Artículos
Monocultivos: en la frontera de los derechos humanos
Autores corporativos:
Foodfirst Information and Action Network (canal)
Habitat International Coalition - América Latina (canal)

Autores personales:
Courtis, Christian (Autor/a)

   Descripción    Clasificación   
Lugar:
México D.F (México)
Fecha:
10 de Diciembre de 2009
Entradilla:
Presentación de Christian Courtis para el texto "Azúcar roja, desiertos verdes. Informe Latinoamericano sobre monocultivos y violaciones al derecho a la alimentación y vivienda adecuadas, el agua, la tierra y el territorio." México, 2009.
Introducción/Descripción:
¿Cuáles son los límites del lenguaje de los derechos humanos? ¿Hasta dónde puede emplearse como instrumento de análisis crítico?

La colección de textos reunida en este volumen ofrece un panorama rico de situaciones para poner a prueba estos interrogantes. Los casos documentados en esos textos reflejan una tendencia global: la concentración de los recursos y de la producción agraria a favor de un modelo único de cultivo, los monocultivos de carácter industrial. Los distintos artículos tienen el mérito de identificar la manera en la que estas tendencias globales se manifiestan específicamente en los distintos países cuya situación se discute y, simultáneamente, el valor de aventurarse a emplear el lenguaje de los derechos humanos para evaluar críticamente esas situaciones.

La tarea no es sencilla. La teoría de los derechos humanos está fuertemente cargada por la herencia histórica del modelo del Holocausto y de la dictadura: fue formulada centralmente como respuesta a situaciones en las que agentes estatales, de manera más o menos desembozada, privaban a personas de su vida o afectaban su integridad física o su libertad. En rigor de verdad, la teoría y las normas de derechos humanos van bastante más allá de este modelo, pero ciertamente el dramatismo de tales cuadros ha determinado que gran parte de los recursos intelectuales y simbólicos relacionados con los derechos humanos se hayan destinado a esos temas: desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegítimas de la libertad. En otras áreas, las certezas son menos rotundas, y el desarrollo de un marco conceptual adecuado es relativamente reciente o relativamente incipiente.

La palabra de orden cuando uno se enfrenta a las situaciones ilustradas en este volumen es complejidad. Mientras los casos en los que el Estado autoritario comete directamente violaciones por medio de sus agentes permiten una categorización relativamente sencilla, los ejemplos discutidos en este libro requieren una mayor capacidad de análisis, capaz de distinguir situaciones, actores, obligaciones y responsabilidades. Es posible que la contundencia de las respuestas no sea idéntica en todos los casos: más que una sola respuesta en blanco y negro, la complejidad parece requerir varios planos de respuestas, como una textura en capas.

Adentrémonos pues en algunas de estas capas. En algunas, el modelo tradicional del Estado autoritario o cooptado parece funcionar más claramente: varios de los casos documentados aquí revelan la participación directa de agentes estatales en el despojo de tierras a campesinos pobres, en favor de una concentración que favorece los intereses de los productores agroindustriales. Lo que tenemos aquí es la interferencia lisa y llanamente ilegal del Estado en contra de los derechos -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales- de parte de los sectores más desfavorecidos de la población, frente a la cual el lenguaje de los derechos humanos está más acostumbrado a operar.

Las situaciones de despojo son más complejas en aquellos casos en los que se combinan dos factores: la falta de atención histórica del Estado respecto del reconocimiento de derechos sobre la tierra de aquellos que la habitaron y trabajaron tradicionalmente, y el uso de la legalidad formal para desconocer o suprimir esos derechos. En estos casos, la situación es más tramposa: ya no se trata del empleo de la fuerza o violencia ilegal por parte del Estado, sino del empleo de una legalidad viciada, que favorece regularmente a aquellos que están más acostumbrados a las argucias de la ley y termina consagrando legalmente el despojo. Aquí cabe distinguir también entre matices: estos procesos de legalización del despojo pueden responder a distintas combinaciones de factores -entre ellos, la incapacidad y desorden administrativo del Estado o la complejidad de situaciones de superposición de regímenes y de títulos, pero también el legalismo burocrático, el centralismo estatal, la tecnocracia, la ignorancia de las culturas locales y tradicionales y la corrupción-.

En particular, la corrupción invita a explorar otros aspectos, ya que supone la colusión de intereses del aparato estatal con los de actores privados con el poder de corromper a las autoridades públicas. Si bien la conexión entre violaciones cometidas por agentes estatales de acuerdo al modelo del Holocausto o de la dictadura y corrupción no es una novedad -piénsese en el uso de trabajo esclavo de los prisioneros del régimen nazi por la industria alemana, o las apropiaciones de bienes de los desaparecidos por la dictadura argentina-, la teoría tradicional de los derechos humanos puso foco casi exclusivo en el sujeto estatal, de modo que todavía cuesta integrar al análisis la conducta de sujetos privados aun cuando se tenga por finalidad poner en claro la motivación de los agentes estatales. En este campo, algunos aspectos transversales o procedimentales que caracterizan al lenguaje de los derechos humanos pueden ser de utilidad: la transparencia, el acceso a la información, la consulta y participación de los grupos involucrados, el respeto del debido proceso, son ejes que pueden proporcionar una buena base de análisis y crítica.

En todo caso, el tema del papel de la legalidad -de las varias caras de la legalidad- es un tema que requiere mayor elaboración, ya que también tiene aristas ambiguas. Varios de los trabajos compilados en el volumen denuncian simplemente el incumplimiento por parte del Estado de sus propias normas -constitucionales, ambientales, sanitarias, agrarias-, de modo que, al menos en estos casos, la legalidad cumpliría un papel de garantía, frustrado por el incumplimiento estatal. En estos casos, el enfoque de derechos humanos llamaría simplemente al cumplimiento de la ley, y al uso adecuado de los instrumentos legales capaces de restaurar su plena vigencia.

En varios otros supuestos tratados, los problemas son de otra índole. En algunos, se trata de la falta de legislación adecuada -que implemente, por ejemplo, una reforma agraria, o que regule debidamente el uso de fertilizantes que pueden perjudicar la salud humana-. Aquí el lenguaje de los derechos humanos puede ser útil, como diré más abajo, para subrayar el incumplimiento de obligaciones estatales específicas que consisten en adoptar medidas adecuadas para satisfacer ciertos derechos económicos y sociales, como los derechos a la alimentación o a la salud.

En otros, todavía, se trata del empleo de la ley para desproteger aún más a los más desfavorecidos y beneficiar a los poderosos -por ejemplo, cuando se dificulta la regularización de la propiedad de la tierra a sus poseedores tradicionales y se facilita su concentración en pocas manos, o cuando se permite la expoliación del conocimiento y recursos de comunidades indígenas y tradicionales mediante regímenes de patentamiento que favorecen a quienes están familiarizados con el sistema-. Aquí también puede ser fértil el análisis en torno a la adecuación de las medidas estatales para satisfacer ciertos derechos: las medidas legislativas adoptadas por el Estado no sólo no serían adecuadas sino directamente incompatibles con la satisfacción de esos derechos.

Otro punto de entrada que puede ofrecer el lenguaje de los derechos humanos al análisis y calificación de estas situaciones -y, potencialmente, al posible uso de algunos mecanismos de protección- es el de la prohibición de discriminación. Aquí, el análisis debe centrarse en el efecto que pueden causar ciertas medidas sobre grupos sociales discriminados reconocidos por instrumentos internacionales de derechos humanos -como mujeres, niños y niñas, pueblos indígenas o personas con discapacidad-, o sobre la falta de medidas específicas destinadas a protegerlos.

Del monopolio estatal de la legalidad y de la fuerza se desprenden otros problemas que aparecen bien retratados en algunos de los estudios de caso. Cuando la protección que la ley y la actuación estatal ofrecen a los derechos de los más desfavorecidos es raquítica, o cuando se emplean parcialmente para favorecer a los poderosos, el resultado habitual es el de una espiral de protestas y manifestaciones que culmina en el uso de la represión estatal. La cuestión de la criminalización de la protesta y del conflicto social -que no es otro que el de los límites del uso y del abuso de la violencia estatal y de la persecución penal- suscita obvias vinculaciones con el abordaje más clásico del lenguaje de los derechos humanos. En sentido similar, el problema puede ser captado -al menos parcialmente- por otro eje de preocupación en materia de derechos humanos: la situación de los defensores de derechos humanos. Si el catálogo de derechos humanos se amplía y no se restringe únicamente al de los derechos civiles y políticos, entonces quienes luchan por su derecho a la vivienda, a la alimentación y a la salud también son defensores de derechos humanos, y su persecución y criminalización puede ser vista como un atentado contra su derecho a defender sus derechos.

Como se ve, no es poco lo que puede aportar el lenguaje de los derechos humanos para conceptualizar y responder a muchas de las situaciones reflejadas por los distintos estudios de caso incluidos en esta obra. Sin embargo, el desafío principal -y las mayores necesidades de elaboración teórica y aplicación práctica- concierne no a los fenómenos de ilegalidad, corrupción o uso parcial del aparato estatal en favor de los intereses de los más poderosos, sino a la potencialidad o límites del lenguaje de los derechos humanos como marco adecuado para dar cuenta cabalmente del problema central que trata el libro: el avance de un cierto modelo de producción agroindustrial -o de otras formas de monocultivo, como el forestal- por vía de las fuerzas del mercado, es decir, por el agregado de decisiones económicas individuales motivadas en el lucro, que está provocando efectos devastadores sobre la naturaleza y sobre la situación de grupos sociales tradicionalmente postergados y sometidos hoy a una presión insoportable para que abandonen su modo de vida y sus pocos recursos.

En este terreno las certezas aún son pocas, pero se perfilan al menos algunas vías para abordar el problema. En cierto sentido, que las certezas sean pocas es un efecto directo del abandono conceptual que han sufrido durante mucho tiempo los llamados derechos económicos, sociales y culturales, en especial en la definición concreta de aquellos aspectos en los que se requiere la actuación positiva del Estado -y no la mera abstinencia-.

Los puntos de partida pueden ser aquí algunos derechos específicos: el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al agua o el derecho al trabajo. El desafío conceptual más importante es el de construir un modelo que derive claramente de las obligaciones que surgen de estos derechos, lineamientos de política pública sustantiva que permitan regular, controlar o desincentivar la dirección unívoca a la que va conduciendo el mercado en materia agraria. En esto, el lenguaje de los derechos humanos tiene algunos límites: no existe un derecho humano reconocido a ser campesino, o a mantener incondicionalmente un modo de vida, ni siquiera un derecho universal a la tierra. Tampoco hay una prohibición absoluta para la concentración de tierras, o para el funcionamiento del mercado en materia de granos o de otros insumos que se desprenda directamente de instrumentos internacionales de derechos humanos.

Pero el lenguaje de los derechos humanos también brinda algunas herramientas relevantes, que pueden ofrecer una guía para la formulación de políticas públicas. Ya he mencionado algunos aspectos transversales importantes del llamado enfoque de derechos humanos en materia de desarrollo o de diseño e implementación de políticas públicas: consulta y participación, transparencia, acceso a la información, respeto del debido proceso, legalidad, acceso a recursos de queja en caso de violación.

Sin embargo, los desafíos más importantes consisten en derivar lineamientos de política pública del contenido sustantivo de derechos como los mencionados -alimentación, agua, salud, vivienda, trabajo- sin naufragar en el margen de discrecionalidad que corresponde a cada Estado, o en la constatación general de que estos derechos pueden satisfacerse a través de medios o políticas distintas. Esto requiere tomarse muy en serio el contenido de estos derechos: el respeto a la autosatisfacción de necesidades básicas, la protección contra la injerencia negativa de terceros que la pongan en peligro, y la obligación estatal de facilitarla o proveer para alcanzarla, cuando por motivos ajenos a la voluntad de las personas estas no logren cubrir esas necesidades.

Esta mirada requiere una tarea rigurosa de mapeo de los grupos sociales en situación de riesgo o de insatisfacción de sus necesidades básicas -alimentarias, sanitarias, laborales, habitacionales-, el empleo de instrumentos para evaluar los posibles impactos de medidas económicas o técnicas sobre sus derechos, y el diseño de políticas públicas que tengan en mira la situación específica de esos grupos y por ende adapten sus medios e instrumentos para su protección. La consecuencia inevitable de proteger los derechos de grupos en riesgo es la reivindicación de la capacidad regulatoria del Estado, con la correlativa limitación o restricción de las libertades de mercado en la medida necesaria para evitar que el provecho económico de los más poderosos perjudique y empeore las condiciones de los más vulnerables, o provoque daños irreversible o el agotamiento de los recursos naturales. El eje de la prohibición de discriminación puede ser útil para ello, pero en ocasiones puede ser demasiado estrecho.

El contenido de algunos derechos en particular también puede ofrecer señales importantes, a través de la definición de medidas a adoptar o metas a cumplir: por ejemplo, la mejora de los métodos de producción, conservación o distribución de alimentos, la adopción de sistemas de reforma agraria para alcanzar el desarrollo y utilización más eficiente de los recursos naturales, la erradicación de enfermedades endémico-epidémicas, la reducción de la mortalidad infantil o la creación de condiciones para asegurar el acceso universal a la atención en materia de salud. Uno de los avances en esta materia, que permitiría una documentación más clara de incumplimientos estatales respecto de muchos de los derechos identificados aquí, ha sido la elaboración de indicadores cualitativos y cuantitativos que ofrecen un marco para el seguimiento de la satisfacción de estos derechos, y que por ende permiten también dar cuenta de estancamientos y retrocesos -que reflejarían un incumplimiento de la denominada obligación de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales-.

Otra de las posibles ventajas de utilizar el lenguaje de los derechos humanos es la de habilitar, al menos potencialmente, el uso de mecanismos legales de protección en caso de presunta violación en especial, el recurso a los tribunales nacionales, y, en última instancia, a órganos internacionales de derechos humanos. Antes de alentar en este sentido a los grupos sociales afectados directamente por la tendencia arrasadora hacia la producción de monocultivos industriales, es necesario advertir que para que estos mecanismos puedan tener algún éxito son necesarias al menos dos condiciones, sin las cuales las posibilidades de fracasar en el intento son altas. Por un lado, la existencia de un poder judicial imparcial, independiente y capacitado técnicamente para resolver cuestiones de cierta complejidad técnica. Por el otro, una fundamentación jurídica sólida, que identifique claramente la violación denunciada, la conducta que debían haber adoptado las autoridades y que proponga un remedio razonable para la situación. En muchos de los países cuyos casos se documentan en esta obra la primera condición está lejos de darse y la segunda requiere un trabajo importante de formación de alianzas entre actores de distintas procedencias sociales (grupos de base, comunidades campesinas, profesionales universitarios, ONG) que no siempre son fáciles de concretar. La tarea no es sencilla, y tal vez la mejor recomendación sea aquí un llamado a la prudencia: experimentar sólo con casos muy sólidos, en los que las violaciones sean más que evidentes. En todo caso, algunos de los textos dan testimonio de casos de protección judicial exitosa de algunos de los derechos en juego -vale también subrayar la importancia de socializar esas experiencias exitosas para generar su réplica en otras latitudes-.

Quedan, claro está, muchas áreas en las que las certezas son mucho menores, y en las que el lenguaje de los derechos humanos sólo ofrece algunas especulaciones provisorias. Las dificultades y el alto costo de producir pruebas fehacientes sobre los efectos de nuevos productos industriales, como agroquímicos y semillas modificadas, limitan el posible uso del lenguaje de los derechos a los casos extremos, y lo marginan como herramienta de crítica de las principales tendencias reflejadas en los casos comentados en el libro -la monopolización de la producción agroindustrial, que ata a los pequeños productores a un "paquete" de productos de comercialización libre frente al que tienen pocas alternativas viables-. Algunas zonas inexploradas del abanico de los derechos humanos reconocidos internacionalmente -como el derecho de toda persona de gozar de los beneficios del desarrollo científico y de sus aplicaciones, que ha recibido escasa atención en el pasado- tal vez puedan abrir alguna puerta al respecto, al igual que el intento de transpolación de principios originados en el campo del derecho ambiental, como el principio precautorio. Pero hay que ser conscientes de que lo que se puede decir en términos de derechos humanos sobre estos temas es todavía modesto.

En síntesis: vale la pena explorar las potencialidades y ser consciente de las limitaciones del lenguaje de los derechos humanos en el complejo mundo de la monopolización de la producción agraria por un modelo agroindustrial. Los casos que documenta este libro ofrecen un buen punto de partida para realizar ese esfuerzo de conceptualización y evaluar su rendimiento y las estrategias de reivindicación que puedan desprenderse de su empleo. Hay, aquí, tierra fértil para arar.

Christian Courtis.

Ginebra, 17 de octubre de 2009.
URL:
http://www.fian.org/recursos/publicaciones/documentos/azucar-roja-desiertos-verdes/pdf
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Publicado en:
Gloobalhoy nº22
Secciones GloobalHoy:
040- Global-economía
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