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Ecuador: El silencioso y enmascarado avance de la palma africana en la cuenca media del río Guayas: el caso del Recinto El Samán
Autores corporativos:
Foodfirst Information and Action Network (canal)
Habitat International Coalition - América Latina (canal)

Autores personales:
Jácome López, Germán (Autor/a)
Landívar García, Natalia (Autor/a)

   Descripción    Clasificación    Documento   
 Índice:
     Una soberanía alimentaria encadenada
     La producción de palma africana en Ecuador: un negocio rentable... para los agroempresarios
     Los campesinos del Samán: unas victimas más del agronegocio de palma africana
     A manera de conclusión
Una soberanía alimentaria encadenada
Con la aprobación de la nueva Constitución Política en 2008, Ecuador se convirtió en uno de los primeros países del mundo en reconocer la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico del Estado. En una realidad donde los índices de desigualdad constatan una alta concentración de la propiedad de la tierra, los artículos en la Constitución que prohíben su concentración y establecen como prioridad su utilización en la producción de los alimentos para el pueblo representan un aliento para los movimientos sociales, en especial para los miles de campesinos y campesinas cuyos derechos han sido amenazados con las políticas de fomento a la expansión agroindustrial implementadas durante las últimas décadas.

Sin embargo, lejos del respeto a la Constitución, la realidad evidencia una marcada contradicción respecto al ejercicio de la soberanía alimentaria cuando la tierra de pequeños y medianos productores dedicada a la producción de alimentos de consumo local es silenciosa y enmascaradamente desestructurada, como consecuencia de la plena vigencia del modelo capitalista dominante para el que la tierra es una mercancía más de libre transacción en el mercado de compra-venta. Esto último es estimulado por la "generosa" expedición de una serie de decretos y leyes que se logran materializar a través de la elaboración y desarrollo de planes y programas del gobierno dirigidos a la agroindustria[1]. Como ejemplo de lo anterior, conviene referirse a la principal línea de acción que establece las prioridades productivas del gobierno ecuatoriano, que es el Plan de Reactivación Productiva del Sector Agropecuario 2007-2011 impulsado por el Ministerio de Agricultura.



Como se puede observar en la tabla, existe una diferencia significativa en el incremento de las inversiones y del valor de los bienes producidos para la exportación y la elaboración de agrocombustibles con respecto a aquellos esencialmente destinados a los mercados locales. Mientras que la inversión para la producción de palma, caña de azúcar y maíz duro -necesarios para la elaboración de agrocombustibles- contemplada en este Plan alcanza el 44% del monto total de inversiones, incrementando la superficie cultivada (tanto aumento como rehabilitación de la superficie sembrada) en 150.000 hectáreas, la inversión destinada a los productos que forman parte del sustento alimentario del país[2] alcanza el 23% del monto de las inversiones previstas. De acuerdo al Plan, esta inversión aumentaría el valor de la producción para los cultivos de palma, caña y maíz en 145 millones, mientras que para los cultivos tradicionales apenas en 5 millones de dólares.

Actualmente, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) se encuentra revisando el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 como una guía para la elaboración de políticas públicas que se enmarcarían en este Plan. En referencia al tema agrario, sobresale la prioridad que se le da al aumento de la productividad agrícola, a través del fomento de encadenamientos productivos[3] para lograr la competitividad en el mercado global. Tanto en el Plan Agropecuario arriba mencionado como en el Plan Nacional de Desarrollo se menciona una inversión de 135 millones de dólares para la producción de palma aceitera, incrementando en 20.000 hectáreas la extensión cubierta por palma y rehabilitando 30.000 hectáreas más.

En relación con este marco regulatorio surgen varias preguntas relacionadas con la contradictoria política del Estado ecuatoriano que, en lugar de implementar los principios establecidos en la Constitución referidos a la soberanía alimentaria, impulsa un modelo que prioriza la agroexportación y la consolidación de la agroindustria en el país ¿Es posible "encadenar" la soberanía alimentaria de las familias campesinas a la producción de palma africana promovida por los programas gubernamentales? ¿Qué implicaciones sociales y ambientales ha traído la expansión de la frontera de la palma africana para las miles de familias campesinas que practican sistemas de producción diversificados y tradicionales? ¿Cuáles son las violaciones a los derechos de los campesinos y campesinas provocadas por la expansión del cultivo de la palma africana en nuestro país?[4]


NOTAS:
  1. ® Landívar N., 2008, P. 93.

  2. ® Papas, maíz suave, fríjol, yuca, hortalizas, leguminosas, plátano, carne vacuna, entre otros.

  3. ® El encadenamiento es esencia fundamental de la agroindustria, en el sentido que hace referencia a la incorporación de los sujetos productivos a las cadenas productivas para desarrollar, transformar y distribuir los insumos y productos agrícolas. Con el término cadena nos referimos a los procesos de producción, procesamiento industrial, distribución y consumo final.

  4. ® Lo anterior tomando en cuenta que el Estado ha ratificado múltiples tratados internacionales de derechos humanos y ha reconocido como un principio constitucional de la mayor relevancia el derecho al Buen Vivir de toda la población ecuatoriana.


La producción de palma africana en Ecuador: un negocio rentable... para los agroempresarios
Antes de los años 60 el cultivo de palma africana era prácticamente desconocido en Ecuador. Fue a partir de 1961 cuando este producto comenzó a fomentarse, sobre todo para la elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles, en el cantón Santo Domingo. Un actor importante en ello fue el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien financió desde 1966 hasta 1979 créditos que fueron canalizados a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) para la promoción y mantenimiento de este cultivo, lográndose en ese período la siembra de 13.525 hectáreas[5]. Es importante decir que en 1970 se constituyó la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (ANCUPA)[6]. Ahora bien, durante la última década ha habido una creciente demanda de aceite de palma para la elaboración de agrodiesel. Lo anterior ha provocado un aumento de los precios de esta especie vegetal y programas de fomento para su producción. Como consecuencia se ha incrementado el área cosechada de palma aceitera, que hoy comprende más de 200.000 hectáreas, registrando un incremento de casi 300% durante este periodo. En 2006, Ecuador era considerado como el segundo país productor de palma africana en América Latina[7]. La siguiente tabla muestra que las regiones donde actualmente se cultiva la palma africana son zonas altamente productivas, como la provincia de Los Ríos.



Dicha provincia, ubicada en la zona central de la costa ecuatoriana y dentro de la Cuenca del Río Guayas, posee un importante sistema hídrico natural con buena parte de las mejores tierras productivas del Ecuador, razón por la cual se ha convertido en una zona geopolítica importante para la producción agropecuaria. La agroindustria, en especial la palma africana, es uno de los principales motores de la economía de la regiòn, generando una alta rentabilidad a las empresas, concentrando la tierra y el agua, y provocando violaciones a los derechos humanos.

Específicamente en el Cantón Quevedo se observa un proceso de alta concentración de la tierra. El 0,9% de los propietarios con más de 200 hectáreas poseen el 52% de la tierra, mientras que el 43% de todos los dueños con hasta 5 hectáreas posee sólo el 4,1%. Este proceso está caracterizado por la "multipropiedad", donde una sola agro-empresa concentra múltiples predios rústicos en diferentes recintos[8] sumando grandes extensiones de tierra y registrando estas propiedades con distinta razón social[9]. La expansión del monocultivo de la palma africana ha provocado no sólo la conversión de significativos sistemas tradicionales sino el fraccionamiento socio-organizativo y la pérdida de los territorios integrados por familias de pequeñas y medianos productores. En 2006, se calculaba que existían de 12.000 a 15.000 hectáreas de palma africana[10], extensión que representa aproximadamente el 50% del territorio rural (27.286,4 hectáreas) de Quevedo. Asimismo, se observa que los productores de banano están convirtiendo sus cultivos a palma africana, motivados por la gran campaña de apoyo a la ampliación de la frontera de este monocultivo. Esta incluye el asesoramiento técnico y financiamiento para la compra de tierras, a través del Banco Nacional de Fomento; el establecimiento de nuevos centros de acopio en sitios de reciente cultivo; y la expansión de la cadena de comercialización, que permite la compra de la especie vegetal -no sólo por la extractora- a un precio que actualmente está a USD $200 por tonelada. Finalmente se calcula que el costo de inversión de 10 hectáreas de banano es equivalente a 100 hectáreas de palma africana, en donde solamente se necesitan de 8 a 12 jornaleros que rotan actividades durante todo un año.[11]

El cultivo de la palma africana es sin duda un negocio rentable para el agro-empresario exportador y no para el pequeño campesino. Como demostraremos en las siguientes líneas al identificar los conflictos que surgen con la presencia de las plantaciones de palma africana en los recintos y las implicaciones de derechos humanos que esto acarrea, el fomento de proyectos de agricultura industrial para exportación desata una gran presión por los recursos naturales y en muchos casos termina despojando de los mismos a los agricultores tradicionales que son expulsados de su territorio.

Un estudio realizado en 2008[12] en la región evidencia que el acaparamiento de la tierra y el agua se da a través del asedio y acuerdos "voluntarios" para transar la tierra de los campesinos. Las ofertas económicas que realizan los agroempresarios a los campesinos a través de terceras personas para que vendan sus tierras es una tentación irresistible: muchos de ellos jamás pensaron recibir tales sumas de dinero. Pero cuando los campesinos se rehúsan a vender, varios son los mecanismos que utilizan los agro-empresarios para ejercer el control sobre la tierra y los recursos naturales. Esto se confirma en el sector El Samán de la Ciudad de Quevedo, en la Provincia de Los Ríos. La siguiente información se basa en 3 entrevistas realizadas en septiembre de 2006 y agosto de 2009; por motivos de seguridad se omiten los nombres de los entrevistados.


NOTAS:
  1. ® Lucía Carrión y Matías Cuvi, 1985.

  2. ® Consultado el 04.03.08 en www.ancupa.com/ancupa/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=81.

  3. ® Mercado de Palma Africana Ecuatoriana. Embajada de Brasil, abril de 2006 http://www.embajadadelbrasil.org.ec/brasil.php?c=680.

  4. ® El recinto forma parte de la estructura orgánica de la sociedad rural de la costa central del litoral cuatoriano, en la que conviven culturalmente un número determinado de familias campesinas y que geográficamente se identifican con un nombre determinado.

  5. ® Cueva V, Jácome G, Landivar N, et al., 2008.

  6. ® Jácome G., 2008.

  7. ® Ibídem.

  8. ® Jácome G., 2008.


Los campesinos del Samán: unas victimas más del agronegocio de palma africana
A lo largo de la entrada al sector El Samán, el avance de las plantaciones de palma africana es notorio. Algunas tienen más de 10 años y otras son más actuales y se ubican en tierras que antes fueran de pequeños y medianos campesinos que con la ayuda de avanzadas tecnologías de drenaje, dragado de esteros y construcción de pozos profundos para extraer y almacenar agua para riego evidencia la concentración de tierras en manos de una agroempresa.

En septiembre de 2006 tres campesinos del sector El Samán -todos con títulos de propiedad de sus respectivas tierras- fueron calificados como invasores por un informe emitido por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). Pese a que el INDA emitiera una orden para desalojar a los campesinos de su propiedad -en respuesta a una demanda presentada por un supuesto propietario de dichos predios- este acto se suspendió después de los trámites legales que éstos realizaran para reclamar la legalidad de sus propiedades. En los tres años que han transcurrido desde entonces, la situación para los finqueros[13] se ha tornado en un hostigamiento permanente mediante diversos mecanismos de presión con el fin que abandonen sus tierras. El asedio y el ambiente conflictivo terminaron obligando a dos de ellos a vender "voluntariamente" sus tierras. De las tres personas que presentaron la denuncia, sólo una permanece actualmente dentro del recinto.

Uno de los tres finqueros que enfrentó este problema se dedicaba a la siembra de cacao con el apoyo de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nacional de Fomento, lo que lo legitimaba como propietario. El agroempresario palmero se valió de la presencia de un testaferro (figura que utiliza diversos mecanismos para acaparar y negociar la tierra de los campesinos) para adquirir la propiedad en supuesta disputa y expandir sus plantaciones de palma africana. Después de vender la tierra al campesino, el testaferro crea el conflicto vendiéndole la misma tierra a una tercera persona, quien es la encargada de hacer la denuncia de una supuesta invasión a su propiedad. La persona denunciante termina ganando el juicio, aprovechándose de información privilegiada sobre un conflicto que surgió antiguamente a raíz de la repartición de esta tierra dada en herencia familiar. Actualmente, la tierra en disputa está en manos del empresario palmero.

Otro de los campesinos poseía igualmente título de propiedad y se dedicaba a la pequeña ganadería como actividad principal de su sustento familiar. Este ganó el juicio; sin embargo, en los meses siguientes, denunció el robo total de su hato bovino, situación que le obligó a vender su propiedad a personas de otra región. Un testimonio recogido declaró que ante el temor generado por los trabajadores del hacendado palmero, quienes utilizan mecanismos sistemáticos de presión como amenazas, envío de emisarios, presencia nocturna, etc., los nuevos propietarios también dejaron abandonada la tierra.

La tercera persona acusada de invasora en 2006 es la única que se mantiene en el sector junto a su familia, que vive de la producción diversificada de su finca, obteniendo productos alimenticios para el autoconsumo y el mercado. El conflicto en el cual quedó involucrada causó la muerte de un miembro de esta familia provocada, según los testimonios, por los mismos trabajadores del testaferro que negociaba las tierras de los campesinos. Desde entonces, la familia ha recibido ofertas tentadoras del hacendado palmero para comprar su tierra pero ha manifestado que no tiene interés de vender su finca.

Dentro de los problemas que enfrentan los campesinos entrevistados, cuyas fincas se encuentran en los bordes de las plantaciones de la agroempresa palmera, están los impactos generados por la extracción de abundante agua y por las fumigaciones con pesticidas y herbicidas para el control de plagas y enfermedades, que afecta a los sistemas tradicionales de producción familiar. Los finqueros entrevistados expresaron su preocupación por el represamiento del estero Mocache para la implementación de un sistema de riego y la construcción de un pozo profundo dentro de la plantación de la agroempresa. Esto causaría, según los entrevistados, la disminución del agua de los pozos someros que utilizan como fuente de agua para uso doméstico y vulneraría su derecho al agua suficiente y de calidad. Finalmente, los encuestados expresaron su preocupación por la posible destrucción de sus cultivos causada por la utilización de fuertes químicos en la plantación de palma africana aledaña a sus fincas. Esto afectaría también su derecho a la alimentación, al agua y a la salud por la contaminación de las fuentes de agua del sector.


NOTAS:
  1. ® Término utilizado para referirnos al pequeño productor que trabaja en su finca, en donde desarrolla su cultura campesina y mantiene la agrodiversidad.


A manera de conclusión
Las demandas individuales de los campesinos, que han sido acompañadas por diversas organizaciones, en torno a la expansión del monocultivo de palma africana constata que las políticas de apoyo a este monocultivo han traído conflictos por la tierra y el agua en regiones altamente productivas, como la Provincia de Los Ríos. El desalojo violento sufrido por los campesinos en el recinto La Yuca en el Cantón Palenque en 2006 y en el recinto La Tranca en Babahoyo en 2007[14], y los testimonios recogidos del caso del recinto El Samán del Cantón Quevedo, son sólo algunos ejemplos de la dimensión del conflicto que está causando la ampliación de los monocultivos para la agroindustria en esta región.

En todos estos casos se observa que los mecanismos de presión para que los campesinos abandonen las tierras van desde las amenazas y, los desalojos forzosos (que se llevan a cabo en complicidad con la fuerza pública y ciertos gobiernos locales) hasta el intento de una negociación "voluntaria" con ellos. Cuando se resisten a vender sus activos productivos surgen otros mecanismos "invisibles", que van desde la presencia de testaferros hasta la criminalización y persecución de dirigentes, presencia de agentes y comerciantes de tierra en los recintos, obstrucción en la legalización de tierra, presencia de civiles armados y matones, etc.[15]

El acaparamiento de las mejores tierras de los campesinos y de la infraestructura de producción, así como de las fuentes de agua y la introducción de paquetes tecnológicos con alto contenido de agrotóxicos (que terminan contaminando los recursos naturales y destruyendo en consecuencia las plantaciones diversificadas de las fincas aledañas), implica directamente una violación a los derechos de los campesinos y contraviene los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Constitución Política Ecuatoriana que, entre los derechos del Buen Vivir, reconoce el derecho a la alimentación que tienen las personas y colectivos a través del ejercicio de la soberanía alimentaria.

La presencia de una serie de leyes, decretos y programas estatales de fomento y consolidación de la agroindustria de palma africana no solamente entra en contradicción con el nuevo marco legal del Ecuador, que reconoce el derecho a la alimentación, favorece otro modelo de producción agraria y establece una discriminación positiva hacia aquellos que han sido marginalizados y empobrecidos en las últimas décadas por las políticas públicas. Como se ha expuesto a través del caso específico de El Samán, la expansión del monocultivo de la palma africana en la región de Quevedo está provocando la conversión de significativos sistemas de producción tradicional, el fraccionamiento socio-organizativo y la existencia de violaciones a los derechos de los campesinos, por la destrucción y amenaza constante al derecho a la alimentación, al agua y la salud de cientos de familias campesinas.

Como mencionamos anteriormente, la alta rentabilidad del monocultivo de palma africana no es un negocio para el pequeño productor sino para el gran terrateniente, aquel que tiene los medios económicos para invertir y concentrar la tierra y el agua y consolidar el poder político, apoyado en los incentivos gubernamentales y los diversos mecanismos de extorsión al campesino. Por lo tanto, el fomento de la expansión de la palma africana está generando un desplazamiento "oculto" de las agriculturas familiares campesinas, aquellas que en principio tienen prioridad de ser atendidas bajo la Constitución Ecuatoriana. Con una política de fomento a la producción de palma africana no puede existir soberanía alimentaria en el país.


NOTAS:
  1. ® En estos dos casos, supuestos propietarios de los predios ocupan y desalojan violentamente a familias campesinas que cultivan las tierras. Para más información ver: www.fian.org/casos/acciones-urgentes/ecuador-ocupan-tierras-campesinas-en-el-recinto-la-tranca y http://www.fian.org/casos/acciones-urgentes/ecuador-el-instituto-nacional-de-desarrollo-agrario-inda-desaloja-por-segunda-ocasion-a-campesinas-os-del-recinto-la-yuca?set_language=es.

  2. ® Jácome G., 2008.


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