activistas LTGB, agrediendo a los miembros que portaban banderolas y distintivos de reivindicación. Se trataba de un acto simbólico en un parque público llamado el "Parque del Amor".

En el campo laboral las personas LTGB son discriminadas en sus centros laborales, teniendo que ajustarse coercitivamente a las normas de comportamiento heterosexual que exige la sociedad, viviendo una situación de constante angustia y preocupación por el miedo de perder sus puestos de trabajo. Se evidencia una ausencia de políticas anti-discriminatorias que protejan de despidos injustos, asedio sexual, hostigamiento, retrasos en la promoción laboral basados en la orientación sexual.

En el campo de la salud no existe un trato humanitario y profesional hacia las personas LTGB y más aún cuando estas son personas que viven con VIH/SIDA. Los profesionales evitan o se niegan a atender a personas gay o trans, porque poseen prejuicios ante estas comunidades.

Es importante señalar que en este sector los protocolos de atención ginecológica no consideran la orientación sexual como un aspecto de la práctica; que existen profesionales de la salud mental que consideran la homosexualidad como una enfermedad que es susceptible de cambiarse; y que las lesbianas y trans no son consideradas en los programas nacionales de prevención y atención del VIH/SIDA e ITS (hombres que tienen sexo con otros hombres - HSH) [38].

En el campo de la educación se constata el ejercicio inadecuado o nulo de varios derechos en esta esfera, así como la ausencia de una educación laica que elimine estereotipos negativos y prejuiciosos respecto de la diversidad sexual y sobre diversos tipos de familia. No existe una política educativa que prohiba la expulsión de estudiantes por su orientación sexual y por embarazo.

Asimismo, en el Perú existe una ausencia de regulación de las relaciones de las personas del mismo sexo, lo que las expone a una situación de desprotección frente a derechos económicos o personales que deberían corresponderles.

Es importante señalar que jurídicamente se ha concebido la discriminación por orientación sexual como aquel trato diferenciado, en forma injustificada, hacia las personas gays, lesbianas y trans. Sin embargo, recientemente los trans (es decir, transexuales, transgéneros y travestis) vienen reivindicando el concepto de identidad de género, como la causa del trato discriminatorio del que son víctimas. Sobre ellas y ellos, queda un tema pendiente para el Estado y es el reconocimiento jurídico de su nueva identidad; las personas trans tienen una apariencia absolutamente distinta al sexo asignado en sus documentos de identidad, y por ello no pueden desarrollarse adecuadamente y no tienen capacidad de revertir esta situación.

Respecto a la violencia recibida, la situación en el Perú resulta preocupante y adquiere visos de dramatismo por los distintos niveles en la que se ejercen sobre estas personas a nivel familiar, barrial, educacional o laboral y, por la invisibilización de esta violencia en los medios de comunicación y en la opinión pública. Una forma muy difundida es la del chantaje. Si bien es cierto que en el Perú el ser lesbiana, gay o trans no esta penalizado, la violencia contra las personas no heterosexuales está culturalmente permitida y la ley no prevé mecanismos para protegerlas de esta violenta discriminación.

En el campo de la seguridad ciudadana, la situación no deja de ser preocupante y alarmante. Existen muchos casos de asesinatos, robos, abuso de autoridad, maltratos y detenciones hacia personas LTGB. Debe reconocerse que los y las trans son las personas más afectadas, más aún cuando estas ejercen la prostitución de manera informal. Por ejemplo, ellas son víctimas frecuentes de redadas, detenciones, robos y maltratos físicos por parte de las fuerzas policiales y el Serenazgo municipal. Estos hechos no suelen ser denunciados, pese a ello se han identificado 7 casos, en los que se involucra a varias personas, y en los que se evidencia que el personal policial y del serenazgo los persiguen con perros, las y los agreden; las maltratan físicamente incidiendo en zonas en las que se han aplicado siliconas (generando un problema físico mayor); las rocían directamente con gas lacrimógeno; y las obligan a someterse a pruebas de VIH/Sida, todo ello independientemente de la detención sin orden judicial de la que son víctimas.

Estos casos son pocas veces denunciados; sin embargo, cuando la denuncia se realiza, resulta desalentador que las propias autoridades no cooperen en imponer justicia, sino que se convierten en cómplices de los hechos.

Por otro lado, las redadas e intervenciones policiales en espacios de socialización, diversión o encuentro para personas LTGB son muy comunes en las diferentes ciudades del país, por el simple hecho de ser consideradas como antros de perdición.

Un ejemplo de ello es lo que sucedió el 18 de junio de 2005, cuando funcionarios municipales y del Serenazgo de Lima irrumpieron en la discoteca Achakes, ubicada en la Av. Alfonso Ugarte, en Lima.

En la intervención, los efectivos golpearon con varas y patadas a quien no permitía o evitaba ser filmado. La cobertura televisiva mencionaba constantemente que la discoteca era un "antro de gente de mal vivir, ya que acudían homosexuales, travestis, prostitutas y drogadictos". Luego, el operativo municipal continuó y fueron intervenidos varios hostales cercanos a la discoteca. Los funcionarios municipales y camarógrafos de televisión irrumpieron en las habitaciones, afectando violentamente la intimidad de las personas que se encontraban en ellas.

Otro tema totalmente invisible es el caso de las lesbianas que son violadas por su orientación sexual. Ellas son violentadas con el pretexto de que este hecho las va a ayudar a corregirse y volverse completamente mujeres. La violación no es sino otra expresión del machismo imperante en la sociedad. Resulta preocupante la inexistencia de registros de casos de violación de los derechos de las mujeres lesbianas, lo que evidencia que permanezcan invisibles incluso dentro de la comunidad LTGB. Difícilmente una mujer lesbiana se atrevería a presentar una demanda o denuncia, por temor a ser, además, agredida.

Ni los familiares, ni el Estado mismo, legitiman la experiencia de las personas LTGB (jóvenes y adulta o adultos): su verdad personal, su proyecto de vida y sus demandas son anuladas, la afirmación de que sus derechos están siendo violentados es sojuzgada, y su existencia misma como sujetos de derecho es deslegitimada. La ausencia de mecanismos eficaces de reclamo ante las violaciones de sus derechos, la ausencia de una postura pro activa por parte del Estado, al menos de investigación, y el grado de atropello que se naturaliza y se tolera sin sanción, revelan que los intereses de los sujetos "diferentes" por orientación sexual, importan menos que los intereses de otros sujetos.

Asimismo, el Estado Peruano tiene deficiencias estructurales de normatividad, tanto sustantivas como procesales. No promueve suficientemente la igualdad de oportunidades, y en particular, la igualdad de género y es responsable de no tomar medidas administrativas, judiciales, legislativas o de cualquier otra índole que supongan un esfuerzo pro activo por eliminar los patrones socioculturales adversos al ejercicio de derechos. Además, permite una relegación de la sexualidad, que es incompatible con las normas internacionales y que genera indefensión e impunidad ante ciertas violaciones. Finalmente, no cuenta con mecanismos idóneos de exigibilidad de los que puedan apropiarse sujetos en situación de desventaja social y jurídica, como las personas LTGB.

Frente a ello, nos encontramos ante varios desafíos, ya que estamos siendo testigos de un resurgimiento de los fundamentalismos, especialmente religiosos, los que están acrecentando el racismo, la xenofobia, la lesbofobia, la transfobia, la homofobia, el etnocidio, el genocidio, exacerbando los estereotipos negativos que son difundidos por los medios de comunicación.

NOTAS:
  1. ® La elaboración de este capítulo se ha realizado con los insumos brindados por tres documentos: Cedamanos, Gina y Zanabria, Luisa. Caso por Situación de Discriminación contra mujeres lesbianas por orientación sexual. Documento presentado por el Movimiento Homosexual de Lima - Unidad de Lesbianas y Bisexuales en el Primer Tribunal Nacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Mujeres. Movimiento Homosexual de Lima. Reporte Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos de la Comunidad LGBT 2005 en el Perú. Documento preliminar. Raíz Diversidad Sexual. Segundo Reporte Anual sobre Derechos Humanos de personas lesbianas, gays, trans y bisexuales (LGTB) en el Perú: 2005. http://peru.indymedia.org/news/2006/03/25690.php (citado el 15 de marzo de 2006).

  2. ® DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Encuesta Nacional sobre discriminación, realizada entre los meses de agosto y setiembre de 2004, fue aplicada a 1,600 hombres y mujeres entre 18 y 70 años de edad, entrevistados/as en 14 departamentos del país, tanto en zonas urbanas como rurales.

  3. ® Este término se ha colocado exprofeso porque muchos hombres no se identifican a sí mismos como homosexuales o bisexuales sino como heterosexuales, pero parte de su actividad sexual implica contactos genitales tanto con hombres como con mujeres. Los homosexuales son discriminados, por lo que muchos han presentado dificultad para identificarse como homosexuales.


V. Peticiones.
Por todo lo mencionado, se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

  1. Resolver los casos en que se ha alegado una violación de la Convención Americana por discriminación por orientación sexual teniendo en cuenta los estándares internacionales que se han establecido en el sistema universal y el sistema europeo de derechos humanos.

  2. Solicitar al Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos a cargo de elaborar la Convención Interamericana contra Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia, que dicha Convención contemple medidas contra la discriminación por orientación sexual.

  3. Requerir al Estado Peruano para que prevenga, investigue y sancione la discriminación por orientación sexual. En ese sentido, que apruebe el proyecto de ley para prevenir y eliminar la discriminación por orientación sexual.

  4. Instar al Estado Peruano a erradicar prácticas socioculturales y discursos adversos a la vigencia de los derechos humanos en general, y en particular, adversos a la libre expresión de identidades, actitudes y prácticas de género y sexuales que no se ajustan al estereotipo heterosexual. Ello debería hacerse a nivel de medios de comunicación, escuelas, etc.

  5. Requerir al Estado Peruano a lograr el reconocimiento legal y social de los distintos tipos de familia, incluyendo aquellos conformados por personas del mismo sexo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de sus integrantes.


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