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Costa Rica: La expansión del monocultivo de piña en detrimento de los derechos humanos
Autores corporativos:
Foodfirst Information and Action Network (canal)
Habitat International Coalition - América Latina (canal)

Autores personales:
Castro Vargas, Soledad (Autor/a)
Cuadrado Quesada, Gabriela (Autor/a)

   Descripción    Clasificación    Documento   
 Índice:
     El monocultivo de la piña y sus consecuencias
     Afectaciones del monocultivo de la piña a los derechos humanos
     Algunos casos de denuncias presentadas por violaciones a los derechos humanos
     Bibliografía
El monocultivo de la piña y sus consecuencias
Costa Rica se ha convertido en el primer productor de piña del mundo, desplazando a Hawai que, irónicamente, se está dedicando al turismo ecológico[1]. Con un crecimiento de más del 200% en relación al año 2000, se estima según datos oficiales que existen actualmente sembradas más de 50,000 mil hectáreas de este cultivo que se exporta principalmente a Europa y Estados Unidos; sin embargo, extraoficialmente se especula que la cifra es mucho mayor.

La producción de piña a gran escala comienza a finales de los años ochenta en la zona sur del país, cuando la empresa Pindeco S.A., subsidiaria de Del Monte, se instala e inicia la utilización de un paquete tecnológico enfocado a producir la mayor cantidad de piña posible por hectárea. A través de éste se desarrolla un sistema productivo dependiente de los insumos químicos, que contempla el uso de herbicidas, fungicidas, nematicidas, insecticidas, fertilizantes, abonos y compuestos químicos que inducen la floración de la planta y regulan la cosecha. También se instalan complejos industriales para la recolección y empaque del producto, que cambiaron drásticamente el paisaje. La cantidad de insumos químicos utilizados en la producción de la piña supera por mucho la cantidad utilizada en la producción bananera, por la particularidad de la fruta y su ciclo productivo, el cual se debe acelerar en función de la demanda mundial.[2]

Es así como la expansión piñera ha venido generando cuantiosos impactos negativos, tanto ambientales como sociales. Entre ellos podemos mencionar: cambio de uso del suelo de miles de hectáreas que antes estaban destinadas a la defensa del bosque y de mantos acuíferos; invasión de las áreas de protección de ríos y manantiales; contaminación del agua para consumo humano por el uso indiscriminado de agroquímicos; erosión por no utilizar terrenos aptos; cambio en el cultivo de granos básicos por piña; cambio de la actividad ganadera, extendida por todo el país, por el cultivo de piña; pérdida de tierra que anteriormente estaba en manos de campesinos e indígenas; desvalorización de las tierras y viviendas vecinas a las plantaciones piñeras; y la propagación de la mosca de establo (Stomoxys calcitrans) por el manejo incorrecto de los desechos de piña. Esta mosca causa perjuicios significativos que se traducen en desnutrición del ganado e incluso en su muerte. Su acción traumática irritante produce nerviosismo, alteraciones en la fisiología de la lactancia y pérdida de peso. Debido a esta plaga, numerosos ganaderos se han visto forzados a vender sus fincas, incluso a las piñeras causantes de sus pérdidas.

En varios países de la región centroamericana el monocultivo de la piña se ha extendido a gran escala. En el caso específico de Costa Rica, se han sufrido afectaciones especialmente en las zonas Norte, Sur y Caribe; recientemente el cultivo se está expandiendo también en el Pacífico Norte. En todas las zonas los impactos nocivos son muy similares; sin embargo, existen algunas diferencias que tienen que ver con las poblaciones, la topografía del suelo, las condiciones climatológicas, etc.

Lo anterior evidencia un crecimiento acelerado de la producción piñera sin una adecuada planificación y control por parte de las instituciones públicas como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, que son las encargadas, entre otras, de velar porque el desarrollo de las actividades productivas no se realice en detrimento del ambiente ni de las comunidades.

A su vez, la problemática ha sido generada por las políticas neoliberales que han ido desprotegiendo a los pequeños y medianos productores. Estas políticas estimulan la importación de alimentos antes que la producción nacional, consolidándose así un modelo agroexportador que privilegia actividades agrícolas no tradicionales y genera como consecuencia el abandono de la agricultura campesina y familiar.

Ante este panorama, surge la necesidad de crear un espacio para que las comunidades se organicen y denuncien las violaciones a los derechos humanos que están viviendo y exijan al Estado revertir dicha situación. Es así como se crea el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)[3] que busca el fortalecimiento de la organización comunitaria para enfrentar los efectos nocivos de la producción piñera.

El FRENASAPP nace en 2007, durante un encuentro comunitario realizado en la Perla de Guácimo, Caribe de Costa Rica. Es un espacio de coordinación horizontal y participativo con el fin de evidenciar que la producción piñera es un problema de alcance nacional que necesita ser atendido con urgencia. Asimismo, busca denunciar todas las violaciones a las normas nacionales e internacionales que cometen las empresas piñeras, así como la violación a los derechos humanos. Este espacio está conformado por grupos comunitarios de la zona Norte, Caribe y Sur del país, así como sindicatos y asociaciones; cuenta además con el apoyo de organizaciones como el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), la Asociación Ambientalista del Trópico Húmedo, la Asociación Ambientalista de Siquirres, Foro Emáus y Ditsö.


NOTAS:
  1. ® Decimotercer Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. 2007. Programa Estado de la Nación, San José.

  2. ® Salazar, O. 2008, Plantaciones de piña en Costa Rica contra la sostenibilidad ecológica y social, Ambientico N° 177, Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica.

  3. ® www.detrasdelapina.org.


Afectaciones del monocultivo de la piña a los derechos humanos
Las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas asentadas cerca de las plantaciones de piña son de diversa índole. Por un lado, se atropella el derecho humano a la salud. Muchos de los habitantes de las comunidades de El Cairo, la Francia y Luisiana (Caribe de Costa Rica) han acudido a los centros de salud porque sufren enfermedades que se creen estár ligadas al hecho de consumir agua contaminada por agrotóxicos y también al hecho de estar expuestos a estas sustancias. Entre los problemas más frecuentes se encuentran los brotes en la piel (manchas y quemaduras), intoxicaciones, malformaciones, cáncer de hígado y problemas de la vista. Las personas que asisten a estos centros son atendidas pero sus problemas no son resueltos, ya que viven rodeadas de los males que las aquejan. Las comunidades han interpuesto denuncias solicitando que se prohíban las fumigaciones en los sitios que rodean los manantiales, cerca de los centros poblacionales, de las escuelas y de los asilos de ancianos, pero no han tenido logros en ese sentido.

También se violenta el derecho a la salud de los trabajadores, ya que las empresas piñeras no les brindan la protección adecuada para el uso de agroquímicos y les hacen trabajar en condiciones perjudiciales para la salud. Según Aquiles Rivera de la Coordinadora Sindical de la Zona Sur, la gran mayoría de los trabajadores de empresas piñeras enfrentan problemas respiratorios, alergias, asmas, lumbalgia y afectaciones por los agroquímicos. Esto está agravado por el hecho de que la gran mayoría son trabajadores indirectos, es decir, subcontratados por medio de contratistas con el fin de que la empresa pueda incumplir las garantías laborales y no tener ninguna responsabilidad o vínculo con los trabajadores.

Según datos del periódico El Financiero, Pindeco cuenta con 7,000 empleados contratados. Sin embargo, de acuerdo a información suministrada por el sindicato de trabajadores de la empresa de esos 7,000 trabajadores, 2,000 son directos y 5,000 indirectos subcontratados.

Acuña (2005) afirma que los principales motivos de consulta en los servicios de salud por parte de trabajadores de las piñeras (alergias, dolores de cintura y columna, dolores en las manos, gastritis crónica, migrañas, gripes constantes debido a las bajas defensas, debilidad, etc.) indican una relación directa con las condiciones de trabajo, como es la exposición a elementos tóxicos y los riesgos de permanecer durante mucho tiempo en posiciones físicas inadecuadas, entre otros.

Antes de que llegaran las empresas piñeras al Caribe, Norte y Sur de Costa Rica, las comunidades tenían agua en cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades; sin embargo, desde el establecimiento de estas empresas la situación cambia. Las piñeras han ido transformando las áreas de bosque, de recarga de los acuíferos y los manantiales en sembradíos de piña que utilizan un paquete tecnológico con una amplia diversidad y cantidad de agroquímicos. Los cambios en el uso del suelo provocan la sequía de muchos manantiales y en época de verano numerosas comunidades no tienen acceso al agua. A esto se tiene que sumar la expansión de las empresas en las zonas altas o montañosas y la invasión ilegal de las áreas de recarga de lo acuíferos. Miles de personas de la zona caribeña del país acceden sólo a agua contaminada; algunos acueductos rurales de la zona norte y muchos de los pozos de abastecimiento de agua de todo el país están en esta situación debido a la cercanía de las fincas piñeras con centros de población. El Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional y el Laboratorio Nacional del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) han realizado muestras que comprueban la contaminación. Esta situación ha generado graves problemas ya que no existe un debido control sobre la calidad del agua de abastecimiento humano. La contaminación y la dificultad en el acceso al vital líquido resultan en violaciones al derecho humano al agua.

Según Yamileth Carpio de Siquirres, las comunidades de Luisiana, Milano y El Cairo, entre otras, desde hace casi dos años se encuentran con el agua de los acueductos rurales contaminada con agroquímicos que utilizan las empresas piñeras. Desde entonces, la población tiene acceso al recurso hídrico sólo por camiones cisterna que envía el gobierno, pero muchas de estas personas continúan bebiendo el agua contaminada.

Ante esto, las empresas no han asumido la responsabilidad correspondiente. El gobierno prometió la construcción de nuevos acueductos sin embargo la institución que debería encargarse de ello, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA), está pidiendo sumas millonarios a las comunidades afectadas para cubrir los gastos.

De igual forma se violenta el derecho a la alimentación de las y los vecinos de las comunidades del Caribe, Norte y Sur del país debido a que antes del auge de la expansión piñera existían muchas hectáreas dedicadas a cultivos tradicionales como frijoles, arroz, yuca, tubérculos, y a la ganadería, de manera que las comunidades tenían una economía local de subsistencia. Actualmente, todas esas hectáreas se encuentran dedicadas al cultivo de piña, lo que no permite que estas comunidades sigan autoabasteciéndose y tengan garantizado su derecho humano a la alimentación. Esto afecta también la soberanía alimentaria, tanto a nivel local como nacional, ya que según datos del 2007 del Estado de la Nación[4] en Costa Rica se necesitan sembrar cerca de 283 mil hectáreas de granos básicos para poder abastecer la población nacional. Sin embargo, desde el Estado se ha favorecido a las empresas trasnacionales que cultivan piña y otros cultivos no tradicionales y como consecuencia las fincas campesinas y familiares que producen alimentos han ido desapareciendo. El Estado incluso le ha dado a Pindeco apoyo técnico para la producción e incentivos mediante Certificados de Abono Tributario, con los cuales la empresa pagó los salarios de sus trabajadores.

En Buenos Aires de Puntarenas, según Denia Montes, habitante del cantón, tienen que llevar alimentos de otras zonas porque la producción agrícola actual es casi nula, ya que la mayoría de la tierra apta para la siembra de alimentos la tiene la empresa. Además, con el salario que les pagan a los trabajadores no les alcanza para comprar en las ferias del agricultor, si no que tienen que comprar lo que sobra a los vendedores del mercado.

Este modelo expansivo del monocultivo de la piña ha destruido casi por completo la pequeña producción en estas comunidades. Producir cerca de los cultivos de piña no es posible por la aplicación del paquete tecnológico y la expansión de la mosca de establo. Igualmente, los pequeños productores no tienen la capacidad e infraestructura para comercializar la piña, por lo cual en su mayoría arriendan sus fincas o las venden. Según datos del Consejo Nacional de Producción actualmente tan sólo un 4% de la producción de piña está en manos de pequeños productores. Esto quiere decir que de los 485 millones de dólares generado por esta actividad en el año 2007, cerca de 465 millones han constituido ingresos de grandes empresas, lo que implica una gran concentración de la tierra en manos de las piñeras. Los pobladores se han visto obligados a vender sus tierras a precios muy bajos, ya que el gobierno nunca les ha brindado apoyo económico para seguir produciendo. Es así como también se violenta el derecho a la tierra. Esto es lo que ha ocurrido por ejemplo en las comunidades de Buenos Aires de Puntarenas donde vecinas y vecinos, algunos de los cuales son indígenas, han perdido sus tierras debido a la expansión de la empresa y el encarecimiento de la tierra. A raíz de lo anterior otro fenómeno que ocurre es la migración de la población, pues pierden el sustento que obtenían de sus tierras.

Según palabras de Montes la empresa se ha ido adueñando de todo, incluso 308 hectáreas aptas para vivienda que eran del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). El IDA es una institución que está encargada de darle tierra a los campesinos y supuestamente ayuda a organizaciones que no tienen fines de lucro. Pero la empresa sí tiene fines de lucro y le dan la única tierra que queda a la empresa y el gobierno lo que dice es que es para reserva nacional. Supuestamente el gobierno dice que eso está inscrito como reserva. ¿Por qué así? No sabemos. No entendemos por qué esa tierra la tiene la empresa, bajo ninguna forma debería tenerla.

Asimismo, los desalojos de familias campesinas violan el derecho a una vivienda adecuada. Es el caso de cerca de 300 familias del Peje de Siquirres que están siendo desalojadas de sus viviendas en beneficio de las empresas piñeras. Los vecinos afirman que el desalojo todavía está en trámites administrativos y está siendo llevado a cabo por el IDA, que les está pidiendo a los campesinos que regresen sus parcelas. Según relata una vecina de El Cairo, la gente tenía parcelas y sembraba lo que comía, ahora los van a expulsar y se van a quedar sin nada. Antes se tenía agua limpia, pero ahora los pozos están contaminados, entonces la gente ya no quiere ni luchar. Ellos dicen que no tiene sentido defender esa tierra. Asimismo, no se les permite el acceso a opciones de trabajo, ya que el único empleo que encuentran cerca de sus viviendas es en una empresa piñera.

Otro caso de desalojo forzoso se dio en la zona Sur del país, en un lugar llamado laguna la Temblorosa. Un vecino de la zona asegura que a la gente la desalojaron alegando que estaban en área de un humedal y luego le dieron la tierra a la empresa. Participaron la policía pública, comandados por el IDA.

De la misma manera se vulnera el derecho humano de los y las trabajadoras a la sindicalización, ya que en las empresas piñeras por lo general no hay sindicatos y cuando existen las personas que forman parte de ellos son, en su mayoría, perseguidas y despedidas. Se estima que la sindicalización en las empresas piñeras no llega ni al 5%. Además, los y las trabajadoras se desempeñan en condiciones desfavorables ya que no reciben un salario por las horas de trabajo sino por lo que empacan o producen, y muy frecuentemente el resultado está por debajo de los mínimos salariales. Trabajan más de las 8 horas establecidas por la legislación laboral nacional, encargándose cada uno de ellos de 2 hectáreas de piña; frecuentemente están expuestos a temperaturas de más de 40 grados, a agrotóxicos y otras sustancias, no poseen infraestructura adecuada para trabajar ni lugares salubres para comer.

Además, el Estado costarricense viola el derecho de acceso a la información, ya que muy poca gente conoce lo que está detrás a la expansión piñera. El discurso oficial es que el cultivo de la piña está generando miles de empleos al año, está aumentando significativamente el Producto Interno Bruto (PIB), y ha permitido que Costa Rica sea mundialmente reconocida como el primer país exportador de piña variedad golden. Sin embargo, ese discurso omite que estas ganancias están en manos de unos pocos y que el empleo que se está generando viola la legislación laboral.


NOTAS:
  1. ® Decimocuarto Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2007, Informe final: Bosques, coberturas y uso forestal, Javier Baltodano.


Algunos casos de denuncias presentadas por violaciones a los derechos humanos
El Estado no ha cumplido con su obligación de proteger ya que las instituciones públicas conocen las violaciones a los derechos humanos antes mencionadas y no actúan o lo hacen de forma insuficiente frente a los terceros responsables. Por el contrario, toleran y apoyan la propagación de las empresas piñeras. Muchas de las empresas involucradas en violaciones de derechos humanos son firmas transnacionales como por ejemplo Del Monte, Dole, Banacol y Fytfes y la ya mencionada Pindeco, que es una de las que el FRENASAPP denunció ante la Fiscalía Ambiental por el delito de contaminación de aguas, cambio de uso de suelo, tala de bosque, invasión a las áreas de protección, entre otros.

Un caso que se especula está relacionado con la Pindeco se ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de solicitar medidas cautelares a favor del defensor del ambiente y líder sindical Aquiles Rivera Arias, quién por más de 20 años ha estado luchando en contra de la empresa por todos los daños ambientales y atropellos a la libertad sindical que ha realizado.

El 11 de mayo de 2009 Aquiles sufrió un robo en su oficina en el cual le sustrajeron la computadora y el fax, únicas herramientas con las que contaba para trabajar. Unos días después de este hecho, en la noche, fue amenazado de muerte cerca de su casa en Buenos Aires de Puntarenas. Unos meses después también su hijo, menor de edad, fue amenazado de muerte. Lo que se está buscando por medio de la Comisión es la protección para Aquiles y su hijo, además de que se le ordene al Estado de Costa Rica que investigue los hechos y se pueda comprobar la relación que existe entre el trabajo de Aquiles, el robo de su oficina y las amenazas de muerte.

También las empresas nacionales están cometiendo atropellos. Es el caso de la empresa Agroindustrial Tico Verde que fue denunciada por CEDARENA y el Foro Emaús ante la Fiscalía Ambiental por los delitos de contaminación de aguas, cambio de uso de suelo e invasión de las áreas de protección. Estas denuncias están todavía en trámite; a través de ellas se busca que los responsables sean castigados con penas privativas de libertad e indemnizaciones por los daños ambientales y sociales provocados. De la misma manera se han interpuesto denuncias administrativas ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). En esta vía también se denunció a la empresa Tico Verde. Los daños ambientales alegados son: la invasión de zonas de protección de manantiales, quebradas y ríos; la desviación de cauces y su desaparición; la contaminación por agroquímicos, sedimentos y residuos; la desaparición de humedales por rellenos o por desecación; la proliferación de plagas de moscas de establo; la tala de bosque primario y secundario, y el cambio de uso de suelo. A través de esta vía lo que se pretende es lograr el cierre de las piñeras o bien que se les impongan multas o se les exijan mejoras, por ejemplo, en la planta de tratamiento de agua.

Asimismo, se han alegado violaciones a los derechos humanos por medio de la vía constitucional. En esta vía se han interpuesto varios recursos de amparo como, por ejemplo, el que acompañó el FRENASAPP contra la Empresa Hacienda Ojo de Agua alegando la violación al derecho de gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el derecho humano de acceso al agua. Este recurso de amparo tuvo una resolución favorable hacia las comunidades. La Resolución de la Sala Constitucional Número 2009-9040 estableció que: en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia (). Además ordenarle a la empresa Hacienda Ojo de Agua S. A los retiros que legalmente correspondan e, inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en su plantación y hasta ordenar el cierre inmediato de ésta, si esa empresa incumpliere.

Las acciones legales que se han realizado hasta el momento han dado muy pocos resultados. Al no obtener respuesta por parte del Estado las comunidades vienen construyendo procesos de resistencia para luchar en contra de la expansión de la piña y defender así sus derechos fundamentales.

Actualmente el FRENASAPP está estudiando la posibilidad de presentar una demanda contra el Estado de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando violación a los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida) y artículo 5 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana de Derechos Humanos.


Bibliografía
  • Acuña, Guillermo (2005), Los casos de la producción piñera en las regiones Atlántica y Pacífico Sur: Características, organización y condiciones laborales, Aseprola, Costa Rica.


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