Informes y estudios
Observaciones de la Misión Internacional a la frontera ecuatoriana con Colombia sobre fumigaciones
Autores corporativos:
Foodfirst Information and Action Network (autoría; canal)

   Descripción    Clasificación    Documento   
 Índice:
     Introducción.
     1. Objetivos de Misión Internacional.
     2. Integrantes de la Misión Internacional.
     3. Recorrido y entrevistados.
     4. Situación socioeconómica.
          4.1. Acceso a servicios.
          4.2. Salud.
          4.3. Educación.
          4.4. Cultura - Pueblos Indígenas.
          4.5. Comercio.
     5. Fumigaciones del Plan Colombia.
     6. Desplazamiento interno y transfronterizo.
     7. Militarización fronteriza.
          7.1. Sobre las Fuerzas Armadas (FFAA) colombianas.
          7.2. Sobre paramilitares.
          7.3. Sobre guerrilla.
          7.4. Sobre el Ejército Ecuatoriano.
          7.5. Hostigamiento a la misión y a las comunidades denunciantes.
          7.6. Miedo.
     8. Otras problemáticas encontradas.
          8.1. Contaminación petrolera y militarización.
          8.2. Palmicultoras con permiso para contaminar.
          8.3. Actividad petrolera en Sarayacu contra derechos indígenas.
     9. Recomendaciones de la Misión Internacional.
          9.1. Situación económica de las poblaciones.
          9.2. Situación sociopolítica.
          9.3. Infraestructura y servicios.
          9.4. Seguridad y derechos humanos.
          9.5. Sectores.
          9.6. Militarización.
          9.7. Conflicto.
          9.8. Fumigaciones.
     10. Compromisos de autoridades locales y nacionales.
     Anexo 1: Cartas de la Cancillería tras las fumigaciones de diciembre de 2004
          Memorandum S/N de fecha 24 de Diciembre de 2004.
          Memorandum S/N de fecha 29 de Diciembre de 2004.
     Anexo 2: Denuncia del pueblo AWÁ desplazadazos en la frontera Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE).
     Notas.
Introducción.
En los últimos años se han presentado numerosas denuncias en Ecuador sobre violaciones a los derechos humanos causadas por ejemplo por "el programa de erradicación aérea de los llamados cultivos ilícitos de coca y amapola, aplicado en los últimos años de una manera progresivamente e indiscriminada en los departamentos del Sur de Colombia, violando el derecho humano a la alimentación de las poblaciones pobres de esa zona, incluyendo a las poblaciones de las provincias ecuatorianas de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas, fronterizas con Colombia". La convocatoria a la misión se dio a raíz de las últimas fumigaciones del pasado mes de diciembre. Allí el Gobierno Colombiano volvió a fumigar en las comunidades colombianas, que colindan con la provincia fronteriza de Sucumbíos, afectando nuevamente los cultivos y la salud de las poblaciones y desencadenando nuevos desplazamientos. Ante denuncias presentadas, el entonces Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador realizó una misión a la frontera en el mes de diciembre. Sin embargo, esta institución desmintió que el químico utilizado haya alcanzado territorio ecuatoriano, ignorando una vez más las numerosas denuncias que vienen haciendo las poblaciones fronterizas. Las fumigaciones han obligado a una gran parte de la población campesina colombiana y ecuatoriana a abandonar sus tierras ocasionando un estado de inseguridad alimentaria en estas personas.

1. Objetivos de Misión Internacional.
El objetivo de la Misión Internacional fue verificar y denunciar las violaciones a los Derechos Humanos contra las poblaciones de las provincias fronterizas con Colombia como consecuencia de las medidas implementadas dentro del denominado Plan Colombia ejecutado por el gobierno de ese país.

2. Integrantes de la Misión Internacional.
  1. Organizaciones internacionales:
    • FoodFirst Information and Action Network (FIAN) que trabaja en la vigilancia del derecho humano a la alimentación.
    • Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que promueve el cumplimiento de los DDHH a nivel mundial.
    • Red de Acción contra los Plaguicidas en América Latina (RAPAL), adscrita a PAN Internacional (Pesticide Action Network) cuyo mandato es la transparencia sobre los impactos de los agrotóxicos y la promoción de las agriculturas alternativas.
    • Observatorio Control Interamericano de los DDHH de los Migrantes (OCIM) cuyo mandato es velar por el cumplimiento de los DDHH de los migrantes.
    • Centro de Estudios y Asesoría en Salud (CEAS).

  2. Organizaciones e Instituciones ecuatorianas:
    • Defensoría Nacional del Pueblo.
    • Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).
    • Acción Ecológica.
    • Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU).
    • Acción Creativa.
    • Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (FORCCOFES).
    • Clínica de DDHH de la PUCE.
    • Comité Andino de Servicios (CAS/AFSC).
    • Plan País.
    • Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).
    • Comité Provincial de Derechos Humanos del Carchi.
    • Corporación de Organizaciones Campesinas del Carchi (COPOCCAR).
    • Fundación Altrópico.
    • Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX.


3. Recorrido y entrevistados.
La Misión se dividió para visitar las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. En Esmeraldas se visitaron las parroquias de Palma Real, Mataje, el centro AWÁ Guadualito y la comuna afroecuatoriana La Chiquita, en entrevistas con unas 70 personas; en Carchi se recorrieron las parroquias de Chical, Maldonado y Tufiño, mientras en Peguche se entrevistaba a representantes de 18 centros Awá (entre ellos representantes de El Pailón, Balsareno, Tobar Donoso, Río Tigre, Río Verde, Pambilar Alto, Mataje y San Marcos) en intercambio con unas 100 personas; en Sucumbíos se visitaron las parroquias de General Farfán y Pacayacu, con reuniones en los recintos de Puerto Nuevo, Chone 1, Trampolín, Santa Marianita, San Francisco 2 y El Cóndor, donde acudieron representantes de 28 comunidades (Yanamaru, Fuerzas Unidas, Puerto Nuevo, Chone I, Chone II, Pucará, 5 de diciembre, Palma Seca, San Juan del Pozo, 13 de Marzo, Playera Oriental, Ucano I y Ucano II, Trampolín, Santa Marianita, Corazón Orense, Monterrey, 5 de agosto, Los Girasoles, Recuerdos del Oriente, San Francisco I, San Francisco II, San Pedro del Cóndor, 24 de Julio,) en intercambio con más de 350 personas.

El recorrido finalizó con entrevistas a autoridades provinciales, municipales, policía, militares, iglesia,... instituciones y organizaciones sociales en las capitales de provincia.

En Esmeraldas la Misión se reunió con el Comandante del Batallón de Infantes de Marina de San Lorenzo, el Coordinador Zonal y delegados de la Federación Awá de Esmeraldas, con el Comité de Coordinación Interinstitucional, de San Lorenzo Misión Comboniana, Director Regional de Proyectos de la Unión Europea, Comisario Municipal de San Lorenzo, Escuela de Mataje, Escuela de Guadualito, delegados de Redes Amigas, director y personal Médico del Hospital "Divina Providencia" de San Lorenzo, religiosas de la Comunidad Salesiana, dirigentes indígenas del centro Awá Guadualito, dirigentes y comuneros de la asociación afoecuatoriana "LA Chiquita", funcionarios del departamento de Gestión Ambiental del Municipio de San Lorenzo, USAID, UDENOR, INNFA, ACNUR, Oficina Internacional de Migraciones, pobladores de Palma Real y extrabajadores de palmicultoras, Fundación Altrópico, dirigentes y representantes de la Junta Parroquial de Palma Real, representantes del Área de Salud y Educación de Palma Real, Cruz Roja,.

En Carchi con representantes de la Junta Parroquial de Chical, Destacamento Militar, Policía, Federación de Centros Awá, Colegio Ecuador, Fundación Altrópico. En Maldonado con la Junta Parroquial, el Subcentro de Salud, Policía Nacional, Red Educativa, Correos Nacionales, Escuela Roberto Andrade, Colegio Nacional Maldonado, Tenencia Política e INNFA. Juntas Parroquiales de Tufiño, de Comuna La Esperanza y de Chiles; La dirección Provincial de Salud del Carchi, Pastoral Migratoria, Prefectura Provincial, Gobernador, Alcaldía de Tulcán, medios de comunicación.

En Sucumbíos (Defensor del Pueblo, Comandante Batallón de Selva 56 Tungurahua, Fuerzas Especiales 24 Rayo, UNE, Prefecto, Frente de Defensa de la Amazonía, Asamblea de la Sociedad Civil, Dirección Provincial de Salud, Malaria, Banco Nacional de Fomento, Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio, ACNUR, Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre, Pastoral Social de Orellana, Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos en Ecuador -FOISE-)

La Misión observó graves deficiencias en la frontera incluyendo desatención estatal y pobreza. En la región los pobladores no tienen acceso a la justicia lo que implica que no pueden interponer quejas por las violaciones a los derechos humanos de los que son objeto. Toda la frontera norte está deprimida con especial vulnerabilidad en cuanto a la población infantil y de la tercera edad. La situación se agrava enormemente con la aplicación del Plan Colombia en la zona sur de ese país, especialmente con relación a dos hechos: fumigaciones y militarización.


4. Situación socioeconómica.
"Cuando todo lo perdimos, entendimos qué era el Plan Colombia". (Afectado de San Pedro del Cóndor -Sucumbíos).

  4.1. Acceso a servicios.
  1. Públicos.
    A lo largo de toda la frontera fue apreciable la escasez de vías adecuadas de transporte y de caminos vecinales cuidados que faciliten las comunicaciones. El alcantarillado, es prácticamente inexistente así como el agua potable, que a lo más que llega, en muy pocas comunidades, es a estar entubada. La población no tiene acceso a líneas telefónicas, ni a regulares medios de transporte lo que agrava la situación de abandono.

    En Sucumbíos La visión del campesinado es que hasta ahora las autoridades nacionales y locales no han dado respuesta a la población afectada, y que ésta no se siente parte de un Ecuador que les tiene en el abandono.

    Las frases que más se repitieron en el recorrido fueron "para ninguna autoridad existimos, nadie nos escucha, las ayudas sólo se quedan para la poblaciones grandes o para los refugiados colombianos" (24 de julio). En ese sentido la población ve con dolor como los desplazados internos ecuatorianos, no sólo no reciben ayuda, sino que son invisibilizados como intentó el ministro de defensa, anterior a esta administración, quien transportó gente de las comunidades, engañadas con darles apoyo, hasta Puerto Mestanza (Sucumbíos), para acallar la denuncia de que el pueblo ya era fantasma por la migración de la gente. Y ese sentimiento se enfrenta con el que ACNUR esté dando más importancia a los niños de Colombia, como es su mandato, siendo que los niños ecuatorianos también están siendo afectados, lo que ya ha hecho crear una fuerte animadversión a un pueblo que sufrido, tiene que cruzar la frontera.

    Esta situación de abandono ha despertado algunos pronunciamientos extremos como: "¿Qué tendremos que hacer para que el gobierno nos preste atención? ¿Tal vez sembrar coca, tal vez pasar a Colombia y unirme a la guerrilla? tal vez allí si logre mi respeto". Frases que demuestran la desesperación a la que este sector de la población se siente arrastrada.

    Estas expresiones de abandono se recogieron en todo el cordón fronterizo:
    "Las instituciones oficiales creen que viniendo una vez al año ya nos han dado atención, pero todos los días estamos sufriendo" (Recuerdos del Oriente).
    "Las autoridades no han venido nunca y no han colaborado en nada" (S. Fco. II).
    "Ninguna autoridad nos ha visitado en la frontera" (San Pedro del Cóndor).
    "La fumigación fue como un incendio que acabó una casa. El gobierno se concentró en decir que el glifosato no era dañino y ni una ayuda nos dio" (28 de marzo)
    "Teníamos muchos niños enfermos, con diarreas fuertes, y enfermos de los bronquios. Nunca apoyaron (los de la Dirección de Salud de Sucumbíos) con el botiquín escolar, ni atendieron la emergencia yendo directamente a las comunidades, y la gente no podía (por recursos económicos) ir hacia Lago Agrio". (Promotor de salud de 28 de marzo)
    "El gobierno, con todo esto, demuestra que es cómplice del Plan Colombia" (Unión Lojana)

    En Carchi se observó algo más de presencia de los gobiernos provincial, cantonal y central, de hecho la Prefectura de Carchi ha hecho un convenio con la OIM para la construcción de 18 puentes. OIM pone los materiales y la Prefectura el transporte y las herramientas.

    En Maldonado la población destacó que el desarrollo del Plan Colombia y la dolarización les ha llevado a la pobreza. Antes tenían acceso a los recursos del turismo pero en la actualidad viven abandonados de las autoridades provinciales e incomunicados, por lo que gestionan un teléfono satelital. Un claro ejemplo es la prensa que llega cada 8 días. Se sienten totalmente incomunicados con el país. No tienen mayor información de lo que acontece en el Plan Colombia y con las fumigaciones.

    La Alcaldía de Tulcán manifestó que tras el comienzo del Plan Colombia la delincuencia común empezó a azotar en el sector rural. Han mejorado la carretera con fondos de UDENOR/OIM. Han dotado de infraestructura de agua potable y actualmente están trabajando en iniciativas culturales en la comunidad de Maldonado y cuentan con un Plan de Capacitación en artesanías.

    La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está presente en la zona de Tufiño y han realizado algunas obras de pavimentación de la carretera, construcción de cunetas en la vía a Chical y la provisión de agua para Santa Bárbara. Tufiño si dispone de 30 líneas telefónicas y apoyan un proyecto de 60 mujeres colombianas de comercialización de 4.000 litros de leche.

    Existen en Esmeraldas proyectos para agua potable a través de OIM. Otros proyectos acogidos en la zona son de huertos familiares, productos alternativos de comercialización etc.

  2. Denuncia y justicia.
    Ante este escenario hasta la Defensoría de Sucumbíos se pronunció de la falta de efectividad de esa instancia, pues no puede otorgar indemnizaciones ni suplir otras instancias del estado, reconociendo que el papel de la Defensoría termina cuando emite una resolución, pues Defensoría no promueve acciones legales. Reconoció que los jueces no están preparados en derecho ambiental y que "no hay voluntad política para solucionar este problema del Plan Colombia"

    Si los canales de denuncia no tienen poder de resolución, ¿para qué sirve la denuncia si no es para hacer público al denunciante? Ante esto las palabras del delegado del Frente de Defensa de la Amazonía fueron claras: "Nada de lo que ocurre es denunciado, porque si tu denuncias firmas una sentencia de muerte". No sólo no se denuncia, sino que se vive la impunidad, y la justicia es la que se cobra con la mano.

    Durante el 2002 y 2003 se vivió en Sucumbíos mucha inseguridad. Los problemas no se solucionaron hablando sino con la muerte. Más de 100 personas fueron asesinadas en Lago Agrio en el 2003 y ni un sospechoso fue detenido. Los cuerpos policiales dijeron que se trataban de "ajustes de cuentas" y las investigaciones fueron archivadas.

    Estos casos fueron ejemplos de que la solución no estaba en las fuerzas del orden público y que éstas estaban más preocupadas en firmar contratos con las petroleras en Sucumbíos, donde se construía el OCP, antes que dar protección y estabilidad a los campesinos de la frontera. El Frente de Defensa de la Amazonía denunció que las empresas petroleras tienen mucho qué ver con el problema, pues gran parte de los precursores químicos para la elaboración de cocaína proceden coincidencialmente de sus operaciones (el General René Vargas decía que las petroleras son "las mayores traficantes"), sino que además las empresas firman convenios secretos de seguridad con el Ejército Ecuatoriano y se comienza a criminalizar a los campesinos afectados.

    Una muestra más de la falta de acceso a la denuncia es la Tenencia Política de Chical, que es la única instancia donde la gente puede acudir a plantear sus quejas y que solo funciona los días viernes.

    Los campesinos de Chone II reclamaron que el anterior Defensor del Pueblo de Sucumbíos cuando recibió la denuncia de las fumigaciones en el 2002, se excusó en darle seguimiento, diciendo que: "si me puso el gobierno y me voy en contra de él, me echan".

    Ante esta situación de abandono en Mataje, Esmeraldas, se denunció que hay mucho ajuste de cuentas, y parte de la violencia es porque no hay trabajo y la gente resuelve sus necesidades como puede. Hay delincuencia y sicariato. La población no está organizada para resolver la inseguridad sino que cada uno se ha ido armando para resolver su problema personal


  4.2. Salud.
"No se puede ir al centro de salud, si hay para medicina no hay para pagar al médico". (Afectado de Monterrey - Sucumbíos).

En Carchi hay 5 Subcentros de Salud en la frontera: en San Marcos, La Guana, Chical, Maldonado y Tufiño. Las enfermedades que se reportan en Chical se dice que son causadas por el glifosato pero no se han realizado estudios de ningún tipo. Lo que si se ha constatado es que después de los periodos de fumigaciones comienzan a darse epidemias desconocidas, como la del 28 de mayo del 2004 en que se dio una emergencia sanitaria. Se determinó que era un rotavirus de categoría A y B, murió un niño y fueron hospitalizados otros 12. En Tufiño cuentan con un Subcentro de Salud conformado por un médico, una enfermera, una auxiliar de enfermería y un odontólogo. Solo podrían atender a 20 personas máximo (6 en Chical), en casos de emergencia, pero no existe ningún plan de contingencia en ninguno de esos subcentros, es más en San Marcos y La Guana no hay ni equipos.

Sin embargo aunque existe infraestructura no hay medicamentos. La queja de la población es que "no entregan medicinas porque suponen que en esta zona se abastece la guerrilla", esto fue manifestado en Chical y en Maldonado, a lo que las autoridades sanitarias respondieron que sí se les dota de medicina pero que no se les entrega medicamentos especializados porque únicamente son prohibidos sin receta previa,...

El centro de Chical no atiende a las comunidades Awá afectadas con paludismo, infecciones respiratorias agudas, diarreicas y dermatitis, desnutrición, parasitosis, escabiosis. Lo hace un equipo médico de Tulcán, Area 1, sin embargo sólo se les da atención médica una vez al año, aunque están contaminados por las palmicultoras todos los días y afectados con frecuencia por las fumigaciones del Plan Colombia.

Un alto porcentaje de población atendida en estos centros es del lado colombiano y lo más frecuente son los problemas de piel. En Chical, si bien viven 97 familias se da atención para unas 2.600 personas de la parroquia, pero la deuda es el pueblo Awá, que siendo más de 5.000 personas están desatendidos de las tres provincias en las que se reparten.

La fumigación se ha dado por Mataje pero cada vez más avanzan hasta territorio awá.

Mientras las quejas de falta de lo necesario (medicinas, proyectos productivos, créditos para la agricultura, despolitización de instituciones públicas, desarrollo rural y urbano con proyectos de desarrollo sustentable,...) son profundas en la población, en la dirección provincial de Carchi se plantea como necesidad de:

  • Dotar de 7 ambulancias con el equipo básico para el Hospital Provincial Luis G. Dávila de Tulcán, Hospital de San Gabriel, El Angel, Subcentro San Juan de Lachas, Chical-Maldonado-Tobar Donoso y El Carmelo - 2 camionetas doble cabina 4 x 4 para el Departamento de Salud del Carchi y el Subcentro San Juan de Lachas.
  • Laboratorios básicos y Recursos humanos - Equipo de emergencias médicas e Instrumental básico. En Esmeraldas la falta de infraestructura y de atención es importante. A lo que se suma el incremento de la población migrante interna y transfronteriza que va generando asentamientos con características de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos. La presión ejercida sobre los servicios de salud es muy alta pues ante planificaciones de 1500 vacunaciones en San Lorenzo (Esmeraldas) hay carencia para las 4000 demandadas.

En la Parroquia de Palma Real en Esmeraldas, el subcentro de salud esta atendido por un médico rural y una auxiliar de enfermería. Según testimonios que se hallan documentados se da a conocer que debido a la migración y a los desplazamientos especialmente de las zonas fronterizas, en el subcentro de salud no solo se atiende a la población de Palma Real, sino a comunidades ecuatorianas como la Delicia, Campanita etc.; pero además a toda la zona fronteriza que incluye varias comunidades colombianas, las que se desplazan hasta Palma Real. Los casos más frecuentes de atención son heridos por diversos tipos de armas, problemas respiratorios, conjuntivitis, diarreas, vómitos, sintomatología que es muy frecuente y elevada especialmente durante y después de las fumigaciones. Ha aumentado notablemente la demanda de salud y educación. Lo único que da el Ministerio de Salud en medicinas es lo que tiene que ver con algunos fármacos para menores de 5 años, maternidad gratuita y vacunas para las campañas.

El hospital de San Lorenzo está diseñado para abastecer a 68 hospitalizados de una población de 30.000, de las cuales 10.000 son colombianas. No hay discriminación y la población colombiana recibe los mismos beneficios de los ecuatorianos. Es un hospital fiscomisional que se mueve por el apoyo económico de la curia y aportes extranjeros, hay 9 centros de salud de los cuales 6 están en buen estado y el estado solo paga el sueldo de los médicos y todo el resto lo hace el Vicariato de Esmeraldas.

En Sucumbíos la situación es de claro abandono. En la frontera sólo hay tres subcentros, La Bonita, General Farfán y Puerto El Carmen, con más de 100kms entre cada uno de ellos. Las comunidades afectadas por las fumigaciones sólo en muy pocas ocasiones recibieron atención y en forma muy esporádica. Miembros de la Unión Lojana, manifestaron que "durante la época de las fumigaciones había un representante provincial de salud, que se negó a entregar medicamentos porque consideraba que la atención en salud debe hacerse en el hospital y no debe hacerse en la región porque el personal médico no está preparado para atender en brigadas médicas." Sienten que hay una mala administración de salud de Lago Agrio, los médicos no están atendiendo suficientemente el problema y no hay una estrategia médica para atender la emergencia tras cada periodo de fumigaciones.

Los desplazamientos de la población a los centros de salud en algunos casos son de más de una hora y media andando porque no hay rancheras que operen en esas vías o más de 30 kms hasta Lago Agrio, Pacayacu o Tarapoa, que están a esa distancia de la frontera. Ante la escasez de recursos tras las fumigaciones el dilema es "curarse o comer".

En esta coyuntura resulta sorprendente que la Comisión Científico Técnica Ecuatoriana plantee que se necesitarían 2,5 millones de USD para investigar sobre los impactos del glifosato. Investigaciones que solicitan también la dirección Provincial de salud de Sucumbíos al reconocer que "no hay investigaciones científicas que determinen qué concentración de glifosato se necesita para producir sintomatología a nivel respiratorio, digestivo o causar cáncer o abortos. Si existiera podríamos hacernos una idea de las concentraciones que se están usando. El incremento de abortos no se puede determinar que sea sólo por las fumigaciones del Plan Colombia, pero los herbicidas que tienen glifosato recomiendan que no se beba el agua por donde ha sido rociado. Desde el 2003 hasta la actualidad se han detectado unos 40 pacientes cada año por intoxicaciones por pesticidas, pero la causa (uso doméstico o fumigaciones) no está preestablecida".

Como ocurría en Esmeraldas los presupuestos en salud de la Dirección Provincial de Sucumbíos quedaron desbordados pues los destinados para mujeres embarazadas se comparten con las mujeres colombianas y se duda del papel de ACNUR en los apoyos a esta población. Destacaron que existen problemas psicológicos en la población de frontera, especialmente en los niños, por los temores producidos. Y creen que el Hospital Isqueta Pérez debe tener mejor dotación para poder investigar más.


  4.3. Educación.
En Sucumbíos autoridades de la UNE provincial informaron del cierre de 13 escuelas fronterizas, del incremento de la deserción escolar y la disminución de la calidad profesional de los docentes pues se ha debido optar por bachilleres ante la negativa de algunos maestros de trabajar en la zona, especialmente después de noviembre del 2004 en que el maestro Walter Sosa, junto con su esposa embarazada, fueron detenidos en el trayecto a su casa por un grupo armado colombiano (paramilitares), transportados a Colombia, acusados de guerrilleros y cortados con motosierra. La actitud de las autoridades educativas fue descalificar a la víctima, para evitar el miedo.

Los bajos salarios y la peligrosidad de la frontera han abocado a ésta a un fuerte abandono, pues no hay estímulos para atender esta zona, sino para abandonarla. Esta situación se ha interpretado como intencional por parte del gobierno anterior, pues persuadía a los maestros a que abandonaran la zona, y se mantenían las escuelas como abiertas, pero sin maestros, para que las estadísticas no mostraran la situación real. El cierre de escuelas hace que algunos niños tengan que andar una hora y media para llegar a las escuelas y otro tanto de regreso, pues el transporte no les beneficia tampoco.

En el Trampolín del Triunfo se denunció que los niños han abandonado las escuelas del cordón fronterizo "nosotros como maestros nos sentimos afectados, queremos trabajar con los niños, pero cuando no hay niños, para qué maestros".


El decreto de reserva de los 20kms de la frontera también ha causado problemas al personal educativo, el MIEDO hoy impera en este sector fronterizo. En la zona de Cascales se realizaron incursiones de paramilitares colombianos en noviembre del 2004 y la población se tuvo que desplazar a los parques de la ciudad. Cuando los maestros llevan sus raciones para una semana de clases, son acusados por los militares ecuatorianos de estar llevando alimentos para la guerrilla. Por ello se ha fraccionado la relación con unos militares que les criminalizan y que, no durando lo suficiente como para conocer a la población, no son garantía de apoyo o protección.

La solución, según los directivos de la UNE, pasa porque se apoye a las escuelas unidocentes de la frontera con:
  • Desayuno escolar y almuerzo escolar (por las distancias que los niños tienen que recorrer).
  • Vivienda para el maestro en la comunidad.
  • Partidas para los docentes.
  • Profesionalización de los bachilleres.
  • Convenios con universidades para que éstos sean becados.
  • Alfabetización.
  • Apoyo en el transporte de estudiantes.

En esta línea el actual Prefecto de Sucumbíos supo manifestar que desde la prefectura se han conseguido 380 partidas para que el salario del maestro suba de 80 USD al mes a 120, y que se espera poder entregar para el próximo año un libro escolar a cada niño de 1º a 7º grado, de forma gratuita (30.000 libros).

Sin embargo estas propuestas tienen que ganarse la credibilidad de ser concretadas, dado que en comunidades como la 24 de julio, en diciembre del 2004, el anterior ministro de defensa prometió construir un destacamento militar en Puerto Mestanza, para la protección de la comunidad, un centro de salud y también escuelas, pero fueron promesas para acallar el clamor de un desplazamiento del 95% de esa comunidad. Las promesas no se cumplieron y la población está convencida de que "La solución aquí es la reactivación económica, agrícola".

En el Carchi la situación no es mejor. En la parroquia de Maldonado, donde existen 10 escuelas en el área urbano-rural. Muchas de ellas carecen de maestros, quienes están abandonando el sector y los militares están asumiendo esas funciones. Nuevamente se interpreta que un Gobierno que no asigna el presupuesto necesario para la educación es porque carece de interés en este sector. Sobre todo cuando se ve que se implementan los gastos militares en armas y en presencia militar, pero estas inversiones militaristas no están siendo acompañadas por inversiones en proyectos sociales o agroproductivos, lo que da en pensar que se ha sometido al sector a una guerra no declarada. La población tardó 17 años en construir la infraestructura del colegio en Maldonado, cuando llegan los militares en un año ponen hasta televisión satelital, y esto les confronta porque sienten el abandono y que no son prioridad del Estado, los maestros siguen sin escuela.

En Chical los militares no logran ser aceptados plenamente por la población porque están poco tiempo. Se ha abierto el bachillerato para que los indígenas no se desliguen de la región y se está implementando un proyecto por la paz y la no violencia. Existe un mapeo de situaciones de riesgo natural, pero se manifestó preocupación porque no saben qué hacer en caso de conflicto armado y necesitan enseñar a los estudiantes.

En Maldonado hay, además, un colegio al lado de un campamento militar, lo que se ha visto como una flagrante violación al Derecho Humano Internacional. Una violación no aislada, pues se repitieron las denuncias de que el ejército está utilizando las viviendas y escuelas de la población indígena Awá para realizar actividades de patrullaje y monitoreo en la zona. En una ocasión incluso estuvieron a punto de colocar minas cerca de una escuela Awá supuestamente para protegerse de ataques guerrilleros. En el 2004 estuvieron cerca de 10 meses, sin ninguna autorización, ocupando una Escuela.

En ese sentido, la población se queja de que los controles militares sirven más para la población que para los grupos armados, y se detiene a maestros con sus raciones escolares, mientras se deja pasar la frontera a tropas colombianas como veremos más adelante.

En Esmeraldas la alta afluencia de niños colombianos presiona la demanda de recursos para educación, pues los actuales son claramente insuficientes. Los Awá de esta región se sienten orgullosos de contar con sus 36 educadores bilingües, pero al mismo tiempo están preocupados porque cada vez se ven más cercados por las madereras y palmicultoras y por los efectos militares del Plan Colombia, que generan incertidumbre e intranquilidad en la población y ponen en riesgo la estabilidad de los programas educativos.


  4.4. Cultura - Pueblos Indígenas.
"Ahora se cultiva igual, pero poco se cosecha. Las plantas medicinales tampoco sirven, y la yuca no vale para hacer chicha" (Afectado de comuna kichwa San Francisco II - Sucumbíos).

Directivos de FOISE, en Sucumbíos, denunciaron que tras las fumigaciones se dio el desplazamiento de toda una comunidad que no ha retornado: la Sumac Bamba. Lamentamos no poder contactar con el pueblo Cofán que al tener integrantes en Ecuador y Colombia, como el pueblo Awá, ha sufrido de fuertes impactos en su estructura organizativa y comunitaria y que en Colombia denunció la muerte de varias mujeres y niños tras periodos de fumigaciones.

Guadalito, en territorio Awá, es un lugar de paso, con fuerte movilización de personas, la directiva ha decidido conservar a los jóvenes para que no pasen al otro lado, en busca de trabajo, pero se sienten presionados por un grupo afro que pretende sus tierras. Están protegiendo sus bosques, quieren tener el apoyo de la armada y la policía por la seguridad, pero no hay respaldo de los militares, más bien acoso. En el ámbito de salud, sólo tienen respuesta de la Cruz Roja, la institución ayuda a formar promotores, y el presidente es un promotor de salud, han solicitado a las autoridades localizar un puesto de salud pero no hay respuesta. Tienen 36 educadores bilingües.

Los maestros en Carchi expresaron su interés en incluir en el currículo educativo el tema de la interculturalidad, porque reconocen y valoran la capacidad de los indígenas awás, Los Awás viven el total abandono y tienen una falta de acceso completo a los servicios. Han planteado la necesidad de construir una Casa comunitaria y agencias de las Naciones Unidas se reunieron con comunidades Awás para iniciar un proyecto de salud.

La organización del pueblo Awá a ambas fronteras no recibe apoyo del lado ecuatoriano. La propuesta del Comité de Coordinación Interinstitucional es propiciar una reserva ecológica de manglares entre los dos países. De Ecuador no se recibe ni siquiera seguridad. A pesar de que la marina tiene los equipos (5 botes de alto poder) no se da la cobertura necesaria a pretexto de que no tienen combustible.

La política del ACNUR establece que no se puede dar ayuda en zonas de frontera, a menos que estén a 50Kms. Por ello, la Pastoral Migratoria del Carchi busca otro tipo de ayuda para atender a solicitantes de refugio. Una de las dificultades que observan, particularmente en el grupo de 22 indígenas Awás que llegaron de Colombia, es que son personas que están acostumbradas a labrar la tierra y ahora se ven enfrentados a permanecer en albergues mientras las mujeres trabajan en el servicio doméstico.

Muchos indígenas Awás mueren por la falta de atención médica debido a la distancia en que se encuentran sus territorios y que les toma días enteros para salir a Chical. No tienen recursos económicos y tampoco saben cómo hacer un trámite.

Los militares están utilizando las escuelas y las casas comunales de los indígenas para actividades de patrullaje de la frontera. En una ocasión estuvieron a punto de colocar minas cerca de una escuela para precautelarse de ataques guerrilleros. Están prohibiendo a los indígenas awás la libre circulación en sus territorios a partir de las 6 de la noche y para poder movilizarse los indígenas tiene que reportarse a los centinelas, sus cargas son revisadas, les interrogan y piden documentos. En el 2004 los militares estuvieron cerca de 10 meses sin ninguna autorización ocupando una Escuela, y trataban de sacar información usando a los niños de la escuela.

Los militares no respetan la autonomía de este pueblo. La información que dan a los medios es distorsionada. Por ejemplo dijeron que en San Marcos había 400 guerrilleros, que los indígenas Awás tienen sembríos de coca y que están con los paramilitares o con la guerrilla., cosas absolutamente falsas.

Están demandando que se les verifique el efecto de las fumigaciones, que se apoye suficientemente la salud indígena, que se cree un Departamento de Salud para la nacionalidad Awá. Que se denuncie la invasión territorial, el desalojo y las amenazas paramilitares que se dan en el marco del Plan Colombia y que afecta a los indígenas Awás colombianos y ahora a los ecuatorianos, y que se hagan campañas de vacunación.

"Los animales han disminuido, las hojas se secan. Los productos se vuelven duros, el maíz se seca y se hace cogollo. Ya no hay peces. No saben si en las cabeceras están envenenando el ambiente. Los indígenas no se sienten como indígenas sin sus territorios" (Federación Awá).


  4.5. Comercio.
"Tras las fumigaciones la gente contrajo deudas que no pueden pagar" (Afectado de Monterrey - Sucumbíos).

La situación de pobreza ha aumentado la migración interna y transfronteriza, especialmente de jóvenes. Se calculó en Sucumbíos una migración interna de un 55% de la población que va eliminando las fronteras vivas y da paso a una situación donde la delincuencia encuentra caldo de cultivo en numerosas personas descontentas. La migración no es mayor porque la población refiere no tener a dónde ir, pero todos han pensado hacerlo.

Los cultivos de alimentación propia han sido afectados, y los de comercialización también, en Santa Marianita, donde se impulsó una fábrica de harina de plátano, ésta no se ha puesto en marcha porque el plátano no se está dando. En Puerto Mestanza, donde el fundador Victor Mestanza levantaba un proyecto agroindustrial, se destruyó por completo tras la muerte de miles de peces, de cientos de patos, de hectáreas de banano y de frutales. Con ello se acabó el futuro de ese sector y el empresario tuvo que emigrar a Guayaquil.

La población en Sucumbíos cree que la pérdida del comercio está alrededor de un 70%, El alcalde de Tulcán habla de pérdidas comerciales de un 80% lo que ha afectado también el derecho al trabajo de muchas personas, así como la salud y educación. El Defensor del Pueblo de Sucumbíos define esta situación de abandono como que la población "no siente gobierno"

El Defensor del Pueblo en Sucumbíos aclaró que un problema grave en esta situación es la psiquis de las personas, el miedo presente, que no se va y que impide que la gente invierta. Estas palabras fueron ratificadas por el Frente de Defensa de la Amazonía quien denunció que antes del miedo y del Plan Colombia había un buen flujo de comercio en Lago Agrio, pero cuando empezó todo cayó y se produjo desempleo. Sucumbíos no estaba preparado para ello, ni los gobiernos locales tenían un plan para contrarrestar esta situación, por lo que dejaron la responsabilidad a la Iglesia.

Frente a estas afirmaciones el Banco Nacional de Fomento manifestó que los créditos se mantienen actualizados con pagos normales y sin problemas y que no se ha pedido condonación de deuda alguna, pues si esto hubiera ocurrido, se habrían suspendido los créditos para la frontera, atribuyendo los casos de mora en el pago a la crisis del país y a la de los campesinos.

La respuesta del Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio (FEPP) de Sucumbíos es muy diferente. Esta organización crediticia y de apoyo técnico al campesinado reconoce que ha habido una fuerte afectación y que la población de la frontera no está accediendo a los créditos. La banca formal no entrega créditos a un 90-95% de los campesinos, sin embargo esta organización, entrega préstamos de 300 - 3.500USD. Sus técnicos han comprobado que los cultivos de la frontera se han dañado, que hay plagas antes nunca vistas y que el deterioro comenzó justo con las fumigaciones. Reconocen que hay miedo, miedo a invertir, pues no hay seguridades de poder cosechar lo suficiente para reponer los préstamos, miedo a la violencia y miedo en los niños. De hecho la organización también sufrió la pérdida de un exdirectivo, asesinado y los técnicos miden sus pasos. "La gente que no se ha ido es porque no tiene a donde más irse". Este miedo y poca colaboración ha generado que no se haya podido trabajar más en la zona para determinar la gravedad de los impactos. "Hay miedo y hay indefensión. Nosotros afirmamos que la gente en la frontera tiene más problemas que la gente que no está ahí", y que es cierto que en los animales hay un notable incremento de abortos y éstos son más frecuentes conforme más se acerca uno a la frontera.

Esta institución está dispuesta a que se haga un estudio sobre el abandono de los créditos y los impactos del Plan Colombia en la zona. Quedarían a la espera de una propuesta del CIF.

De igual manera el Prefecto del Carchi reconoció que así como antes habían 8 bancos, ahora sólo quedan 3 y con capitales ínfimos ya existen haciendas abandonadas y las propiedades se han tercerizado. Colombia no ha sabido responder por qué la guerrilla ocupa el cordón fronterizo. Los fondos del Plan Colombia deben ayudar al desarrollo de la frontera y no para agudizar la recesión económica. En el recorrido de Sucumbíos se pudo apreciar el elevado número de fincas en venta, de quienes quieren dejar la frontera.

En San Lorenzo, sin embargo, hay un crecimiento de comercio en la zona y una fuerte presencia de colombianos para abastecerse, según gente de la zona la guerrilla colombiana también se abastece en las tiendas de comercio de San Lorenzo, en las que dada la periodicidad de sus adquisiciones se llevan gran cantidad de productos.


5. Fumigaciones del Plan Colombia.
Se han recogido las fechas y lugares en los que se han producido las fumigaciones en la frontera norte y que han reportado fuertes impactos para la población, economía y seguridad de la población. Hay que aclarar que el periodo de fumigaciones dura varias semanas y que en algunos lugares las fumigaciones duran 8 horas diarias.

  • 2000. Octubre. Mataje en Esmeraldas la prensa empezó a denunciar los impactos de las fumigaciones del plan Colombia..
  • 2000. Octubre. San Marcos (Pueblo Awá) en Carchi.
  • 2001. Enero a febrero. San Francisco I y II, Nuevo Mundo, San Pedro del Cóndor,... en Sucumbíos.
  • 2001. Octubre a Noviembre. San Marcos (Pueblo Awá) en Carchi.
  • 2002. Agosto a Octubre.(Chone II, Playera Oriental, Palma Seca, Puerto Nuevo, santa Marianita, 5 de agosto, Puerto Mestanza,... en Sucumbíos.
  • 2003. Julio. Santa Marianita, Corazón Orense, 5 de agosto, Puerto Mestanza,... en Sucumbíos.
  • 2003. S.I. Se fumigó un bosque primario compartido por el pueblo Awá colombianos y ecuatoriano.
  • 2004. Diciembre. Chical. En Carchi.
  • 2004. Diciembre. Frente al Azul. Sucumbíos 2005. Abril. Limones. Esmeraldas.
  • 2005. Mayo. San Marcos (Pueblo Awá).

  1. La población ha denunciado en Sucumbíos el incremento de muertes de personas durante las fumigaciones y el periodo inmediatamente posterior. Se recogieron los nombres de 12 fallecidos:
    • Carlos Manuel Castillo Sanmartín. 1 mes y medio (2001- San Francisco II).
    • Elizabeth Calapucha, 9 meses (2001- San Francisco II) "Tras su muerte su cuerpo se puso morado, nadie sabe por qué: Mi hija estaba gorda y blanca y murió, todavía me duele" (madre).
    • Cecilia Tanguila, 3 meses (2001 - San Francisco II).
      En estas comunidades se habla de 7 niños fallecidos y un anciano después de las fumigaciones, pero no pudimos recoger los nombres. Tal vez los fallecidos sean más.
    • Bety Casanova, 22 años (2002 - Santa Marianita) Tuberculosis descompensada tras las fumigaciones.
    • Esperanza Silva, (2002 - Monterrey).
    • Baltasar Cabrera, 48 años, (2002 - Santa Marianita) tras beber aguas contaminadas.
    • Edgar Goevany Andrade, 9 años (2003- comunidad 5 de agosto) tumor cerebral, los síntomas aparecen tres meses después de las fumigaciones.
    • Sra. María (¿) (2003- Puerto Nuevo).
    • 1 hijo de Lucho Colmillo (2003-Puerto Nuevo).
    • 2 hijos de mujer desplazada de Colombia -s.i.- (2003-Puerto Nuevo).
      En agosto del 2004 se presentó una epidemia en Chical, donde murió un niño. Las autoridades dijeron que fue por las fumigaciones, pero desde el Ministerio de salud se dijo que no, que era un rotavirus.
    • Álvaro Guevara (2005 - Puerto Nuevo).
      En el caso de los niños de San Francisco II, algunos fueron llevados al médico que les dijeron que no tenían nada de gravedad y fallecían a las pocas horas.

  2. Se ha denunciado el incremento de abortos en las mujeres y de nacimientos prematuros (en San Francisco II, Santa Marianita, Corazón Orense, 5 de Agosto, Chone II y Puerto Nuevo); en Yanamaru denunciaron haberse dado 5 malformaciones congénitas con posterioridad a las fumigaciones del Plan Colombia. Antes de las aspersiones aéreas no se había reportado ningún caso. De igual manera se ha reportado un incremento de casos de cáncer en este sector fronterizo, donde las pruebas genéticas realizadas demostraron que el daño genético estaba en un 36% de las células de la totalidad de las mujeres estudiadas.

  3. La población de todo el cordón fronterizo que sufrió con síntomas durante los periodos de fumigaciones coincidió en que los cuadros fueron problemas respiratorios (desde la irritación nasal a la tos, llegando algunos a la asfixia y otros fueron diagnosticados de neumonía en el hospital de Lago Agrio); digestivos (vómitos, dolores abdominales, diarreas); oculares (lagrimeo, enrojecimiento de ojos y pérdida de visión temporal); cutáneos (granos, comezón, ronchas,... hasta la aparición de manchas blancas) y generales (fiebre, dolor de cabeza, ). Los promotores comunitarios de 28 de marzo denunciaron diarreas intensas y problemas bronquiales durante las fumigaciones.

    • "Los niños comenzaron con dolor de cabeza, garganta, la vista. Mi hijo sufre de dolor de cabeza y después de las fumigaciones ya no saca buenas notas en la escuela". Promotora de salud de Santa Marianita.

    • "Era como si algo hubiera penetrado en nuestra piel" ahora fumigan más adentro, pero ya todo lo dejaron dañado" (S. Fco II).

    • "Los niños colombianos afectados por las fumigaciones en el área de Tumaco se hacen atender en el Subcentro de Salud de Maldonado y la principal sintomatología son afecciones a la piel y a las vías respiratorias, escabiosis y piodermitis aguda. Estos síntomas se vienen presentando desde hace 6 meses" (Auxiliar de enfermería de Maldonado).

    En el Subcentro de salud de Palma Real dijeron que cuando se dieron las fumigaciones de hace dos o tres años hubo un epidemia de conjuntivitis, acompañada de afectación de las vías respiratorias, además hubo diarreas, afectación a la piel y comezones.

    El INNFA de Esmeraldas denunció que tras las fumigaciones de abril 2005 tuvieron un incremento de enfermedades de piel.

  4. Algunas de las enfermedades desarrolladas con carácter agudo se han cronificado siendo evidentes más de dos años después. Se hace especial referencia a manchas blancas que aparecen en la piel inmediatamente después de las fumigaciones y que persisten hasta hoy; así como lesiones, tipo alergias de piel, que se avivan con el sol. Estos efectos agudos en su inicio y ya crónicos, la población los asocia al fuerte efecto irritante del químico utilizado.

    La población refiere que los niños ahora siguen con granos con una frecuencia poco usual y que se han dado extraños casos de parálisis en las manos. "La sangre la siento dañada, se me entumece la piel y vivo enferma, mis hijos igual". (Santa Marianita).

  5. La desnutrición, siendo una constante en comunidades empobrecidas, estaría alcanzando niveles graves a consecuencia de las aspersiones. Se va a hacer un estudio específico en los próximos meses que demuestre la amplitud de este problema.

  6. En todas las comunidades consultadas de Sucumbíos (Unión lojana, Chone II, santa Marianita, Monterrey,...) se denunció que la tierra se impactó inmediatamente después de las fumigaciones y que desaparecieron los cultivos de ciclo corto en menos de 15 días, todo quedó amarillo. Incluso en Chone II se denunció la perdida de los cultivos que habían sido apoyados por un proyecto del Municipio de Lago Agrio. En esta localidad los estudios realizados por Labsu (Laboratorio de suelos de Orellana) demostraron que la concentración de fósforo en las plantas (a 3kms de la frontera) fue muy superior a la concentración en suelo y que las plantas habían sido asperjadas con químicos.

  7. Algunas personas vivían en sus fincas desde hace 25 años y otras sólo 3 años, pero todas a lo largo de la frontera coinciden que las fumigaciones empobrecieron la calidad del suelo y su capacidad de producción. No solo se perdieron todos los cultivos de ciclo corto, sino que hoy, 4 años después, no se dan ni con la calidad ni con la cantidad de antes los cultivos de plátanos, guineos, oritos o yuca, maíz, frutales, determinadas hierbas aromáticas y "hasta el cacao sale negro" que incluso hacen sospechar en plagas introducidas, o en una esterilización provocada de los suelos. Por lo que la población manifestó sentirse víctima de una guerra biológica. Ahora "el plátano se quema en la mata como tirarlo a la candela" (Fuerzas Unidas); ahora "se siembra, pero no se cosecha" (28 de marzo).

    Ingenieros agrónomos que trabajan en Esmeraldas en proyectos de frontera sobre cacao y café, para evitar la tentación de que se cultive coca en territorio ecuatoriano, han aclarado que conocen bien el efecto del glifosato pues lo utilizan con frecuencia, en algunos controles de hierbas, y denuncian que los impactos de las fumigaciones aéreas del Plan Colombia en las plantas, plátano, maíz,... de Ecuador no se corresponden con el efecto del glifosato. El tipo de lesiones no son propias de este químico y, desde su experiencia como ingeniero agrónomo, está seguro que se fumiga con otros químicos no mencionados, tal vez defoliantes, por el efecto que hace en los árboles.

    "Hoy, dos años y medio después, la tierra no produce como antes, antes daba como 35 quintales la hectárea de maíz y ahora no se alcanzan los 10 quintales. El plátano se pudre antes de madurar, como quemado, y la yuca es amarga. Lo que se siembra no nace y en esta tierra llevábamos más de 20 años y se producía bastante, después de las fumigaciones todo se daña" (Santa Marianita).

    "La papaya tenía una gran producción y ahora ya casi no existe. La guayaba votó la flor. En la parte occidental de la provincia hay problemas pero en la oriental se escuchan explosiones, granadas y morteros " (Prefecto del Carchi).

    "Con la mano en el pecho, nos están matando, no podemos vivir". (Santa Marianita).

    La Policía está recibiendo quejas de pobladores de las comunidades de la Esperanza y Quinchul, ubicados a 45 minutos de Chical (Carchi), donde se presentan daños en banano, piña, chontaduro y el plátano ya no madura como antes. A la naranjilla les cae una especie de gusano y a la flor una polilla. Los niños presentan alergias, hongos que atribuyen al baño en aguas contaminadas.

    Antes de fumigar todo era bueno, pero ahora se ha perdido la salud, la vida de los animales y las plantas, el plátano, el orito, el guineo se han perdido y las hierbas elefante, gramalote y Yamandú; las frutas ya no dan y se dañan en la mata (San Pedro del Cóndor).

  8. Hubo pérdidas de ganado, caballos, perros, gallinas, y chanchos, con grandes mortandades (Chone, Puerto Mestanza, Trampolín...), quienes tenían piscinas, como en Puerto Mestanza, sufrieron la mortandad de casi la totalidad de los peces en criadero, e incluso técnicos agropecuarios del FEPP reconocen un incremento de malformaciones y abortos del ganado cerca de la frontera durante las fumigaciones y después de ellas.

  9. La población de Mataje, en Esmeraldas, ha decidido que tras las fumigaciones no se haga uso del agua del río, pues el Mira transporta en sus aguas de forma muy concentrada el químico desde tierras colombianas, hasta que "el río se lave", pues han descubierto que tras las fumigaciones las enfermedades transmitidas por el agua se incrementan. El agua después de las fumigaciones sabe amarga. Adicionalmente se recogió el testimonio de dos personas, una de Mataje en Esmeraldas y otra de Santa Marianita en Sucumbíos quienes coincidieron al expresar que tras recibir sobre su cuerpo el impacto de las fumigaciones, se lavaron en el río e inmediatamente comenzó a aparecerles una gran reacción cutánea, como si el químico estuviera concentrado en el agua.

    "Cuando iniciaron las fumigaciones hubo mucho terror. Ha sido violado el derecho a la vida, se murieron los alimentos, y con ello se afectó la vida. Ahora no se perciben los efectos tanto, pero los efectos fueron violentos, se enfermaron los niños, los adultos, se contaminaron las aguas, pero tenemos que tomar de esa agua, porque qué hacemos?" (Unión Lojana).


6. Desplazamiento interno y transfronterizo.
"Tras las fumigaciones no hay buena alimentación, la tierra está perjudicada y nosotros mismos" (Afectado de San Pedro del Cóndor).

"Antes vivíamos bien, con buena alimentación y con economía rentable porque la producción era buena. Tras las fumigaciones se contaminó el aire, el agua, los peces, el suelo y las personas. Y se ha producido una fuerte migración. En la escuela donde teníamos 77 alumnos y ya íbamos a pedir un nuevo profesor, se ha reducido a 42. Se han ido como 18 jóvenes a otras provincias y 11 se han ido a España" (San Pedro del Cóndor).

Esta situación de abandono de la frontera se convierte en una constante. El desplazamiento en estas comunidades de Sucumbíos alcanza la cifra media de un 54% de la población. Esta movilización se da por la pérdida de los cultivos, del ganado, animales y a la insana situación de la frontera.

Nivel de migración interna en comunidades de Sucumbíos:

Familias residentes antes del Plan Colombia: 453 Familias actualmente: 210 Los desplazados internos se dirigen principalmente a Lago, y a las provincias originarias. Pero con el desplazamiento no dejan de, "ver sufrir a los hijos en la casa" (Recuerdos del Oriente). Algunos regresan después de varios años, porque no pudiendo vender las fincas tienen la esperanza de que la tierra se haya repuesto, "pero el mal que nos dejaron aquí quedó y no se va" (Recuerdos del Oriente).

En Palma Real (Esmeraldas) la migración ha determinado que en una población con 900 familias, existan apenas 250 viviendas, los migrantes se alojan en casa de amigos, parientes conocidos. Dado los niveles de pobreza no existe posibilidad de construir nuevas viviendas, lo que da la medida del hacinamiento en el que viven. Las escuelas y colegios tienen una cobertura de atención mucho menor en relación con los alumnos que ahora tienen, tal es el caso de San Lorenzo, Palma Real etc. Por el temor de tener relaciones con personas de Colombia se dejó de hacer programas sociales En Carchi la dinámica de la movilidad es que algunas personas solicitan el refugio, otras solo vienen mientras pasan los enfrentamientos o combates, otras huyen de la violencia de los grupos armados y no se registran o hacen denuncias por razones de seguridad.

Actualmente en Carchi se atienden de 12 a 15 familias mensuales, 46 están en estudio de su estatus, 32 familias están asentadas en Tulcán. Existen 5 familias reconocidas que viven en San Gabriel, 1 en la Huaca y 1 en San Cristóbal.

Sin embargo estos desplazamientos transfronterizos realizados a comunidades empobrecidas que acogen a las personas con verdadera solidaridad, se han visto afectados por la desigualdad en el trato que los organismos internacionales han realizado sobre el terreno. Las comunidades sienten recelo, cuando se presta atención a las escuelas donde hay niños colombianos pero dónde ellos no están, quedan desprotegidos los niños ecuatorianos (Unión Lojana).

Ante estas denuncias el Jefe de Oficina de ACNUR en Lago Agrio reconoció que, al ser una oficina reciente, los problemas son largos y no siempre superados, pero que se está en camino de solucionar. El mandato de ACNUR es ser intermediario con Cancillería para la regulación de los refugiados, con el PAN para asegurar la alimentación, con instancias oficiales e iglesia para mejorar la educación y salud. En teoría hay proyectos de integración para las poblaciones que reciben y llegan, pero hasta ahora adolecen de ser muy escasos y no priorizados, por lo que aceptan que estas situaciones de malestar intercomunitarios se hayan dado. Hasta ahora esos proyectos se han desarrollado sólo en Lago Agrio y General Farfán, y han consistido en implementos escolares y techo. Ahora se pretenden hacer más con carácter participativo.

Sin embargo la visión del refugio es muy diferente dependiendo del actor. En Maldonado, en mayo del 2005 llegaron 18 desplazados de una sola familia y con la ´ayuda´ del ejército fueron deportados a Tulcán. La familia desplazada fue amenazada por la guerrilla porque tenían que pagar y como no aceptaron tuvieron que desplazarse.

La Gobernación de Carchi reconoció que no cuenta con un Plan de Contingencia para casos de emergencia por el conflicto armado interno de Colombia. De igual manera la Alcaldía de Tulcán. En el 2004 hubo un fuerte desplazamiento de ciudadanos colombianos (500 en marzo) a la comunidad de Tufiño. Hubo intentos de coordinar actividades con USAID, ACNUR y OIM e incluso el Municipio estuvo dispuesto a ceder algunos terrenos para la construcción de albergues pero ACNUR decidió entregar los fondos a la Iglesia y hasta la fecha no hay una buena coordinación.

Esta migración transfronteriza está teniendo un efecto secundario inesperado. Según la Alcaldía de Tulcán, el empleo de mano de obra colombiana por el hecho de que es más barata está causando migración de ciudadanos ecuatorianos a otros lugares o fuera del país. Esta situación anómala fue conocida por el anterior canciller ecuatoriano, Zuquilanda, quien en vez de tomar medidas para solucionar el problema, mencionó como anécdota en un congreso de migraciones en Madrid, como su madre hacía también esto con sus trabajadores, porque "además los colombianos le daban sereno".

Representantes de la Misión Comboniana, destacaron el incrementó de violencia en la zona de San Lorenzo, la migración, el desplazamiento de la mano de obra migrante que deja sin fuentes de empleo a los actores locales, porque además de venir en calidad de ilegales, aceptan trabajar por sueldos mas bajos, esta inequidad se ha hecho mas evidente en los últimos años dada la cantidad de desplazados colombianos por la violencia, quienes no vienen solos sino con toda su familia, la falta de empleo de la mano de obra local no hace sino agudizar la pobreza y con ella las secuelas de violencia que se manifiesta en los asesinatos, droga,...

En este caldo de cultivo de violencia, desplazamiento, empobrecimiento, desarraigo, las familias tienen que salir adelante y son numerosos los casos descritos de familias que recurren a la prostitución de sus hijas adolescentes para sobrevivir o a los trabajos forzados o ilegales de los niños que en algunos casos son reclutados por grupos armados. La delincuencia es otra de las formas empleadas para superar la violencia contra la seguridad alimentaria.

Según los datos del INNFA de Esmeraldas, aumentó la prostitución de adolescentes tanto nacionales como extranjeras. Se ha dado ya el caso de jóvenes que van a trabajar de empleadas domesticas y terminan haciendo labores sexuales, y se ha denunciado que desde hace tres años los marines se llevaban a las adolescentes para tener relaciones sexuales y esto fue denunciado por los jóvenes que trabajan en el muelle Tras la misión y mientras se elaboraba este informe tuvimos conocimiento del Secretario de la Junta Parroquial de Maldonado y del Presidente de la Federación de Centros Awas (FCAE) sobre el desplazamiento de 23 indígenas Awás colombianos a territorio ecuatoriano.

El desplazamiento se produce al parecer tras la entrada de 800 efectivos militares especializados de contrainsurgencia en la zona de Carchi teniendo enfrentamientos, y anunciando que por cada muerto en Putumayo van a morir 500 personas. Esto ha generado en Colombia un desplazamiento de más de 800 indígenas Awá fuera de su territorio. Estas tropas entraron por Ipiales y han anunciado crueles combates por la muerte de varios militares colombianos en el Putumayo. Por ello, varias familias awás se desplazaron al Ecuador.


7. Militarización fronteriza.
"Miedo hay, pero no hay donde irse y aquí seguimos". (Afectado de Recuerdos del Oriente - Sucumbíos).

  7.1. Sobre las Fuerzas Armadas (FFAA) colombianas.
Desde el 2002 se ha incrementado notablemente el número de efectivos de la Marina ecuatoriana en la frontera de Esmeraldas, así como los Batallones de Selva y las inversiones en armas para Sucumbíos y Carchi. Esto nos hacía suponer que el control de la frontera pudiera estar más o menos estricto con respecto a grupos armados.

Sin embargo las denuncias de paso de la frontera por parte del ejército colombiano al territorio ecuatoriano son muy frecuentes. En territorio Awá, cercano a la frontera, se reportan muy frecuentes sobrevuelos de aeronaves de las fuerzas armadas colombianas que ingresan al territorio, así como de incursiones terrestres.

En Sucumbíos se han presentado varios incidentes que describen hechos de militarización, de igual manera que en Esmeraldas y Carchi, donde se ha vulnerado la soberanía nacional ecuatoriana y la inviolabilidad del territorio y espacio aéreo de este país:

  • 2001. Enero. San Francisco 1 y 2. Aviones fumigadores colombianos cruzan la frontera con Ecuador y fumigan a la población de ambas comunidades. "Nos fumigaron completamente y las avionetas entraron donde nosotros fumigando. Los niños estaban con miedo, pensaron que era guerra porque la avioneta venía con helicópteros".

  • 2002, Abril o Mayo del 2002. Puerto Nuevo. 17 helicópteros colombianos sobrevolaron territorio ecuatoriano, y una de las naves se mantuvo sobrevolando la plaza principal de Puerto Nuevo con claras señales de hostigamiento amenazando a la población con una ametralladora. (i).

  • 2002, Abril o Mayo. Puerto Nuevo. Con la excusa de perseguir a una columna guerrillera que estaba en territorio colombiano el ejército de ese país disparó sobre el cauce del río, obligando a varios botes a orillarse. Varios de los casquillos de las balas disparadas, quedaron sobre los techos de las casas de los habitantes ecuatorianos. El entonces gobernador Víctor Velasco recibió los casquillos sin realizar acción alguna o denuncia.

  • 2002, Agosto, Santa Marianita. Avionetas colombianas pasan la frontera ecuatoriana y fumigan en territorio ecuatoriano. Las avionetas daban vueltas sobre la escuela de la comunidad. Otras comunidades vecinas son testigo del pase de las avionetas y de cómo el ´sereno´ caía de ellas. Refieren que todo se perdió a 1,5kms de la frontera y que una fuerte comezón caía del aire.

  • 2002, Septiembre, las avionetas fumigadoras procedentes de la comunidad colombiana de La Florida, entran en Chone II hasta una distancia de 7kms de la frontera y lo hacen fumigando, no sólo para dar la vuelta. Fumigan la escuela con los niños adentro. Se hicieron estudios de laboratorio que encontraron a 3kms concentraciones exageradas de fósforo en las plantas.

  • 2002, octubre. La comunidad el 28 de marzo señaló que durante las fumigaciones de ese mes, los helicópteros colombianos daban la vuelta por el territorio ecuatoriano para apoyar la fumigación. También se escuchaban disparos y se vieron luces de bengala. En los techos de Puerto Mestanza encontraron cartuchos, y miedo en la población. Ese mismo mes, en el recinto 5 de Agosto las avionetas fumigadoras cruzaron al territorio ecuatoriano desde La Balastrera en Colombia y dejaron a la gente enormemente afectada. Un morador refiere que a 600 metros de la frontera la fumigación le cayó directamente sobre su casa "porque las avionetas no cortaban el chorro al cruzar la frontera".

  • 2004, Enero. Yanamaru, avión colombiano entra sobre espacio aéreo ecuatoriano y dispara contra Puerto Colombia. La acción se da desde las 21h15´ hasta las 22h20´ y se repite 8 días después. Fue denunciado este hecho al ejército ecuatoriano.

  • 2004, noviembre en Puerto Mestanza helicópteros colombianos realizan disparos y se recogen casquillos.

  • 2004, sin determinar el mes. General Farfán, un helicóptero de las FFAA colombianas sobre vuela el campamento Lauro Guerrero del ejército ecuatoriano y aterriza posteriormente en territorio colombiano, sin que las autoridades del campamento hicieran alguna mención o gesto de amenaza al mismo.

  • 2004, varias ocasiones. San Francisco I y II. Cada vez que hay derrame de petróleo por atentado de las FARC a los oleoductos colombianos, los helicópteros de las FFAA colombianas cruzan la frontera, dicen que persiguiendo guerrilleros y atacan a campesinos. En dos ocasiones se han realizado disparos contra la población ecuatoriana sin víctimas. En otras ocasiones han sido aviones ´fantasmas´ acompañados de helicópteros.

  • 2004, septiembre. La prensa ecuatoriana recogió la denuncia de que 70 soldados colombianos entraron a territorio ecuatoriano, ingresaron a las fincas, revisaron a los pobladores y detuvieron a cinco jóvenes con fines de investigación, mientras manifestaban a los ´reos´, que "querían encontrarse con el Ejército ecuatoriano para darle bala por ser aliado de la guerrilla". Los aviones cruzaron la frontera y dispararon contra objetivos en Colombia.

  • 2005. Febrero-Marzo. San Francisco I y II. Aviones de las fuerzas armadas de Colombia cruzan la frontera y lanzan propaganda contra las FARC (ofreciendo recompensa para capturar a algunos de los dirigentes de ese grupo insurgente). Los pobladores refirieron que todo el poblado quedó empapelado. Durante la visita un ciudadano recogió de su patio uno de los panfletos publicitarios que entregó a esta misión. Una copia de la propaganda se anexa al presente informe.

  • 2005. Marzo - Abril aviones colombianos acompañados de helicópteros entran en espacio aéreo ecuatoriano, sobre Puerto Nuevo, y desde esas posiciones disparan a blancos en Colombia.

  • 2005. Junio - 25. Mientras elaborábamos este informe se recibió una denuncia de que la Fuerza Aérea colombiana estaba cruzando la frontera y desde posiciones ecuatorianas bombardeaba objetivos colombianos. El Defensor del Pueblo de sucumbíos, en informe anexo y con fecha 26 de junio reconoce que la población: "fue despertada por la bulla de helicópteros y aviones colombianos que sobrevolaron sobre el territorio ecuatoriano. Ya con el día observaron que se trataba de 8 helicópteros artillados, dos avionetas y un avión grande, que todas esas naves se pasaron a unos tres kilómetros hacia el territorio ecuatoriano, por una extensión de cuatro kilómetros a lo largo del cordón fronterizo ecuatoriano. Que las referidas naves colombianas, desde este lado ecuatoriano, dispararon cantidad de bala y bazucas hacia el territorio colombiano." El Comercio anunció que un soldado mostró fotos de avionetas colombianas cruzando el río.

En numerosas ocasiones tras el Plan Colombia, las avionetas sobrevuelan territorio colombiano y pasan al Ecuador a fumigar, aunque en esta parte del territorio no hay una sola hectárea de coca. Lo hacen con tanta frecuencia que han tenido que poner en la frontera, como despiste de los pilotos señales y carteles que anuncian que este es territorio ecuatoriano. Pero los militares colombianos no se dan por enterados y han llegado a entrar más de 2000 militares colombianos en la zona Awá, con la excusa de venir persiguiendo a los grupos armados.

Pobladores de San Francisco I manifestaron lo que interpretan como una escalada de la violencia en la frontera: "Empezaron echándonos glifosato, y ahora nos echan bala".

Sin embargo, a pesar de todos los vuelos y de las denuncias de los pobladores y en la prensa la respuesta que recibimos de los militares ecuatorianos da razón a quienes sienten la indefensión:

  • El Comandante del puesto militar BS19 en Shushuqui, refirió no haber visto nada y que dependían de lo que decían sus jefes, pues no hay radares que puedan detectar qué pasa en la frontera. El campamento está a 14km de ella.

  • El Comandante del Batallón de Selva 56 Tungurahua, en Santa Cecilia, así como el Mayor Oviedo de las Fuerzas Especiales 24 Rayo, en Lago Agrio, refirieron no haber visto nada y que sus unidades no les han reportado la realización de ninguno de los hechos referidos anteriormente. Los campamentos están a 25kms de la frontera.

En Chical se ha denunciado que los militares ecuatorianos tienen un acuerdo con los colombianos para dejarles entrar en el país. "Militares colombianos están pasando por el lado ecuatoriano y los ecuatorianos deben responder sobre esto, pero no lo hacen". En Maldonado, a mediados de junio del 2005, militares colombianos pasaron al Ecuador por el sector de la Plata. El ejército colombiano ratificó que había un convenio entre ejércitos, aunque el ejército ecuatoriano lo negó. La población pudo observar vestigios de cuándo llegó el ejército colombiano, supuestamente para entregar vituallas a los cerca de 1.000 efectivos que se encuentran frente a Maldonado y Chical. La población ecuatoriana está en contra de estas entradas.

En ese lugar como en la mayoría de sectores de frontera con Ecuador el ejército colombiano no tiene presencia, no hay resguardo policial ni militar, por eso intenta que el ejército ecuatoriano sea quien cumpla las tareas que a él le corresponderían. Este abandono del estado colombiano es el que permite una mayor presencia de grupos irregulares. No existen grandes plantaciones de coca a este nivel y la fumigación aérea es difícil por la topografía del terreno porque es zona de montaña.


  7.2. Sobre paramilitares.
Siguiendo la política de paramilitarización de las fronteras, el desarrollo del Plan Colombia impulsó la aparición de estos grupos básicamente junto a la frontera de Sucumbíos, y desde ella se hacen incursiones al territorio ecuatoriano, dado que este sector se encuentra habitado en la actualidad por un buen número de colombianos que huyen por motivos del conflicto que se vive en ese país para ser reconocidos como refugiados y en consideración a la irregular conducción del conflicto, fuerzas paramilitares han llegado a la población de Puerto Nuevo amenazando a sus pobladores afirmando que "hay que hacer una barrida aquí porque se refugian los guerrilleros y sus colaboradores".

Estas acciones de intimidación tienen aterradas a los pobladores de la frontera, quienes en septiembre del 2004 dirigieron una carta a los medios de comunicación denunciando que estos grupos estaban planteando atacar en centros poblados como Puerto Nuevo, Puerto Mestanza y General Farfán, pero la denuncia iba más allá anunciaba que los paramilitares se habían puesto de acuerdo con el ejercito de Ecuador para que no intervinieran. (Carta anexa)

Pobladores de Yanamaru, así mismo denunciaron que tienen conocimiento sobre amenazas realizadas por grupos paramilitares de Colombia, afirmaron que tienen temor porque miembros que se han identificado como de este grupo les han dicho que ellos "no colaboran con la democracia". Algunas veces se han presentado uniformados, otras veces de civil (como ocurrió en Puerto Mestanza), por ello sienten que "el objetivo es callar, uno tiene que quedarse callado vea lo que vea, oiga lo que oiga".

Un miembro de FORCCOFES, Alberto Quiñones, cuya esposa es colombiana y a la que acompañó al recinto colombiano de La Hormiga, fue asesinado con 16 balazos. Lo mismo ocurrió con el maestro Walter Sosa y su esposa embarazada en el río San Miguel, quienes fueron asesinados con motosierra. Estas acciones han generado una fuerte presión sobre la población que va pasando del miedo al terror paralizante.


  7.3. Sobre guerrilla.
Se ha denunciado que en Chical los grupos armados cobran una vacuna a los colombianos que sacan sus animales al Ecuador. La Policía ecuatoriana para controlar esto ejerce un control en el traslado de ganado a la ciudad de Tulcán a través de una guía de movilización.

De igual manera en San Lorenzo se ha denunciado que la guerrilla pasa droga, armas por la zona del PAN.

La Parroquia de Tufiño, a 50 metros de la frontera con Colombia, tiene 2.800 habitantes agrupados en 366 familiares incluida la Comunidad de La Esperanza. Cuentan con un destacamento militar y 4 Policías que les brindan seguridad. No han tenido experiencias de que grupos subversivos se encuentren en la comunidad, pero sí escuchan los enfrentamientos que se producen al otro lado.

Por todo el cordón fronterizo se han producido secuestros, robos de vehículos, particularmente camionetas de servicio público, especialmente de turismo de personas que se dirigían a la Caldera en Carchi. Hay presencia de cuatreros que roban ganado y caballos. Tufiño vive de la ganadería y tiene hacendados que han sido víctimas de las vacunas a quienes los grupos armados les cobraban montos entre 20.000 y 30.000 dólares. En la Comunidad del Consuelo persiste esta extorsión y los dueños de haciendas dejan en manos de cuidadores sus propiedades y salen a pernoctar las noches en Tulcán.

En Sucumbíos se habla de transito de los grupos armados en la frontera, los militares descubren con cierta frecuencia campamentos militares a este lado de la frontera.

Las comunidades del Carchi denunciaron que en 2004 varios niños y niñas fueron a territorio colombiano para vincularse como raspachines (en el caso de niños, en las niñas no se tiene certeza qué actividad). Se tiene conocimiento que uno de estos niños fue reclutado por un grupo armado colombiano.

El Prefecto del Carchi manifiesta que La guerrilla pasa para apertrecharse de comida y municiones, se consideran zonas de descanso de la guerrilla. Muchas veces han verificado que llegan colombianos a los hoteles pero sin papeles legales.


  7.4. Sobre el Ejército Ecuatoriano.
Fue una observación preocupante de esta misión la creciente criminalización a que se está sometiendo a la población ecuatoriana de frontera. Mientras el ejército colombiano considera que la población civil colombiana es apoyo de la guerrilla y de los narcocultivos y que por lo tanto debe ser combatida y las fumigaciones son una forma de conseguir su desplazamiento por hambre. Encontramos indicios preocupantes de que el ejército ecuatoriano se está sumando a esta visión. Preocupa que la tradicional relación de conocimiento entre militares - civiles se esta perdiendo por los frecuentes cambios de tropa y todo contingente nuevo aplica la desconfianza contra el sector más débil, el campesino. Algunos hechos recogidos en las comunidades nos hacen pensar así:

  1. El 25 de enero de 2004, en horas de la tarde militares ecuatorianos entraron en Puerto Nuevo (Sucumbíos) y tras intimidar a la población de la zona procedieron a realizar allanamientos sin orden judicial, forzando puertas, rompiendo candados, requisando varias viviendas y atropellando a varios pobladores. En el marco de esta acción irregular sustrajeron varios elementos de valor de esas viviendas que se relacionan a continuación:

    • A Carmen Chapir le sustrajeron una escopeta 16 marca Steven.
    • A Edgar Fernando Guerrero identificado con cédula 18.122.955 una escopeta 16 con dos cartuchos y 1.000.000 (un millón) de pesos.
    • A Gaviria Segura identificado con cédula 18.107.126 una escopeta 16 con cinco cartuchos.
    • A Renigio Quitora González identificado con cédula 16.189.300, una escopeta 16.
    • A Iván Anacona identificado con cédula 12.222.301 una escopeta 12 española.
    • A Isabel Peña identificada con cédula 69.021.975, tres escopetas 16.
    • A José Reyes Ramírez identificado con cédula 17.1912539-3 dos escopetas 16, dos tramperos y 14.000.000 (catorce) millones de pesos.
    • A Juan Pablo Herrera identificado con la cédula 3.549.223, cuatro millones de pesos en efectivo, una cadena de oro y una pulsera, ambos de 18 quilates y una loción.
    • A José Bolívar Guevara Hidalgo identificado con la cédula 150035237 - 0 se le destruyó su local con un helicóptero, maltrataron a los clientes de su local y le dañaron un documento a una de sus empleadas.
    • A Mercedes Lozano identificada con la cédula 40220757 una escopeta 16, un fisto y 500.000 pesos en efectivo.
    • A Jesús Burbano, veinte millones de pesos.
    • A Damari Danida Macías (¿?).

    La población expresó que los militares "estaban como locos", que dicho operativo, realizado con apoyo aéreo y terrestre de las fuerzas armadas ecuatorianas había constituido un verdadero "atraco a mano armada".

    Con base en diligencias adelantadas ante la defensoría del Pueblo de Sucumbíos se pudo constatar que efectivamente se había realizado un operativo militar ese día en dicha zona que había terminado con la incautación de varios elementos ilícitos y con la captura de varias personas. Este operativo realizado en conjunto por Ejército y Policía Antinarcóticos se denominó Operativo "REGISTRO" y se conformó con 10 equipos de combate de 25 hombres casa uno.

    Sin embargo, en el caso del dinero y joyas que señalan las personas citadas anteriormente, no fueron reportados, así como tampoco fue aceptado por parte del Comandante de la Brigada de Selva 19 NAPO las acusaciones señaladas, por considerar que eran afirmaciones "inexactas y contradictorias al relatar hechos con total carencia de verosimilitudes", así mismo, señaló que "los ciudadanos ecuatorianos de manera especial en el sector de Sucumbíos, sean personas naturales o jurídicas, son responsables y están obligados a cooperar especialmente sus dirigentes que tienen mayor influjo sobre los demás, para la Seguridad Nacional e integridad de la soberanía territorial".

    La mencionada Defensoría del Pueblo constató la veracidad de las quejas y procedió a declararlas admisibles, declarando que los miembros del Grupo Fuerzas Especiales 24 Rayo habían cometido los ilícitos "lo que hace necesario una exhaustiva y prolija investigación para determinar el o los miembros uniformados que cometieron este ilícito para la seriedad y prestigio mismo de la Institución, quien debe sancionar al o responsables conforme a la ley". Así mismo ordenó la restitución de todos los objetos hurtados (ii). Sin embargo, a la fecha de realización de la presente misión ninguno de los bienes había sido entregado a las víctimas de estos hechos por parte de autoridad alguna.

    En posteriores entrevistas realizadas con el Coronel Jorge Naranjo, comandante del Batallón de Selva 56 Tungurahua y con el Mayor Carlos Oviedo, Subcomandante de las Fuerzas Especiales del Ejército IV División al indagar por la investigación que debe adelantarse en la jurisdicción militar y/o en la ordinaria, manifestaron no tener ningún conocimiento.

  2. Los militares no están controlando la gasolina que va cargada hacia la frontera en tanqueros con más de 3.000 galones, pero sí controla a la gente de la frontera que carga con un galón. La gente tiene miedo de denunciar esto por las represalias. Pero sorprende que dado que casi todos los precursores de la cocaína se manejan en la industria petrolera, no haya más control de los precursores y se insista en el eslabón débil del campesino, cuando ya se ha denunciado la estrecha relación petróleo-cocaína (anexo precursores de la industria petrolera).

  3. "Los militares ecuatorianos vinieron a santa Marianita, dieron libros viejos y pastillas y nos dijeron de ir a una comunidad cercana a darnos atención. Nos subieron en sus carros y nos llevaron hasta Puerto Mestanza, allí no había atención, estaba el ministro de defensa y la prensa, para sacarnos fotos y decir que ese recinto no se había despoblado. ¡Claro que no quedaba nadie!, pero nos llevaron a nosotros para aparentar. El ejército está implicado en este engaño hacia el pueblo". Estos hechos ocurrieron en noviembre del 2004. La población fue transportada en los carros militares del BS56 Tungurahua.

  4. En entrevista con el comandante del BS 56 Tungurahua, este refirió que no habían tenido contacto con miembros de guerrilla, paramilitares, ni narcotraficantes "las cosas están normales y la gente también". Nunca observaron aeronaves colombianas (fumigadoras o de combate) que hayan pasado al territorio ecuatoriano y nunca han recibido denuncias de ello. "Como no hay un muro, no se puede ver si los aviones pasan a este lado, sólo el río puede indicar. Radares no hay". "Si alguien denuncia el paso de aviones debe probarlo"... y "si encontramos elementos subversivos habría que eliminarlos". Desconoció que dos personas a su cargo estuvieran grabando y fotografiando a la comunidad reunida en El Trampolín para contarnos sus problemas y que se identificaron como parte de inteligencia militar a cargo de él en el BS56 Tungurahua.

  5. La misma actitud fue la observada por el Comandante de las Fuerzas Especiales 24 Rayo. Afirmando que sus unidades patrullan permanentemente la frontera y que no se han registrado violaciones al espacio aéreo colombiano, que no tienen conocimiento sobre amenazas de paramilitares, que no han visto impactos por fumigaciones y que no tiene conocimiento sobre desplazados ecuatorianos. "las fumigaciones no son nuestra misión, no podemos dar fe de todo lo que pasa en la frontera".

    Ante esto la denuncia de la Asamblea de la Sociedad Civil de Sucumbíos (ASCIS) debe tenerse en cuenta. Ni el Ejército ni la policía han logrado mantener la seguridad en el cordón fronterizo. El Plan Colombia en el Putumayo fue el motor del conflicto en esta zona: la inseguridad cobra sus víctimas en los colombianos, pero esto no es visible, y a nadie le importa "son como perros sin dueño".

  6. En Chical Los militares afirman que sus funciones específicas son únicamente el control de armas, municiones, equipos militares y defensa de la soberanía. Son 60 efectivos militares. No han visto fumigaciones en la zona pero sí en la zona de Mataje. No hay coordinación de actividades entre la Policía y el Ejército, cada uno desempeña sus actividades independientemente. No cuentan con un Plan de Contingencia. En caso de combates o llegada de refugiados las escuelas, colegios y el mercado podrían servir como lugares de refugio.

    Esta práctica ya la hemos mencionado pero el ejército ecuatoriano está utilizando las viviendas y escuelas de la población indígena Awá para realizar actividades de patrullaje y monitoreo. Estuvieron a punto de colocar minas cerca de una escuela Awá supuestamente para protegerse de ataques guerrilleros y el Destacamento de Maldonado está ubicado al lado de una escuela. Ante todo esto la población se queja de que los controles militares sirven más para el control de la población que para el de los grupos armados.

  7. En el caso de Esmeraldas, el Centro Awá de Guadualito denunció que en diciembre de 2004 hubo fumigaciones en la zona de frontera y también en mayo de 2005 con el pretexto de destruir sembradíos de coca. Un número considerable de efectivos ecuatorianos hicieron presencia en el poblado y realizaron un simulacro de enfrentamiento con la insurgencia colombiana cuyos espectadores eran varios medios de comunicación. Esto sucedió a 120 metros de la población y con el consiguiente riesgo de que las balas llegaran a población civil.

  8. En San Lorenzo el incremento de personal militar desde el 2002 ha llegado hasta un total de 700 personas. La Marina hace varios recorridos pero no dan seguridad a la población, por ejemplo en Palma Real, la Marina hace el recorrido una vez al mes, se quedan en el centro poblado cinco minutos y luego se marchan, con lo que no cumplen el rol de mediación con la comunidad.

    En este lugar se ha manifestado que la función del ejército es de apoyo a la policía (delincuencia, contrabando y narcotráfico), sin embargo, aunque se han aumentado el número de efectivos no ha bajado la delincuencia y se calcula que consiguen controlar solo un 2% del contrabando.

    Como efecto secundario de esta militarización en San Lorenzo mucha gente reconoció estar armada especialmente cartucheras. El adquirir un arma de fuego es muy fácil, existen numerosas familias pobres, sin embargo en su mayoría tienen armas de fuego para su defensa personal.

    Se denunció la falta de involucramineto del personal armado, como la Marina, en los problemas sociales, en San Lorenzo por ejemplo solo apoyan en la seguridad en época de elecciones.


  7.5. Hostigamiento a la misión y a las comunidades denunciantes.
En este punto la misión debe informar una situación preocupante que ocurrió durante la visita a la comunidad de Trampolín del Triunfo, esta comunidad, allí se presentaron dos individuos presuntamente integrantes de los organismos de seguridad del estado, pues así lo manifestaron, incluso, asegurando que estaban a órdenes del Comandante Naranjo del BS56 Tungurahua.

Inmediatamente nos percatamos de su presencia se les pidió abandonar la escuela y lo hicieron, tras advertirles que habíamos avisado sobre nuestra presencia en la zona y las actividades que desarrollaríamos a las instituciones del estado pertinentes, que posteriormente nos reuniríamos con los comandantes de las brigadas que nos dieran audiencia y presentaríamos un informe a toda la opinión pública nacional.

En las entrevistas realizadas al día siguiente con los altos oficiales Naranjo y Oviedo preguntó la comisión si tenían conocimiento o habían ordenado la realización de acciones de inteligencia a la misión. Ambos oficiales se mostraron sorprendidos y manifestaron que no tenían conocimiento de ello y se comprometieron a investigar este hecho y a dar información posterior sobre este punto.

Esta situación permitió entender a la misión las razones por las cuales las comunidades tienen miedo, ya que como puede verse, están siendo afectadas, no sólo los impactos de la aplicación del Plan Colombia que hemos venido señalando atrás sino que están siendo objeto de un seguimiento constante e intimidante en sus poblados.

En la actualidad, el representante de las comunidades del cordón fronterizo, Daniel Alarcón, ha sido objeto de hostigamientos, incluso en la sede de su organización justamente por las denuncias que ha realizado en nombre de las comunidades que representa, lo que constituye un claro atentado contra el principio de participación democrática, el principio de dignidad humana y el deber del estado de proteger y garantizar la satisfacción de los derechos de todos sus ciudadanos.


  7.6. Miedo.
El recorrido en Sucumbíos permitió descubrir el miedo en que vive la población.
  • Miedo porque llegan personas de diferentes grupos, de civil o militar o son informantes, y algunos promotores de salud han sido amenazados (28 de marzo).
  • Miedo por los bombardeos nocturnos que hasta los niños escuchan.
  • Miedo porque las autoridades dicen que no pasa nada.
  • Miedo, e ignorancia sobre los derechos y la imposibilidad de realizar seguimiento, son los motivos de las comunidades de la FOISE y en Chical para no hacer denuncias por escrito.
  • Miedo por el trato descortés, con abuso (el Ejército ecuatoriano a primeros de junio del 2005, con más o menos 300 soldados, entró en la población Cooperativa la Frontera a indagar por sus papeles, sus labores, pero esta operación fue intimidatoria) "Si se va a brindar protección a las comunidades que sea de manera respetuosa" dicen los pobladores.
  • Miedo a nuevas fumigaciones.
  • Miedo a ser el siguiente y sin motivo.
  • Miedo a que le criminalicen.
  • Miedo a una violencia en la que la mayoría de las víctimas son colombianas.
  • Miedo al hambre,...

La jefa política de San Lorenzo (Esmeraldas) manifestó que ha cambiado el espectro de las denuncias, antes eran por pequeños robos y ahora son casos de asesinatos y violencia los más frecuentes para los que 12 policías son insuficientes.

En Palma Real la gente no se atreve a denunciar la presencia de personal militar de Colombia. El teniente político manifestó que hay amenazas, por lo que viven amedrentados, esto es porque en un poblado llamado Campanita fue amenazada una persona para ser secuestrada y ahora esta desaparecida. En Mataje hay un acuerdo para no dar información, cuando se entrevistó a los niños, una adolescente repartió monedas de 5 y 10 centavos a los presentes para que callaran y no dijeran lo que está ocurriendo en esa comunidad.


8. Otras problemáticas encontradas.
 
  8.1. Contaminación petrolera y militarización.
La entrevista con la Red de Líderes Comunitarios Angel Shingre y la Pastoral Social de Orellana permitió descubrir un ambiente de grave contaminación petrolera en la que se mueve la población que habita estas zonas. De igual manera la grave militarización a la que las petroleras están abocando a la región amazónica y los ejemplos son claros:

  • Los militares hacen convenios con empresas petroleras ecuatorianas y trasnacionales, reduciéndose al papel de seguridades privadas.
  • La presencia de los colombianos ha servido como excusa para que haya control militar y puedan entrar a operar más fácilmente las petroleras.
  • El 25 de mayo de 2005 el nuevo gobierno decreta Estado de Emergencia y con ello los militares hostigan a las personas.
  • Los militares han tomado fotografías de líderes, quienes están siendo hostigados, como Jhon Rosero, quien debió huir del lugar de trabajo; Ángel Shingre, asesinado el 4 de noviembre de 2003, quien fuera representante de la oficina de derecho ambiental.
  • Las empresas han afirmado en estudios de impacto ambiental que las comunidades de las zonas son subversivas.
  • En el paro del 2003, por la falta de cumplimiento de las empresas a los acuerdos firmados se generaron 34 órdenes de capturas contra los líderes.
  • Sintiéndose fortalecidas, las empresas están utilizando sus trabajadores para amenazar a los lideres. Como las amenazas sufridas por María Chérrez.

Con los colombianos se está desarrollando una relación de "amor y odio", pues se les contrata a bajo salario, se confronta con los ecuatorianos, se les tiene el miedo de ser posibles insurgentes, pero si son mujeres colombianas, y menores, el campo de la prostitución se abre con facilidad.

La respuesta de las autoridades son las mismas que por fumigaciones:
La Fiscalía no responde. Porque tiene miedo, porque no tiene plata Defensoría del Pueblo de Orellana. En el Caso Zoila Chalá. Se demoró 20 días en actuar.

Los afectados solicitan:
  • Que el gobierno informe a las comunidades de los convenios de seguridad firmados con las compañías petroleras.
  • Atención verdadera de la Defensoría del Pueblo.
  • Proceso de consulta indígena eficiente.
  • Actuaciones del fiscal.
  • Una acción de amparo ante la OIT.
  • Protección frente a los líderes que han solicitado medidas cautelares:
    María Chérrez: ha sido perseguida por militares desde hace 2 años por ser parte de la Red de Lideres Comunitarios Ángel Shingre, en la vía Auca, provincia de Orellana.


  8.2. Palmicultoras con permiso para contaminar.
En Esmeraldas la alta concentración de palmicultoras en la zona ofrece espacios de trabajo que en buen número son ocupados por población colombiana desplazada, indocumentada y que no accede a condiciones justas de pago.

En San Lorenzo existen fuertes presiones por parte de las compañías palmicultoras en las comunidades indígenas y afro descendientes En Guadualito Ocupan 1630 hectáreas, en donde están radicadas 42 familias, que se ven cercadas por las palmeras y las madereras, y frente a este problema solo perciben ayuda de las ONG internacionales y el Gobierno no presta atención. Se sienten impactados, y por ello anuncian una toma al Ministerio del Ambiente.

Encontramos un grave efecto de contaminación del agua potable, por el uso en las palmicultoras de 18 tipos de químicos entre fungicidas, herbicidas y pesticidas, según datos de varias muestras de agua realizados por la Fundación Altrópico que trabaja en la zona, dichos exámenes (realizados en la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica) han contaminado varios ríos y esteros de la zona dejando sin fuente de alimento a los pobladores de las comunidades aledañas a esos esteros (Chiquita, Guadualito), los cuales desembocan en afluentes grandes como el Tululbí y acaban drenando a zonas de manglares, donde se proveen de alimento gran parte de la población de San Lorenzo.

El color del estero es café, se ha muerto la biofauna que servía para el consumo diario, doméstico y recreacional, actividades que se han visto gravemente afectadas por la imposibilidad de utilizar el agua contaminada, la que además del color y la presencia de grasas que son detectables a simple vista, tienen olores que afectan a la población.

Al tener un rió contaminado se da el caso que los animales que toman de esa agua también mueren. Se percibe fuerte depresión de la gente por la muerte de su río. Hay un desarraigo de ese espacio de vida asociado a varios usos, en los que se da una especie de etnocidio.

Se dieron testimonios de pobladores que han sufrido síntomas como fiebres, deshidratación, diarreas y hasta abortos según pobladores de la zona. El Comisario Municipal del cantón San Lorenzo fue muy enfático en el problema de la deforestación y contaminación con químicos en los ríos y esteros del cantón San Lorenzo por efecto de la presencia de palmicultores y mineras que tienen varias concesiones en ese lugar. Se refirió también a la inoperancia e ineficiencia de las autoridades ambientales del cantón.

La Unidad de Gestión Ambiental se maneja con ordenanzas que no son aplicables porque se sienten sobrepasados por las determinaciones dadas en Quito y por el Ministerio del Ambiente porque este es el que da los permisos y no hay un convenido de competencias. El municipio a través de su comisario puede clausurar una empresa como es el caso de una palmicultora, pero como el ministerio les dio la licencia ambiental ellos vuelven a trabajar. Hay fuertes intereses económico que impiden que se haga una verdadera gestión ambiental, y que acaban tomando sectores de la reserva ecológica como es el caso del refugio de vida silvestre (La Chiquita), tuvo que ceder a la expansión del uso agrícola


  8.3. Actividad petrolera en Sarayacu contra derechos indígenas.
Desde hace ya 8 años la comunidad Indígena de Sarayacu ha venido defendiéndose de los atropellos de la empresa Argentina de petróleos CGC (Compañía General de Combustibles). Esta empresa se ha valido de la compra de voluntades, de la división comunitaria, de la ocupación del territorio de Sarayacu, de la creación de conflictos interétnicos e intercomunitarios para aislar la posición de defensa de su territorio de esta comunidad.

La respuesta estatal ha sido apoyar a la empresa extranjera en vez de defender los intereses de un pueblo milenario ecuatoriano. Las comunidades han tenido que recurrir a la CIDH para solicitar medidas cautelares de protección para sus dirigentes y comunidad, pues las agresiones de la empresa se han incrementado en los tres últimos años, envalentonada por la actitud de un gobierno que pretendió militarizarla y en varias ocasiones ha realizado agresiones y amenazas a la población a través de las Fuerzas Armadas Nacionales.

La empresa ha secuestrado y torturado a miembros de la comunidad, ha empujado a que comunidades cercanas bloqueen el viaje por río hasta la comunidad de Sarayacu, y se le someta a ésta a un bloqueo económico. La Defensoría del Pueblo Nacional, si bien ha denunciado estos hechos, el bloqueo se mantiene desde hace más de 2 años lo que demuestra una vez más el escaso poder resolutivo de esta institución.

Los profesionales que apoyan a esta comunidad han sido perseguidos, amenazados, robados y golpeados, y se ha usado la radio de Puyo (Pastaza) para mandar mensajes amenazantes a dirigentes de la comunidad, quienes han sido robados y extorsionados.


9. Recomendaciones de la Misión Internacional.
 
  9.1. Situación económica de las poblaciones.
  • Ante el impacto negativo sobre los ecosistemas, afectando la capacidad de producir y acceso a una alimentación adecuada. Es urgente que el Estado ecuatoriano genere políticas macro y micro económicas para que las provincias fronterizas con Colombia generen una economía estable que evite que sus poblaciones se vinculen irremediablemente al cultivo de la hoja de coca.

  • La asistencia que se brinde a las comunidades en forma de cooperación internacional y también nacional, debe evitar repetir la experiencia colombiana de fracaso, corrupción e insostenibilidad. Estos programas deben contar con la participación de las comunidades beneficiarias, y estar inmersas en las políticas públicas del Estado y no en programas transitorios de gobierno.


  9.2. Situación sociopolítica.
  • Es importante fortalecer la presencia institucional en las provincias que hemos visitado que permita una más fluida comunicación entre las comunidades y las autoridades civiles de la zona, para que estas autoridades puedan realmente ser instancias de resolución de las necesidades de la población.

  • La presencia estatal en la zona no puede limitarse ni resumirse en la presencia de autoridades militares o policiales, ya que su actividad se concentra en el control de la movilidad de la población y esto no constituye en absoluto, un escenario de seguridad para dichas poblaciones, en muchos casos, esto deriva en el bloqueo alimentario, médico y de circulación, haciendo mucho más difíciles las condiciones de vida de aquellas.


  9.3. Infraestructura y servicios.
Hemos encontrado una ausencia de infraestructura básica para la atención de las necesidades de las comunidades.

  • Los centros hospitalarios quedan en cabeceras cantonales de difícil acceso para las comunidades, quienes por la distancia y la falta de recursos no pueden acudir a ellas. En Sucumbíos no hay presencia de brigadas médicas, existe un número muy precario de promotores de salud, y la visita de profesionales en la salud es francamente pobre. Por lo que se recomienda dotar con medicinas, capacitación y equipamiento médico a toda la frontera.

  • En materia de infraestructura para la educación, hemos podido observar que existen construcciones elementales o básicas que no cuentan con los materiales adecuados para el desarrollo de dichas actividades. Estas escuelas en muchos casos están abandonadas, pues por efecto de la situación en la zona, cuando hay maestros no hay niños, cuando hay niños, no hay maestros. Debe fortalecerse e incentivarse la actividad educativa en estas zonas, debe ser prioritario para el Estado Ecuatoriano atender la crisis educativa de la frontera, atender las demandas de los maestros, favorecer su profesionalización, incentivarlos económicamente y crear planes para asegurar la alimentación de los educandos y la seguridad para la movilización de sus educadores, evitando el hostigamiento a la actividad de formación escolar.

  • El acceso a las comunidades se hace a través de caminos muy precarios, el traslado a los servicios públicos comúnmente se hacen a pie con tiempos de recorrido de una hora y media a dos horas. Debe fortalecerse la infraestructura necesaria para el acceso a las comunidades dado que el traslado dura horas o días.


  9.4. Seguridad y derechos humanos.
  • En un Estado Social de Derecho la seguridad no puede resumirse en controles militares ni policiales. La población de la frontera vive en permanente estado de miedo, zozobra y vulnerabilidad por la violencia física y psicológica. La seguridad es también humana y toca todas las dimensiones de desarrollo humano. Seguridad implica que las comunidades de la frontera ejerzan efectivamente sus derechos a la vida digna, salud, medio ambiente sano, acceso a la justicia, seguridad alimentaria y condiciones mínimas para no tener que ser desplazadas o vulneradas. Recomendamos que la seguridad vaya de la mano con la satisfacción de los derechos humanos, pues la inseguridad se liga peligrosamente a la militarización de la vida civil, a la imposibilidad de ser escuchados con respeto y consideración por parte de las autoridades públicas.


  9.5. Sectores.
  • Los desplazados no cuentan con mayor acceso al reasentamiento en otras zonas ocupándose en servicios laborables en el caso de las mujeres y niñas como trabajadoras de bares y en la prostitución. El Estado ecuatoriano debe prestar especial atención a los niños, mujeres, desplazados y refugiados que se encuentran en la zona fronteriza.

  • Los migrantes y refugiados Colombianos, no cuentan con mayor acceso a la regularización en el país de acogida, ya que se les solicita el pasado judicial que en el caso de aquellos que vienen del cordón fronterizo tienen que solicitar esto a las autoridades competentes en Bogota y la regularización documentaria en Ecuador tiene costos muy altos para ellos desde los 250 a 2000 dólares solicitados por la policía judicial de la zona. Se recomienda la formulación de políticas migratorias nuevas y ajustadas a la realidad actual.

  • Las comunidades indígenas y afro descendientes están siendo afectadas por las fumigaciones y la militarización de la frontera. Hay un irrespeto de territorios ancestrales y colectivos pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Debe tomarse en cuenta la cosmovisión y valores culturales propios de las nacionalidades indígenas ahí asentadas, haciendo efectivos los derechos conculcados en la Constitución de la República y en el Convenio 169 de la OIT.


  9.6. Militarización.
  • Consideramos urgente que el Estado Ecuatoriano transparente los términos en los que está manejando las relaciones con Colombia. Debe aclararse si existen convenios que permitan sobrevuelos de aeronaves colombianas de fumigación o combate en el espacio aéreo colombiano. Si es así, esos convenios deben revisarse inmediatamente, pues algunos pobladores han sido víctimas de fumigaciones, ametrallamientos y constantemente sienten miedo y se inquietan al escuchar los helicópteros, las bombas, los disparos. De no ser así, es urgente que se promueva una nota diplomática para que Colombia respete el espacio aéreo y la inviolabilidad del territorio ecuatoriano y repare los daños económicos y morales causados a las víctimas de sus actuaciones bélicas.

  • Es igualmente urgente que las autoridades militares de la zona asuman su papel de vigilancia de la frontera, para proteger a la población frente a las incursiones de las FFAA colombianas, el hostigamiento de las fuerzas paramilitares y los graves hechos de delincuencia común que se presentan. Pero esta labor se debe desarrollar en el marco de unas relaciones de respeto, consideración y cuidado real de la población civil, la frontera no debe militarizarse, debe tener real presencia de las autoridades civiles de gobierno, salud, educación, etc. y no constituirse en un espacio para la criminalización social.

  • Las fuerzas militares de la frontera deben ser advertidas de los derechos constitucionales de los ciudadanos: no es aceptable para esta Misión ni debe serlo para los ecuatorianos, que sean las poblaciones pobres y vulneradas las encargadas de probar los daños por las fumigaciones, o la violación a la integridad del territorio ecuatoriano: deberían ser las autoridades civiles las que constaten las quejas de las comunidades, entendiendo que la comunidad es la víctima y no la victimaria de las violaciones e infracciones que se generan allá. En todo caso debe aplicarse el principio de precaución.


  9.7. Conflicto.
  • La zona de frontera requiere urgentemente de una acción decidida del Estado ecuatoriano para superar la impunidad de los crímenes y delitos cometidos en la frontera y la generación de condiciones para que no vuelvan a repetirse.

  • Reiteramos la necesidad de una mayor presencia de organismos gubernamentales que atiendan situaciones humanitarias, órganos de investigación eficaces e imparciales, de derechos humanos y de desarrollo local. Sólo atendiendo las necesidades básicas de la población puede prevenirse la exacerbación del conflicto.


  9.8. Fumigaciones.
  • Esta Misión recomienda y pide al gobierno ecuatoriano el cumplimiento inmediato del fallo del Tribunal Constitucional, en su Resolución No. 0371-04-RA, del 15 de marzo de 2005, que ordenó al gobierno ecuatoriano suscribir "un memorando de entendimiento con Colombia para que no se realicen fumigaciones en una franja de 10km medidos desde la línea de frontera hacia el interior de la República de Colombia" y los ministerios de Bienestar Social, de Ambiente, y otros cumplir con sus labores de protección, prevención y generación de programas en cada una de sus competencias.

  • Testimonios de expertos locales entrevistados sospechan que la mezcla anunciada en Colombia para las fumigaciones no es la que se está empleando realmente y que podría haber otros componentes químicos (defoliantes) o biológicos usados en las aspersiones. Solicitamos que el Principio de Precaución en materia ambiental que es ley constitucional sea aplicado inmediatamente: la prueba de daño no puede reemplazar la labor de prevención de los impactos de las fumigaciones. Esta misión ha observado y constata que hay perjuicios e impactos: esto constituye dudas razonables para que el principio sea aplicado inmediatamente.

  • Pudimos constatar una grave crisis alimentaria en la frontera que cobra entre sus víctimas principales a los niños y niñas. Es urgente que el Estado Ecuatoriano formule una política de emergencia para resolver el problema de la inseguridad alimentaria generada por las aspersiones aéreas del Plan Colombia.


10. Compromisos de autoridades locales y nacionales.
Las visitas realizadas con autoridades permitieron hacer público el interés y compromiso de algunas de ellas en brindar solución.

  • Ministerio de Relaciones Exteriores:
    • Defender la posición actual de Cancillería de que haya una franja de amortiguamiento de 10kms al interior de Colombia, para que no llegue a Ecuador cualquier producto que sea fumigado. Pues hay el reconocimiento de que las fumigaciones han producido fuertes impactos.
    • Abrir sus archivos con toda la información recibida de Colombia para que pueda ser estudiada.
    • Facilitar las gestiones con otros ministerios para que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional.

  • Ministerio de Educación:
    • Interés en visitar las zonas afectadas y las denuncias de abuso en escuelas.
    • Comunicar esta situación en el pleno de ministros.
    • Actuar en consecuencia para apoyar las escuelas fronterizas y a sus maestros.

  • Ministerio de Salud:
    • Sumarse a las misiones de verificación que se vayan a hacer en la zona - Hacer las gestiones para que la sentencia del TC se cumpla lo antes posible.

  • Ministerio de Ambiente:
    • Dará trámite a la sentencia del tribunal Constitucional en lo que respecta a su ministerio.

  • Ministerio de Agricultura:
    • Dará trámite a la sentencia del tribunal Constitucional en lo que respecta a su ministerio.

  • Ministerio de Gobierno:
    • Es conocedor de la grave crisis que se da en la frontera por las fumigaciones.
    • Van a defender la posición de los 10kms, como mínimo, de protección.

  • Defensoría del Pueblo:
    • Emitirán una nueva resolución para que se cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional.

  • Congreso Nacional:
    • Pondrá en manos de la Comisión de Fiscalización el conocimiento de estos temas para que realice las investigaciones que sean necesarias luego de lo cual se dará el trámite que sea del caso.

  • Prefecto de Sucumbíos:
    • Convenio con la universidad y CONESUP para que despegue una universidad en Sucumbíos.
    • Ofrece un presupuesto de 500.000 USD para cubrir algunas necesidades básicas en la frontera.
    • Desde el Consorcio de Consejos provinciales del Ecuador (CONCOPE) -constituido por 22 prefectos- se ha hecho una propuesta expresada al gobierno de pedir que se paren las fumigaciones en la frontera. y manifestó que está dispuesto en impulsar que la demanda interpuesta por los campesinos en la frontera contra Dyncorp, sea avalada por los prefectos y esta organización.
    • Se comprometió en apoyar con brigadas médicas a la frontera y apoyos para los afectados, según las peticiones de éstos mismos a traves de FORCCOFES.

  • FEPP de Lago Agrio:
    • Se compromete en facilitar la información para analizar los problemas crediticios en la frontera tras el inicio del Plan Colombia.

  • Batallón de Selva 56 Tungurahua:
    • Investigará sobre los integrantes de inteligencia militar encontrados en El Trampolín, y evitará que desde sus dependencias haya algún tipo de hostigamiento o presión contra integrantes o líderes de FORCCOFES.


Anexo 1: Cartas de la Cancillería tras las fumigaciones de diciembre de 2004
El oficial Oviedo, Mayor de las Fuerzas Especiales 24 Rayo expuso los dos memorandos en los que se recoge la verificación hecha por algunos funcionarios públicos en el mes de diciembre de 2004, que fueron proporcionados a la misión y se anexan a continuación.

  Memorandum S/N de fecha 24 de Diciembre de 2004.
Memorandum S/N.
Para: Embajador Patricio Zuquilanda Duque Ministro de Relaciones Exteriores.
De: Franklin Chávez Pareja Director de Asuntos Amazónicos y Regionales Gustavo Endara M.
Gabinete del Viceministro Christian Espinosa A.
Director de la Oficina de Refugiados.
Fecha: 24 de Diciembre de 2004.
Asunto: Verificación de denuncias de supuestas fumigaciones.
De acuerdo con sus instrucciones, el día de ayer Jueves 23 de diciembre, con la finalidad de recoger testimonios y tomar muestras de suelo y agua a fin corroborar las denuncias realizadas por miembros de Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (FORCCOFES) y de Acción Ecológica, nos trasladamos a la Provincia de Sucumbíos, conjuntamente con el Coronel de Policía Marco Rivadeneira, Jefe de la Oficina de Enlace del Ministerio de Gobierno en esta Cancillería, así como con los miembros de la Comisión Científico Técnica Ecuatoriana, Ingeniero Santiago Salazar y el Doctor Ramiro Castro.

Al respecto, nos permitimos informarle lo siguiente:

Jueves 23 de diciembre.
En la ciudad de Lago Agrio, fuimos recibidos por el Coronel José Pastor, Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales de la IV División del Ejército "Rayo", el Gobernador encargado de la Provincia de Sucumbíos, señor Félix Calderón, el Intendente de Policía Ab. Arturo Lara y el delegado del INDA, señor Carlos Salazar con quienes mantuvimos una reunión de trabajo, en la cual se les indicó el motivo de nuestra presencia, habiéndonos informado que en los constantes patrullajes de este Grupo de Fuerzas Especiales y del Batallón de Selva "56 Tungurahua", no se han reportado violaciones al espacio aéreo ecuatoriano ni se ha tenido conocimiento alguno sobre aspersiones en la frontera ecuatoriana-colombiana en las últimas semanas.

De la misma manera se nos señaló que el movimiento de personas colombianas y ecuatorianas ha sido normal; el Gobernador encargado y el Intendente de Policía, manifestaron que debido al requisito del "Pasado Judicial", ha disminuido el índice de violencia sin haber recibido denuncia alguna sobre fumigaciones ni desplazamiento de ecuatorianos, sin embargo señalaron su preocupación por la carencia de servicios básicos, existentes en la provincia y solicitaron que la Cancillería traslade a la Presidencia de la República sus necesidades en vialidad, salud, educación, agricultura y apoyo a la Policía Nacional.

Se incorporaron a esta reunión, el Señor Daniel Alarcón, Presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (FORCCOFES) y el Señor Iván Piedra, representante de Acción Ecológica, quienes manifestaron que FORCCOFES, está conformada por 98 organizaciones fronterizas, que equivalen a 1800 familias y reiteraron que existen denuncias de que avionetas colombianas han cruzado la línea fronteriza, fumigando incluso en territorio ecuatoriano, lo cual ha provocado un masivo desplazamiento de las comunidades ecuatorianas del sector y solicitaron se respete la franja de 10 kilómetros en territorio colombiano de no fumigación.

A continuación se acordó conjuntamente entre las autoridades civiles y militares de la Provincia, y con los delegados de Acción Ecológica y FORCCOFES, visitar las comunidades de Puerto Nuevo, Puerto Mestanza y sus alrededores, en virtud de razones de logística y seguridad, cubriéndose de esta manera, dos sitios concretos de supuestas afectaciones constantes en las denuncias de prensa y de estas organizaciones de la Sociedad Civil.

Puerto Nuevo:

En horas de la tarde nos trasladamos a Puerto Nuevo, ubicado a dos horas de distancia terrestre desde Lago Agrio, en donde nos entrevistamos con la única autoridad civil presente, señor Lenin López, Secretario del Comité Pro Mejoras, quien manifestó que hay una población de 800 personas, de las cuales la mayoría son de nacionalidad colombiana, que existe tranquilidad, que el movimiento de entrada y salida de personas es normal, que saben de la existencia de fumigaciones en Colombia, sin haber divisado ninguna avioneta en la zona ni desplazamiento de ecuatorianos al interior de la Provincia. La principal actividad de los pobladores de Pueblo Nuevo es el comercio y la agricultura, requiriendo un Centro de Salud, electricidad, libros para la escuela y el colegio y, créditos con asesoramiento técnico para la agricultura.

Posteriormente, se procedió a recoger muestras de agua y suelo en el Río San Miguel, en Tapi y en la Balastrera, las mismas que serían debidamente analizadas en los laboratorios de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica.

Reunión con delegados del ACNUR.

En horas de la noche, la delegación se reunió con el señor Oscar Butragueño, representante en Sucumbíos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quien hizo mención a una visita recibida por delegados del FORCCOFES el pasado Martes 21 de los corrientes, en la cual le habrían manifestado las existencia de 900 desplazados ecuatorianos como consecuencia del temor que genera la violencia existente en el lado colombiano de la frontera. El funcionario del ACNUR señaló que esta fue la primera denuncia que recibía sobre el tema y precisó que no ha conocido noticia alguna -incluida ACNUR de Colombia- sobre fumigaciones en el sector y que, además, de los solicitantes colombianos de refugio, tan sólo un 0.5% han señalado venir al país por este motivo.

Por otra parte, el señor Butragueño informó que existe normalidad en la recepción de solicitudes de refugio, registrándose un promedio mensual de 60 peticiones. Se ha producido un aumento de las mismas durante el mes de noviembre a 100 solicitudes, debido a enfrentamientos entre grupos subversivos y el Ejército colombiano en las localidades de San Miguel, Azul y la Unión. Además expresó que hay regularidad tanto en el tiempo de toma de resoluciones de las solicitudes de refugio por parte del Estado ecuatoriano y cuanto en la implementación de los Programas de Apoyo Comunitario e Integración (PACIs) en la Provincia, en los cuales los beneficiarios directos son en un 75 % ecuatorianos y el porcentaje restante refugiados colombianos.

Se trató también con el representante de ACNUR la necesidad de mejorar el control del ingreso y salida de ciudadanos colombianos. Al respecto, dicho funcionario ofreció colaborar con las autoridades militares y de policía en la elaboración y actualización de una base de datos que facilite tal control y, se comprometió en suministrar un modelo de los permisos de permanencia legal temporal que se entrega a los solicitantes de refugio.

Viernes 24 de diciembre. Puerto Mestanza.
A primeras horas del día la delegación se trasladó a Puerto Mestanza, localidad de no más de 7 casas de habitación, 6 de las cuales son de propiedad de ciudadanos colombianos, ubicada a una hora de distancia de Lago Agrio. Se recogió el testimonio de 2 pobladores, quienes manifestaron que las actividades se desenvuelven con normalidad, aun cuando han escuchado rumores de inminentes fumigaciones en la zona. Inclusive una de las personas entrevistadas manifestó haber visto el Martes 21 a medio día, 2 avionetas y 5 helicópteros a la distancia, en la parte colombiana.

Mientras se desarrollaban estas entrevistas, llegó una pareja que dijo residir frente al sitio colombiano de las Brisas, donde si se habrían producido fumigaciones en los últimos días. De igual manera, se procedió a tomar muestras de agua y suelo para ulteriores análisis científica.

En confirmación de la información suministrada por el Coronel José Pastor, Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales "24 Rayo", el Coronel Robert Arauz, Comandante del Batallón de Selva "56 Tungurahua", manifestó telefónicamente al Jefe de la Misión que las Fuerzas Armadas realizan patrullajes permanentes por todas las áreas denunciadas por supuestas fumigaciones, sin que se hayan registrado novedades. El Coronel Arauz al igual que el Coronel Pastor expresaron su preocupación por el continuo incremento de población colombiana que se radica en el lado ecuatoriano de la frontera y el paulatino abandono de esas tierras por parte de la población ecuatoriana. Se calcula que en ciertos sectores hay un promedio de 60% de población colombiana.

Conclusiones:

  • Como resultado de las conversaciones mantenidas con las autoridades civiles y militares de la Provincia, así como de las visitas realizadas a las localidades seleccionadas, se ha constatado que existe un ambiente de tranquilidad y de normal desarrollo de las actividades diarias.

  • Persisten algunos testimonios de supuestas fumigaciones en lugares -18 de Noviembre, Santa Marianita- a los cuales solo se puede ingresar a través de un operativo en helicóptero debidamente planificado.

  • Se requiere un sistema de monitoreo permanente a través de la instalación en puestos específicos de receptores de muestras.

  • Las muestras recogidas en esta misión serán analizadas por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, en lo que se refiere al estudio de residuos de plaguicidas. Para el análisis de los niveles de toxicidad se requiere de la implementación de un proyecto debidamente financiado para obtener resultados certeros.

Esta misión desea dejar constancia de su especial agradecimiento al Coronel José Pastor por las atenciones brindadas y la excelente colaboración profesional prestada para el éxito de la labor encomendada.

Atentamente.


  Memorandum S/N de fecha 29 de Diciembre de 2004.
Memorandum S/N.
Para: Embajador Patricio Zuquilanda Duque Ministro de Relaciones Exteriores Embajador Edwin Johnson Viceministro de Relaciones Exteriores Embajador Diego Stacey Subsecretario de Soberanía Nacional y Desarrollo Fronterizo De: Franklin Chávez Pareja Director de Asuntos Amazónicos y Regionales Gustavo Endara M.
Gabinete del Viceministro.
Fecha: 29 de Diciembre de 2004.
Asunto: Verificación de denuncias de supuestas fumigaciones De conformidad con sus instrucciones y con el anuncio que efectuó la Cancillería al término de la misión de verificación cumplida los días 23 y 24 de diciembre, en la presente fecha se desplazó la comisión técnica a las localidades situadas frente a los puntos colombianos de Azul y el Afiladero, así como a Monterrey, en el sector Santa Marianita, con el objeto de completar el mandato de recoger testimonios y tomar muestras de suelo y agua sobre la supuesta reanudación de fumigaciones en Colombia y sus repercusiones en territorio ecuatoriano.

La movilización se realizó en un helicóptero Superpuma de la Aviación del Ejército, que recogió a la comisión técnica en el aeropuerto de Lago Agrio y la transportó de inmediato a los lugares a inspeccionar.

Al mando de la operación estuvo el Teniente Coronel José Pástor, Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales "24 Rayo". Integraron la comisión Técnica, además de los dos funcionarios de Cancillería responsables del presente informe, las siguientes personas:

  • Coronel de Policía Marco Ribadeneira, Oficial de enlace entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores;
  • Ingeniero Santiago Salazar, funcionario del Ministerio de Ambiente y coordinador de la Comisión Científico Técnica ecuatoriana;
  • Doctor Ramiro Castro, Jefe de Laboratorio de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica y miembro de la Comisión Científico Técnica ecuatoriana;
  • Señor Rafael Gómez, fotógrafo de la Cancillería;
  • Dos enviados especiales de Gamavisión, señores Julio César Torres y Mauricio Herrera; y, - El corresponsal en Sucumbíos, del Diario El Comercio.

En el primer punto de verificación, frente a el Azul en Colombia, el doctor Ramiro Castro, de la CEEA, tomó una muestra de agua en el Río San Miguel, a pocos metros del lugar donde aterrizó el helicóptero; al propio tiempo, la comisión técnica entrevistó a dos lugareños -de nacionalidad colombiana- que habitaban en la finca ubicada en el sitio visitado. Los entrevistados manifestaron haber divisado la semana pasada -sin precisar el día- de seis a ocho helicópteros y dos avionetas que dejaban una estela en territorio colombiano. Indicaron también que ellos se encontraban sin novedad, desarrollando sus actividades normalmente, y que tanto sus animales como sus cultivos se encontraban en buenas condiciones.

De inmediato, la comisión técnica se trasladó al punto frente a El Afilador. El helicóptero aterrizó a unos 50 metros del Río San Miguel, a donde se llegó a través de una trocha para tomar la muestra de agua respectiva. En razón de lo inhóspito del lugar, no existen viviendas.

Durante la caminata para llegar al Río San Miguel, el Grupo de Fuerzas Especiales encontró un sitio de descanso, presumiblemente de las fuerzas irregulares de Colombia.

En el tercer sitio de verificación, Monterrey, Sector Santa Marianita, a orillas del Río San Miguel, el lugareño propietario de la finca visitada -igualmente de nacionalidad colombiana- expresó a la comisión técnica no haber visto o escuchado nada anormal en estos días, a propósito de las presuntas fumigaciones en Colombia. Manifestó que goza de buena salud y que tanto sus animales -ganado vacuno, aves de corral- como sus plantas de cacao están sin novedad.

Conclusiones:

La comisión técnica ha verificado en dos etapas, tal como fue anunciado a la opinión pública, los principales sitios invocados en las denuncias que recogió la prensa sobre la reanudación de fumigaciones en Colombia y sus presuntas repercusiones en territorio ecuatoriano.

La segunda etapa, cumplida en la presente fecha, ha permitido confirmar la conclusión que se obtuvo en la visita de la semana anterior: existe un ambiente de tranquilidad; las actividades cotidianas se desarrollan con normalidad; los pobladores entrevistados gozan de buena salud; animales y plantaciones están en orden. No se han producido violaciones del espacio aéreo ecuatoriano, como tampoco desplazamiento de personas.

Si bien los dos testimonios recogidos frente a el Azul, de ciudadanos colombianos, coinciden en manifestar que divisaron en el lado colombiano helicópteros y avionetas que dejaban una estela la semana pasada, resulta curioso que en la población de Puerto Nuevo, ubicada a apenas seis kilómetros, las personas que entrevistó la comisión en su oportunidad dijeron no haber visto ni escuchado nada similar.

En todo caso, aun si se aceptara que Colombia ha reanudado las fumigaciones aéreas, lo cierto es que las observaciones realizadas y los testimonios recogidos no proporcionan indicios de repercusiones en territorio ecuatoriano.

Resultó de especial utilidad que dos importantes medios de comunicación hayan participado en la misión. Ellos pudieron constatar en el terreno la realidad de los hechos y llegar, esperamos, a las mismas conclusiones consignadas en el presente informe.

En nombre de la comisión técnica, agradecemos de manera especial la excelente colaboración profesional prestada por el Teniente Coronel José Pástor, Comandante del Grupo de Fuerzas Especiales "24 Rayo", y todo su personal, así como las atenciones brindadas a la delegación.


Anexo 2: Denuncia del pueblo AWÁ desplazadazos en la frontera Federación de Centros Awá del Ecuador (FCAE).
Av. Fray Vacas Galindo 2-87 y Av. Mariano Acosta Ibarra, Provincia de Imbabura.
Tels.: 06-2642-086, 2606-277, 2606-278 Fax: 06-2642-086.
E-mail: [email protected] [email protected]

Boletín de prensa Ibarra, Ecuador, 27 de junio 2005.
Violencia en el territorio Awá en Colombia.

La Federación de Centros Awá del Ecuador recibió un llamado de socorro de los Awá del Camawari en Colombia Desde hace años el pueblo Awá en Colombia y el Ecuador se encuentra gravemente afectado por la violencia surgida en la zona por las actividades de grupos armados y del ejercito Colombiano y Ecuatoriano, traficantes de armas y drogas, cultivos ilícitos y fumigaciones en Colombia como parte del Plan Colombia y del Plan Patriota.

El día de hoy, la Federación Awá ha recibido un llamamiento urgente del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte Camawari. Camawari representa a una población total de aproximadamente 8.000 indígenas Awá en el departamento de Nariño, al sur occidente de Colombia. El ejército Colombiano está llevando a cabo una guerra contra la población del territorio Awá de Camawari.

Diferentes operativos militares realizados por el ejercito Colombiano en el marco de la "Operación Gladiador" entre el 12 y 15 de junio 2005 en el territorio Awá del CAMAWARI han dejado como resultado un indígena Awá muerto, un dirigente Awá desaparecido, otro dirigente golpeado por la policía y seis compañeros Awá detenidos ilegalmente. El territorio Awá fue bombardeado de manera indiscriminada por parte del ejército.

Los continuos combates entre el Ejercito Colombiano y de la guerrilla provocaron el desplazamiento masivo de más de 800 indígenas Awá hacia los cascos urbanos de Altaquer y los municipios de Ricaurte y Arenal en Nariño. Además un gran número de familias Awá se han tenido que refugiar en las comunidades fronterizas de El Chical y Maldonado en el territorio Ecuatoriano. Hemos recibido comunicaciones de varios dirigentes y gobernadores del pueblo Awá de Colombia que han sido perseguidos y piden refugio en el Ecuador.

La situación del pueblo Awá en el Ecuador es igualmente preocupante. En la comunidad de San Marcos en el territorio de la Federación de Centros Awá del Ecuador el ejército Ecuatoriano ha mantenido durante meses una base militar en la escuela de la comunidad, lo que provocó graves problemas y malestar en la comunidad. Durante las noches se reforzaba la seguridad del destacamento de la comunidad, poniendo en peligro a la población y obstaculizando la entrada y salida de los habitantes.

La población de la comunidad de Mataje ha resultado afectada por enfermedades derivadas del uso indiscriminado de glifosato y otros pesticidas utilizados en las frecuentes fumigaciones en la zona fronteriza con Colombia. Estas enfermedades se manifiestan con síntomas en la piel y diarreas entre otros.

A esta situación se suman - tanto en Colombia como también en el Ecuador - las actividades ilegales de explotación y destrucción de los bosques por parte de empresas madereras y palmicultoras, el tráfico de tierras y las actividades de misioneros de diferentes grupos religiosos que operan en la zona, las cuales se viene denunciando ya hace años.

Nos sumamos a la protesta de nuestros hermanos de Camawari y exigimos el respeto a nuestra población y nuestros territorios amparados internacionalmente por el convenio 169 de la OIT y los artículos 83 y 84 de la constitución. Exigimos al gobierno colombiano la retirada inmediata del ejército del territorio Awá en Colombia y una indemnización por los daños ocasionados. Solicitamos el apoyo de la comunidad internacional para presionar al gobierno colombiano y para investigar los hechos.

Las siguientes denuncias han sido publicadas en el sitio web de dh Colombia1. Del 25 de junio del 2005:

El día 12 de junio de 2005, son detenidos en Altaquer, por parte del ejército y sin orden de captura, tres compañeros indígenas, los cuales puso a disposición de la Policía que opera en la población de Altaquer y uno de ellos DESAPARECIÓ en hechos confusos El día 13 de junio de 2005 nuevamente fueron detenidos tres compañeros indígenas entre ellos un dirigente, el cual fue golpeado por uno de los miembros de la Policía dentro de la estación.

En éste mismo día se realiza un operativo militar en el territorio AWA, en éste operativo el día 15 de junio de 2005, resulta muerto el señor Germán Efraín Guanga, miembro del resguardo de Pialapi Pueblo Viejo, a manos del Ejercito Nacional, por heridas con arma de fuego, arma corto punzante y arma contundente, según como consta en el protocolo de necropsia, efectuada el día 18 de junio de 2005.

El ejército reporta la muerte de un civil como un error y una confusión por "las condiciones climáticas, la geografía del terreno y el nerviosismo propio de un operativo como éste". Versión ésta, que no concuerda con los resultados de la necropsia antes mencionada en la que se ve claramente herida con arma corto punzante, arma de fuego y arma CONTUNDENTE.

Este operativo y los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla han generado el temor de nuestros compañeros indígenas y por ello el desplazamiento masivo (600 personas) a las zonas de Ricaurte y Altaquer.

En el día de hoy, iniciaron los bombardeos a nuestro territorio de manera indiscriminada por parte del ejército y movilizaron más hombres de las fuerzas armadas de Colombia.

Con la presencia del ejercito en nuestro territorio, la comida de los restaurantes escolares y los animales están siendo utilizada para alimentar a sus hombres, también se ha presentado maltrato verbal y físico a nuestros compañeros indígenas por parte del ejercito.

En los comportamientos antes mencionados por el ejército se puede determinar la flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, al convenio internacional 169 de la OIT y al orden constitucional colombiano.

Por todo lo anterior y desde la autoridad y autonomía de nuestro pueblo exigimos:
  1. Que cesen los enfrentamientos en nuestro territorio.
  2. Que el presidente Álvaro Uribe Vélez como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República según el Art. 188 de la Constitución Política de Colombia,, responda por los actos ilegales que están realizando sus hombres en nuestro territorio y por las consecuencias que esto ha generado (muerte, desplazamiento, desapariciones, robos, intimidación etc...)
  3. Que sean respetados nuestros territorios y nuestra población.
  4. Que se nos respete el derecho a transitar libremente por nuestro territorio.
  5. Que cesen las detenciones ilegales y los señalamientos injustificados.
  6. La suspensión de la política de seguridad democrática del actual gobierno.
  7. La atención humanitaria a las victimas del desplazamiento y a las viudas y huérfanos que éste conflicto está arrojando.
  8. Se inicie una investigación por parte del ministerio público sobre la conducta irregular de los funcionarios del ejército Colombiano.
  9. Solicitamos la intervención de los organismos internacionales de derechos humanos.

Reiteramos nuestra posición y derecho a mantenernos autónomos frente al confitó armado, no permitiremos que se siga utilizando nuestro territorio como campo de batalla, nuestra posición es de resistencia civil y esperamos que tanto las autoridades civiles, militares y las fuerzas insurgentes respeten y entiendan que nuestra cultura y territorio deben ser respetados.

Pueblo Colombiano, el pueblo Awá pide la solidaridad de los colombianos e insiste una vez más en que nuestra lucha es sin armas y que rechazamos la guerra fraticida propuesta por el gobierno y los alzados en armas.

Atentamente, Prof. Olindo Nastacuaz Presidente de la Federación de Centros AWA del Ecuador


Notas.
i Recordemos que estas fechas son inmediatamente posteriores al rompimiento de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC.
ii Extractos del documento suscrito por el Abogado Querubín Celi, Comisionado de la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos. Según documento autenticado del día Mayo 21 de 2004. Nueva Loja.


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